Más caro el remedio que la enfermedad

"Con la desconfianza a cuestas" es un interesante artículo de Jorge Gabriel Taboada, publicado en la Revista Dinero de este mes, en el que se pregunta: ¿Cuánto cuesta el miedo a darles a a los funcionarios públicos más libertad para ejercer su propio criterio al elegir los contratistas?

En el país persiste una inmensa desconfianza frente a la administración pública. Muchas personas tienen una mala imagen de los funcionarios públicos, es frecuente escuchar injustas generalizaciones sobre ellos. Incluso algunas personas creen que todos son corruptos.

Es cierto que en Colombia, al igual que en otros países de América Latina, desde la colonia, las prácticas clientelares y patrimonialistas han sido la base de la gestión pública y no se ha logrado, como ocurrió en Europa, que la burocracia se convierta en factor determinante de la construcción del Estado y del desarrollo de la sociedad.

Tampoco se ha podido implementar la carrera administrativa como un mecanismo, a través del cual se pueda acceder a la función pública, basado exclusivamente en el mérito de los aspirantes, a pesar de que ley de carrera administrativa existe desde 1938.

Todo lo anterior, no ha permitido que exista en el país una administración pública profesional al servicio de los ciudadanos y no de la politiquería. No obstante, el remedio no puede ser más caro que la enfermedad. Se ha evadido la modernización del Estado y sus instituciones para solucionar el problema de fondo y se han dedicado los gobiernos y el Congreso a expedir normas con excesivos controles y desbordadas sanciones para evitar la corrupción, los cuales han sido inocuos, pues como decía Samuel Hoyos Arango: "todo control lleva implícita su propia violación".

Taboada afirma que: "nuestros funcionarios públicos honestos (la gran mayoría) tiene terror a tomar cualquier decisión" por temor a ser sancionados por los organismos de control, lo que los obliga a aplicar normas de selección como si fueran "preceptos religiosos", seguros jurídicamente, pero antieconómicos.

Los mejores deberían poder llegar a la administración pública y en ella encontrar claras condiciones de ascenso, sin embargo, la excesiva desconfianza, la perdida de discrecionalidad de los funcionarios, el altísimo riesgo jurídico por la proliferación de normas y la injusticia en algunos fallos, está produciendo lo contrario, es decir, la pérdida de interés de profesionales capaces de ingresar al sector público o de crecer en el mismo.





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Otra Reforma Tributaria

El gobierno nacional presentó una reforma tributaria que ha recibido, con razón, fuertes críticas. "La reforma tributaria no favorece la competitividad", afirma Armando Montenegro (El Espectador, 12 de octubre). El país no puede estar cada dos años realizando reformas tributarias, que cambian las reglas de juego y por lo tanto, minan la confianza de los inversionistas. Los impuestos coyunturales como el 4x1000, la renta para la equidad o el impuesto al patrimonio no pueden convertirse en cargas permanentes que desestimulan la inversión.

Quienes defienden la reforma argumentan que al ser progresiva, grava especialmente los ingresos y los patrimonios más altos de las personas naturales y jurídicas. Un buen principio tributario pero que tiene un limite cuando su porcentaje hace inviable la explotación de dicho patrimonio. La tasa de tributación promedio acumulada de los nuevos impuestos sumados a la renta llega hasta el 70%. Las cifras del Consejo Nacional Gremial son incluso más altas: la tasa efectiva de tributación fluctúa entre un 56 y un 150%, dependiendo de la actividad empresarial y el monto del patrimonio, porcentaje que puede llegar a ser incluso confiscatorio.

Es sensata la propuesta del Consejo Nacional Gremial de conformar una comisión de expertos con participación de los empresarios que estudie, a la luz del nuevo plan de desarrollo, una nueva estructura tributaria competitiva acorde con un crecimiento sostenible de la economía del 4.5% anual, como mínimo.

El gobierno nacional posiblemente no acepte esa propuesta por considerar que necesita tener clara la proyección de sus ingresos para el plan operativo anual de inversiones del nuevo plan de desarrollo, es decir, para poder proyectar el gasto de inversión de los próximos años. No obstante, si está en juego la competitividad del país y por lo tanto, la inversión y el empleo se deben explorar otras alternativas de generación de ingresos, de control a la evasión y al contrabando y de mejora en al eficiencia del gasto público.


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La selección del nuevo nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) será una de las decisiones más importantes que se tomen en la ciudad, durante este año. La importancia para el desarrollo regional de los procesos en curso que deja el doctor Luis Enrique Arango, así lo amerita. La transformación y el crecimiento de la universidad requieren un buen gerente público, como lo fue el doctor Arango, durante su paso por la UTP.


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Es prioritario saber quien prioriza

El pasado sábado, La Tarde publicó, en diferentes espacios, algunas conclusiones y opiniones sobre el evento: "Lo que espera el Eje Cafetero del segundo mandato de Santos". En la sección de actualidad una página titulada: "Apoyo para crecer más como región" y otra "Gobierno si puede aportar a la modernización del Matecaña" y la editorial formula la pregunta: ¿Palestina o Matecaña es ese un dilema?

Las publicaciones despiertan varias reflexiones sobre las cuales se referirá esta columna. Dos senadores del Partido de la U, de dos departamentos diferentes del Eje Cafetero: Carlos Enrique Soto (Risaralda) y Mauricio Lizcano (Caldas) lograron convocar, entre otros, al Vicepresidente Germán Vargas Lleras, al director del Departamento de Planeación, Simón Gaviria, a la Ministra de Educación, Gina Parody y a la dirigencia de los tres departamentos y sus capitales para transmitir un mensaje necesario sobre la importancia de trabajar como región. La iniciativa, además de plausible, es muy oportuna porque el gobierno nacional está formulando el nuevo plan de desarrollo nacional para los próximos 4 años.

La dirigencia en las regiones se preparó y formuló propuestas al nuevo gabinete nacional, las cuales apuntan a identificar mecanismos institucionales y proyectos que pueden ser útiles para avanzar en la integración regional y en el desarrollo económico de los tres departamentos.

El tema de los aeropuertos despierta otras inquietudes: ¿cuál es el papel de las direcciones nacionales de planeación para armonizar el desarrollo de un país, para soportar técnicamente los proyectos de inversión, para identificar fuentes de financiación a los proyectos y para priorizar la asignación de los recursos públicos en las regiones?

El proyecto de Aeropalestina es innecesario para el desarrollo regional y nacional. No contó con estudios técnicos suficientes para demostrar su viabilidad. La descentralización, consagrada en la Constitución de 1991, fue un paso importante para la gobernabilidad de los territorios. Igualmente, los consejos comunitarios del expresidente Uribe abrieron espacios de participación ciudadana en todo el territorio. No obstante, ha quedado demostrado, a lo largo y ancho del país, que la priorización local de las inversiones no necesariamente apunta a los proyectos que las regiones requieren para lograr un desarrollo social, cultural y económico sostenible.

Una cosa son las necesidades de los habitantes de los territorios y otra muy diferente la que interpretan, en un momento determinado, sus dirigentes. Esa diferencia la podría tener clara la Dirección Nacional de Planeación de Colombia para impulsar articuladamente el desarrollo nacional.


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