martes, abril 29, 2008

Lo social no es como lo pintan

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 6 de mayo de 2008

Resulta sorprendente, que en pleno siglo XXI, algunos opositores del presidente Uribe, digan que en Colombia debemos seguir el modelo chavista, porque ese gobierno si es “social”, que todos los seguidores de camisetas rojas, representan el pueblo venezolano y que en el vecino país, sí se atienden las bases populares.

Los colombianos no quieren más discursos populacheros de “lo social”. La gente sabe que en Venezuela, los padres de familia han tenido que dejar sus hijos varios meses sin leche, que los venezolanos han perdido capacidad de compra, por el aumento en la inflación, que las ciudades son más inseguras, más desordenadas y más caóticas. Incluso, han sufrido largos apagones, por fallas del sistema estatal eléctrico venezolano.

La mayoría de los colombianos seguimos respaldando, gran parte de las políticas del presidente Uribe, así lo muestran los últimos sondeos de opinión. No queremos volver al Samperismo, al pasado reciente del salto “social”, que desconoce la importancia de la seguridad, de la confianza, de la inversión y del empleo. La revolución bolivariana de Chávez, cautiva a la senadora Piedad Córdoba del Partido Liberal y a otros de sus integrantes, pero está lejos de contar con el respaldo del pueblo colombiano.

El país no ha avanzado en el fortalecimiento de sus instituciones, en lograr su legitimidad. Sin embargo, la gente ha recuperado la credibilidad en la figura presidencial, los colombianos sienten un presidente cercano y que trabaja. La política de seguridad es respaldada, no sólo por quienes generan empleo, sino también, de muchos colombianos, que rechazan los grupos que secuestran ciudadanos.

La última encuesta de Invamer Gallup, refleja que la gente se siente más segura, continúa respaldando al presidente Uribe y no está dispuesta a cambiar su seguridad y mucho menos, a tener un gobierno estilo Chávez en Colombia.

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Empresa de Energía: La opinión pública merece explicaciones, de la pasada administración de la ciudad, sobre las denuncias hechas por Carlos Alfredo Crosthwaite, sobre un endeudamiento de aproximadamente 5.000 millones de pesos con un particular, vinculado hoy con Enertolima S.A. ESP, en el año 2006. Endeudamiento respaldado con las acciones en la Capitalizadora del Tolima Ltda, “sociedad constituida para conseguir los recursos para adquirir las acciones de Enertolima S.A ESP”. ¿Cómo se hicieron esos negocios y en el interés de quién se hicieron?

martes, abril 22, 2008

“La Olla Raspada y los Pagarés Sociales”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 22 de abril de 2008

El municipio de Pereira se encuentra en la etapa de revisión de su plan de desarrollo, para los próximos años. La discusión y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, sigue siendo muy poca, a pesar de que existe información disponible. En la página web de la alcaldía de Pereira (www.pereira.gov.co) se encuentran los pagarés sociales, el borrador del contenido del plan de desarrollo y el plan plurianual de inversiones, que contiene las asignaciones por programas y por sectores, para los próximos cuatro años. Los programas, por lo general, involucran varios actores e instituciones, que todavía, pueden expresar sus opiniones.

El plan plurianual vale 1.8 billones de pesos, que se proyecta financiar así: el 57% con recursos del municipio (sector central), el 26% con dineros de los institutos descentralizados y las empresas de servicios públicos y un 18% con recursos de cooperación. Durante el actual gobierno se pagará el endeudamiento heredado del gobierno anterior y sólo aparece un empréstito por 8.000 millones de pesos, en la presente vigencia. El esfuerzo por cofinanciar proyectos, con recursos de cooperación y no con endeudamiento, es positivo para las finanzas municipales.

¿Qué se va a financiar con esos recursos, en los próximos 4 años, en Pereira? Más del 60% de los recursos del municipio provienen del sistema general de participaciones (SGP), es decir, de las transferencias del gobierno nacional, que se destinan, en su gran mayoría a financiar los programas de educación, de salud, de cultura y de deportes. El 16% son recursos del municipio con destinación específica, es decir, son dineros que no pueden tener asignaciones diferentes a las establecidas en acuerdos o compromisos adquiridos por el municipio.

Con el 24% restante, de los recursos del municipio, se financiará el resto de los programas. El mantenimiento de la malla vial y la infraestructura tienen las mayores asignaciones, probablemente, para cumplir los “pagares sociales” en los que figuran: la vía Belmonte-El Estadio, vía Alfonso López-Kennedy, vía Tokio-Mundo Nuevo, el tramo Cuchilla de los Castros - Villa Ligia, pavimentación parque El Oso, construcción CDV Perla del Otún y terminación del CDV del Consota, puente peatonal Avenida del Río, andenes Comuna del Café y reparación y mantenimiento de la malla vial en comunas y corregimientos.

Los recursos de las entidades descentralizadas y las empresas de servicios públicos (26%), normalmente, se destinan a financiar sus propios proyectos de inversión. Por último, del 18% de los recursos obtenidos por gestión y cooperación, se deberá destinar, el 68% a completar la financiación de los programas arriba mencionados y el otro 32%, en los demás programas del plan de desarrollo, ninguno de los cuales, tiene una asignación presupuestal significativa. La “olla raspada” y los “pagarés sociales”, son los nuevos factores determinantes de la inversión municipal, en los próximos años.

martes, abril 15, 2008

“Pañitos de Agua Tibia”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 15 de abril de 2008

La reforma política no va a resolver los problemas de legitimidad del Congreso de la República por varias razones: primero, la falta de legitimidad del Congreso no es un problema reciente, existe mucho antes de iniciarse la parapolítica. Los castigos a los partidos por avalar candidatos apoyados por la parapolítica, no resuelven los problemas de fondo del sistema político.

Como afirma Alejandro Gaviria: “la parapolítica es el resultado de la puja por unas rentas estatales, por los dineros de las regalías y de la salud, especialmente. La parapolítica es, en otras palabras, una forma sofisticada de corrupción”. La reforma política no aborda el problema de la captura del Estado, de la corrupción, de la conformación de redes de depredadores del erario público.

Al Congreso de la República, pueden llegar exgobernantes que llenaron sus arcas armando negocios y defendiendo intereses particulares. Candidatos con grandes sumas de dinero para comprar votos, líderes e invertir grandes sumas de dinero en publicidad y venderse como los defensores de los pobres.

Las causas de muchos de los problemas que pretende resolver la reforma política, se explican por la falta de cultura política y por las fallas del sistema electoral y no por la cantidad de partidos. Los castigos, como la “silla vacía” (pérdida de la curul para el partido), la cancelación de la personería jurídica y otras sanciones, no atacan el verdadero problema.

¿A quién y qué debería sancionarse? Muchos de los congresistas investigados por la parapolítica están implicados en investigaciones por nexos con los paramilitares, en hechos ocurridos antes de las últimas elecciones, cuando ellos tenían una curul de los partidos tradicionales, en especial del partido liberal.

Las formas ilegales de financiar las campañas no son nuevas y no depende, de la reforma su control. A las campañas, han entrado dineros del erario público, del narcotráfico, de los lavadores de dólares y de todos los testaferros que utilizan los políticos corruptos.

La reforma política no es el remedio, es sólo un analgésico para atacar un cáncer. Las células malas, cargadas de dinero, en un país con gente tan pobre, están acabando con las células buenas.

El país necesita un mensaje responsable, en el que se reconozcan los viejos problemas de fondo del sistema político, incluyendo el sistema electoral. El esfuerzo debe concentrarse, en demostrarle al país, que en el próximo proceso electoral, se darán las suficientes garantías, para la participación política, que los partidos harán un gran esfuerzo por renovarse y no conformar listas, basadas en cálculos electorales, con políticos cuestionados por corrupción.

martes, abril 08, 2008

“Con Dios y con el Diablo”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 8 de abril de 2008

Una mirada al escenario local, a luz de las conclusiones del estudio de Luis Jorge Garay, sobre “La Reconfiguración Cooptada del Estado: Más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado”, permite concluir que: en Pereira y otros municipios del país, no existen mecanismos eficientes para evitar la corrupción, ni la captura del Estado, por el contrario, hemos avanzando en una “reconfiguración cooptada del Estado local”.

Los pactos por la transparencia, generan un efecto contrario al que pretenden. Los gobernantes que firman los pactos, se convierten en “transparentes”, cuando en realidad, el mecanismo de los pactos no permite descubrir las sofisticadas formas de corrupción. Los pactos confunden a la opinión. La metodología empleada, no permite descubrir, cómo se roban los recursos públicos. Los organismos de control, no avanzan a la misma velocidad que lo hacen los negociantes de lo público.

El estudio de Garay, permite una mejor comprensión de lo que ocurre en nuestras ciudades, donde los actores, tanto legales como ilegales, buscan beneficios particulares en contra del bienestar general. La evaluación de los procedimientos y etapas de la captura del Estado, que inicia con la captura económica, lleva al estudio de formas más complejas y sofisticadas (redes de testaferros, inmobiliarias, negociadores, recaudadores y contratistas de diversa índole), que desembocan en una etapa más compleja que es la “Reconfiguración Cooptada del Estado”.

Las prácticas mafiosas en lo público, se profundizan porque no existe ninguna sanción moral contra ellas. Se llega a un “sistema de corrupción institucionalizado” donde la sociedad, acepta diferentes modos de obtener beneficios particulares a “expensas de un bien público, institucional, organizacional o grupal”.

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El Prometeo Solitario. La semana pasada, los obreros del municipio de Pereira estaban construyendo un muro de cemento, en la plazoleta del Prometeo, ubicada en la Avenida Circunvalar. El muro afecta negativamente la estética urbana, simplemente, se ve horrible. Si el muro se construyó, para evitar que los establecimientos privados se fueran a tomar la plazoleta, se hizo con un gran costo para la ciudad. Ese espacio público, por el contrario, necesita ser apropiado por los ciudadanos.

Las plazas, los parques y las plazoletas están subutilizadas en Pereira. En muchas ciudades del mundo, esos espacios públicos son disfrutados por los ciudadanos. Con una reglamentación clara de amoblamiento urbano, de control físico y de hacienda, se podría permitir su uso y al mismo tiempo, generar unos recursos para el fisco municipal (“la olla raspada”). El clima de Pereira, permitiría de día y de noche tener espacios públicos con vida. Estoy de acuerdo con muchos ciudadanos, que prefieren la plazoleta del Prometeo, con vida, con mesas y con sillas y no cercada, sucia y abandonada, como ha estado en los últimos años. En el siglo XXI, las alcaldías deberían consultar más a los ciudadanos, por lo menos, a través de una página web.

martes, abril 01, 2008

Economía Política

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 1 de abril de 2008

Las perspectivas para el desarrollo económico de América Latina, no son muy alentadoras. La economía colombiana no va a crecer este año, como lo hizo el año pasado, cuyo crecimiento fue del 7.62 por ciento, según reportó el Departamento Nacional de Estadística. Lo mismo va a ocurrir en otros países latinoamericanos.

Andrés Oppenheimer, autor ganador del Premio Pullitzer, afirma en su nuevo libro sobre el declive de las economías de América Latina, que todos los países están en riesgo de perder relevancia en el escenario mundial en los próximos 20 años. Argumenta el autor, que el crecimiento de América Latina (5%) está a la zaga de otras regiones en desarrollo. El crecimiento del producto interno bruto en estos países no ha logrado mejorar significativamente la distribución del ingreso, como lo han hecho otros países como China e India. Tampoco se han resuelto problemas de delincuencia e inseguridad, que afectan el clima de los negocios, como ocurre en los países asiáticos.

Para Oppenheimer y otros autores, que explican el desarrollo como un problema netamente económico, los hechos argumentados son válidos. Sin embargo, el problema del desarrollo de América Latina es esencialmente político y no económico. Para resolver los problemas socioeconómicos de los países latinoamericanos, hay que superar los problemas políticos que mantienen las sociedades de América Latina en conflicto, sin Estados fuertes y sin instituciones sólidas.

Los Estados en América Latina siguen en construcción, los gobiernos no han logrado forjar instituciones al servicio de los ciudadanos. Las políticas públicas de los buenos gobiernos no son sostenibles, entre otros, porque los sistemas políticos no funcionan como tal. Las instituciones para el desarrollo no han tenido como prioridad la educación, la investigación científica, la capacidad para inventar nuevas técnicas, nuevas tecnologías o nuevos modos de organización, para enfrentar la competencia internacional.

Colombia, en los últimos años, ha logrado tasas de crecimiento económico por encima de muchos países de América Latina, pero, los avances en las construcción de una institucionalidad política que integre la nación y genere confianza son muy pocos. No hay avances en el desarrollo político en el nivel nacional y local. Ni los partidos políticos, ni la rama legislativa, ni el sistema de justicia, por mencionar sólo algunas instituciones, han logrado la legitimidad necesaria.

El futuro de las economías de América Latina puede ser mejor que el pronosticado por Oppenheimer, dependiendo de cómo se produzca la dinámica interacción, entre la política que determina la orientación económica y los intereses económicos, que a su vez determinan el proceso político.