La Responsabilidad de informar

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 11 de diciembre de 2007

En un artículo reciente, publicado en la página editorial de este periódico, se incluyó dentro de una larga lista de acusaciones de corrupción o “disparates” en la ciudad, la supuesta cesión de una calle a un Centro Comercial en Ciudad Victoria. Sobre ese tema en una columna del año 2004, expliqué las normas de ordenamiento territorial que soportaban el nuevo trazado y la nueva organización de las vías y el espacio público del plan parcial de renovación Ciudad Victoria.

No hubo ninguna entrega o cesión de vías públicas a particulares en Ciudad Victoria. El plan parcial, como lo permite la ley 388, definió las nuevas características del territorio objeto de intervención. La sustitución del espacio público de las vías, se hizo de acuerdo con las normas vigentes y fue autorizada por el Concejo Municipal.

Por el hecho que señala la columna en mención, el municipio de Pereira y los inversionistas privados fueron demandados. En el fallo, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, consideró que todo el procedimiento se había hecho de acuerdo con las normas y además reconoció, que ante el estado de deterioro físico y humano de la zona de la antigua galería, la administración municipal (2001-2003) actúo para defender un fin público, como es la renovación urbana.

Aunque exista un fallo del Tribunal Contencioso y un espacio como el de esta columna para aclararle a un pequeño grupo de ciudadanos, hay una gran cantidad de personas, algunas desinformadas y otras mal intencionadas, repitiendo por las calles y en los taxis, la misma acusación sin fundamento “que las calles se le entregaron al Centro Comercial y al Éxito”. Lamentablemente, como alguien decía, las mentiras caminan a una velocidad mucho mayor que la verdad.

***

El rápido proceso de capitalización de la Empresa de Energía, que inició la actual administración municipal, despertó una serie de inquietudes, muchas de ellas válidas, en diferentes sectores de la población. Sin embargo, quienes consideraban que postergar el tema para la próxima administración, abriría alguna posibilidad para conservar el control de la empresa, aumentaron su preocupación al conocer que la propuesta del alcalde entrante, Israel Londoño, es vender completamente la empresa de Energía de la ciudad. Semejante decisión es irresponsable. La empresa es un patrimonio de los pereiranos. La ciudad ha hecho un gran esfuerzo por mejorarla, tiene un excelente mercado y las perspectivas del negocio de distribución son buenas. La suspensión judicial del proceso de capitalización y privatización del manejo de la empresa, puede terminar en la venta total de un activo importante de la ciudad, en la próxima administración.

El espejo nunca miente

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 4 de diciembre de 2007

El alcalde electo de Pereira, Israel Alberto Londoño, no podrá ponerle a la actual administración el espejo retrovisor, si lo hace, el primero que se verá en el espejo será él mismo. El grupo político del nuevo alcalde coadministró durante los cuatro años del actual gobierno.

El caso de las obras de valorización, ilustra perfectamente la anterior afirmación. En el editorial del periódico LA TARDE, del miércoles de la semana pasada, se mencionó que por falta de “previsión y planeación”, hay un déficit de veinte mil millones de pesos ($20.000 millones), representado en sobrecostos y obras no previstas (puentes peatonales y vehiculares). La secretaría encargada de formular el proyecto y de ejecutarlo es la Secretaría de Infraestructura del municipio de Pereira, cuyo secretario pertenece al grupo del nuevo alcalde.

En el mismo artículo se menciona el problema del recaudo a los contribuyentes. Algunos propietarios fueron exonerados, otros, recibieron alguna rebaja y otros no tienen la capacidad de pago que supone el “derrame de valorización”. El aspecto tributario del proyecto estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda, que también está en manos del mismo grupo político del alcalde entrante.

Para completar el cuadro, Israel Alberto Londoño era el concejal ponente del proyecto de acuerdo de las obras por valorización. Afirma el editorial de LA TARDE que “cuando se presentó el proyecto de paquete de obras ante el Concejo, en el 2005, los documentos que allegó la administración no eran más que unas hojas con valores totales de obras….. No hubo por lo visto, un estudio serio sobre los valores, ni el número de predios que había que comprar, ni mucho menos sobre las contingencias jurídicas o políticas que iban a surgir en el desarrollo de las obras”.

Lo anterior quiere decir, que a los funcionarios competentes les faltó estudio, pero al concejal ponente y al Concejo Municipal también. Un concejal con independencia puede presentar ponencia negativa a los proyectos, si considera que a las iniciativas del ejecutivo les falta estudio o son inconvenientes.

Como había afirmado, en anteriores columnas, al proyecto de obras de valorización no tuvo suficiente análisis y evaluación de la relación costo-beneficio. No todas las obras son prioritarias ni resuelven el problema de movilidad de la ciudad. El volumen de obras y su valor es demasiado alto, para ser cubierto por muchos propietarios sin capacidad de pago, tanto en el sector urbano como rural.

La opinión debe conocer quienes cogobiernan para reconocerle a los partidos y a los movimientos, los aportes positivos que el funcionario que los representa haga para la ciudad, pero, también para que asuman la responsabilidad política, cuando haya lugar a ella. Por ello, desde el inicio la ciudadanía debe conocer los despachos e instituciones que van a tener bajo su responsabilidad el partido de la U, Colombia Viva, Judith Giraldo, Octavio Carmona y otros. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante.

El Asunto es de Valores Ciudadanos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 27 de noviembre de 2007

La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el Acto Legislativo, a través del cual se introducen algunas modificaciones a la Constitución Política, para fortalecer los partidos y establecerles responsabilidades, cuando avalen candidatos con vínculos con grupos al margen de la ley. El fortalecimiento del sistema político colombiano, de su institucionalidad, no depende de más reformas. El Estado debe promover la construcción de ciudadanía como condición necesaria para el fortalecimiento de los partidos.

La formación de capital político en Colombia es muy baja, así se demostró en el estudio, La evolución del capital social en Colombia, de John Sudarsky (2007). La variable relacionada con los partidos, que refleja el nivel de confianza, de pertenencia, de participación en actividades políticas disminuyó un 12%, entre 1997 y el año 2005. La membresía en los partidos bajó un 53% y la confianza en los mismos cayó un 15%, en el mismo período. Con la reforma política se busca disminuir el número de partidos al subir el umbral, hecho que no aporta nada a la calidad de los partidos. El problema en Colombia no es de cantidad de partidos.

Los ciudadanos en Colombia, no reconocen una institucionalidad política en todos los órganos y niveles de representación. El estudio de Sudarsky muestra un aumento en la participación y reconocimiento del ejecutivo más no de la rama legislativa. En el período analizado, se mide el “eslabonamiento legislativo”, que refleja la representación del ciudadano en los diferentes cuerpos legislativos. Se determina si la gente votó en las elecciones, si conoce quien los representa y si se siente bien representado. Para el año 2005, el indicador cayó para todas las corporaciones. La mayor pérdida la tienen las Juntas Administradoras Locales, que cayeron un 60%, siguen los Concejos Municipales que disminuyeron un 44%, la Cámara de Representantes un 41%, el Senado de la República un 34% y las Asambleas Departamentales un 24%.

Hay más caudillismo que partidos. La educación política muestra la disposición del ciudadano a informarse sobre el debate político. Por falta de educación política, la gente queda sujeta a que le construyan, cada cuatro años, la imagen del nuevo salvador para sus problemas locales. El estudio muestra una pequeña mejora en la educación política pero también un aumento del clientelismo. Se debe aumentar la “politización ciudadana”, que refleja el interés por participar en el ejercicio público, en los debates y en la lucha por defender los intereses colectivos y no particulares.

Por último, el problema no es si los partidos avalan candidatos con vínculos con grupos al margen de la ley. El problema es que en la sociedad colombiana no haya sanción moral para quienes tienen vínculos con grupos armados, con políticos condenados por corrupción o con grupos de estafadores del erario público. La dificultad radica en que la gente vota por esos candidatos y no le importa el tipo de nexos que tenga. El asunto es de valores ciudadanos y no de reformas.

Privatización de la Empresa de Energía de Pereira

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 13 de noviembre de 2007

Mientras el Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Servicios Públicos (SINTRAEMDES) recoge firmas para realizar una consulta popular, la administración municipal se encuentra en etapa de precalificación a los interesados en adquirir el 49% de las acciones de la empresa de energía y asumir el control administrativo. La velocidad en la que se ha desarrollado todo el proceso no ha permitido un análisis profundo sobre las implicaciones del proceso de privatización en curso. Unos actores reaccionaron tarde y la gran mayoría no sabe que opinar por falta de información.

Los medios de comunicación locales no saben que preguntar, no avanzan en resolver las inquietudes sobre el proceso mismo, con frecuencia se escucha la misma pregunta: ¿está usted de acuerdo con capitalizar la Empresa de Energía de Pereira? La capitalización de cualquier empresa, por lo general, es un hecho positivo, lo que puede cambiar la respuesta es la forma de realizarla, quién la realiza o cuando se hace.

Muchos interrogantes podrían formular los expertos en la materia, para que los ciudadanos podamos tener una idea más clara, sobre el presente y el futuro de la empresa. Por ejemplo, la decisión de invertir en el negocio de generación es muy controvertida. La actual administración considera que la inversión en el negocio de generación le va a permitir a Pereira figurar dentro del mapa de ciudades generadoras de electricidad en el país y mejorará su nivel de autosuficiencia (La Tarde, 11 de Agosto de 2007).

Otros argumentan, que en Colombia dentro del actual marco regulatorio, los comercializadores integrados (Generación – Comercialización), no pueden autoabastecer su mercado con energía propia. Si la compra de energía se tuviese que hacer mediante subasta anónima, los comercializadores integrados no podrán atender su demanda con generación propia, porque se violaría la filosofía de la libre competencia. A pesar del interés en fomentar los negocios de generación, muchas de las inversiones recientes en el país han terminado siendo ineficientes, es decir, no rentables.

Por el contrario, sobre el negocio de distribución de energía no hay ninguna duda que la empresa tiene buenas expectativas, su sistema tiene muchas bondades, tiene un buen escenario técnico y un buen mercado. La Empresa de Energía es muy atractiva, siempre y cuando su manejo no sea politiquero y esté en manos de gerentes idóneos y no militantes de campañas políticas.

La empresa de energía de Pereira tiene problemas estructurales sin resolver, derivados de la separación de la empresa de servicios públicos, como el alto pasivo pensional. Se ha endeudado para hacer inversiones necesarias y remuneradas como la de Naranjito, pero también ha hecho otras que no son prioritarias como Pavas o la compra de oficinas. El flujo de caja, que es la base de la valoración de la empresa, no sólo está afectado por sus problemas estructurales y las decisiones administrativas recientes, sino también, por los negocios de generación, con riesgo compartido, en los que está incurriendo la empresa por la suma de US $ 85.500.000 (Ojo no son cifras menores, ver página web: www.eep.com.co).

Para un buen entendedor, pocas palabras bastan

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 6 de noviembre de 2007

Pasadas las elecciones sólo queda esperar, que por el bien de todos los risaraldenses, a los candidatos elegidos les vaya bien. Hay que reconocer que el gran ganador en el departamento es el senador Habib Meregh, cumplió el compromiso adquirido en las pasadas elecciones al congreso y promovió decididamente la candidatura de Víctor Manuel Tamayo a la gobernación.

La llegada del senador Meregh a las campañas a la alcaldía tuvo un fuerte impacto positivo y, en todos los municipios donde participó, sus candidatos lograron victorias contundentes. Su esposa Juliana Enciso obtuvo la máxima votación a la asamblea, acompañada entre otros, por el Concejal Peterson Lopera del Partido Liberal, quien también obtuvo la votación más alta al Concejo Municipal. La reelección al senado de Meregh no tiene ninguna duda, como tampoco lo tendría, si así lo decide, su elección como alcalde para los siguientes comicios locales.

La conocida concejala Judith Giraldo, logró lo que muchas de las personas de los gremios de la ciudad, siempre han querido, conformar una lista “cívica”, “De Corazón por Pereira” y sólo con sus votos, obtuvo prácticamente el umbral necesario, su hija también obtuvo una curul en la asamblea departamental.

El reto de todo nuevo alcalde es ganarse la confianza de todos los ciudadanos, respetando lo público y haciendo un uso adecuado del poder. Lamentablemente en Pereira, dos días después de las elecciones, se conoció que el recién elegido alcalde, Israel Londoño, está involucrado en una investigación por haber citado a los gerentes de los bancos de la ciudad, donde el municipio de Pereira tenía sus recursos, para “presionar a los gerentes de los bancos para que apoyaran a Israel Londoño – entonces aspirante a la Alcaldía de Pereira- y que de no ser así, se cancelaría todo vínculo que tuviera el municipio con tales entidades bancarias” (La Tarde, martes 30 de octubre de 2007). A las dos funcionarias, una de la secretaría de hacienda y otra de la contraloría municipal, de su grupo político, les ratificaron el fallo de la procuraduría a una, la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos y a la otra, la suspensión en el ejercicio del cargo. Tanto la Secretaría de Hacienda como la Contraloría Municipal pertenecen al grupo político del nuevo alcalde. Por lo tanto, se violó una norma elemental, los despachos y los funcionarios públicos deben estar al servicio de los ciudadanos y no de grupos políticos.

Seguramente el nuevo alcalde continuará los buenos proyectos de la actual administración, como el Macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo, pero en otros frentes, la administración necesita cambios y eso implica tener independencia para nombrar gente idónea en los diferentes despachos. Sin embargo, la coalición ganadora tiene hoy el control de gran parte de la burocracia y la contratación municipal, por ejemplo, Aguas y Aguas, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura, Megabús, la ESE salud Pereira, la Secretaría del Deporte. Las dos últimas entidades están en manos de la concejala Judith Giraldo y de Octavio Carmona, que ganó una curul en el Concejo Municipal, en cabeza de su esposa. El manejo politiquero ha predominado en la ESE y la Secretaría del Deporte perdió la dimensión que tenía el liquidado INDER, para dedicarse a implementar una política asistencialista que no deben continuar.

Por el Voto Libre

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 31 de julio de 2007

En el primer artículo de este año, Tejiendo Ciudadanía 2007, expresaba que: “un buen propósito para el año 2007 es avanzar en la formación de unos ciudadanos más activos y responsables. Necesitamos más personas con una motivación clara hacia la ciudad y con respeto hacia lo público. Mujeres y hombres que además de ser estudiantes, padres de familia, trabajadores, empresarios o artistas sean también ciudadanos. Para tejer ciudadanía se necesita mayor capital humano, social y político”.

Desde el año 2005 he promovido la participación activa en la vida de la ciudad, decidí participar en las pasadas elecciones al Congreso de la República para iniciar la construcción de un nuevo proyecto político. Con un grupo significativo de ciudadanos le pedimos a la exalcaldesa Martha Elena Bedoya Rendón, que renunciara a la Notaría Segunda, para ofrecer a la ciudadanía, una alternativa política que generara confianza, por los principios y valores que han orientado siempre su acción pública y que tuviese credibilidad, por su experiencia y demostrada capacidad de ejecución. Tengo plena convicción que un segundo gobierno de Martha Elena Bedoya, es el mejor camino para la ciudad.

Como lo hice, antes de la inscripción de mi candidatura a la Cámara de Representantes, hoy suspendo esta columna de opinión por mi vinculación directa a la campaña de Martha Elena Bedoya Rendón a la alcaldía de Pereira. Quiero para terminar, invitar a la ciudadanía a participar, a votar. El principal enemigo de la democracia es la apatía y la indiferencia ciudadana.
Espero, como muchos ciudadanos, que pasadas las inscripciones de las candidatas y los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, se suspenda el juego sucio que hasta el momento se ha presentado. No más amenazas contra los aspirantes, no más pasquines, no más violación a la norma electoral, no más presiones y abusos, no más campañas en contra de la gente y sus familias.

Esperamos más debate, más propuestas, más respeto, más tolerancia, para que sea la ciudadanía de Pereira, la que en uso del derecho a elegir sus gobernantes lo haga libremente. La apuesta debe ser por el voto libre, por el voto de los ciudadanos a quien se le muestre lo que se ha hecho por ellos y lo que se puede hacer en el futuro. No se debe apostar más a comprar conciencias, ocho días antes de elecciones.

Un proceso electoral puede servir para construir capital político o para destruir lo poco que queda. Como afirma Carrillo, “el capital político hay que invertirlo en la defensa del Estado de Derecho y en la seguridad jurídica para crear reglas de juego claras, previsibilidad y derechos colectivos. La amenaza sigue siendo el populismo que continúa dispuesto a sacrificar las instituciones para llevar a los electores al abismo de las soluciones inmediatistas”. Lo deseable es un debate basado en indicadores y en la participación, para construir un plan de largo aliento para Pereira. Gracias a quienes leen y opinan sobre mis columnas (tejiendociudadania@gmail.com).

¿Impacto Social?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 24 de julio de 2007

Una de las características de las inversiones en los países en desarrollo, como Colombia, es el bajo impacto de los proyectos. Cada año, en diferentes ciudades del país, se invierten miles de millones de pesos, sin considerar el beneficio real sobre la población en general o sobre las personas más pobres.

El primer obstáculo, para una asignación eficiente de recursos es la corrupción. Los proyectos se convierten en simples instrumentos para lograr beneficios particulares, por ejemplo, se compran o se venden bienes inmuebles sin necesidad, o se asumen sobre costos para pagar las famosas “mordidas” a los contratos o se sacrifica la calidad de las inversiones para reducir costos y aumentar las utilidades de los contratos.

El segundo obstáculo, es el clientelismo. Las entidades encargadas de ejecutar los proyectos o el personal a cargo de los mismos, no se selecciona con base en su idoneidad. Los partidos y movimientos políticos no participan en los gobiernos para liderar proyectos de desarrollo específicos, sino para emplear a sus miembros o pagar favores a sus electores.

El tercero obstáculo, es la dispersión de la inversión pública en pequeños proyectos y la falta de coordinación entre las entidades públicas y privadas. La planeación, ejecución y seguimiento de proyectos es un proceso relativamente incipiente en las ciudades del país y muchos proyectos quedan sin evaluación.

La rendición de cuentas de los gobiernos municipales debe orientarse más a mostrar el impacto de las inversiones y no simplemente la cantidad de dinero invertido. En Pereira, la administración municipal informa, a través de vallas, que la inversión municipal acumulada, de los últimos tres años, se ha incrementado un 77% comparada con los tres años anteriores. Sin embargo, no explica por qué ha aumentado ni cuál es el impacto “social”.

El incremento cuantitativo en primer lugar muestra la disponibilidad de inversión del municipio y su variación se explica fundamentalmente, por los mayores recursos obtenidos por la administración anterior. Durante ese período se logró la certificación en materia educativa para el municipio que generó un incremento en los recursos para el año 2003 del 359% (92.000 niños beneficiados con la gratuidad en la educación) y los recursos obtenidos para el Megabus que fueron invertidos en el 2005 y 2006 que aumentaron los recursos de vías, tránsito y transporte. Sobresalen programas del actual plan de desarrollo como Gobierno en Línea que en sólo un año (2006) ejecutó proyectos por $ 9.570 millones de pesos, mucho más que lo invertido en nutrición, cultura y deporte.

Si los ciudadanos se interesaran por los proyectos de desarrollo de su ciudad preguntarían no sólo por el valor de los créditos entregados a los microempresarios, sino también por el efecto en el ingreso de los hogares o la permanencia de los negocios apoyados. En general, debemos preocuparnos más por el gasto público, por la relación costo beneficio de los proyectos y por el verdadero impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

Por una Movilidad Sostenible

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 3 de julio de 2007

El editorial de La Tarde, del pasado domingo, plantea que en Pereira “se requiere más ingenio en el tema vial”, por el alto crecimiento del parque automotor no acompañado de soluciones que garanticen la movilidad. Se plantean los problemas que mencioné en mi pasada columna sobre el caos urbano como son la contaminación, los accidentes de tránsito y se menciona uno adicional: la pérdida de calidad de vida, por el estrés que genera la congestión vehicular. Invita el editorial a analizar la situación vial de Pereira.

Las soluciones al problema de la movilidad son complejas, sin embargo, es importante analizar las que hasta el momento se le han planteado a la ciudadanía, Martha Elena Bedoya, en un ejercicio de participación ciudadana, el pasado viernes propuso: Por un Megabus más Democrático: Implementar la venta de tiquetes a partir de un viaje. Incorporar tarifas preferenciales para estudiantes universitarios y personas de la tercera edad. Ampliar las rutas alimentadoras y complementarias.

Por el fomento de medios alternativos de transporte: Construir ciclorutas y circuitos. Integrar espacios de estacionamiento de bicicletas conectadas a las estaciones de Megabús, zonas en los parqueaderos, centros comerciales. Tener una ciudad donde todos podamos caminar de día y de noche con más iluminación, más andenes y más seguridad

Por una ciudad sin trancotes: Articular el sistema vial, construir intersecciones que garanticen el fácil acceso a centros culturales, económicos y sociales. Construir puentes peatonales a las estaciones de Megabús. Revisar y optimizar la semaforización en la ciudad. (Olas verdes, semáforos peatonales).

Por un manejo eficiente y amigable del tránsito y del transporte: Manejar integralmente la movilidad en una sola entidad (tránsito, transporte, vías y espacio público, controladas por un observatorio de la movilidad). Realizar campañas educativas para vivir en una ciudad donde todos cumplamos las normas

Las propuestas invitan a analizar las soluciones pensando en todos los usuarios y en todos los medios de transporte: el transporte público, los ciclistas y los peatones y el transporte en vehículos privados. La política pública en movilidad debe privilegiar los dos primeros sistemas de transporte y especialmente los medios alternativos por sus beneficios ambientales. El punto de partida sería implementar la propuesta de concentrar las entidades en una sola para lograr un manejo integral de la movilidad. El análisis de las soluciones debe tener un criterio que privilegie lo público y lo ambiental. La construcción de vías y espacios públicos debe responder a un análisis de prioridades y ser coherente con el modelo de ordenamiento territorial. No se debe continuar ejecutando vías, como ocurre con muchas obras de valorización, que no respondan a un verdadero análisis de necesidades. Tampoco se debe continuar entregando más espacios públicos a los particulares.

Más que ingenio en el tema vial, se requiere mayor articulación de las soluciones, mayor coordinación de las entidades encargadas de manejar el tránsito y el transporte y mayor coherencia entre el modelo de ordenamiento y las entidades ejecutoras de infraestructura física. El Comité Intergremial de Risaralda puede opinar, como lo hizo la ciudadanía, sobre esta última propuesta, que es la base institucional de las demás.

Caos Urbano

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 26 de junio de 2007

En Pereira hay un caos urbano. En el centro la gente no tiene por donde caminar, la contaminación auditiva y visual es enorme, los accidentes de tránsito han aumentado, el transporte público no funciona óptimamente, los trancones son permanentes y la contaminación atmosférica, sigue sin políticas para prevenirla.

El aumento creciente de la invasión del espacio público dejó nuevamente a la ciudadanía sin calles por donde caminar, con frecuencia se observan personas de la tercera edad caminando por la vía en medio de los carros, porque ya no existen andenes para la gente. El contrabando, que es una de las causas de la pérdida de empleo formal de las empresas, invade cada día más los andenes. Los intermediarios (mayoristas y agiotistas) obtienen, en la mayoría de los casos, el usufructo del trabajo de una gente vulnerable por falta de ingresos.

La contaminación auditiva en Pereira es muy alta. De acuerdo con el informe de la Contraloría del año 2005, el promedio de presión sonora de la ciudad en decibeles es de 74.8, sobrepasando la norma (Resolución 8321/83) que establece un máximo de 70 decibeles. La contaminación visual ha estado en aumento en los últimos años, especialmente por la proliferación de vallas. Las entidades públicas del orden municipal han optado por promocionarse de manera exagerada a través de ese medio. Menos tala de árboles, menos vallas y más árboles disminuye la contaminación de la ciudad.

En los últimos tres años, los accidentes de tránsito han aumentado. De acuerdo con el informe de la oficina de prevención vial, los accidentes en motocicletas han aumentado, por falta de control. Las campañas preventivas y el control han fallado para continuar disminuyendo, como ocurrió hasta el año 2003, los índices de accidentalidad.

El tránsito y el transporte no han tenido en la ciudad un tratamiento integral. La ejecución de las obras no ha sido producto de un análisis de prioridades que permita una adecuada integración de soluciones para la movilidad alternativa, los peatones o el transporte público y privado. Por ejemplo, el Megabus, necesitaba unas soluciones viales complementarias. Sin embargo, sin ningún análisis de prioridades y necesidades, la administración municipal inició la ejecución de un paquete de obras viales en el sur occidente, cobradas a la gente por valorización.

A pesar de todo lo anterior, podemos imaginarnos una Pereira donde la gente pueda caminar tranquilamente, donde la gente pueda conversar, donde los niños puedan jugar en los parques, donde no haya tanto ruido, donde la gente se desplace en bicicleta, donde siembren más árboles, donde se pueda respirar aire limpio. Para lograrlo, necesitamos más cultura ciudadana, pero indiscutiblemente, también orden y disciplina y por supuesto, alguien que pueda ejercerlos.

Concesiones Sociales

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de junio de 2007

En 1997, durante la primera administración municipal del alcalde Juan Manuel Arango Vélez, se entregó en concesión un número de calles, (51) a la firma Daytona para que explotara su uso. Desde esa época el negocio adelantado por la administración municipal sólo ha recibido críticas. En el año 2005 se completaban los 6 años del período de la concesión.

Terminada la obligación contractual, se esperaba que la administración municipal evaluara nuevas alternativas, dado el pobre balance a favor de la ciudad y el municipio, durante todos esos años. Sin embargo, se presentó nuevamente al Concejo Municipal, un proyecto de acuerdo solicitando facultades para continuar la concesión de las vías públicas de la ciudad. Desde el año 2005 se han hecho prórrogas al contrato y ahora se pretende adelantar otra concesión por 6 años más, es decir, al año 2013 se completarán 14 años de concesión.

El “debate” en el Concejo Municipal sirvió para mostrar la poca retribución a la ciudad del negocio de las zonas azules. En términos económicos, los ingresos del municipio son muy bajos comparados con los ingresos del concesionario, por ejemplo, en el año 2005, el recaudo total fue de $574 millones, y al municipio sólo le correspondieron $86 millones (La Tarde, octubre 2006). Sin mencionar la fragilidad del sistema para controlar el recaudo del concesionario.

En términos de amoblamiento urbano, la concesión no dejó nada, ni en vías o andenes, ni siquiera en los parquímetros que supuestamente se debían instalar. La lógica del negocio de las concesiones se basa en el esfuerzo financiero que el concesionario asume en la etapa inicial, por ejemplo, construyendo una vía, un parqueadero o realizando inversiones en equipos. El concesionario recupera la inversión explotando por el tiempo necesario el negocio y al final, el ente público recibe los bienes. En el caso de Daytona la inversión ya estaba hecha, las vías estaban construidas, el negocio se empezó a explotar sin ningún esfuerzo económico del concesionario. En otras palabras, el contrato fue más una intermediación laboral, que de acuerdo a lo denunciado en el Concejo Municipal, tampoco se hizo respetando la ley.

La cifra del negocio total superará los $ 10.000 millones de pesos, pero más allá de las consideraciones económicas, la decisión de la concesión tiene un costo de oportunidad mayor para la ciudad, por sus implicaciones para las políticas del plan de ordenamiento y por el tratamiento aislado que se le está dando a un asunto que debe ser parte integral de un Plan Maestro de Movilidad, que supuestamente existe, pero que nadie conoce.

Si el “Plan Maestro de Movilidad”, es coherente con el Plan de Ordenamiento de Pereira y si en ambos se determinara, que en algunos puntos son necesarias las zonas azules, deberían ser cooperativas conformadas por personas de Pereira, las que puedan usufructuarse del negocio, grupos vulnerables, como las madres cabeza de hogar o los discapacitados y no una firma privada de otra ciudad, como ocurrió con las concesiones de la Empresa de Aseo y la Empresa Multiservicios.

Ciudades Verdes

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 12 de junio de 2007

Los problemas ambientales de Bogotá se discuten hoy, en diferentes escenarios e incluso hacen parte del debate electoral. En la medida en que crece el sector de opinión en las ciudades, se puede castigar en las elecciones, la corruptopolítica (ver www.adrianavallejo.blogspot.com) y mejorar el nivel de las discusiones sobre los temas del desarrollo.

Infortunadamente, Pereira, contrario a madurar políticamente, como lo ha hecho la capital, ha empezado a parecerse más a las ciudades de la costa. La agenda del debate la ocupan las denuncias por trasteo de votos, participación en política de los gobernantes y la múltiple militancia (aquí hay más que doble militancia, hay dirigentes que apoyan un candidato a la alcaldía del Partido Liberal, uno a la gobernación del Partido Conservador, otro al Concejo de Colombia viva etc.).

Pereira debe sintonizarse con la tendencia ambientalista y empezar a construir conciencia y responsabilidad con el mundo en que vivimos. Todas las ciudades, deben darle mayor importancia a los temas ambientales en los planes de desarrollo. Para el año 2030, se calcula que más de la tercera parte de los seres humanos no tendrá suficiente agua para beber, o muchos podrán morir por tomar el agua disponible. No solamente el agua será un recurso escaso. Se estima que a los niveles de producción de hoy, debe quedar una reserva de cobre para 28 años, una reserva de plomo para unos 21 años, de plata para 17, y de estaño para 37 años (Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo).

El consumo de energía en el mundo creció más del 400%, en la última mitad del siglo XX, un incremento muy superior al crecimiento de la población. Países como China e India proyectan un crecimiento de sus clases medias para las próximas décadas, que de acuerdo con Zolli, estará acompañado de un crecimiento geométrico de sus demandas energéticas. Adicionalmente, China es la segunda fuente más grande de emisiones de CO.

El consumo humano sobrepasó la capacidad regenerativa del planeta en 1980, es decir, estamos empujando los sistemas mucho más allá de su propia capacidad, según la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Muchas ciudades del mundo están despertando, son conscientes de su responsabilidad con el desarrollo sostenible e incluso han encontrado grandes ventajas en los trabajos por el medio ambiente. Para tener el consumidor consciente, que paga por bienes y servicios amigables con el medio ambiente, para tener empresarios que piensen en innovaciones no sólo lucrativas, sino también que ayuden a proteger el planeta, es necesario construir el ciudadano consciente de su responsabilidad con la ciudad, que pueda mirar el futuro con seguridad y confianza.

Inseguridad Urbana

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 5 de junio de 2007

En diciembre entrará en funcionamiento la línea de emergencia 1 2 3 un mecanismo, que ya opera en otras ciudades, y permite que en una sola línea se atiendan todos los servicios de emergencia. La policía contará con un sistema integrado que agilizará la atención de emergencias y permitirá ubicar, inmediatamente, el sitio de donde provienen las llamadas. Todas estas herramientas de apoyo, como las cámaras de seguridad, son importantes, sin embargo, ponen a prueba la capacidad de reacción de los organismos de seguridad y las políticas de seguimiento permanente a los resultados. Con las cámaras de seguridad, ninguna de estas dos condiciones ha sido satisfactoria.

El crimen y la violencia continúan siendo uno de los principales problemas urbanos en Pereira. Los resultados en materia de seguridad, a pesar de los esfuerzos hechos, son muy pobres en los últimos tres años. El número de homicidios desde el año 2003 al año 2006 sólo ha disminuido un 2%. Entre el año 2000 y el año 2003 la disminución fue del 14% (Instituto de Medicina Legal). Pereira es la tercera ciudad en número de homicidios en el país (La Tarde, 1 Abril de 2007). Mientras en otras ciudades como Bogotá, la disminución en el número de casos de homicidios, continúo por varios años, en Pereira, prácticamente en esta materia no se avanzó.

La ciudad debe garantizar mejores condiciones de seguridad y mostrar mayores resultados en los próximos años, para lo cual sería importante, entre otros:

Construir capital social para la seguridad y la convivencia pacífica. Los mecanismos sociales de prevención y reacción contra la inseguridad, dependen del nivel de capital social de cada comunidad. De ella depende la capacidad de organizar grupos de apoyo, redes de ayuda, extender lazos de confianza y de solidaridad con los vecinos.

Promover una política activa de prevención del crimen y los delitos. Informar a través de diferentes medios a la ciudadanía, para tomar todas las medidas de precaución necesarias. Por ejemplo, a través de la Internet divulgar formas de robo para que la gente no caiga en la trampa de los delincuentes. Utilizar medios masivos de información sobre las víctimas de hechos violentos, para disminuir los riesgos. En otras palabras, se trata de aumentar la autoprotección.

Mejorar la dirección y coordinación de las diferentes instancias de seguridad y los distintos actores. La falta de continuidad de los comandantes de policía y los secretarios de gobierno, dificulta la implementación de planes estratégicos de largo plazo y el seguimiento a los resultados.

Diseñar nuevos espacios urbanos, con más lugares de encuentro que faciliten la convivencia y la lúdica. Mejorar la iluminación de las calles y los parques para aumentar la calidad de vida y disminuir las oportunidades de cometer actos criminales.

Fortalecer los procesos educativos en resolución pacífica de conflictos. La mayoría de los casos de violencia resultan de la cotidianidad, de la incapacidad para resolver las diferencias a través del diálogo, de la falta de tolerancia. Nuevas formas de comunicación son necesarias para encontrar alternativas pacíficas de solución a los conflictos.

Ciudades y Empleo II

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 29 de mayo de 2007

Otros retos de las políticas públicas locales para generar empleo son:

Tercero, construir una plataforma urbana que le permita a la ciudad ser competitiva internacionalmente. Desde la década pasada se habla de “productividad urbana” para denotar la importancia de la planeación y la ejecución de proyectos urbanos, articulados a una agenda de desarrollo socioeconómico. Los proyectos urbanos no sólo se justifican como el medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino también, como el mecanismo que le permite a las ciudades integrarse a la región y al mundo.

Continuar las transformaciones urbanas del centro de Pereira, no es hacer obras de cemento, es seguir consolidando la ciudad como un gran centro de comercio y de servicios. La eficiencia de la ciudad depende también de la funcionalidad de todos los sistemas de movilidad, de espacio público y de comunicaciones. Especializar los espacios urbanos, concentrar diferentes servicios en un solo lugar permite disminuir los costos de transporte, de contaminación y, en algunos casos, lograr economías de escala para los negocios. Generar espacios urbanos donde la gente pueda intercambiar ideas o hacer negocios genera ventajas para la ciudad. El Centro Internacional del Eje Cafetero en Ciudad Victoria, será un buen ejemplo.

Para generar empleo se debe promover todo desarrollo urbano que facilite la producción y distribución de bienes, servicios e información. Igualmente, que ofrezca ventajas para la ubicación de nuevas empresas o negocios.

Cuarto, las ciudades deben integrarse en regiones de desarrollo con una agenda de largo plazo, dentro de unos procesos de planificación coordinados y articulados.

Quinto, implementar una política de formación de emprendedores, que permita desarrollar las competencias y habilidades necesarias para emprender nuevos negocios o empresas. La superación de la pobreza económica depende también de la capacidad de adquirir competencias para generar ingresos.

Sexto, brindarles a los emprendedores las oportunidades y el acceso a los servicios financieros y técnicos. Teniendo en cuenta que “los recursos económicos siguen los proyectos y los proyectos de calidad los generan emprendedores habilitados”. El microfinanciamiento es la etapa siguiente a la formación de emprendedores. El microcrédito como parte del microfinanciamiento, será efectivo en la medida en que sea recibido por la persona calificada, en el momento adecuado y bajo condiciones de pago acordes con la naturaleza del negocio.

Ciudades y Empleo I

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 22 de mayo de 2007

El desempleo en Pereira llegó al 15,7%, en el primer trimestre de este año. La falta de ingresos o la insuficiencia de los mismos es uno de los principales problemas de la ciudad. ¿Qué se puede hacer desde las ciudades para generar oportunidades de trabajo para la gente? ¿Cuál es el alcance de las políticas públicas locales para generar ingresos sostenibles?

En las ciudades no se definen las políticas monetarias o cambiarias que impactan directa o indirectamente la inversión y el empleo. Por ejemplo, la revaluación del peso afecta todas las empresas exportadoras de la ciudad. Niveles tan bajos como el que alcanzó la tasa de cambio genera despidos y hace inviable la creación de nuevas empresas exportadoras. Lo mismo ocurre con variables como las tasas de interés, que pueden o no incentivar la inversión, o con el marco jurídico o los estímulos tributarios nacionales.

Sin embargo, las ciudades pueden ser también motor de crecimiento económico. Se ha demostrado el nexo positivo entre la productividad, la aglomeración de la población y la actividad económica en las ciudades (Banco Mundial, 1991). Las grandes ciudades en América Latina son las que más contribuyen al crecimiento del PIB en cada país. El reto, es lograr que ese crecimiento se traduzca en mejores condiciones de ingresos para la gente. Una ciudad intermedia como Pereira podría asumir retos como:

Primero, avanzar en la construcción de capital social, las virtudes sociales como la confianza, la capacidad de asociación, el sentido de pertenencia por la región, se convierten en lo que Olson denomina “bienes públicos”, que facilitan la creación de cadenas productivas, de empresas y de encadenamientos productivos. El nexo entre los aspectos culturales y empresariales es cada vez más claro. El liderazgo y la capacidad de una administración municipal para generar confianza se convierten en factores fundamentales.

Segundo, la administración municipal, puede servir no sólo de facilitadora sino también de promotora. Ser un verdadero puente entre los diferentes segmentos empresariales y entre éstos y la academia. Impulsar la construcción de sistemas de información, la circulación y difusión de ideas, de datos. Se podrían explorar mecanismos para que gran parte los pagos a proveedores de las empresas, que en muchos casos representan entre el 60 y el 70% de los egresos de las compañías se queden en la ciudad, a través del impulso de empresas locales que puedan sustituir importaciones u otras empresas nacionales. Corea del Sur es un buen ejemplo de integración horizontal de las empresas, que permitió la creación de una gran cantidad de negocios, encargados de abastecer el suministro de insumos, para las grandes industrias.

* * * * *

En la semana de la firma del “Pacto por el Voto Limpio”, en el departamento de Risaralda, se disparó el carnaval de publicidad electoral de dos candidatos a la alcaldía de Pereira, en vallas, volantes, afiches a pesar de que la ley sólo la permite tres meses antes de elecciones. También se conocieron amenazas a candidatos. La semana terminó con denuncias sobre falta de formularios para inscripción de cédulas en la Escuela Boyacá y en Combia y con el transporte exagerado de personas a ciertos puestos de votación, que seguramente son trasteo de votos, en Puerto Caldas, Caimalito y Ciudad Boquía. ¿Voto Limpio o Juego Sucio?

Sofisma de Distracción

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 15 de mayo de 2007

Algunas personas opinan que la ciudad necesita un “gerente” como alcalde. Desde hace varios años se escucha ese cuento y ahora que es época electoral el tema vuelve a entrar de moda. Independientemente, de quien ocupe el primer cargo del municipio, la discusión desde el punto de vista conceptual es válida.

Quienes así piensan, seguramente quieren denotar que la ciudad no tiene “gerente”. También asumen que las prácticas gerenciales del sector privado son la solución para el sector público. Esa mirada a lo público es bastante simplista y reduccionista.

Lo público es mucho más complejo. La discusión sobre lo que es público y lo que es privado ha estado presente desde el inicio de la civilización. Sin embargo, las teorías en administración de empresas, hacen parte de una disciplina relativamente reciente. La administración de lo público presupone un concepto de la política, del papel del Estado y no es simplemente un problema de eficiencia o eficacia.

En los años 80’s se propuso un cambio en las teorías de administración pública (public administration) que buscaba introducir los principios y los conceptos de la administración privada a la pública (‘new public management’). Esas teorías recibieron fuertes críticas por pretender reducir las soluciones de los grandes asuntos públicos a simples problemas de tipo técnico o gerencial.

No se pretende argumentar que algunas técnicas de la administración privada (management) no puedan o no deban aplicarse, por ejemplo, en cualquier etapa del círculo de una política pública desde la definición del problema, pasando por la identificación de alternativas de solución, la evaluación de opciones, la selección de políticas, la implementación, hasta llegar a la evaluación. Sino por el contrario, resaltar que la administración pública es mucho más que simple gerencia.

La política y lo público abarcan un amplio rango de principios y aspectos que no son económicos (gerenciales), entre otros, la justicia, la ética, la promoción de la equidad, el respeto por la ley, la tolerancia social, cultural e individual, la defensa de los derechos humanos.

Los gobernantes no pueden equipararse a los gerentes que se pueden conseguir mediante firmas de caza cabezas, que tal un aviso: se busca gerente que aporte 3.500 millones de pesos para ingresar a una campaña por la “gerencia” más importante de la ciudad. No importa quien lo rodee. Lo único necesario es que sepa planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar.

Resulta entonces más importante para una ciudad, tener un(a) administrador(a) pública cuyos principios sean la defensa del bien común, el respeto por lo público y los intereses ciudadanos y no un(a) gerente que sepa interpretar un flujo de caja, el EBITDA o una tasa interna de retorno, si los intereses que defiende no son públicos sino privados.

¿A quién le preocupa?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 8 de mayo de 2007

Hace quince días se terminó la etapa de propuestas sobre el plan decenal de educación, es decir, del conjunto de políticas, objetivos, metas, estrategias y acciones que adoptará el país, en materia educativa, en los próximos 10 años. Llama la atención que semejante tarea pase tan desapercibida en algunas ciudades como Pereira. En otras ciudades, como Bucaramanga, la gente se preocupó más por opinar y los medios de comunicación le dieron importancia a las mesas conformadas y a las propuestas planteadas.

Aquí vamos a tener que empezar por preguntarnos como lo hizo Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo: ¿para qué sirve la educación?, sino sirve para nada, pues no es un tema relevante, ni para la sociedad civil, ni para las administraciones públicas. Si por el contrario, se reconoce que la educación es condición necesaria para superar la pobreza y la inequidad, para transformar la sociedad y para responder a las necesidades y oportunidades del siglo XXI, la educación debe estar en el centro del debate sobre el desarrollo local.

Con frecuencia se escucha a la gente afirmar que en el país se ha hecho mucho para aumentar la cobertura y que la tarea pendiente es mejorar la calidad y la pertinencia de la educación. Sin embargo, los avances en materia de cobertura son insuficientes. La cobertura de la primaria en Colombia aún está por debajo de la de Costa Rica o Brasil, la de la secundaria todavía es inferior a la de Argentina o Cuba, y en educación superior apenas logramos en el 2003, la tasa de cobertura que el promedio de América Latina alcanzó en 1997 (Reina, 2007).

Sin lugar a dudas, falta más avance en materia de calidad educativa, pero la mayor ausencia es la falta de debate sobre la importancia de la educación. Sólo la falta de conciencia puede explicar que los problemas que enfrenta el sector educativo en Pereira no despierten gran preocupación. Estamos en el quinto mes del año y más de 8.000 niños han estado sin transporte escolar, ni en las veredas, ni en los barrios, los niños han tenido transporte en lo corrido del año. Permanentemente se escuchan quejas de la comunidad, como: en el Colegio Comunitario de Cerritos, los baños se encuentran en pésimas condiciones, les falta pintura, los salones se humedecen. En Montelibano el año escolar inició sin la totalidad de los profesores. Los padres se familia de San Joaquín se quejan porque los niños se quedaron hasta 6 meses sin profesores de matemáticas. En Canceles, la comunidad reclama otra aula de clases y medidas que mejoren la situación de hacinamiento en que estudian los niños y niñas. En el Colegio Aquilino Bedoya a los niños les cuesta $100 entrar al baño.

Hace dos meses la secretaría de educación municipal tenía disponible, unas hojas con una serie de datos, que al hacerlos comparables con las proyecciones del censo del año 93, muestran que las tasas de cobertura bruta que habían aumentado del año 2000 al año 2003 del 81.8% al 83.6% disminuyeron al año 2006 al 81.4%. Sin embargo, los datos reportados al ministerio de educación muestran una cobertura bruta para la básica y la media del 89%. Las coberturas netas (sector oficial y no oficial) de preescolar, primaria y secundaria también registraban disminuciones, únicamente se mostraba un aumento en la tasa de cobertura neta de la media. Hoy aparecen otros datos. Se han mencionado aumentos en las coberturas entre el año 2005 y 2006, sin embargo, en los informes del Ministerio de Educación aparece que el número de estudiantes matriculados disminuyó entre el año 2005 y el año 2006 pasando de 93.911 estudiantes entre el primero y décimo grado a 90.009 entre segundo y once en el año 2006, es decir, 3.902 alumnos menos. El número de alumnos matriculados en el año 2006 fue menor al año 2003, donde la cifra llegó a los 92.289 alumnos. La falta de confiabilidad en la información es otro problema.

Temas: Educación Superior

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 1o de mayo de 2007

En materia de equidad, acceso y cobertura en educación superior nosotros partimos del mismo principio: la educación debe ser un derecho universal, tanto para los estudiantes de preescolar, de primaria, de secundaria y los de educación superior. Todos los jóvenes deben tener derecho a una educación técnica o profesional de buena calidad.

Los entes territoriales deben luchar para que la educación no sea más un servicio subsidiado, sino un derecho real. Pereira, durante la administración pasada (2001-2003), demostró que sí se puede garantizar la educación como un derecho. Si se puede garantizar el derecho a la educación para los niveles de preescolar, de primaria y de secundaria, ¿por qué el gobierno nacional no puede hacerlo para la educación universitaria? El Plan Decenal de Educación debe contemplar la gratuidad para la educación superior. Los entes territoriales deben generar todas las condiciones para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las universidades. Los estudiantes matriculados en una universidad pública, deben tener una tarifa especial en el Megabús. Las entidades públicas y privadas pueden asumir el compromiso de vincular estudiantes universitarios durante las vacaciones, con el fin de apoyar su sostenimiento. El régimen subsidiado en salud debe cubrir a todos los estudiantes de las universidades públicas.

Los estudiantes talentos deben tener todo el apoyo para que adelanten sus estudios y se vinculen a proyectos de investigación. En Pereira debe aumentarse el número de personas con maestría y doctorado. Los beneficiaros del apoyo, público o privado, deben adquirir un compromiso con la ciudad. Esperamos la aplicación del talento y el conocimiento en los proyectos de ciudad.

La Universidad Tecnológica es un mundo dentro de la ciudad, ni ella ni los procesos de planeación, pueden avanzar de manera independiente. La universidad y la ciudad deben integrarse, hay que mejorar la conectividad en todas sus formas, físicas, presenciales y virtuales. Por ejemplo, deben existir rutas alimentadoras del transporte masivo a la universidad. La ciudad debe implementar proyectos de movilidad alternativa que beneficien directamente a los estudiantes de la Universidad Tecnológica. El proyecto de bibliotecas satélites en los barrios, conectadas al Lucy Tejada, debe incluir la Biblioteca Jorge Roa Martínez.

El gobierno municipal promoverá procesos de formación para que en la educación secundaria exista mayor orientación sobre las ofertas educativas técnicas, tecnológicas y universitarias y las necesidades de la sociedad, incluyendo el sector productivo. Los proyectos educativos no pueden ser independientes de la ciudad y los ciudadanos y eso incluye todos los niveles educativos.

La experiencia de la administración pasada de vincular estudiantes universitarios en pasantías, en las entidades públicas y en los proyectos de ciudad, como la revisión del Plan de Ordenamiento fue positiva, esos procesos deben continuarse y fortalecerse incluyendo todas las entidades públicas. El emprendimiento y la innovación no pueden ser más, factores complementarios de las políticas de desarrollo, sino elementos centrales de las estrategias de generación de empleo. Con todo el ímpetu hay que apoyar todas las nuevas iniciativas y las existentes como PaqueSoft y las Incubadoras de Empresas. Una administración transparente puede implementar el programa “Estudiantes Visibles”, en el que se apoye el proyecto de vida del estudiante y éste asuma un compromiso de vida con la sociedad, la ciudad y su barrio.

Propuestas: Plan Decenal de Educación

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 24 de abril de 2007

Un derecho no existe porque se proclame su existencia, el Estado Colombiano no ha garantizado el derecho a la educación. No tenemos una educación pública, gratuita e igual para todos los ciudadanos, estimulada como un derecho humano, inalienable, en todos los grados en que exista socialmente. Este debe ser el punto de partida de la discusión sobre equidad y acceso a la educación.

La visión propuesta para el año 2015 es que todos los niños y los jóvenes puedan acceder a la educación. El Estado garantizará de manera efectiva el derecho a la educación para todos los niños y los jóvenes, sin ningún tipo de exclusión. La sociedad colombiana estará comprometida en tener los niños y los jóvenes en las aulas y el Estado a establecer todas las condiciones para lograrlo.

Todos los niños y los jóvenes tendrán el derecho a la educación en los colegios públicos. La educación deberá ser completamente gratuita en todos los colegios públicos del país.

En los próximos años la educación pasará de ser un servicio subsidiado, para convertirse en un derecho fundamental. El reconocimiento del derecho a la educación debe ser real y material y cumplirse sin mediaciones, garantizarse de manera automática.

Se superarán todos los obstáculos para ejercer el derecho a la educación. Se garantizará el transporte escolar, los libros y los útiles.

El hambre y la desnutrición no podrán ser factores que impidan el acceso a la educación. Los colegios públicos tendrán restaurantes escolares para los niños que no tengan posibilidad de ser alimentados por sus familias.

La ciudadanía asumirá el compromiso de promover que todos los niños y los jóvenes se encuentren estudiando y denunciará, cuando se le impida a un niño ejercer el derecho a educarse.

El objetivo central debe ser el reconocimiento de la educación como un derecho universal. La meta no puede ser otra que lograr la universalización de la educación primaria y secundaria. La cobertura debe ser total para el año 2015. Ningún colombiano será analfabeta, todos los niños y los jóvenes tendrán la oportunidad de educarse.

Las acciones concretas para garantizar el derecho a la educación, las deben asumir los gobiernos locales. Con la gratuidad total en la educación, en los colegios públicos no se podrá cobrar ni por la matrícula, ni por ningún concepto que limite el acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria. Los dineros pagados a los colegios públicos por niño matriculado se entregarán durante el año, de modo que se involucre a las directivas y al personal docente en la retención escolar.

El seguimiento a todos indicadores de cobertura escolar, incluyendo, la deserción, se debe hacer trimestralmente, por parte de los gobiernos locales y bajo la evaluación del gobierno nacional, con el fin de emprender acciones inmediatas para retener los niños y jóvenes en el sistema escolar.

Educación: Ganar o Perder la Década

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 17 de abril de 2007

El plan decenal de educación 2006 – 2015 se encuentra en la fase de consulta a toda la población del país. Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad de participar en la construcción de nuestro futuro. Desde la formulación del anterior plan decenal, se ha buscado integrar todos los modos de educación, el formal, el no formal, y el informal. Igualmente, todos los niveles desde el hogar (planificación familiar, educación prenatal), pasando por la educación preescolar, primaria y secundaria hasta llegar a la educación superior y continuada.

Lo fundamental es generar conciencia sobre la importancia de la educación. Sin embargo, para la gran mayoría del pueblo colombiano, la educación no es uno de sus principales problemas. No hay conciencia sobre lo esencial, señalado en el plan decenal: “que no sea más el niño el que se arriesgue a ganar o perder el año, sino el adulto, padre, maestro, gobernante, el que asuma el riesgo de ganar o perder la década”.

El debate público del plan decenal de educación debe despertar el interés de todos los ciudadanos. La responsabilidad de su formulación y ejecución es un asunto de todos, tanto del gobierno en todos sus niveles, como de las diferentes formas de organización de la sociedad civil. Somos coresponsables de la tarea de formar mujeres y hombres capaces de poner su conocimiento al servicio de su propio desarrollo y del país. “La educación por si misma no produce el cambio, pero ningún cambio social es posible sin la educación”.

Diez grandes temas se han puesto en consulta a toda la población: ciencia y tecnología articuladas al sistema educativo; renovación pedagógica y uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en educación; profesionalización, dignificación y formación de los docentes; educación para la paz, la convivencia y la ciudadanía; equidad: acceso, permanencia y calidad; la educación más allá del sistema educativo; desarrollo infantil y educación inicial; liderazgo, gestión y transparencia en el sistema educativo; fines y calidad de la educación; más y mejor inversión en educación.

Los hallazgos de la consulta para cada tema son los insumos para el debate que se inicia a través de diferentes mesas y coordinadores en todo el país que posteriormente presentarán sus conclusiones para la discusión y elaboración final del plan decenal de educación 2006 – 2015.

De Risaralda quedaron inscritas varias mesas, una de ellas la coordinará la exalcaldesa y candidata a la alcaldía Martha Elena Bedoya Rendón, en el tema sobre equidad: acceso, permanencia y calidad. Pereira, logró durante su gobierno garantizar el derecho a la educación para todos y en todos los niveles. Se espera en el debate reivindicar una concepción más democrática de la educación, como derecho humano universal, que por definición no debe tener exclusiones de ningún tipo. En un Estado Social de Derecho, como el nuestro, la educación no puede, como ocurre ahora en Pereira, concebirse como un servicio subsidiado o como una dadiva “social”. De todos depende la responsabilidad de ganar o perder la década.

GOL “Social”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 10 de abril de 2007

En las ciudades de los países en desarrollo, cuyos presupuestos son insuficientes para luchar contra la pobreza y la inequidad, las administraciones públicas están obligadas a focalizar el gasto público. Por lo tanto, la asignación de recursos debería responder a un análisis de prioridades y a la evaluación de su impacto social o económico en la población.

En la Semana Santa, durante la cual, la ciudadanía no pudo contar con los servicios de la Alcaldía “social”, porque, estuvo cerrada para el público, el periódico La Tarde, publicó la noticia: “Alcaldía giró $400 millones al Pereira” (Miércoles, 4 de abril), es decir, a un negocio privado.

En la misma publicación se muestra como los dineros girados superan o casi igualan las inversiones realizadas por la alcaldía en otros programas, durante la pasada vigencia. En todo el año 2006, se destinaron en la ciudad para la ciencia, la tecnología y la innovación $ 200 millones, para la cultura $ 386 millones, para la generación de empleo $ 478 millones y para el turismo $ 441 millones.

¿Cómo justificó el Concejo Municipal la destinación de esos recursos?, ¿Cuáles partidas del presupuesto se sacrificaron para asumir ese compromiso?, ¿será que los concejales habían dado antes facultades para asumir ese tipo de gastos? Ni la Alcaldía Municipal, ni la Empresa de Aguas y Aguas, ni la Empresa de Energía tienen competencia en la ciudad para justificar el gasto público como inversión en publicidad.

Con tanto desempleo y con tanta pobreza en la ciudad de Pereira, el gasto hecho por la alcaldía, no era ni prioritario, ni necesario. Todo el mundo debe estar de acuerdo en fortalecer el Deportivo Pereira. Ojalá encuentre muchos patrocinadores, pero los escasos recursos de la alcaldía, los necesitan más los niños, los jóvenes, las mujeres o las personas de la tercera edad, que aún no han resuelto sus necesidades básicas.

Aunque la pobreza haya disminuido en la ciudad, desde el año 2001, todavía queda mucho por hacer. El 3.7% de la población de Pereira vive en pobreza extrema y un 30.7% en niveles de pobreza (DNP, 2006). El 7.6% de la población de Pereira no tiene ningún nivel educativo y sólo el 7.8% de la población ha alcanzado el nivel profesional (Censo, 2005). Los índices de cobertura educativa no han mejorado en los últimos años. El desempleo sigue siendo alto, la tasa a febrero fue de 14.5% y la de subempleo del 25.6% (Encuesta de Hogares, 2007) etc.

¿Por qué disminuyó la pobreza?

Adriana Vallejo de la Pava
Domingo 1 de abril de 2007

Una semana después de conocer la muerte de los niños en el Chocó por causa de la pobreza, el Departamento Nacional de Planeación informó que la misma se había disminuido en todo el país, durante el primer mandato del Presidente Uribe. La muerte de los 49 niños en el Chocó por desnutrición, es decir, de hambre, es un claro reflejo de la pobreza que persiste en el país y de sus contrastes, de la desigualdad en el desarrollo entre departamentos, o entre municipios o entre la zona urbana y la rural.

Algunos analistas han criticado la nueva metodología para medir la pobreza, argumentando que se imputan más ingresos de los que se deberían a los estratos más bajos. Independientemente de las consideraciones metodológicas de los expertos, si se utilizó la misma metodología para medir los dos períodos (2002, 2006), la variación es significativa.

La pobreza nacional disminuyó 10 puntos entre el año 2002 y el 2006. El ingreso medio per cápita de los colombianos aumentó 19% entre el 2002 y junio de 2006 en términos reales, período en el cual se registraron aproximadamente 1,5 millones de nuevos ocupados. La causa principal es el mayor crecimiento económico, que se registra en el país desde el año 2000, no sólo desde el año 2002.

Las cifras confirman las conclusiones de diferentes estudios sobre la relación entre el crecimiento económico y la disminución de la pobreza. Así, como, la fuerte caída de la economía desde el año 1997 al año 1999, tuvo un impacto negativo sobre los indicadores sociales, de igual manera su recuperación repercute positivamente. En el año 1999 la pobreza llegó al 57,5% y la indigencia al 25%, ese año el crecimiento del PIB real fue de -4%, en el 2006 fue de 6,8%.

En las 13 principales ciudades del país la disminución fue mayor, 12,9 puntos en el mismo período. Hace unas semanas la noticia sobre la reducción de la pobreza mencionaba sólo a Bogotá. El país se entera de todo lo positivo que pasa en la capital o en Medellín y normalmente conoce las cosas negativas que pasan en otras regiones, como los niños muertos de hambre en el departamento del Chocó. Diferentes comentaristas reconocieron el logro de Bogotá. Finalmente, su avance, no sólo se explica por las políticas públicas locales, ni tampoco, es exclusivo de la capital.

Sin embargo, la reducción de la pobreza no ha sido igual, en las principales ciudades del país. Las políticas públicas locales también han tenido impactos diferentes sobre la pobreza. Pereira ocupó el quinto lugar en disminución de la pobreza. Las políticas para reducirla, implementadas desde la administración pasada, han tenido efectos positivos. La ciudad ha desarrollado una plataforma física que la ha hecho competitiva y atractiva para la inversión en comercio y servicios, ha generado más puestos de trabajo que otras ciudades del país. Adicionalmente, ha implementado la gratuidad total en la educación, los programas de nutrición y ha aumentado la cobertura en el régimen subsidiado en salud.

En el país los avances no son suficientes, en las ciudades persisten cordones de miseria. Se necesita, entre otros, implementar proyectos de desarrollo sostenibles, disminuir las desigualdades entre ciudades y regiones y mejorar la distribución del ingreso.

La “Corruptopolítica”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 27 de marzo de 2007

Una de las consecuencias del debate de la parapolítica, es que ha servido para ocultar, lo que algunos han llamado la “corruptopolítica”. El Estado colombiano no ha logrado liberarse de las garras de los políticos que ven en sus instituciones un fortín para beneficiarse o sostenerse en el poder. No son nuevas las relaciones entre el narcotráfico, los grupos armados y los políticos. Los recursos públicos han enriquecido políticos y sostenido movimientos por años.

“El fenómeno de la corrupción en Colombia es necesario entenderlo como un problema de delincuencia organizada y por lo tanto se debe tratar así” afirma Octavio Calderón (2004). El problema, señala el autor es la “Captura del Estado”, es decir, “la capacidad que tienen los grupos de interés legales o ilegales de influir en su propio beneficio en las altas decisiones del Estado”. Para Calderón gran parte del problema está en las regiones (departamentos y municipios), donde se gestan las clientelas políticas, donde se da más fuertemente la captura del Estado y donde se expolian los recursos de las transferencias giradas por el gobierno central.

Calderón tiene razón al afirmar que la corrupción es un problema de delincuencia organizada, además, es cada vez más sofisticada, con múltiples autores y redes. Los negocios grandes, que normalmente involucran grandes sumas de dinero y varias vigencias fiscales, pueden ser tan bien disfrazados que no se viole ninguna ley. Sin embargo, como han señalado otros informes, la corrupción involucra tanto las regiones como las entidades nacionales y los organismos de control y de justicia.

Tampoco se puede creer, que semejantes redes mafiosas puedan detenerse con simples “Pactos por la Transparencia”. Las cuentas las pueden hacer visibles los gobernantes, pero los grandes negocios pueden permanecer invisibles. Si hubiese algún control a los testaferros de los negociados, las cuentas las deberían rendir no sólo las administraciones públicas, sino también, quienes orquestan los contratos estatales.

El fortalecimiento y depuración de los partidos políticos permitiría un mayor control social y político para prevenir la “corruptopolítica”. La dificultad radica en implementar procesos de fortalecimiento de los partidos, donde no intervenga la “corruptopolítica”.

La elección democrática de las direcciones regionales de los partidos o de los delegados a los congresos de los mismos, podría ayudar a fortalecer la legitimidad institucional de los partidos. Sin embargo, cuando en esos procesos de participación, como ocurrió con la elección de los directorios locales del Partido Liberal, mucha gente va a votar presionada porque si no lo hace, pierde el puesto o el contrato. No hay ningún fortalecimiento, sino continuidad de lo mismo a través de otros mecanismos. Para que haya un proceso más transparente los militantes de los partidos deben estar carnetizados y debe existir control a las fuentes y topes de los gastos, que se utilicen en las consultas y elecciones internas de los partidos políticos.

El Derecho a la Ciudad

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 20 de marzo de 2007

La ciudad es la gente, decían los filósofos griegos, sin embargo, “hemos construido ciudades sin ciudadanía”. Falta conciencia sobre la importancia de participar en los asuntos públicos que nos afectan y afectan los otros con quienes compartimos la misma historia o simplemente el mismo territorio.

En Pereira, muchos asuntos públicos que comprometen el futuro de los habitantes del municipio, pasan sólo por el Concejo Municipal, sin mayor discusión, como las conocidas concesiones (Aseo, Tránsito, Multiservicios) o el costoso e inequitativo derrame de valorización.

Contrasta con lo anterior, el interés que ha despertado, nuestro Aeropuerto Matecaña, en concreto la propuesta de la administración municipal de cerrarlo para invertir en Cartago, éste tema ha sido estudiado seriamente por la Asociación de Ingenieros de Risaralda y presentado la semana pasada en un foro que fue convocado por los medios de comunicación.

Quienes defendemos el pluralismo creemos que en las ciudades hay y debe haber muchas miradas, múltiples creencias, instituciones y organizaciones. Contrario a los que creen en el monismo, que consideran que sólo debe haber una sola idea. En el pluralismo político se reconoce la existencia de la diversidad en las prácticas sociales, institucionales e ideológicas.

En la ciudad debemos debatir más, en los parques, en las plazas, en múltiples escenarios públicos. Por eso, estoy de acuerdo con la defensa al ejercicio de la ciudadanía, que hizo el editorial del periódico La Tarde, el miércoles 14 de marzo, frente a la comunicación enviada, por el señor alcalde de la ciudad, donde sólo se acepta el escenario del Concejo Municipal para discutir las decisiones que afecten a los ciudadanos.

Atenta contra la construcción de ciudadanía las respuestas agresivas de la administración municipal. Se ha vuelto repetitivo que ante cualquier cuestionamiento u opinión diferente sobre un asunto de interés público se responde o descalificando a quien disiente o reduciendo los asuntos públicos a problemas personales o electorales y ahora se suma, que el único escenario válido para debatir es el Concejo Municipal.

En las sociedades pluralistas, la tolerancia implica el respeto mutuo, la práctica del diálogo permanente, el reconociendo del otro o de los otros que también son ciudadanos. La democracia local se construye aceptando la diferencia no luchando contra ella.

El Aeropuerto Matecaña

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 13 de marzo de 2007

Hoy a las 8:30 a.m., en el Centro Cultural Lucy Tejada (Ciudad Victoria), se realiza el foro sobre el traslado del aeropuerto de la ciudad a la zona de Santa Ana en Cartago y el cierre del Aeropuerto Matecaña. Se ha logrado por parte de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, del Comité Intergremial, del periódico La Tarde y de varios sectores de la sociedad, realizar un ejercicio responsable de participación frente a un tema público, que merece mayor debate, que el que parece estar dispuesto a dar la administración municipal.

La Asociación de Ingenieros realizó un estudio cuyos argumentos, hasta el momento, no han sido refutados. Señala el estudio, entre otros, lo siguiente: la proyección de pasajeros en el Aeropuerto Matecaña para el año 2020 es de 250.000 pasajeros anuales, es decir, un promedio de 685 pasajeros diarios. En el año 2005, el promedio de pasajeros diarios, fue de 700. La entrada en operación del aeropuerto de Palestina, la reclasificación del Eden como internacional y la doble calzada Bogotá – Girardot – Ibagué – Cajamarca y el Tunel de La Línea disminuirán la demanda de pasajeros del aeropuerto. Por lo tanto, mientras no existan hechos que puedan demostrar que habrá un aumento significativo de la demanda, el Aeropuerto Matecaña puede atenderla en los próximos años.

La pista del Aeropuerto cumple las condiciones de seguridad y permite la operación del tipo de aviones existentes. Además es posible ampliarla un poco, si es necesario. En consecuencia, no existen condiciones técnicas que impidan utilizar la infraestructura del Matecaña.

Los aeropuertos pueden estar dentro o cerca de las ciudades y no representan ningún problema ni para su operación o la funcionalidad de las ciudades. El estudio pone como ejemplo los aeropuertos de Quito, Miami, St Marteen (Caribe), Orly (Paris) y Jhon F. Kennedy.

En el artículo publicado en junio del año 2005, argumenté que “las regiones en los países pobres deben definir la construcción de infraestructuras físicas acordes con el crecimiento de la demanda de los servicios que esas infraestructuras satisfacen. Deben buscar ahorros y proyectar las inversiones en el tiempo de acuerdo con sus posibilidades fiscales. El Aeropuerto Internacional Matecaña atiende la demanda regional de pasajeros y no existe un volumen de carga que deba satisfacerse con mayores inversiones en nueva infraestructura en el corto o en el mediano plazo. Por el contrario, debe utilizarse la infraestructura existente. … No es la infraestructura física la que va a generar un aumento en la oferta regional de productos para exportar. La integración patrimonial de los dos aeropuertos no produce un aumento en la carga regional”. Ahora con el estudio de la Asociación de Ingeniero se demuestra que tampoco se necesita para pasajeros.

* * * * *

La ciudad se encuentra sucia, “Huele a Basura” como dice Carlos Humberto Isaza. Por muchos sitios de la ciudad no han pasado a recoger la basura, las basuras están regadas porque las bolsas las han abierto y se están generando focos de contaminación. Las ciudades limpias, seguras, verdes o amables son visitadas por los turistas, independientemente de si tienen que hacer escala, en cualquier parte del mundo, para llegar a ellas.

“La Culpa es de la Vaca” II Parte

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 06 de marzo de 2007

Al inicio de la pasada administración el Banco Popular embargó las cuentas de las Empresas de Servicios Públicos. La Central de Inversiones exigía el pago total de la obligación, por valor de $12.224 millones. Habían deudas pendientes con el Ministerio de Minas y Energía, producto de giros pendientes al fondo de solidaridad que no se realizaron y acuerdos de pago que se incumplieron en administraciones pasadas por un valor de $3.756.7 millones (años 1998-2000). Deudas pendientes con CHEC años 1992-1997 por valor de $3.793 millones. Deudas con la CARDER por merced de aguas para generación (1998-2000) por valor de $315 millones. EMGESA exigió cancelación total de $ 2.500 millones en 72 horas, sopena de dar por terminado el contrato de suministro de energía (atendía el 80% de la demanda del municipio). Los estados financieros de la empresa no reflejaban su realidad económica porque no se había culminado el proceso de liquidación de las antiguas Empresas Públicas de Pereira.

Producto de la separación de las empresas de servicios públicos, la empresa quedó con un alto pasivo pensional (212 jubilados), sin capital de trabajo, con un alto endeudamiento concentrado en pasivos de corto plazo ($16.360 millones recibidos como deuda, más de $6.000 millones correspondían a Aguas y Aguas, renovación urbana y aseo).

Contrario a lo que usted afirma, son muchos los logros importantes que se pueden resaltar de la anterior administración, entre otros: Se mantuvo la prestación del servicio. Se evitó a toda costa una limitación efectiva de suministro de energía al Municipio y la intervención de la Empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se reestructuró el pasivo con el Banco Popular, evitando la continuación del embargo y el pasivo con la Central de Inversiones evitando la exigibilidad de la totalidad de la deuda ($12.224 millones a inicios del 2001). Se sanearon los estados financieros de la empresa permitiendo que estos reflejen su realidad social, económica y financiera y asumiendo todos los castigos a los mismos, generados en anteriores administraciones. Se recuperó la credibilidad de la empresa ante los proveedores del sector eléctrico. Se realizó inversión en infraestructura de redes en zonas subnormales, medición, recuperación de pérdidas y calidad del servicio, a pesar de la crisis de caja de la empresa. Se logró el reconocimiento y la debida remuneración de toda la inversión efectuada por la Empresa en la actividad de Distribución de Energía (Aprobación de nuevos Cargos por Uso de Red Resoluciones CREG 036 y 084 de 2003), después de un largo proceso de gestión ante la comisión, el cual, incluyó interponer recurso de reposición a los cargos por uso de red aprobados inicialmente, los cuales, no remuneraban toda la inversión efectuada por la empresa. Los nuevos cargos aprobados significaban un ingreso adicional del orden de $6.800 millones anuales (una vez se culminara la senda de transición tarifaria que por 18 meses decretó la CREG para Pereira). La EEP ingresa a formar parte de los Sistemas de Transmisión Regional (STR), reconociéndose una remuneración anual del orden de $2.600 millones.

Gracias a las gestiones adelantadas en la pasada administración y el cambio en el marco tarifario, las proyecciones financieras de la empresa mejoraron, incluso las utilidades proyectadas eran mayores a las que se han registrado en los últimos años. Precisamente con base en esas proyecciones la anterior administración capitalizó la empresa de energía para conservarla como un patrimonio público y no venderla o entregarla en concesión.

En conclusión, fue usted quien denunció los malos manejos de sus antecesores. La gerencia de la empresa de la anterior administración tiene suficientes argumentos para defender su gestión y la junta directiva, la tranquilidad de haberla orientado con honestidad, transparencia y con parámetros de eficiencia. Atentamente, Adriana Vallejo de la Pava.

“La Culpa es de la Vaca” I Parte

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 27 de febrero de 2007

Respuesta al gerente de la Empresa de Energía de Pereira sobre los comentarios a la columna: ¿Quién Responde?, publicada el 6 de febrero de 2007. Considera usted que las opiniones expresadas en mi columna no tienen ninguna validez porque en su concepto, el tema planteado responde a fines electorales para “poner en tela de juicio el manejo administrativo de la empresa”. Para usted, la gestión adelantada durante el tiempo que hice parte de la junta directiva con el doctor Alvaro Garcés Figueroa, el doctor Alvaro Vallejo Mazuera y, el último año, el doctor Carlos Arturo Ángel Arango no nos da “la autoridad moral y política” para hacer cuestionamientos sobre la Empresa de Energía.

Frente a sus afirmaciones es necesario hacer las siguientes aclaraciones a la opinión pública: En primer lugar, el tema planteado en la columna, parte de el editorial de el periódico La Tarde, del 21 de enero, titulado: ¿Verdades a Medias? en el que se afirmaba que la empresa por no haber hecho a tiempo la compra de energía, ha tenido que comprarla más cara, lo cual, va a repercutir en la tarifa que pagan los usuarios. El editorial del periódico nunca fue desmentido por ustedes. Por lo tanto, el tema planteado no es un invento electoral, sino, un problema real que quedó sin explicación.

En segundo lugar, es usted quien ha puesto en tela de juicio el manejo administrativo de la empresa. Cito textualmente la publicación de La Tarde, del miércoles 29 de noviembre de 2006: “EEP, ‘sin luz en el reino del caos’ Sólo irregularidades se han hallado al interior de la Empresa de Energía de Pereira. Un completo desorden, fue lo que encontró el nuevo gerente de la Empresa de Energía Álvaro Beltrán Alzate al llegar a la entidad, lo que incluye contratos sin auditar, presupuestos sobrevalorados y gestiones sin iniciar como la del alumbrado navideño. Así lo expuso ayer en el Concejo Municipal, donde los concejales sumaron a la lista contratos ilegales, actuaciones arbitrarias por parte de los contratistas y su preocupación por la compra de energía cuyos sobre costos serán cargados a los usuarios, aunque aún no se sabe cuánto perderá la empresa por este negocio” … “De igual manera, el gerente de la Empresa de Energía informó que también se encontró que además del contrato con Unión Eléctrica para la recuperación de energía, se suscribieron 6 contratos más, uno con RG Distribuciones, uno con Arecom y 4 más con igual número de ingenieros, no obstante, resaltó que lo más ‘curioso’ es que en el primer contrato se plantearon 3 auditorias (además de las externas) y a la fecha no se ha iniciado ninguna, pese a que este negocio ya lleva 18 meses en marcha”.

En tercer lugar, no es válido afirmar como usted lo hace que “los resultados y las cifras son tozudas”. Se necesita primero analizar sus causas y las circunstancias en que ellas se producen. No se pueden sacar conclusiones tan olímpicas, cuando se comparan los estados de resultados de la empresa, entre un período y otro, por las siguientes razones: la anterior administración recibió una empresa con una situación financiera crítica, a tal punto que se ponía en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica al municipio y tenía a la empresa adportas de una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Los cambios regulatorios introducidos al sector eléctrico desde el año 1997, desencadenan una crisis financiera en las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía. A la EEP se le aprueba uno de los costos de comercialización más bajos del país y se le acotan los cargos por uso de red, haciendo inviables las actividades de comercialización y distribución de energía. La EEP no recuperaba vía tarifa los costos en que incurría en la prestación del servicio, debido, entre otros, a las imposiciones de la nueva estructura tarifaria. Continuará.

Adriana Vallejo de la Pava

Adriana Vallejo De La Pava

Adriana Vallejo de la Pava

Hoja de Vida

Administradora de empresas (sector privado y público), aspirante al título de Filosofía Universidad Sergio Arboleda. Magister en Ciencias Administrativas y Problemas del Desarrollo de la Universidad de York (Inglaterra).

Con experiencia en el sector privado y público y en investigación teórica y aplicada sobre los problemas del desarrollo.

Aspirante a la Cámara de Representantes de Colombia por Risaralda

En el año 2003 fue galardonada como la Ejecutiva Joven del Año por la Cámara Júnior Capítulo Pereira. Nominada al Premio Portafolio en la modalidad de Mejor Líder Empresarial 2003. Obtuvo la beca crédito de Colfuturo para estudios en el exterior en 1997.

Secretaria de Planeación Municipal de Pereira desde enero de 2001 hasta diciembre de 2003. Directora del Plan de Renovación Ciudad Victoria (ganador del premio bienal de arquitectura en 2004). Ver imagen adjunta.


Directora de la formulación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal que incluyó entre otros el programa de Gratuidad en la Educación, se duplicó la cobetura de atención en salud para el Régimen Subsidiado y la mejora en el desempeño fiscal y financiero del Municipio, sus Institutos Descentralizados y las Empresas de Servicios Públicos.

Ha sido docente de la Universidad Tecnólogica de Pereira y la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

Publicaciones

Tejiendo Ciudadanía. 2004
Organizaciones No Gubernamentales: supuestos, evidencia y capacidad, CIVILIZAR, Bogotá, 1° de agosto de 2001
Análisis de Indicadores Sociales en coyuntura económica de Risaralda, CIR, Pereira, junio de 2001, enero de 2001 Volumen 2 Año 3

¿Quién Responde?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 6 de febrero de 2007

El domingo 21 de enero del presente año, en el editorial del periódico La Tarde, sobre la empresa de energía de Pereira (EEP), titulado: ¿Verdades a Medias? se informó que la empresa, por no haber hecho a tiempo la compra de energía, ha tenido que comprarla más cara, lo cual va a repercutir en la tarifa que pagan los usuarios. Preocupa que semejante noticia no despierte el interés, ni la reacción de nadie, en esta sociedad adormecida e indiferente. A continuación se explican algunos de los impactos y los riesgos para la ciudad, la empresa y sus usuarios.

La compra de energía es necesaria para asegurar el abastecimiento futuro de energía para la ciudad. A la fecha sólo se ha contratado parcialmente y con un sobre costo que supera el 24% (si se compara con el precio promedio de compra, que se venía cancelando en el Mercado de Energía Colombiano, producto de la última licitación que se abrió para tal fin). Nuestra empresa es deficitaria en su balance energético, es decir, que debe importar (comprar) más del 90% de la energía que demandan sus usuarios.

Para hablar con cifras claras, la compra de energía, identificada con la letra G en la fórmula tarifaria, que sirve de soporte para calcular el costo de prestación del servicio al usuario final, la cual puede apreciarse impresa en la factura de dicho servicio, puede pasar de 77,57 $/kwh a más de 97 $/kwh, si se tiene en cuenta que un gran porcentaje de la energía requerida por los pereiranos se está comprando actualmente en bolsa, a unos precios que en demanda máxima (horas 7, 8 y 9 p.m.) que superan los 100 $/ kwh y que el porcentaje restante se ha asegurado a través de contratos de largo plazo, pero como se mencionó antes con un elevado sobre costo.

Si bien es cierto, la metodología actual empleada para calcular la tarifa al usuario final, evita que este tipo de ineficiencias de las empresas les sean trasladadas de inmediato a los mismos, es igualmente cierto, que más temprano que tarde terminarán experimentando un alza inusual en los costos de las facturas de energía eléctrica. Surgen entonces varios interrogantes: ¿por qué sucedió esto?, ¿había podido preverse?, ¿por qué no se tomaron las medidas del caso? Estas respuestas deberían ser dadas claramente, por los responsables, a la ciudadanía, dado el impacto negativo, en el mediano plazo, en el bolsillo de los usuarios.

Este problema también lesionará los intereses de la empresa, agotando su caja por el mayor valor en la compra de energía, cuyo sobre costo no se podrá trasladar inmediatamente a los usuarios. Adicionalmente, saldrá penalizada, dado que la metodología actual, previendo estas situaciones, castiga con un porcentaje el sobre costo, lo que se verá reflejado en el estado de resultados de la Empresa; es decir, que la EEP tendrá que asumir con sus propios recursos parte del sobre costo que por negligencia o desconocimiento se ha dado en la compra de energía. Mientras tanto, a los usuarios del servicio, no les queda más remedio que pagar las consecuencias de las decisiones políticas que han afectado a una de las empresas más importantes de la ciudad.

Las verdades a medias, a las que se refería el editorial mencionado, seguramente tienen que ver con la información dada a la ciudadanía en la que se afirmaba que se había asegurado por dos años el abastecimiento de energía a nuestra ciudad, lo cual no era cierto y peor aún se afirmó que el sobre costo no afectaría a los usuarios, como se mencionó antes, si bien eso no sucederá de inmediato, sí pasará en el futuro. Situaciones como estas, pueden llevar nuevamente a la Empresa de Energía de Pereira a un estado de déficit y fragilidad financiera, que no sólo la hará vulnerable, sino que terminará por sacarla del mercado, que no perdona ineficiencias administrativas.

Participación y Planes de Desarrollo

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 30 de enero de 2007

El proyecto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010: “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” se encuentra en discusión. Cada nuevo plan debería ser una oportunidad para reflexionar sobre la estrategia nacional de desarrollo del país, sobre los retos que genera el proceso de globalización, sobre los logros obtenidos y sobre los desaciertos y los proyectos pendientes.

Lamentablemente, la participación en la formulación de los planes de desarrollo es muy baja. La pobreza económica, política y cultural, limita el debate público y la capacidad de construir colectivamente propuestas de desarrollo.

La mayoría de la población está tratando de sobrevivir, no tiene resueltas sus necesidades de subsistencia. El índice de pobreza en Colombia es de 49.2% (DANE, 2005), es decir, la mayoría de la gente no tiene condiciones para participar. Un sujeto, carente de medios de subsistencia, amenazado por la necesidad, no es libre, no tiene opción. Sólamente a partir de la superación material de su necesidad de supervivencia (abrigo, techo, comida) puede empezar a pensar en otra cosa diferente a superar su pobreza económica.

Los partidos políticos se han limitado a discutir los planes de desarrollo en el Congreso de la República y no durante todo el proceso de formulación. La opinión pública, hasta el momento, no conoce las propuestas de los partidos de la coalición de gobierno frente al nuevo plan de desarrollo. La práctica de preocuparse por lo burocrático y no por lo programático de los partidos tradicionales (liberal y conservador), la continuaron los nuevos partidos.

Lo ideal sería que los partidos, tuviesen unos centros de pensamiento fuertes que les permitiera presentar con buenos argumentos y bases sólidas propuestas para los planes de desarrollo. La participación en los gobiernos sería, entre otros, para tratar de implementar las propuestas que su partido impulsó en la formulación del plan sea en educación, salud, medio ambiente, etc. Los partidos u organizaciones políticas serían coresponsables del éxito o del fracaso de las políticas públicas en donde participan. Lo que ocurre normalmente, en lo local y en lo nacional, es que los partidos se limitan al clientelismo.

No hay cultura de la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo. El bajo nivel de capital social se refleja en la falta de participación en otras formas de organización de la sociedad civil (ONG, fundaciones etc.) que participan en la formulación y seguimiento a los planes de desarrollo. Los consejeros de planeación, que representan la sociedad civil, en los planes de desarrollo, también terminan asumiendo una representación personal y no institucional.

La Empresa de Aseo de Pereira

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 23 de enero de 2007

La entrega a un particular de los servicios de aseo de la ciudad, por parte de la administración municipal, ha despertado inquietudes sobre las justificaciones en que se basa la decisión y las condiciones en que se entregaría la concesión. Según la información publicada en La Tarde, el 20 de enero, “…la decisión de entregar los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, se tomó debido al nuevo marco tarifario que implica, que el operador sea ‘cero kilómetros’, requisito que no cumple Aseo Pereira, pues sus costos operacionales son altos, tiene un pasivo pensional cercano a los $ 9.000 millones y una cartera morosa de difícil cobro de $ 4.000 millones.”

La Empresa de Aseo de Pereira carga, desde la mala separación de la antigua empresa de servicios públicos, con esos dos problemas estructurales: el pasivo pensional y la cartera morosa. Sin embargo, no es cierto que el nuevo marco tarifario implique que el operador sea ‘cero kilómetros’, la regulación vigente, no establece en ninguna de sus normas o reglamentaciones, una condición como esa.

La estructura tarifaria sí puede afectar positiva o negativamente los ingresos de la empresa. La resolución CRA 279 de 2004, mediante la cual se estableció un nuevo costo del componente y el servicio de tratamiento y disposición de final de residuos sólidos (CDT) del relleno sanitario “La Glorita” disminuyó el CDT de $15.454 pesos por tonelada dispuesta en el relleno (precio a pesos de junio de 1997) a $8.358,8 pesos por tonelada dispuesta (precios a pesos de la misma época).

La resolución generó una disminución considerable en los ingresos de la empresa, por dicho componente. El cambio introducido por la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) hacía necesario que la empresa revisara todos sus egresos, estableciera una política de austeridad y realizara única y exclusivamente las inversiones que fueran prioritarias. Contrario a lo anterior, se aumentaron los gastos administrativos un 18% entre el año 2004 y 2005 y se compraron dos fincas: “el Paraíso” y “Guamacaro”, en el año 2005. La empresa terminó ese año con una pérdida de $ 1.468 millones de pesos.

A pesar de lo anterior, en un ejercicio serio y técnicamente sustentado, la Empresa de Aseo de Pereira, en febrero de 2006 solicitó ante la CRA, la modificación del CDT del relleno sanitario “La Glorita” con el fin de lograr su aumento. La solicitud fue resuelta favorablemente para la empresa, mediante la resolución 390 del 12 de octubre de 2006, en la que se estableció un nuevo costo para el citado componente de $25.421,42 por tonelada dispuesta, valor expresado en pesos de junio de 2006. Un aumento significativo frente al que había tenido siempre la empresa.

Posteriormente, la resolución CRA 407 del 22 de diciembre de 2006, estableció una fórmula particular para calcular el CDT, que igualmente beneficia a la empresa. No obstante, mientras la empresa mejoraba las condiciones tarifarias que aumentarán sus ingresos futuros, se iniciaba todo el proceso licitatorio para privatizar la prestación de los servicios de aseo en la ciudad.