El Ruido Mata el Oído

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 27 de octubre de 2009

Los gobiernos urbanos tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades insatisfechas de sus habitantes, pero también tienen que ejercer autoridad para proteger los derechos de los ciudadanos. El derecho a vivir tranquilo, sin ruido, es fundamental en la calidad de vida de los ciudadanos, en cualquier ciudad del mundo.

Son múltiples las fuentes de ruido por el tráfico, por las construcciones o por la producción industrial, sin embargo, la mayoría de las quejas se producen por actividades de ocio. Esto está ocurriendo en Pereira en diferentes partes de la ciudad, por ejemplo, el sábado pasado en un artículo publicado en La Tarde se mencionaba que: “por medio de una carta, los habitantes de una zona del centro de Pereira se quejan de la algarabía y el bullicio que hacen los usuarios de tabernas y barras culturales hasta altas horas de la noche”. En el mismo artículo se señala que 40 establecimientos de diversión nocturna no cumplen con lo planes de mitigación acústica exigida.

Por el mismo problema, tampoco pueden dormir algunos habitantes de la Avenida Circunvalar. Como afirma la carta mencionada, las personas empiezan a sentir que su salud y su rendimiento laboral, están afectados por el exceso de ruido hasta altas horas de la noche.

Para solucionar el problema se podrían revisar los usos permitidos para algunas zonas o las exigencias a las nuevas construcciones para evitar la mezcla de actividades o para que las exigencias en materia de construcción garanticen que el ruido no afecte los vecinos. Sin embargo, la solución es más simple, ejercer autoridad y hacer cumplir las normas vigentes. En otras palabras, atender los reclamos justificados de la gente sobre el exceso de ruido por encima de lo permitido, sobre el incumplimiento en los horarios de los establecimientos o sobre el uso de la vía y de los andenes públicos como extensión de los bares y de las cantinas.

Los instrumentos normativos existen, lo que falta es quien los haga cumplir. Tramitar las quejas y las denuncias, pero sobretodo actuar para ejercer autoridad, debería ser un valor que los ciudadanos reconozcan de sus gobernantes cuando lo han tenido y lo reclamen cuando lo pierdan.

Al Grano

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 20 de octubre de 2009

Mañana el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estará en la ciudad de Pereira realizando una revisión al avance del plan anticíclico para reactivar la economía local y aumentar los niveles de ocupación en el Área Metropolitana de Pereira. Los altos niveles de desempleo que se han registrado durante este año han puesto los ojos del gobierno nacional en la economía local.

Las altas tasas de desempleo que ha registrado el Área Metropolitana de Pereira, han tomado por sorpresa a la dirigencia local. Como no existen estudios que confirmen el peso relativo de las diferentes variables que afectan el empleo en el Área Metropolitana, las explicaciones del desempleo son, en su gran mayoría, especulativas.

Las estrategias locales hacen parte de una política del gobierno nacional, basada en un plan anticíclico para estimular la demanda. La misma política está siendo implementada en diferentes partes del mundo para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial en el empleo.

El plan anticíclico consiste en adelantar las inversiones públicas y promover la inversión privada. Para el primer caso en el Área Metropolitana de Pereira se propuso adelantar las obras de urbanismo del Macro Proyecto de Vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo y las obras del Intercambiador del Megabus en Dosquebradas, con recursos del gobierno nacional. Se han puesto en marcha, en el departamento, programas del gobierno nacional como la línea de crédito para el mejoramiento de vivienda, a través de Comfamiliar, créditos subsidiados para los microempresarios, a través de BANCOLDEX. Lo anterior se espera complementar con la ejecución de las obras públicas locales, en su mayoría de carácter vial, que hacen parte de los planes de desarrollo.

La falta de estudios para determinar las causas del desempleo local, no permite evaluar los resultados de ninguna medida pues no se sabe si las soluciones implementadas responden a los problemas o si la focalización del gasto público se está haciendo hacia los grupos poblaciones que la necesitan o hacia los sectores que tienen más posibilidad de generar empleo en el corto plazo.

El punto central de discusión con el Presidente debería ser la presentación de una única agenda pública y privada de desarrollo para el largo plazo con sectores priorizados, cadenas productivas identificadas y con claridad frente a las necesidades en materia de infraestructura de transporte para la competitividad. Dentro de esta última, el Aeropuerto Matecaña debe ocupar el primer lugar.

La Clase Media

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 13 de octubre de 2009

Las políticas públicas en los países en desarrollo, no han tenido como punto central de reflexión, el papel que las clases medias de la población podrían jugar para superar la pobreza y la inequidad social. En Colombia, los presupuestos públicos se asignan de acuerdo con las necesidades básicas de la población, el estrato socioeconómico o el nivel del SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios).

Todos esos indicadores clasifican la población, en algunos casos según las condiciones del barrio, o de la vivienda o de la situación del grupo familiar (educación, dependencia económica del jefe de hogar etc.), existen entonces personas con necesidades básicas satisfechas o insatisfechas y grupos de personas clasificadas por estratos, del uno al seis o por niveles del SISBEN, en estos últimos casos, los más pobres están en los primeros lugares.

Las políticas públicas parten del supuesto que la mejor asignación de recursos es aquella que garantiza que los recursos del Estado lleguen a los más pobres, según los niveles de clasificación explicados previamente. Bajo este supuesto las clases medias quedan por fuera de las políticas públicas en materia de educación, salud, empleo, crédito subsidiado, etc. Como consecuencia las posibilidades de ascenso social son mínimas en Colombia.

Sería importante que se investigara el impacto que puedan tener las políticas públicas en favor de la clase media del país. Esas políticas podrían partir de reorientar la educación para formar más emprendedores que puedan formar su propia empresa y no sólo emplearse, una vez terminan sus estudios superiores. Los bancos de las oportunidades y no sólo el SENA, podrían incluir la financiación de los buenos proyectos que presenten los profesionales recién egresados. Hoy el banco de las oportunidades, sólo apoya la gente clasificada en los primeros niveles. ¿Qué proyectos para la generación de ingresos tienen más posibilidades de ser sostenibles, los que presentan las personas sin educación, o lo los que presentan, quienes hayan podido recibir una formación universitaria?

Lo mismo puede ocurrir con la vivienda. Los subsidios para la adquisición de vivienda se focalizan para los tres primeros estratos de la población y no para las clases medias, que pueden tener mayor estabilidad en sus ingresos. Muchos de lo subsidios entregados a los estratos uno y dos o a los desplazados se pierden, como ha ocurrido en Málaga o en Tokio, las casitas terminan en manos de los agiotistas. Los beneficiarios no tienen ingresos suficientes para mantener su vivienda. La investigación podría concluir que el retorno de la inversión, en términos socioeconómicos, podría ser mayor si, se invierte también en las clases medias, que pueden ayudar a arrastrar las clases más necesitadas, al tiempo que su crecimiento, sería un avance importante en términos de equidad social, en uno de los países más desiguales del mundo.

¿Para qué sirven los bancos?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 22 de septiembre de 2009

Uno de los principales retos en las políticas de desarrollo para los países y los hogares de menores ingresos es: ¿cómo generar capital sin capital? La respuesta ha cobrado importancia sobre todo cuando se reconoce que el acceso al crédito es parte de las estrategias para la reducción de la pobreza.

La gran mayoría de las personas en el país, que hacen parte de los segmentos socioeconómicos bajos y medios de la población no tienen acceso al crédito. En este grupo de población se encuentran personas que dependen de actividades informales o de empleos formales de baja remuneración o de corta duración. La inestabilidad en sus ingresos y la falta de políticas y de reformas para que esos grupos accedan a los servicios financieros, los excluye y limita sus posibilidades de salir adelante.

La falta de acceso al crédito es un problema viejo que ha obligado a la gente a recurrir a los llamados “gota a gota”, que cobran tasas superiores a las de usura y terminan acabando con el poco ingreso disponible de los hogares más necesitados. Sin embargo, esa ausencia del sector financiero, hoy muestra otra cara, los bajos rendimientos que pagan los bancos a los ahorradores, entre otros, llevó a la gente a entregar su plata a las famosas pirámides o captadoras ilegales de fondos.

En plena crisis mundial, en Colombia contrasta, la baja en la producción de las empresas, la disminución de las remesas, la situación de la gente sin empleo o sin ingresos, con los grandes aumentos en las utilidades del sector financiero. Los amplios márgenes de intermediación en Colombia, les permite tener esas ganancias, pagan muy bajos intereses a los ahorradores y cobran altas tasas de interés a unos pocos que tienen acceso al crédito porque cuentan con todas las garantías para que los bancos no corran ningún riesgo.

El país si necesita reformar profundamente el sector financiero. Se podrían combinar dos mecanismos: uno de mercado que abra más la competencia que tienen actualmente las instituciones financieras obligándolas a mejorar la calidad y el precio de los servicios que prestan y otro de intervención estatal que establezca topes a los márgenes de intermediación y que permita la bancarización rentable y responsable de los hogares de bajos recursos y de los microempresarios. Los bancos pueden asignar una porción de sus utilidades para masificar e innovar en las micro finanzas.

Las Disculpas No Generan Empleo

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 8 de septiembre de 2009

El desempleo sigue aumentando en el Área Metropolitana de Pereira. Los resultados de la última encuesta continua de hogares del Departamento Nacional de Estadística (DANE), la ubican, nuevamente en el primer lugar en materia de desempleo con una tasa del 21,5%; una tasa de ocupación del 50,7%; una tasa de subempleo subjetivo del 22,4% y una tasa de subempleo objetivo del 9,2%.

La mala noticia generó una serie de reacciones y comentarios bastante curiosos: se cuestionó la metodología del DANE, que es una metodología internacional aplicada con rigor por una entidad idónea. Algunos afirmaron que ese aumento no es culpa del alcalde de Pereira. Otros que hay que esperar para ver los resultados de las medidas de choque.

Realmente, falta profundizar en la identificación de las causas que están generando tanta presión en el mercado laboral del Área Metropolitana y conocer cuales es el peso relativo de cada una de ellas. Se establecen como posibles causas, la disminución en las remesas, que ha sacado nuevas personas al mercado laborar para compensar los menores ingresos de los hogares. También se menciona la condición de Pereira como ciudad receptora de inmigrantes en busca de empleo o la disminución en el número de puestos de trabajo, por la pérdida de dinamismo de ciertos sectores como la construcción, entre otros. Sin embargo, por falta de Observatorios o Centros de Investigación, los medios sólo pueden hacer eco de las percepciones de los actores frente al tema.

La situación podría aprovecharse para revisar las estrategias de largo plazo que se han definido en los Planes Regionales de Competitividad (PRC), en los cuales se abordan elementos estructurales para la generación de empleo, se definen metas al 2032 para Risaralda y se busca armonizar los esfuerzos locales con la Política Nacional de Productividad y Competitividad. Hasta el momento no se conoce ninguna evaluación sobre el plan o una propuesta para modificarlo o ajustarlo a las nuevas demandas de empleo en el departamento.

Por último, es necesario revisar los esfuerzos de inversión pública para este año y el próximo. A la política anti-cíclica del gobierno nacional le faltan ingredientes, no se trata sólo de adelantar la ejecución de obras públicas, se necesita que los recursos públicos sirvan de motor para motivar la inversión privada. En este sentido vale la pena revisar el costo de oportunidad de la obra del anillo vial en Pereira. Adicionalmente, los proyectos de inversión del departamento y de los municipios para el 2010, deben orientarse a buscar la cofinanciación del gobierno nacional y de los organismos internacionales. En otras palabras, para generar empleo se necesita que rinda más, la poca plata disponible para invertir.

Desafíos por Asumir

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 1 de septiembre de 2009

La pobreza y la indigencia han disminuido en Colombia, según los resultados publicados por la misión de expertos conformada por técnicos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Banco Mundial.

La pobreza es reflejo de la falta de ingresos que tiene una persona u hogar, que limita el acceso a ciertos servicios básicos o a la la compra de bienes mínimos necesarios para cubrir las necesidades alimentarias, de salud, de educación, de vestimenta, de vivienda y de transporte de los miembros de un hogar.

La metodología internacional para medir la pobreza clasifica una persona como “indigente” cuando el ingreso es inferior al valor de una canasta básica de alimentos y como "pobre" cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la "línea de pobreza" o monto mínimo necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales no sólo alimentarias.

La pobreza en el nivel nacional se redujo 7 puntos porcentuales entre 2002 y 2008 (de 53,7% a 46%), mientras que la indigencia nacional se redujo 2% en el mismo periodo (de 19.7% en 2002 a 17.8% en 2008).

En las trece áreas metropolitanas, la pobreza disminuyó casi 10 puntos porcentuales entre 2002 y 2008 (pasa de 40.3% a 30.7%). La indigencia muestra una caída de 2.6 puntos (de 9.4% en 2002 a 6.8%) en 2008. En el resto del país la pobreza cayó 4.1 puntos porcentuales en el periodo 2002-2008 (de 69.3% a 65.2%). La indigencia, pasó de 32.5% a 32.6%.

Como lo han demostrado diferentes estudios del Banco Mundial, el crecimiento económico tiene impactos positivos en la reducción de la pobreza. La confianza y el crecimiento de la inversión en el país, durante el gobierno del presidente Uribe, han contribuido a disminuir el número de personas pobres en Colombia. Sin embargo, faltan políticas para tener una sociedad más equitativa, el resultado en el 2008, medido por el coeficiente de Gini, es igual al dato registrado en 2002 (0.59), es decir, no hubo ningún avance para reducir las desigualdades.

Los gobiernos locales en la próxima década tienen que jugar un papel más activo en la lucha contra la pobreza. Existe un consenso generalizado que las metas de desarrollo del Milenio propuestas por las Naciones Unidas, para la reducción de la indigencia hacia el 2015, sólo serán posibles si las economías de los países logran reducir la pobreza, mediante una mayor sostenibilidad urbana.

¿Qué Sigue?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 25 de agosto de 2009

En la última publicación de la revista Dinero, se invita a la ciudadanía a participar en la revisión de los planes de ordenamiento territorial (POT) y se afirma que dicho proceso es una oportunidad para que la gente opine sobre ¿cómo quiere su ciudad? Se reconocen los casos exitosos de planes parciales como Ciudad Victoria y se citan otros ejemplos que no lo han sido como el Plan Parcial Campo Verde en Bogotá.

En la publicación se argumenta que un proceso participativo amplio puede evitar que la ciudadanía sea manipulada para defender intereses particulares, que pueden convertirse en un obstáculo para la ejecución de los mismos.

Sin embargo, se acepta que desde de su creación (1997) hasta la fecha, es muy poca la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de formulación o de seguimiento a los planes de ordenamiento, posiblemente por la apatía e indiferencia ciudadana, por la falta de conciencia sobre el tema o por el desconocimiento de las herramientas de participación que contempla la ley 388 de 1997.

En Pereira se adelanta un proceso de planificación por zonas que es una oportunidad para que los ciudadanos participen. La gente puede entender más fácilmente las políticas de ordenamiento de la zona donde está ubicada su casa o su sitio de trabajo, es decir, puede opinar sobre los usos del suelo y el tipo de establecimientos que son permitidos o prohibidos o sobre los proyectos importantes.

Aumentar y cualificar la participación ciudadana podría ayudar a lograr uno de los objetivos de los planes de ordenamiento y era diseñar un proyecto de ciudad con una concepción del largo plazo (9 años). Sin embargo, el gran vacío, que no menciona la publicación de la revista Dinero, es que no existen mecanismos para garantizar el orden en la ejecución de los proyectos, que finalmente son los que materializan las políticas de los POT. Cada alcalde o alcaldesa define cada 3 o 4 años que proyectos, de los que tiene contemplados el POT, va a ejecutar durante su programa de gobierno y define de manera autónoma su programa de ejecución. Por ejemplo, Luis Alberto Duque pensaba construir viviendas en Galicia, por fortuna no hubo continuidad y Martha Elena Bedoya realizó Ciudad Victoria, Juan Manuel Arango, quiso retomar el plan de vivienda de Galicia, pero no pudo porque los terrenos se habían destinado para el Parque Temático de Fauna y Flora, entonces construyó Tokio y algunas vías.