La semana pasada el Departamento Nacional de Planeación (DNP) mediante un comunicado de prensa estableció que en el nuevo plan de desarrollo se dará prioridad a la generación de empleo y al emprendimiento como estrategias para superar la pobreza. También afirma el DNP que dará continuidad a la política de subsidios, es decir, al Programa de Familias en Acción que estableció el Presidente Uribe.
La estrategia de subsidios para superar la pobreza tiene tantos defensores como críticos. La experiencia y los resultados evaluados en varios países, que han implementado este tipo de política, demuestran que existen logros importantes en materia de reducción de la pobreza que no se pueden desconocer, tampoco se puede interrumpir abruptamente el proceso de intervención social con las familias beneficiarias. Lo que si debe hacer el país es revisar integralmente la política pública para reducir los índices de pobreza y de miseria, en la que hoy viven mas de 1.4 millones de familias colombianas, y re-diseñar el Programa de Familias en Acción.
Una investigación reciente realizada por el Banco Mundial titulada: "Transferencias Monetarias Condicionadas" analiza en un amplio número de países los resultados de los apoyos económicos a las familias para reducir la pobreza actual y futura. El estudio compara los casos, sus variaciones en términos de cobertura, número de beneficiarios y costos por países y concluye que la estrategia ha sido efectiva en los países (Brasil, Ecuador, México, Chile, Camboya etc.) que la han implementado, pero reconoce que hay aspectos específicos en cada país para revisar.
Los subsidios son condicionados porque buscan no sólo beneficiar a las familias más necesitadas, sino también condicionarlas a que tengan sus hijos estudiando. Se parte de estudios que sugieren la existencia de una creencia errónea, en las hogares de bajos ingresos, sobre el bajo retorno de la inversión en educación. Los padres prefieren dejar los niños por fuera del sistema escolar, perpetuando el círculo de la pobreza. La justificación de los subsidios se basa en la necesidad de aumentar la inversión en capital humano de los hogares más pobres que subinvierten en el mismo.
El problema del subsidio o la transferencia monetaria condicionada a las familias pobres es que lleva implícita un mensaje que puede ser contraproducente para la política pública de reducción de la pobreza. En primer lugar, porque el subsidio económico en dinero se establece por niño, es decir, que entre mayor sea el número de niños mayor será el dinero recibido. Existe una clara corelación entre el nivel de pobreza y el número de hijos por familia, por lo tanto, el mensaje resulta perverso. En el diseño de una nueva política se puede condicionar la participación de la familia en los programas de salud sexual y reproductiva. En segundo lugar, debe formarse los padres sobre la importancia de la educación de sus hijos, pero no se puede llegar a lo que algunos califican como el Estado Niñera, un Estado que asume responsabilidades inherentes a los padres y les paga por cumplir su responsabilidad. Continuará.
lunes, enero 31, 2011
lunes, enero 24, 2011
¿Qué Sigue?
En el artículo, publicado el pasado martes, se preguntaba: ¿Qué pasó con las transferencias en el año 2009? De acuerdo con el análisis al indicador de desempeño integral, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la variable que explica la caída del indicador frente al año anterior es el cumplimiento de los requisitos legales, que refleja la adecuada incorporación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (transferencias nacionales).
La administración municipal explicó que la caída en el ranking municipal fue un error del municipio en el registro de la información (La Tarde, miércoles 19 de enero). Se incorporaron $7.120 millones de pesos que fueron gestionados con el gobierno nacional para pagar los retroactivos atrasados a los profesores. Los dineros se registraron como parte de las transferencias ($110.000 millones).
La aclaración es importante porque no se trata de la falta de cumplimiento de los requisitos legales para el uso de las transferencias, que sería muy grave, sino de la incorporación equivocada de otros recursos. Se esperaría entonces que una vez corregida esa situación el indicador y la posición en el ranking nacional mejore para el año 2010.
Sin embargo, el municipio esta expuesto a ciertos riesgos que pueden afectar sus finanzas públicas y por lo tanto, el indicador de desempeño fiscal que hace parte del indicador de desempeño integral de los municipios. En la columna del pasado domingo, la Corporación Risaralda Ética, explica el riesgo que tiene Multiservicios, delegada por el municipio, de ser condenada por la ruptura del contrato con CISA, para realizar el recaudo de los impuestos municipales. La Corporación Risaralda Ética había advertido a la anterior administración sobre la ilegalidad e inconveniencia de este contrato, similar al que había firmado el destituido alcalde de Cali.
De acuerdo con la Corporación Risaralda Ética, el costo para el municipio sería de $10.000 millones de pesos, una cifra significativa, que afectaría las finanzas municipales y la calificación del municipio por el DNP en sus indicadores de desempeño.
Para terminar, de la anterior columna recibí varios comentarios, algunas personas no podían acceder a la información completa del DNP, otras no tenían claro el alcance del indicador de desempeño integral o lo confundían con el de desempeño fiscal, otras recordaron que en el año 2006 el municipio de Pereira estaba en el puesto 856 en desempeño integral y no se había analizado la información. La ciudad necesita un observatorio con informes periódicos, que le cuente, de manera clara, a los ciudadanos como va Pereira, en estos indicadores o en otros más sencillos, por ejemplo, de las 100 cámaras de seguridad: ¿cuantas están funcionando? Por falta de seguimiento se pasó de 100 cámaras en funcionamiento, en el año 2003, a sólo 22 cámaras en 4 años (Diario del Otún, 10 de enero).
La administración municipal explicó que la caída en el ranking municipal fue un error del municipio en el registro de la información (La Tarde, miércoles 19 de enero). Se incorporaron $7.120 millones de pesos que fueron gestionados con el gobierno nacional para pagar los retroactivos atrasados a los profesores. Los dineros se registraron como parte de las transferencias ($110.000 millones).
La aclaración es importante porque no se trata de la falta de cumplimiento de los requisitos legales para el uso de las transferencias, que sería muy grave, sino de la incorporación equivocada de otros recursos. Se esperaría entonces que una vez corregida esa situación el indicador y la posición en el ranking nacional mejore para el año 2010.
Sin embargo, el municipio esta expuesto a ciertos riesgos que pueden afectar sus finanzas públicas y por lo tanto, el indicador de desempeño fiscal que hace parte del indicador de desempeño integral de los municipios. En la columna del pasado domingo, la Corporación Risaralda Ética, explica el riesgo que tiene Multiservicios, delegada por el municipio, de ser condenada por la ruptura del contrato con CISA, para realizar el recaudo de los impuestos municipales. La Corporación Risaralda Ética había advertido a la anterior administración sobre la ilegalidad e inconveniencia de este contrato, similar al que había firmado el destituido alcalde de Cali.
De acuerdo con la Corporación Risaralda Ética, el costo para el municipio sería de $10.000 millones de pesos, una cifra significativa, que afectaría las finanzas municipales y la calificación del municipio por el DNP en sus indicadores de desempeño.
Para terminar, de la anterior columna recibí varios comentarios, algunas personas no podían acceder a la información completa del DNP, otras no tenían claro el alcance del indicador de desempeño integral o lo confundían con el de desempeño fiscal, otras recordaron que en el año 2006 el municipio de Pereira estaba en el puesto 856 en desempeño integral y no se había analizado la información. La ciudad necesita un observatorio con informes periódicos, que le cuente, de manera clara, a los ciudadanos como va Pereira, en estos indicadores o en otros más sencillos, por ejemplo, de las 100 cámaras de seguridad: ¿cuantas están funcionando? Por falta de seguimiento se pasó de 100 cámaras en funcionamiento, en el año 2003, a sólo 22 cámaras en 4 años (Diario del Otún, 10 de enero).
domingo, enero 23, 2011
Hoy a las 8 pm en el
Hoy a las 8 pm en el noticiero de Telecafé y mañana a la misma hora en el noticiero de Une hablaré de mi participación política este año.
domingo, enero 16, 2011
¿Qué pasó con las transferencias en el 2009?
¿ Por qué desmejoró el municipio de Pereira en el indicador de desempeño integral de los municipios? El desempeño integral de los municipios lo mide el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de un indicador que mide la eficacia como el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, la eficiencia como la cantidad de productos por los recursos invertidos (productividad), los requisitos legales como la adecuada incorporación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (transferencias del gobierno nacional) y la gestión que combina la capacidad administrativa entendida como la disposición de recursos humanos, físicos y tecnológicos, y el desempeño fiscal, que refleja el estado de las finanzas públicas.
Entre más alto es el indicador mejor es el desempeño. El índice de desempeño integral pasó del 75,74 en el 2007 al 57,81 en el 2009, el municipio pasó del puesto 81 en el nivel nacional al puesto 741 y del segundo puesto al número trece en el departamento. Los indicadores que explican el desmejoramiento del indicador son la disminución de la eficacia y del indicador de cumplimiento de los requisitos legales. La eficacia pasó del 97,65 en el 2007 al 50,84 en el 2009 y el cumplimiento de los requisitos legales del 78,37 al 35,14 en el mismo período. La eficiencia depende de las metas establecidas en el plan de desarrollo, el mal desempeño puede ser producto de falta de capacidad para hacerlas cumplir o de una mala planificación al momento de formularlas.
Lo que resulta preocupante es el deterioro del indicador de cumplimiento de los requisitos legales, en concreto de la ley 715, que son los recursos del gobierno nacional, que tienen la mayor participación en el presupuesto municipal. Le corresponde al COMFIS municipal realizar la asignación, seguimiento y evaluación de los recursos del del SGP para salud, educación, agua potable y saneamiento básico y propósitos generales.
En el único indicador donde se registra una mejora significativa es en el de gestión, que pasó del 63,57 en el 2007 al 80,73 en el 2009, explicado por el aumento en la capacidad administrativa del 54,22 al 95,85 en el mismo periodo, resulta contradictorio que el mejoramiento en la capacidad administrativa, que son los recursos humanos, físicos y tecnológicos del municipio, no se vea reflejada en una mayor capacidad para asignar y ejecutar los recursos del SGP, sin embargo, si se ve reflejado en un leve incremento de la eficiencia que pasó del 63,37 en el 2007 al 64,78 en el 2009. Este artículo es un breve análisis explicativo de las cifras, pero sería importante conocer de la administración municipal un explicación detallada de lo ocurrido en el 2009 con las transferencias del gobierno nacional.
www.tejiendociudadania.org
Entre más alto es el indicador mejor es el desempeño. El índice de desempeño integral pasó del 75,74 en el 2007 al 57,81 en el 2009, el municipio pasó del puesto 81 en el nivel nacional al puesto 741 y del segundo puesto al número trece en el departamento. Los indicadores que explican el desmejoramiento del indicador son la disminución de la eficacia y del indicador de cumplimiento de los requisitos legales. La eficacia pasó del 97,65 en el 2007 al 50,84 en el 2009 y el cumplimiento de los requisitos legales del 78,37 al 35,14 en el mismo período. La eficiencia depende de las metas establecidas en el plan de desarrollo, el mal desempeño puede ser producto de falta de capacidad para hacerlas cumplir o de una mala planificación al momento de formularlas.
Lo que resulta preocupante es el deterioro del indicador de cumplimiento de los requisitos legales, en concreto de la ley 715, que son los recursos del gobierno nacional, que tienen la mayor participación en el presupuesto municipal. Le corresponde al COMFIS municipal realizar la asignación, seguimiento y evaluación de los recursos del del SGP para salud, educación, agua potable y saneamiento básico y propósitos generales.
En el único indicador donde se registra una mejora significativa es en el de gestión, que pasó del 63,57 en el 2007 al 80,73 en el 2009, explicado por el aumento en la capacidad administrativa del 54,22 al 95,85 en el mismo periodo, resulta contradictorio que el mejoramiento en la capacidad administrativa, que son los recursos humanos, físicos y tecnológicos del municipio, no se vea reflejada en una mayor capacidad para asignar y ejecutar los recursos del SGP, sin embargo, si se ve reflejado en un leve incremento de la eficiencia que pasó del 63,37 en el 2007 al 64,78 en el 2009. Este artículo es un breve análisis explicativo de las cifras, pero sería importante conocer de la administración municipal un explicación detallada de lo ocurrido en el 2009 con las transferencias del gobierno nacional.
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domingo, enero 09, 2011
El Problema no es el Mínimo
La nueva cifra de inflación para el año 2010, 3,17 y no 2,8, como se anunció inicialmente, despertó nuevamente el debate sobre el incremento del salario mínimo (3,58 %). En primer lugar de las organizaciones sindicales que consideran inconstitucional el aumento decretado por el gobierno y en segundo lugar, de los analistas que evalúan el impacto de un aumento mayor del salario mínimo en la economía. El punto central del debate debe girar en torno a la meta de generación de nuevos empleos y la formalización empresarial y laboral.
La sentencia de la Corte Constitucional de 1999 estableció que el gobierno para determinar el salario mínimo debe considerar la inflación del año, la inflación proyectada, la productividad, el mantenimiento de una remuneración mínima y móvil y la protección al trabajo. El incremento del 3,58% por encima de la inflación del 2010 y de la proyectada, seguramente no será declarado inconstitucional, sin embargo, el punto más importante es determinar que medidas garantizan efectivamente la protección al trabajo.
Los beneficios de la formalización empresarial y laboral deben ser mayores a los costos de la misma, de lo contrario, independiente del valor del salario mínimo, será mayor el incentivo a la informalidad, esta conclusión se desprende de diferentes estudios sobre el mercado laboral en America Latina.
Un estudio de la CEPAL de las experiencias de formalización empresarial y laboral para los países de Centro América, analiza las iniciativas implementada por estos países que corresponden a tres tipos de estrategias: primero, las orientadas a incrementar la productividad de las empresas. Segundo, las dirigidas a disminuir los costos de la formalización, principalmente los tributarios, los laborales y los de registro de las empresas. Tercero, las que buscan aumentar la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas. Los resultados de la investigación muestran que la efectividad en la implementación de las tres estrategias depende del relación costo/beneficio de la formalización.
En un país como Colombia donde la informalidad supera el 50% es evidente que los costos de la formalización son demasiado altos y es mayor el estimulo a la informalidad. Más que el valor del salario mínimo son los impuestos a la nómina (parafiscales), que hacen que el empleo formal en muchos casos sea demasiado costoso para las empresas, adicionalmente, la normatividad no corresponde a la realidad del mercado laboral, por ejemplo, en la zona rural es común el trabajo por semanas y no se permite el aporte proporcional al tiempo de vinculación, por una sola semana, se deben realizar los aportes de todo el mes, el incentivo a la informalidad es mucho mayor y el Estado no tiene la capacidad para hacer cumplir las normas.
Por último, la competitividad de las empresas no depende únicamente del valor de la mano de obra o de su productividad, con menos corrupción, mejor infraestructura y mejor regulación se debe aspirar a ser competitivos pagando mejores salarios con salud y pensiones para los trabajadores.
-- Desde Mi iPad
La sentencia de la Corte Constitucional de 1999 estableció que el gobierno para determinar el salario mínimo debe considerar la inflación del año, la inflación proyectada, la productividad, el mantenimiento de una remuneración mínima y móvil y la protección al trabajo. El incremento del 3,58% por encima de la inflación del 2010 y de la proyectada, seguramente no será declarado inconstitucional, sin embargo, el punto más importante es determinar que medidas garantizan efectivamente la protección al trabajo.
Los beneficios de la formalización empresarial y laboral deben ser mayores a los costos de la misma, de lo contrario, independiente del valor del salario mínimo, será mayor el incentivo a la informalidad, esta conclusión se desprende de diferentes estudios sobre el mercado laboral en America Latina.
Un estudio de la CEPAL de las experiencias de formalización empresarial y laboral para los países de Centro América, analiza las iniciativas implementada por estos países que corresponden a tres tipos de estrategias: primero, las orientadas a incrementar la productividad de las empresas. Segundo, las dirigidas a disminuir los costos de la formalización, principalmente los tributarios, los laborales y los de registro de las empresas. Tercero, las que buscan aumentar la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas. Los resultados de la investigación muestran que la efectividad en la implementación de las tres estrategias depende del relación costo/beneficio de la formalización.
En un país como Colombia donde la informalidad supera el 50% es evidente que los costos de la formalización son demasiado altos y es mayor el estimulo a la informalidad. Más que el valor del salario mínimo son los impuestos a la nómina (parafiscales), que hacen que el empleo formal en muchos casos sea demasiado costoso para las empresas, adicionalmente, la normatividad no corresponde a la realidad del mercado laboral, por ejemplo, en la zona rural es común el trabajo por semanas y no se permite el aporte proporcional al tiempo de vinculación, por una sola semana, se deben realizar los aportes de todo el mes, el incentivo a la informalidad es mucho mayor y el Estado no tiene la capacidad para hacer cumplir las normas.
Por último, la competitividad de las empresas no depende únicamente del valor de la mano de obra o de su productividad, con menos corrupción, mejor infraestructura y mejor regulación se debe aspirar a ser competitivos pagando mejores salarios con salud y pensiones para los trabajadores.
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lunes, enero 03, 2011
"Valores Compartidos"
¿Cómo puede el país lograr crecer económicamente con mayor equidad social en el año 2011? Cada país y cada región tiene unas condiciones diferentes, sin embargo, el inicio de un nuevo año es un buen momento para reflexionar sobre alternativas diferentes a la forma tradicional como ha funcionado el capitalismo y el papel que pueden cumplir los empresarios y no sólo el gobierno al asumir nuevas formas de responsabilidad con la sociedad.
Este año se espera un crecimiento de la economía colombiana del 4%. El pronóstico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para América Latina y el Caribe es mejor que para las economías desarrolladas. No obstante, el resultado depende del comportamiento de la economía mundial, durante el 2011, particularmente de Europa y de Estados Unidos. Joseph E. Stiglitz, premio nobel de economía, no es muy optimista con respecto a las perspectivas de estas dos economías, por que su demanda agregada siguen siendo insuficiente. La situación de Europa y de Estados Unidos puede afectar el crecimiento, no sólo de los países de América Latina sino también de Asia. La estrategia de crecimiento de Colombia se basa en las cinco locomotoras, pero no aborda con profundidad las estrategias para lograr mayor equidad.
El crecimiento de cada país es cada vez más interdependiente, pero la forma de crecer determina las posibilidad de que ese crecimiento pueda generar mayor o menor equidad social. Michael Porter y Mark Kramer en "Cómo arreglar el Capitalismo" (Harvard Business Review, Enero -Febrero de 2011) argumentan que es necesario aplicar nuevos principios y enfoques en los negocios para recuperar la legitimidad perdida de las empresas y lograr que las habilidades, los recursos y las capacidades administrativas se orienten a liderar el progreso social. De esta forma se aportaría a lograr que el crecimiento no sólo en términos del Producto Interno Bruto, sino también en los indicadores de desarrollo social.
Se propone para este nuevo año aplicar el principio del "valor compartido", que involucra la creación de valor económico de tal forma que también cree valor para la sociedad atendiendo sus necesidades y sus desafíos. La perspectiva de valor compartido se enfoca en el mejoramiento de técnicas de crecimiento y el fortalecimiento de cluster locales para soportar los proveedores y otras instituciones que mejoren la eficiencia de los productores. Se trata de compartir valor y participar en los procesos de desarrollo local y no simplemente asumiendo papeles que el corresponden al Estado a través de la mal enfocada "responsabilidad social empresarial". En suma, se trata de un enfoque de responsabilidad de desarrollo local compartida, que vale la pena evaluar, dentro de las alternativas de crecimiento con equidad, que debe asumir el país en los próximos años.
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