¿Sembrar desarrollo o cultivar violencia?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 5 de abril de 2005

Contrarias al interés nacional, pueden calificarse las propuestas hechas en las negociaciones agrícolas, de la octava ronda del Tratado de Libre Comercio (TLC), de los países andinos con Estados Unidos, celebradas en Washington. Los cereales subsidiados de Estados Unidos acabarían definitivamente con los cultivos nacionales de maíz, sorgo, trigo o arroz.

Más que recuperar la rentabilidad mínima del sector agrícola, el sector rural es un elemento necesario para lograr el desarrollo socio económico del país y un aspecto fundamental para alcanzar la paz. Lo que ha pasado con la agricultura y lo que puede pasar con el TLC, tiene para Colombia unos costos altísimos en términos de pobreza y violencia. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio de Fedearroz, el sector agrícola deja a los habitantes de Espinal, el 90% de su valor agregado bruto en forma de salarios e ingreso mixto y la cadena productiva contribuye con el 50% del empleo municipal. ¿Qué va a pasar con todos esos empleos, si se acepta la propuesta de Estados Unidos, de permitir que se aumente el acceso de arroz bajo condiciones de dumping (venta a precios por debajo del costo)?

Las políticas en contra de la agricultura se han traducido en pobreza nacional, sobre todo en el sector rural. La pobreza en el país, medida por ingresos, pasó del 53.8% en 1991 al 64.3% en el año 2003. En el sector rural para el mismo período creció del 68.4% al 85.3% y el nivel de indigencia que estaba en el 35.2% subió al 53.3%. Por no sembrar desarrollo con nuestros campesinos hemos cultivado violencia.

La agenda del desarrollo nacional no le ha dado importancia al campo. El presupuesto, en términos reales, asignado y aprobado por el Congreso de la República para el Ministerio de Agricultura es 86% menor que el destinado hace 8 años (Sociedad de Agricultores de Colombia). La tasa de protección efectiva para el sector agropecuario, de silvicultura, de caza y de pesca es menor que la tasa de protección que tienen el resto de los sectores económicos, con excepción del sector minero. No ha habido interés en proteger la agricultura en el país.

Las posibilidades de desarrollo rural dependen de las alternativas para establecer y continuar con actividades productivas. A pesar de que Colombia, en el contexto de América Latina, mantiene una alta participación relativa de la agricultura en el PIB (Producto Interno Bruto), la superficie cosechada en Colombia ha disminuido. En el año 2002, según la FAO, teníamos menos tierra sembrada que en 1993. Los agricultores en las condiciones actuales y con el panorama que se abre con el TLC se quedaron sin opciones. Hoy, pueden dedicarse al cultivo de frutales o de caña de azúcar. En el primer caso, quedan sometidos a los intereses de los grandes exportadores y en el segundo, a los de los ingenios azucareros, pues ambos conocen que los agricultores sólo tienen como alternativa las condiciones que ellos les ofrecen.

Por todo lo anterior, resultan absurdas las conclusiones presentadas recientemente por Fedesarrollo donde se afirma que: "según el Banco Mundial, Colombia debe buscar acceso a mercados antes que reducción de subsidios". Como si lo primero fuera posible sin lo segundo. ¿Cómo se puede competir en el mundo con productos cuyos precios están complemente distorsionados por los altos subsidios otorgados en Estados Unidos y Europa?