martes, septiembre 26, 2006

Las Regiones y el TLC

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 26 de septiembre de 2006

¿Cómo van a enfrentar los departamentos el TLC con Estados Unidos? ¿Cuál es la situación del departamento de Risaralda frente al proceso de globalización? La respuesta a las dos preguntas debe partir de reconocer que no son los departamentos, ni siquiera las naciones los que deben prepararse para competir en el mercado mundial, son las regiones. Como lo afirma Ohmae: “hoy en día los factores claves de la economía trascienden todas las fronteras, los que compiten no son tanto las naciones sino las regiones”.

Nuestros departamentos son simples divisiones político administrativas, su conformación no ha estado antecedida por una estrategia de desarrollo socioeconómico. Las ciudades deben organizarse en regiones, definir su plataforma competitiva, incluyendo sus sistemas de comunicación y transporte (terrestre, férreo, aéreo, marítimo, fluvial) y desarrollar procesos productivos orientados a la exportación.

Risaralda no puede asumir sola el proceso de globalización. En primer lugar, porque tiene que enfrentar las inmensas diferencias existentes entre las regiones de los países desarrollados y las de los países en desarrollo. Se debe reconocer que la competitividad es profundamente asimétrica. En segundo lugar, partimos de una economía vulnerable a todas las fluctuaciones de la economía global, con un crecimiento lento de su Producto Interno Bruto (PIB), con un PIB per capita menor al nacional, con una economía concentrada en el Área Metropolitana, sobretodo en Pereira y con una economía pequeña. En tercer lugar, los problemas de los vecinos son también los nuestros. El impacto del TLC sobre los cultivadores de arroz, no sólo se sentirá en el Tolima, también afectará a Risaralda.

Los municipios de Risaralda, como el resto del Eje Cafetero, no han logrado recuperarse de la crisis del café. Los pequeños siguen siendo dependientes del sector agropecuario. La dinámica del Área Metropolitana, en comercio y servicios es muy importante pero es inestable. Por ejemplo, más del 53% de los establecimientos económicos llevan menos de tres años de funcionamiento. El sector agropecuario, de caza y pesca, en Risaralda, decreció entre 1995 y el año 2003. Sin embargo, han tenido crecimientos positivos importantes, durante la presente década, sectores como la caña panelera, los cítricos y los pescados. No obstante, los sectores son vulnerables, no sólo por la competencia que se deriva de cualquier tratado, sino también por la oferta de otros países como puede ocurrir, en el caso del azúcar, con Brasil.

El sector manufacturero creció entre 1995 y el año 2003. Ha tenido una dinámica importante y con posibilidades de crecimiento en el mercado internacional el sector de alimentos. La fabricación de prendas de vestir es un segmento importante de la industria manufacturera en Risaralda, sin embargo, sus mayores riesgos están en la competencia de otros países como China y no necesariamente con Estados Unidos.

Dadas las condiciones mencionadas, Risaralda podría identificar algunos nichos de mercado hacia los Estados Unidos, siempre y cuando sean sectores que no son del interés de ese país, de lo contrario dada la falta de organización regional y las debilidades de las economías locales no es fácil enfrentar las desigualdades existentes en un mercado internacional con subsidios que distorsionan los precios y con las ventajas tecnológicas y de infraestructura de los países desarrollados.

martes, septiembre 19, 2006

Niñas, Niños y Jóvenes: “Titulares de Derechos”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de septiembre de 2006


El nuevo Código de la Infancia y de la Adolescencia, que aprobó recientemente el Congreso de la República, introduce varios cambios que demandan una nueva institucionalidad capaz de garantizar efectivamente los derechos de los niños y de los adolescentes.

Los cambios buscan: proteger integralmente a este grupo de la población, a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Crear un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes. Reconocer la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, promulgada en 1989. Endurecer las penas contra los agresores de los niños y los adolescentes y eliminar los beneficios en casos de maltrato. Reestablecer los derechos y reparar los daños contra la integridad personal de los niños, niñas o adolescentes (daño físico sexual o psicológico).

Garantizar el debido proceso a los jóvenes. Poner en conocimiento de la opinión pública los nombres y las fotos de los agresores de las niñas o los niños. Obligar a las clínicas y hospitales a atender a todos los niños y los adolescentes de los niveles 1, 2, y 3 del Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN). Vigilar el funcionamiento de las casas de adopción. Establecer políticas departamentales y municipales contra el trabajo infantil.

El nuevo código no garantiza derechos fundamentales de los niños y los adolescentes: el derecho a la educación y el derecho a la salud. A pesar de que el tema se planteó durante las discusiones en el Congreso, el Estado Colombiano no quedó obligado a garantizar el derecho a la educación hasta terminar la secundaria. Tampoco se aceptó la propuesta de cubrir por parte del Estado costos de educación como: pago de uniformes, transporte y útiles escolares. El ejercicio del derecho a la salud también siguió condicionado al (SISBEN).

La nueva ley transfiere a los municipios, distritos y departamentos el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia, de acuerdo con los lineamientos técnicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se trasladan competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los entes territoriales y se aumentan las responsabilidades de instituciones locales como las comisarías de familia. Resulta positivo que los municipios asuman el papel que les corresponde frente a la política de los niños y los adolescentes. No era lógico mantener un esquema centralizado donde una alcaldesa o un alcalde no tenían la competencia para proteger los niños en su propia ciudad.

No obstante, varias inquietudes sobre la institucionalidad local no fueron resultas durante los debates: ¿cómo se va a garantizar el financiamiento del Nuevo Sistema Nacional de Bienestar Familiar?, ¿qué porcentaje de los recursos que hoy maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar van a manejar los municipios?, ¿se va a cometer el error de enviarle recursos a las gobernaciones de los departamentos para dispersar los recursos en los entes territoriales?, o ¿las gobernaciones van servir de entes articuladores de las políticas públicas?, ¿cómo pueden responder los municipios adecuadamente por las nuevas responsabilidades, sino pueden contratar personal calificado y competente para asumirlas, porque la ley 617 no se los permite?

martes, septiembre 12, 2006

¿Quién y cómo se gastan las transferencias?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 12 de septiembre de 2006


La semana pasada, la directora del Departamento Nacional de Planeación, anunció el proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP- que será presentado al Congreso de la República. La iniciativa busca la modificación de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, con el fin de determinar el crecimiento de las transferencias a partir del 2009, con base en la inflación y no en los ingresos corrientes de la nación como se hace actualmente.

También se pretende establecer un porcentaje adicional, que permita garantizar un flujo de recursos suficientes para lograr coberturas universales en salud y educación en el 2010 y aumentar las de agua potable y saneamiento básico hasta llegar al 94 y 91 por ciento respectivamente en el año 2019. El crecimiento de las transferencias a las regiones para los años 2009 y 2010 será igual a la inflación causada más 3.5 por ciento y a partir de 2011 el incremento será del 2 por ciento.

En las primeras explicaciones de la iniciativa, no se dio la suficiente importancia a los aspectos fiscales que el proyecto pretende solucionar, a pesar de que se han hecho diferentes pronunciamientos, en los últimos años, acerca del peso de las transferencias en los gastos de la nación. En el año 2005, el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación destinados para el Sistema General de Participación fue del 34%. Los organismos internacionales han presionado para implementar medidas que permitan reducir el déficit fiscal del gobierno nacional y eso involucra todos los componentes del gasto público.

Sin embargo, lo más importante del tema es el análisis que debería hacerse sobre la calidad del gasto público y sobre los impactos que hasta el momento ha tenido el proceso de descentralización en el país. No es tan simple como lo afirma la directora de Planeación Nacional que: “sin reforma, se perderá el esfuerzo hecho por el país para volver a una senda de crecimiento estable y se atenta contra el avance en la disminución en los índices de pobreza y desigualdad”. La lucha contra la pobreza no es un problema de cuanto y cuando se invierten los recursos del Sistema General de Participaciones, sino también, de quien y como se inviertan los mismos.

Si existiera mayor eficiencia y menos corrupción en las entidades territoriales, sería mayor el impacto en la reducción de la pobreza. Los logros pudiesen haber sido mayores, en términos de calidad y cobertura, como resultado del significativo incremento del gasto social y de las transferencias desde la década pasada.

Las instituciones de la política social en los niveles departamentales y municipales merecen revisión como se afirmó en otra columna sobre “Intereses privados y política social” (Ver adrianavallejo.blogspot.com). La discusión del proyecto de ley debería incluir temas como: la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales (educación y salud). La pertinencia de los niveles de gobierno encargados de ejecutar el gasto público. Hay que pasar de los departamentos a las regiones. La autonomía local para asignar recursos podría aumentarse donde exista mayor capacidad institucional y mejores desempeños. El actual régimen de transferencias no reconoce las diferencias entre las regiones y se convierte en la misma “receta” para todo el país.

martes, septiembre 05, 2006

¿Contribución por Valorización?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 5 de septiembre de 2006

Obras de Cemento: ¿Cambió el discurso? fue el título de una columna publicada en este diario, el 22 de febrero, del año pasado. En ese momento se encontraba en discusión el proyecto de acuerdo, por medio del cual se autorizaba el cobro de la contribución por valorización de las obras viales. Se resaltaba en el artículo, la importancia de analizar el programa de ejecución, que contiene los proyectos físicos de la administración municipal, a la luz de las prioridades del plan de ordenamiento, las posibilidades financieras y la relación costo beneficio de las obras.

Se resaltó la importancia de considerar la caída en los recaudos del impuesto predial durante el año 2004 y se puso en duda la necesidad de la construcción de la vía al Colegio La Salle. La caída en los recaudos podía explicarse, entre otros, por la falta de capacidad de pago de los contribuyentes. Un nuevo cobro podría traducirse en un aumento de la cartera del municipio y no en un recaudo efectivo.

Ahora, un año y medio después de aprobado el acuerdo y sin que se hubiese dado la debida discusión, existe la preocupación en amplios sectores de la población (Cuba, Tribunas, Combia, Puerto Caldas, Cerritos, El Jardín etc.) sobre el cobro de la “contribución por valorización”. El viernes pasado se realizó una manifestación pacífica en su contra, la gente sigue reclamando o presentando acciones jurídicas.

Sin lugar a dudas, el malestar que ha generado el cobro de la “contribución por valorización” demuestra que hay un problema que merece análisis y evaluación. Lo primero que debe aclararse es que ese mecanismo de financiación de obras no es en sí mismo bueno o malo, lo que es bueno o malo es la manera como se implementa, por esa razón, no siempre que se ha recurrido a él se han presentado conflictos.

Si muchos contribuyentes consideran que el cobro por “valorización” es elevado, es porque el valor de las obras es muy alto y su distribución esta recayendo sobre un número insuficiente de personas o su reparto puede ser inequitativo. Adicionalmente, muchos contribuyentes no tienen claro el beneficio directo de las obras. A lo anterior se suma, la situación en la mayoría de las ciudades de país, incluyendo a Pereira, donde el sistema de información catastral se encuentra desactualizado, por lo tanto, algunos gravámenes no corresponden con la condición real de los predios.

Preocupa la carga para el sector agropecuario, que de manera inequitativa en el país, como lo afirma Jaime Arias Restrepo, ha tenido que pagar por las vías interciudades, que benefician otros sectores de la economía, ubicados en el sector urbano. Ahora en Pereira, los productores también tienen que pagar por las vías en la ciudad, sin que ellas les genere ningún beneficio. La baja rentabilidad del sector agropecuario no le permite asumir nuevos gravámenes.

La experiencia debe servir para generar conciencia sobre la importancia para la ciudadanía de participar activamente en los asuntos de su ciudad. Organizarse o hacer parte de las organizaciones. La ciudadanía debe preguntar por ejemplo: ¿Por qué nos se han construído las obras complementarias de la Avenida Belalcázar, si gran parte de los dineros de la contribución por valorización ya se recaudaron? tejiendociudadania@gmail.com