Derechos y Avances: Los Niños Discapacitados

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 26 de abril de 2005

Los niños discapacitados y sus familias, no encuentran el suficiente apoyo de la sociedad y del Estado. Sin protección han estado sus derechos y con frecuencia son ignorados o discriminados. Por ejemplo, es frecuente encontrar, en diferentes barrios de Pereira, como Panorama II, Travesuras, Santa Helena Gama III o el Ormaza, madres, con niños discapacitados, completamente desprotegidas. En algunos casos se desconoce las alternativas para la educación de sus hijos, en otros, no tienen dinero para pagar los costos en una institución especializada, ni tampoco el transporte a las instituciones. Todas las familias expresan la soledad que sienten en la crianza de sus hijos.

¿Cuáles son los derechos de éstos niños en Colombia? ¿Existen políticas públicas para ellos? No hay políticas que permitan ejercer los derechos de los niños discapacitados ni mecanismos de financiación definidos. Por ejemplo, un niño en Colombia puede ser beneficiado por el subsidio a la educación en un colegio público, sin embargo, no existen asignaciones presupuestales definidas para asumir los costos de la educación de un niño especial o discapacitado o para incluirlos en el sistema escolar. En Chile y en Colombia se ha intentado implementar políticas de inclusión educativa para integrar al sistema escolar tradicional todos los niños discapacitados. La discapacidad es un problema de salud pública que involucra tanto la población discapacitada como la no discapacitada. Los programas deben buscar la forma, no sólo de atenderlos, sino también de integrarlos, de incluirlos a la sociedad, es decir, de involucrarlos tanto a ellos como al resto de la sociedad.

En medio de esta ausencia de políticas públicas y de mecanismos de financiación, sobresale el esfuerzo de muchas organizaciones sin ánimo de lucro que han asumido el reto de formar los niños con diferentes tipos de discapacidad, como lo ha hecho, entre otros, el Instituto de Audiología de Pereira, dirigido por Bolivia Chica. Un gran avance se ha hecho para las personas no oyentes o con deficiencias auditivas. A través de la visagrafía, representación gráfica de la lengua visa, pueden elaborar sus pensamientos e ideas, se disminuyen las desventajas culturales con las personas que pueden leer y escribir y por lo tanto, la discriminación.

El proyecto de investigación para la visagrafía, dirigido por Jaime Hernández, ya cuenta con grafemas (representación de las manos en diferentes posiciones, la cara, partes de la misma o movimientos en general) y palabras que quedarán plasmadas en el diccionario de visagrafía que permitirá difundir la lengua visa y su grafía. Han logrado avanzar en la construcción de las herramientas de computación, entre ellas, el editor de grafemas, de ideogramas y de textos. También lo ha hecho el Proyecto Iris de María Fernanda Zúñiga, Jhon Alexander Guerra y Felipe Restrepo que tiene como objetivo transformar las imágenes de los computadores en impulsos electromagnéticos que les permite a los invidentes percibir las imágenes con sus manos.

Los avances locales son un ejemplo nacional. No obstante, se debe abordar el tema con mayor profundidad. Las Naciones Unidas estiman que existen en Colombia más de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad de las cuales más del 50% son niños, sin embargo, reconocen que la cifra puede ser mayor, pues no se cuenta con un adecuado sistema de información. Tenemos una deuda y una tarea pendiente con los niños especiales y los discapacitados, que seguramente, son muchos más de los registrados en las estadísticas.

¿Repetirán la historia de la apertura?

Jorge Enrique Robledo, senadorrobledo@telesat.com.co (Senador del MOIR)
Bogotá, abril 23 de 2005

Cuándo César Gaviria y sus ministros, Rudolf Hommes, Ernesto Samper Pizano y Juan Manuel Santos, entre otros, decidieron impulsar la apertura, es decir, disminuir la protección del aparato productivo nacional, unos dijimos que iban a volverlo trizas, pues era obvio que una economía enclenque no podría resistir el aumento de las embestidas de las transnacionales. Ellos, por su parte, utilizaron el "bienvenidos al futuro" presidencial para ocultar la regresión decidida por los imperios en la OMC. Y no solo hablaron de invadir a Estados Unidos con productos Made in Colombia -como se ofrece ahora con el TLC-, sino al mundo entero. ¡Cómo será el miedo en New York, Tokio y Roma ante esta amenaza del gavirismo!, dijimos algunos.

El debate se dio en especial en el sector agropecuario, en donde tantos dirigentes gremiales -tan gobiernistas, por sobre todo- se facilitaron para que tuviera éxito la burla oficial que dijo que la debilidad de los productores colombianos frente a las importaciones subsidiadas se iba a resolver con creatividad y malicia indígena, más unos cuantos cursos que les mejoraran la autoestima. En el caso del café, golpeado también por la decisión de Estados Unidos de imponer el neoliberalismo en ese negocio, el desdén de la alta burocracia de la Federación por la suerte de sus agremiados fue puesto en su sitio por un campesino que explicó: "es que no es los mismo vivir del café que de los cafeteros".

¿Qué pasó? Los hechos, que son los críticos más implacables de cualquier teoría, dieron su veredicto: las importaciones agropecuarias se multiplicaron por diez, sustituyendo un millón de hectáreas de cultivos transitorios en Colombia. En plata, esas compras en el extranjero de unos productos que los colombianos estaban y están en capacidad de producir sumaron 17.253 millones de dólares entre 1991 y 2003. Y las pérdidas para la industria fueron aún mayores, así esto se conozca menos porque lo han ocultado los dirigentes gremiales que debieron informarlo.

En razón de este resultado, los neoliberales quieren firmar un TLC con Estados Unidos que de una vez por todas elimine la protección frente a los productos estadounidenses, con lo que se consolidarán las inmensas pérdidas de los años pasados y vendrán otras mayores, según lo reconocen los propios estudios de Planeación Nacional. Es el colmo que haya gente informada que no sepa o que diga que no sabe que el gobierno de Colombia ya ofreció que el agro nacional quedará con cero protección en el plazo que se pacte, así como aceptó que los gringos mantendrán sus enormes subsidios. Que ese desastre lo quieran menospreciar exagerando las verdaderas posibilidades de las exportaciones de uchuvas, pitayas y cardamomo, con las que unos "reemplazarán" lo que pierdan otros, vaya y venga, pero que no falten a la verdad sobre lo que ocurrirá con los cereales y los demás productos no tropicales.

De ahí que tengan tanta razón los arroceros que decidieron, como parte de su lucha, votar sobre el TLC, siguiendo la senda de los indígenas caucanos y adelantándose a otros sectores que se aprestan también a consultar al respecto. Y cómo es de lamentable que haya quienes, ¡y en nombre del arroz nacional!, en vez de respaldar la consulta, la censuren y, para peor, con argumentos politiqueros.

Esas consultas a sectores específicos debieran llevar al gobierno a someter a la votación de todos los colombianos si habrá o no TLC con Estados Unidos. Porque ese pacto significa la mayor amenaza contra la nación desde la Independencia de España, porque quién puede defender que una decisión de este calibre se le deje a las mismas mayorías que aprobaron la reelección de El Mesías y porque así lo indica el más elemental sentido democrático.

La legalidad de la consulta puede lograrse de dos maneras. Mediante la reforma constitucional que propuso Antonio Navarro o con el Artículo 104 de la Constitución que dice: "El presidente de la república... podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria". Si Uribe no consulta, entonces, es porque es de su talante imponer y porque le da pavor que se le repita la historia del referendo.

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Pensar en el Futuro: Gas de Risaralda

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de abril de 2005

Se acaba de presentar para aprobación del Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para autorizar al alcalde a vender la participación que el municipio de Pereira tiene en la empresa Gas de Risaralda. Esta empresa fue creada en febrero de 1997, con el fin de ejecutar la concesión hecha por el Ministerio de Minas y Energía para prestar el servicio público de distribución de gas natural, de manera exclusiva, en el departamento de Risaralda. El municipio inició con una participación del 33.45% del total de las acciones que tenían los demás socios (Gas Natural, Gases del Caribe y los minoritarios).

Corresponde en este momento evaluar la conveniencia de vender o no la participación del municipio. Sin realizar consideraciones sobre la valoración de la empresa, se debe partir de revisar la política pública en materia fiscal y financiera del municipio.

Las políticas públicas en los entes territoriales no pueden establecerse aisladas de su contexto y sus circunstancias. Se tiene un gobierno nacional con un alto déficit fiscal, cuyos principales egresos (obligaciones), están concentrados en: el servicio de la deuda, el pago de pensiones y las transferencias. Éstas últimas son la principal fuente de ingresos de los municipios. Si continúa creciendo el déficit del presupuesto nacional, se pone en riesgo el cumplimiento de esas obligaciones. Por esta razón, se han aprobado leyes como la 617 de racionalización del gasto y la ley 819 de responsabilidad fiscal. También se ha medido su desempeño fiscal, con un indicador que incluye el crecimiento de los recursos propios y la disminución de la dependencia de las transferencias nacionales. Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación afirmó que se deben buscar mayores ingresos, a través del aumento en los impuestos municipales. Con una economía nacional y regional creciendo a unas tasas tan bajas, no es posible pensar en aumentos progresivos de los impuestos municipales, para compensar parte de las transferencias nacionales. Por lo tanto, los municipios deben mantener las inversiones que les pueden generar dividendos, como Gas de Risaralda y de esta forma conservar una fuente de ingresos relativamente estable.

El otro aspecto, por definición necesario, en toda decisión financiera, es la consideración sobre el momento en el cual es conveniente vender. La industria del gas ha tenido un crecimiento importante en todo el país, hoy alcanza más de 3 millones de usuarios, con un potencial importante de crecimiento del negocio de gas vehicular. Gas de Risaralda ha tenido un buen crecimiento en su nivel de ventas, con cumplimiento en la meta de número de usuarios y con mejoras en su situación de caja. Adicionalmente, el estado de crecimiento de la empresa está próximo a cumplir su madurez, va a pasar de la fase de expansión a la fase de generación de rentabilidad. Las proyecciones mostraban, en el año 2003, que al año 2008 la empresa pagaría el total de las deudas, incluyendo las de los accionistas. La empresa esta ad portas de empezar a generar utilidades y repartir dividendos a sus accionistas, incluyendo el municipio. Por lo tanto, no se justifica que después de esperar más de 7 años el retorno de una inversión, el municipio renuncie a esos ingresos. El momento no es el adecuado.

Por último, no se ha explicado cual es la alternativa de inversión que supera la rentabilidad económica o social de los recursos invertidos en Gas de Risaralda, por ahora, se ha mencionado que la inversión sería parte de las vías, por más de 60.000 millones de pesos, que serán cobradas por valorización.

El respeto a los medios y la atención a los niños

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde , martes 12 de abril de 2005

Carl Gershman, presidente de la Fundación Nacional pro Democracia afirma: "las democracias establecidas tienen que hallar nuevos medios de ejercer su peso colectivo en todos los aspectos de la promoción de la democracia, desde la formulación de estrategias coordinadas para influir en el comportamiento de gobiernos recalcitrantes y corruptos, a defender y facultar a grupos que llevan a cabo actividades no violentas para promover el cambio democrático". Sin información no se pueden evaluar objetivamente las instituciones y quienes las dirigen, por esta razón, los medios son importantes en los procesos de rendición de cuentas de los gobiernos, como lo hizo La Tarde con el informe de gestión de la alcaldía de Pereira y su obligada repetición. Los medios de información son un "bien para el desarrollo" pueden contribuir a mejorar la responsabilidad de un gobierno frente a su gestión y a tener sociedades mejor informadas (Timothy Carrington y Mark Nelson, ex periodistas de Wall Street Journal).

Contar con un medio como La Tarde, que no depende de la pauta publicitaria de la alcaldía de Pereira, es contar un bien público para promover y fortalecer la democracia local. Nadie debe estar obligado a aplaudir lo que no es plausible.
* * *
La comunidad internacional ha establecido una serie de fechas especiales (día del periodista, del medio ambiente, de la mujer etc.)
Desde 1924 se estableció su celebración, en ese año, la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, estableció que "la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer". Se invitó a una celebración internacional para honrar a las niñas y a los niños. En 1948, las Naciones Unidas, aprobaron una segunda Declaración de los Derechos del Niño. Posteriormente, en 1959, la Asamblea General, autorizó una tercera declaración, más detallada que las anteriores, y en 1979, se estableció el Año Internacional del Niño. Lo mejor sería registrar hechos positivos en el mes de los niños en las ciudades, sin embargo, en Pereira, la semana pasada, 6.500 estudiantes de los colegios públicos que todavía tienen subsidio al transporte escolar se quedaron sin el. Los niños necesitan el transporte subsidiado porque las familias no cuentan con los recursos suficientes para pagar un transporte público o en muchos casos, los niños están obligados a caminar largas distancias para tomar el bus de servicio público. El hecho demuestra una falta de planeación y cuidado en el tema educativo. Los municipios deben prepararse para atender las necesidades de los niños y más, considerando, que la mayor demanda de servicios sociales en las ciudades del departamento de Risaralda está y estará concentrada, en el mediano plazo, en los niños. El mayor porcentaje de la población del departamento son niños entre los 5 y 14 años de edad, como puede observarse en la pirámide poblacional elaborada con la base de datos del nuevo SISBEN en Risaralda de Planeación Nacional, publicada en el último boletín del CODEST (Comité de Estadística Territorial).

¿Qué pasa con los niños?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 22 de marzo de 2005

Con el propósito de analizar y evaluar las condiciones de la niñez en el paí­s, la Procuradurí­a General de la República, con apoyo de la UNICEF, revisó más de 1.000 planes de desarrollo en los departamentos para determinar si respondí­an adecuadamente a la solución de las necesidades de los niños en Colombia. Se concluyó que existen inconsistencias entre las necesidades de los niños y las prioridades de inversión asumidas por los gobiernos locales. Las alcaldí­as están dedicando menos del 30% de sus recursos para atender problemas crí­ticos que afectan los niños como el abuso sexual, la deserción escolar, la explotación laboral y sexual, los niños en la calle y la vinculación a actividades criminales. El estudio se concentró en tres rangos de edad: infancia (0 a 6 años), niños en edad escolar (6 a 12) y adolescentes (13 a17). En este último grupo se incrementaron los embarazos: el número de nacimientos por 1.000 mujeres en edad entre los 15 y 19 años, pasó de 70 en 1990 a 89 en 1995, con un incremento del 19% en las adolescentes en la zona urbana y 47% en la zona rural. El embarazo en adolescentes limita las oportunidades de ellos y de los niños que llegan a ser criados por otros niños que no tienen, en la mayorí­a de los casos, las posibilidades económicas o las condiciones psicológicas para garantizar su sano crecimiento. Un millón de niños entre los 5 y 17 años, que deberían estar estudiando, se encuentran trabajando. Algunos de ellos son explotados sexualmente y otros hacen parte del tráfico y comercio de niños.Un millón de niños han sido desplazados por el conflicto armado en los últimos 15 años. De las ví­ctimas reportadas, en el año 2001, por minas personales, 54 eran niños. Se calcula que entre 6.000 y 7.000 niños han sido reclutados en los grupos armados. Seguimos registrando estadí­sticas, como las mencionadas en el informe de la Procuradurí­a, que afectan nuestros niños y aplazando las reformas que deben aportar a su solución. Si, como concluye el estudio, no existe correlación entre los problemas y la asignación de recursos en los planes de desarrollo local, entonces faltan polí­ticas públicas nacionales con programas y proyectos con recursos concretos para la niñez. La libre asignación de parte de los recursos de las transferencias no garantiza una adecuada priorización de los mismos. Como ocurre en Pereira, en ejercicio de la autonomí­a local, los niños pierden el derecho a la educación gratuita en los colegios públicos, no sólo el derecho a la matrícula sino también al transporte escolar. Por ejemplo, los niños de los barrios Bellasardi, Padre Valencia, Panorama I y II, Naranjito y Las Mercedes ya no tienen transporte escolar, muchos de ellos, tienen que caminar desde las 5:30 a.m. para tomar el bus que los pueda llevar hasta el colegio El Jardí­n, además, las familias de estos barrios y de muchos otros en Pereira no cuentan con ingresos suficientes para pagar los costos del transporte. Adicionalmente, se comprometen vigencias futuras sin evaluar el impacto en el mediano plazo para la financiación de los programas que beneficien a la población infantil. Por esta y muchas otras razones es tan importante, oportuno y necesario el llamado hecho a la ciudadaní­a en el editorial de La Tarde el dí­a 16 de marzo sobre la necesidad de contar con efectivas e independientes veedurí­as ciudadanas y un verdadero control político de las mayorí­as.

Computador 'traduce' imágenes

El Tiempo, jueves 31 de marzo de 2005

Ciegos podrán 'ver' los colores gracias a tesis de pereiranos


Un ingeniero electricista de 49 años, profesor de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira, se convirtió en el 'conejillo de indias' de tres estudiantes de la institución.

Como trabajo de grado, estos idearon un sistema para transformar imágenes de computador en impulsos electromagnéticos que permiten a los invidentes percibirlas con sus manos.

Gracias al invento de los muchachos, el profesor, que comenzó a perder la vista a los 17 años, edad a la que le diagnosticaron un glaucoma, y que hoy está completamente ciego, volvió a 'ver' gráficos e imágenes en alto relieve.

Con solo tocarlos, sabe la forma de los objetos y hasta es capaz de decir qué color tienen.


Pereiranos inventan 'ojos' para ciegos


Saulo Torres, un avezado ingeniero eléctrico campeón mundial amateur de ajedrez en 1986, comenzó a perder la vista en la década de los 80 luego de que los médicos le diagnosticaron glaucoma cuando tenía 17 años.

Hoy, con 49 y completamente ciego desde hace 15 años, Torres volvió a 'ver' gráficos e imágenes en alto relieve. Con solo tocarlos sabe la forma de los objetos y hasta es capaz de decir qué color tienen.

Todo, gracias al 'Proyecto Iris', un sistema integrado por un computador con un software especial, un periférico, electroimanes y un entramado de cables que transforman imágenes de computador en impulsos electromagnéticos que les permite a los invidentes percibir la imagen con sus manos.

Torres, profesor de la facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira (ATP) (sic) y master en física, decidió ser el 'conejillo de indias' de tres estudiantes que idearon el sistema para presentarlo como tesis de grado.

El 'profe' Torres ayddó a los muchachos a probar el 'Iris' y comprobó que ya no requería imaginar los gráficos sino que los podía 'ver' con sus manos. La tesis fue laureada y dio origen a Duto, empresa que hoy hace parte de la plataforma de Parquesoft en Pereira, un proyecto tecnológico que reúne a gomosos dedicados a crear programas de computador.

Dos años dudaron (sic) las investigaciones de Jhon Guerra, Felipe Restrepo y María Fernanda Zúñiga luego de que Jaime Hernández, su profesor de física, les dijo que se podía lograr poner a ver a los invidentes.


¿Por dónde empezar?


Los muchachos comenzaron por averiguar sobre la población invidente. Se enteraron de que en el Instituto Nacional para Ciegos (Inci) aparecían registradas 2.823 personas con esta discapacidad; en el Ministerio de Educación encontraron que de 68.206 establecimientos educativos solo 400 tienen salas de cómputo para limitados visuales, y que el mercado ofrece un sistema braille display, el más desarrollado en tecnología, pero por entre 4.500 y 10.000 dólares (10 millones 350 mil pesos y 23 millones de pesos), inaccesible para la mayoría.

Por eso, se concentraron en crear imágenes de computador que se pueden sentir con el tacto. Para los invidentes esto equivale a 'ver' el objeto.

"El periférico (una cajita azul de madera con una maraña de cables con 48 electroimanes) toma la imagen del computador y la convierte en campos magnéticos que el invidente puede sentir como vibraciones", explican los muchachos. Así los usuarios se hacen a la idea de una imagen tridimensional como lo pueden hacer alguien de visión normal.

Para 'apreciar' la imagen el invidente –quien debe recibir entrenamiento- usa imanes adheridos a las falanges de los dedos. Pueden 'tocar' los objetos representados en la imagen y percibir sus colores.

En un futuro, los jóvenes aspiran a crear un guante funcional para que las sensaciones se sientan en toda la mano.

El senador Jairo Clopatofsky, quien vio funcionando el proyecto, se comprometió a ayudarles con la financiación. Están creando un prototipo que costaría lo de un monitor de computador (300 mil pesos).

Por ahora, Torres está contento con 'Iris', dice que les evitará molestias como tener que cargar con los siete tomos "como de directorio telefónico" y la regleta que les permite leer la Constitución en Braille. "Es un desarrollo que puede llegar a ser más económico y más productivo para los invidentes y con él cualquier invidente puede ver", concluye.

De ciudades y veedurías

Adriana Vallejo De La Pava

La Tarde
Editorial, 16 de marzo de 2005

Los gobiernos deben tener veedurías ciudadanas y control político,
para que no cometan excesos y para que se democratice el ejercicio del
poder.
Los concejos y asambleas, que en teoría deben realizar el control
político sobre las administraciones públicas respectivas,
infortunadamente han hecho un tránsito hasta convertirse casi que en
apéndices de los gobernantes, bien por los compromisos que se
adquieren en los tiempos electorales, o por la cada vez más notoria
falta de injerencia jurídica en la toma de decisiones.
Corresponde entonces a los ciudadanos, a las universidades, a los
medios de comunicación, a los grupos de vecinos, pedir cuentas sobre
el ejercicio del gobierno y del poder, que ejecutan quienes han sido
investidos con cargos de representación popular.
Los gremios, que deberían ser grandes actores y generadores de
opinión y actuantes en el ejercicio de veeduría de la actividad
pública, a veces dependen demasiado de la contratación que puedan
realizar con el mandatario de turno, y la participación que hayan
tenido en la política local, por lo que hacen depender su actividad en
esta área del momento que atraviesen sus relaciones con el sector
público.
Hacer veeduría no se puede confundir con hacer oposición. Revisar los
actos y contrataciones de la administración pública y tener opinión
sobre los mismos, es el mínimo derecho que tienen los gobernados, que
para el caso somos todos.
Hace algunos meses en este mismo espacio, proponíamos crear en
Pereira un grupo veedor para la ciudad, copiando el nombre que ya se
está utilizando en capitales como Cartagena y Bogotá, algo así como
'Pereira cómo vamos'.
Esa vigilancia, ese control, son una muestra del ejercicio diario que
deben hacer las comunidades de la democracia, en el amplio sentido de
la palabra.
Hoy volvemos a hacer la propuesta, en la seguridad de que hay grupos
de personas y entidades interesadas en ejercer el control ciudadano
para las administraciones departamental y municipal. No con la
intencionalidad de 'atravesársele' a las decisiones gubernamentales,
sino en la seguridad de que es más favorable para la ciudadanía saber
que su opinión es tenida en cuenta en el ejercicio del poder; que
entre todos es más seguro definir qué es lo más conveniente para el
desarrollo, que esperar pasivamente que se impongan medidas, tributos,
actos de gobierno, que solo han sido debatidos y consultados entre muy
pocas personas. Personas que así como pueden actuar con buenas
intenciones, también cometen garrafales errores, que luego debemos
pagar todos.
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¿Sembrar desarrollo o cultivar violencia?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 5 de abril de 2005

Contrarias al interés nacional, pueden calificarse las propuestas hechas en las negociaciones agrícolas, de la octava ronda del Tratado de Libre Comercio (TLC), de los países andinos con Estados Unidos, celebradas en Washington. Los cereales subsidiados de Estados Unidos acabarían definitivamente con los cultivos nacionales de maíz, sorgo, trigo o arroz.

Más que recuperar la rentabilidad mínima del sector agrícola, el sector rural es un elemento necesario para lograr el desarrollo socio económico del país y un aspecto fundamental para alcanzar la paz. Lo que ha pasado con la agricultura y lo que puede pasar con el TLC, tiene para Colombia unos costos altísimos en términos de pobreza y violencia. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio de Fedearroz, el sector agrícola deja a los habitantes de Espinal, el 90% de su valor agregado bruto en forma de salarios e ingreso mixto y la cadena productiva contribuye con el 50% del empleo municipal. ¿Qué va a pasar con todos esos empleos, si se acepta la propuesta de Estados Unidos, de permitir que se aumente el acceso de arroz bajo condiciones de dumping (venta a precios por debajo del costo)?

Las políticas en contra de la agricultura se han traducido en pobreza nacional, sobre todo en el sector rural. La pobreza en el país, medida por ingresos, pasó del 53.8% en 1991 al 64.3% en el año 2003. En el sector rural para el mismo período creció del 68.4% al 85.3% y el nivel de indigencia que estaba en el 35.2% subió al 53.3%. Por no sembrar desarrollo con nuestros campesinos hemos cultivado violencia.

La agenda del desarrollo nacional no le ha dado importancia al campo. El presupuesto, en términos reales, asignado y aprobado por el Congreso de la República para el Ministerio de Agricultura es 86% menor que el destinado hace 8 años (Sociedad de Agricultores de Colombia). La tasa de protección efectiva para el sector agropecuario, de silvicultura, de caza y de pesca es menor que la tasa de protección que tienen el resto de los sectores económicos, con excepción del sector minero. No ha habido interés en proteger la agricultura en el país.

Las posibilidades de desarrollo rural dependen de las alternativas para establecer y continuar con actividades productivas. A pesar de que Colombia, en el contexto de América Latina, mantiene una alta participación relativa de la agricultura en el PIB (Producto Interno Bruto), la superficie cosechada en Colombia ha disminuido. En el año 2002, según la FAO, teníamos menos tierra sembrada que en 1993. Los agricultores en las condiciones actuales y con el panorama que se abre con el TLC se quedaron sin opciones. Hoy, pueden dedicarse al cultivo de frutales o de caña de azúcar. En el primer caso, quedan sometidos a los intereses de los grandes exportadores y en el segundo, a los de los ingenios azucareros, pues ambos conocen que los agricultores sólo tienen como alternativa las condiciones que ellos les ofrecen.

Por todo lo anterior, resultan absurdas las conclusiones presentadas recientemente por Fedesarrollo donde se afirma que: "según el Banco Mundial, Colombia debe buscar acceso a mercados antes que reducción de subsidios". Como si lo primero fuera posible sin lo segundo. ¿Cómo se puede competir en el mundo con productos cuyos precios están complemente distorsionados por los altos subsidios otorgados en Estados Unidos y Europa?

Educación y Justicia Social

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 29 de marzo de 2005
¿Qué relación existe entre educación y libertad?, o entre
¿capacidades y pobreza? o entre todos ellos. Desde la filosofía, las
ciencias políticas y las económicas se han dado diferentes respuestas
que no sólo han servido para analizar la justicia social, sino
también como busca Amartya Sen, orientar las políticas públicas,
particularmente, aquellas que definen las prioridades de inversión en
los países en desarrollo.
La pobreza es un reflejo de la desigualdad social y ésta es una
amenaza contra la libertad, así lo estableció John Stuart Mill, en su
obra "Sobre la Libertad", en 1859. Mill defendía la educación
obligatoria y consideraba que la mala educación y las circunstancias
sociales son un obstáculo para la felicidad. El Estado debe asumir la
responsabilidad de la educación para disminuir las desigualdades
sociales que son un obstáculo para la libertad.
Las formas de asumir las desigualdades sociales están estrechamente
relacionadas con la discusión sobre la libertad. Los individuos en una
sociedad no parten de las mismas condiciones, por eso como lo
establece Rawls, la constitución política y las instituciones
económicas y sociales definen las libertades y derechos de las
personas que afectan sus perspectivas vitales, es decir, lo que las
personas pueden esperar ser y como les puede ir en la vida. La
justicia como equidad, reconoce el principio de la diferencia. La
igualdad de oportunidades y de libertades de la ciudadanía debe
incluir derechos básicos como la educación. Sin embargo, no puede
establecerse un sistema de derechos y deberes que no reconozca los
diferentes puntos de partida en una sociedad.
La pobreza es privación de capacidades, como lo afirma Sen, la falta
de educación o salud y no sólo de ingresos, explica las diferencias de
oportunidades de las personas que les permite mejorar sus propias
vidas y las de sus familias. Al igual que Rawls, Sen, resalta las
diferencias entre los grupos sociales: por regiones, por sexos o por
edades. Por ejemplo, son mayores las privaciones de las niñas que las
de los niños en muchos países. Mejores capacidades, generadas por la
educación, otorgan mayores oportunidades y libertad para mejorar sus
ingresos y participar en las decisiones de los asuntos públicos y de
esta forma como lo afirma Rawls: "proporcionar a cada uno un seguro
sentido de su propio valor".
La educación tiene un significado más amplio del que se le ha venido
dando. Los cambios introducidos en Pereira (2005) reflejan una
limitada concepción del papel que puede jugar la educación en el
desarrollo y sobre todo de la responsabilidad del Estado frente a la
misma. El plan operativo de inversiones del municipio de Pereira para
el año 2005 tiene menos recursos propios, asignados a la educación que
los planes de los años anteriores. Gastar menos en educación no es el
camino para buscar ahorros, como tampoco lo sería, obligar a las
familias a pagar cuando sus hijos pierdan materias en los colegios
"públicos".
Con la nueva política pública local, se invierte menos en educación,
El Estado asume el papel de castigador desconociendo las diferencias
entre los niños y las niñas, por ejemplo, en sus niveles nutricionales
o de salud, se desconoce las diferencias entre los niveles de ingresos
de las familias, las condiciones de los hogares (madres solteras,
dependencia económica de un sólo miembro de la familia, violencia
intrafamiliar), en general, se ignora también, las diferentes
contingencias o circunstancias que afectan el rendimiento académico
del niño que por falta de dinero puede quedarse por fuera del sistema
escolar. En otras palabras, se comete un acto de injusticia social.

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