Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 29 de noviembre de 2005
El pasado viernes 25 de noviembre fue el día internacional de “No Más Violencia contra las Mujeres". Los movimientos de mujeres de América Latina y el Caribe, hace dieciséis años, institucionalizaron esta fecha para denunciar las diversas formas de violencia ejercidas contra las mujeres. En esa época, se escogió ese día en memoria de tres luchadoras sociales dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Miraval, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Leonidas Trujillo.
Desde la década de los 70’s se ha hecho un esfuerzo por hacer visible el fenómeno de la violencia contra la mujer y por crear conciencia sobre la necesidad de garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Se ha tratado de dimensionar el problema, de cuantificar sus efectos y plantear soluciones.
El artículo 1º de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas (1993), define como violencia de género:.."todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada". La violencia contra las mujeres no es sólo física, se refiere también al conjunto de hechos y situaciones de nuestra condición femenina (en lo político, en lo emocional, en lo afectivo o en lo intelectual).
A pesar del reconocimiento internacional del problema y las campañas contra la violencia, en muchos países, los casos de maltrato a mujeres y niñas han aumentado. Una de cada seis mujeres es maltratada cada 18 segundos, según la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con las Naciones Unidas, el número de casos de violación ha aumentado en casi todos los países.
En México, el 90 por ciento de los menores de edad, víctimas de palizas y abuso sexual, son niñas, quienes además reciben una alimentación inferior en calidad y cantidad a la de los niños y otros miembros de la familia (Fempress, 1998). En Nicaragua, los hijos de madres golpeadas tienen tres veces más probabilidad de requerir atención médica. Un 63 por ciento de los niños expuestos a violencia intrafamiliar repetirá por lo menos un grado escolar. En promedio, abandonan la escuela a los 9 años de edad. El 41 por ciento de las mujeres no asalariadas son golpeadas por sus maridos o compañeros (Banco Interamericano de Desarrollo, 1997).
En Colombia, el año pasado, se registraron 59.770 casos de violencia familiar, de los cuales las niñas y las mujeres son las principales víctimas. La tasa nacional de delitos sexuales contra mujeres es de 50 casos por cada cien mil habitantes. Pereira ocupa el sexto lugar en el país con 223 casos.
A pesar de todo lo que nos falta es importante reconocer a quienes han trabajado por nosotras. Gracias a las mujeres que han luchado por nuestros derechos, que se han dedicado por décadas a emprender acciones y movilizaciones contra la violencia y que han investigado sobre nuestras condiciones en el mundo. Ellas han entendido que: “El que golpea a una nos golpea a todas” (Aristegui, 2005).
martes, noviembre 29, 2005
martes, noviembre 22, 2005
Pereira Rural: La Bella necesita ayuda
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 22 de noviembre de 2005
Pereira también es campo. La ciudad tiene una amplia extensión de suelo rural, con diferentes pisos térmicos. La capital de Risaralda cuenta con áreas de bosques para la protección de las cuencas, con zonas medias como la zona cafetera y zonas cálidas con actividades ganaderas y agrícolas (caña de azúcar, piña, caña panelera y pastos). Los diferentes climas y la conformación de los suelos le permiten contar con una gran variedad de cobertura vegetal y paisajística, que hacen de la ciudad, un espacio rico en biodiversidad con grandes posibilidades para el ecoturismo.
Relacionado con el sector rural, el plan de ordenamiento (POT) tiene como objetivos, entre otros, convertir el Municipio de Pereira en un polo de desarrollo agroindustrial y constituirlo en un enclave turístico con proyección nacional y global. Desde la expedición del POT, en el año 2000, se han implementado varios proyectos para el desarrollo rural. Por ejemplo, en el programa “El campo fuente de vida digna”, de la administración anterior, se realizaron capacitaciones y transferencias de tecnologías apropiadas a los productores mejorando los rendimientos de cadenas productivas como: mora, lulo, plátano, café, cítricos, seda y ganadería. También se crearon unidades productivas en: aves de postura, porcinos de cría y cultivos de maíz, banano, flores, estropajo y hortalizas. Para el turismo rural se estructuraron corredores turísticos de La Florida, La Bella, Tribunas, Arabia y Combia. También se realizaron pequeñas inversiones como el mirador turístico de Altagracia y el observatorio de aves de Santa Cruz de Barbas.
A pesar de los avances anteriores y muchos otros, que seguramente han continuado desde el año 2004, el desarrollo rural de Pereira ha estado afectado por todas las políticas nacionales en contra de la agricultura. Además, todavía, no hemos encontrado suficientes alternativas que puedan superar la falta del café y no hemos realizado un plan integral de desarrollo económico que integre lo rural con lo urbano y con lo ambiental.
Todos los indicadores sociales muestran las desigualdades entre las condiciones sociales de los habitantes de las zonas rurales y los de las zonas urbanas. En éstas últimas hay mayor pobreza, menor nivel educativo, más desempleo y menor cobertura en salud y pensiones.
Muchas familias en las zonas rurales, pasan por grandes dificultades, la gran mayoría son minifundistas. En este momento los cultivadores de cebolla de la Bella y la Florida tienen todos que botar el 20% de sus cosechas porque no las pueden vender, el precio está por el suelo. La gente está aguantando hambre. Las vías están en pésimas condiciones, ni siquiera la chiva ya puede transitar. La bella necesita ayuda.
La crisis de La Bella debe generar una gran reflexión de todos, sobre la vulnerabilidad de los pequeños productores, la falta de políticas nacionales que favorezcan el desarrollo agrícola, la ausencia de discusiones públicas sobre el sector rural, la falta de presencia de los medios de comunicación para mostrar la situación de la gente. No hay que esperar a que la gente llegue a pedir ayuda a las instituciones (públicas y privadas) la institucionalidad debe llegar primero.
La Tarde, martes 22 de noviembre de 2005
Pereira también es campo. La ciudad tiene una amplia extensión de suelo rural, con diferentes pisos térmicos. La capital de Risaralda cuenta con áreas de bosques para la protección de las cuencas, con zonas medias como la zona cafetera y zonas cálidas con actividades ganaderas y agrícolas (caña de azúcar, piña, caña panelera y pastos). Los diferentes climas y la conformación de los suelos le permiten contar con una gran variedad de cobertura vegetal y paisajística, que hacen de la ciudad, un espacio rico en biodiversidad con grandes posibilidades para el ecoturismo.
Relacionado con el sector rural, el plan de ordenamiento (POT) tiene como objetivos, entre otros, convertir el Municipio de Pereira en un polo de desarrollo agroindustrial y constituirlo en un enclave turístico con proyección nacional y global. Desde la expedición del POT, en el año 2000, se han implementado varios proyectos para el desarrollo rural. Por ejemplo, en el programa “El campo fuente de vida digna”, de la administración anterior, se realizaron capacitaciones y transferencias de tecnologías apropiadas a los productores mejorando los rendimientos de cadenas productivas como: mora, lulo, plátano, café, cítricos, seda y ganadería. También se crearon unidades productivas en: aves de postura, porcinos de cría y cultivos de maíz, banano, flores, estropajo y hortalizas. Para el turismo rural se estructuraron corredores turísticos de La Florida, La Bella, Tribunas, Arabia y Combia. También se realizaron pequeñas inversiones como el mirador turístico de Altagracia y el observatorio de aves de Santa Cruz de Barbas.
A pesar de los avances anteriores y muchos otros, que seguramente han continuado desde el año 2004, el desarrollo rural de Pereira ha estado afectado por todas las políticas nacionales en contra de la agricultura. Además, todavía, no hemos encontrado suficientes alternativas que puedan superar la falta del café y no hemos realizado un plan integral de desarrollo económico que integre lo rural con lo urbano y con lo ambiental.
Todos los indicadores sociales muestran las desigualdades entre las condiciones sociales de los habitantes de las zonas rurales y los de las zonas urbanas. En éstas últimas hay mayor pobreza, menor nivel educativo, más desempleo y menor cobertura en salud y pensiones.
Muchas familias en las zonas rurales, pasan por grandes dificultades, la gran mayoría son minifundistas. En este momento los cultivadores de cebolla de la Bella y la Florida tienen todos que botar el 20% de sus cosechas porque no las pueden vender, el precio está por el suelo. La gente está aguantando hambre. Las vías están en pésimas condiciones, ni siquiera la chiva ya puede transitar. La bella necesita ayuda.
La crisis de La Bella debe generar una gran reflexión de todos, sobre la vulnerabilidad de los pequeños productores, la falta de políticas nacionales que favorezcan el desarrollo agrícola, la ausencia de discusiones públicas sobre el sector rural, la falta de presencia de los medios de comunicación para mostrar la situación de la gente. No hay que esperar a que la gente llegue a pedir ayuda a las instituciones (públicas y privadas) la institucionalidad debe llegar primero.
martes, noviembre 15, 2005
¿Cómo formamos nuevos ciudadanos?
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 15 de noviembre de 2005
El concepto de ciudadano esta íntimamente ligado al de ciudad, pero su alcance supera los límites geográficos de las mismas. Somos ciudadanos de las regiones, de las naciones y del mundo. Desde hace mucho tiempo, en las ciudades antiguas y en los Estados modernos, los habitantes de una ciudad son sujetos de derechos y de obligaciones. No obstante, esa garantía de los derechos formales se ha quedado en meros enunciados. La sociedad no ha formado al ciudadano que los pueda ejercer.
Un nuevo siglo que apenas comienza es una buena oportunidad para reflexionar sobre los nuevos ciudadanos que necesitan nuestras democracias. Nuevos ciudadanos son aquellos que se renuevan en su manera de vivir en sociedad, de interactuar con los otros, sea con sus vecinos o con sus instituciones o con sus hijos. Sin embargo, lo más importante es garantizar el derecho a la educación y hacer de ésta un espacio en el que también sea posible preparar para la ciudadanía. La educación debe ser un proceso para aprender a pensar por sí mismo, para construir un pensamiento social independiente, para incorporar nuevas habilidades, actitudes, valores y competencias para participar activa, solidaria y responsablemente.
Los retos de una educación para la ciudadanía son cada vez mayores considerando aspectos tan determinantes como la gran movilidad humana. ¿Cómo generar sentido de pertenencia en una ciudad como Pereira cuya población inmigrante representa más del 46% de la población? O los avances científicos y tecnológicos, especialmente en las telecomunicaciones. Los niños se mueven en entornos virtuales que muchos casos no los comunica no los une, sino que les produce aislamiento. ¿Cómo construimos espacios virtuales que generen conciencia y compromiso en la solución de los problemas del mundo y de su entorno próximo?
El Instituto de Estudios Pedagógicos de Somosaguas (IEPS), la Fundación para el Desarrollo de la Cultura y muchas otras instituciones han implementado diferentes esquemas que incluyen o combinan, entre otros, nuevos contenidos desarrollados en ambientes apropiados. “Los medios son también el mensaje”, afirma el IEPS. Generación de competencias con capacidad para adaptarse a los cambios sociales y a los retos del desarrollo.
Ser buenos ciudadanos comprende valores. Esos valores parten del amor por el otro, por algo tan abstracto como la ciudad o la región. La solidaridad presupone el amor. No se es solidario con lo que no se ama. Los niños deben aprender a quererse y querer la ciudad donde nacieron o llegaron a vivir. Las políticas públicas deben abrir espacios en los que la gente pueda reconocer al otro y reconocerse. En algunos diseños arquitectónicos los niños son actores de primera línea. Hoy a los niños se les invita a pensar e imaginarse sus parques y a dar ideas sobre como pueden mantenerse limpios. Esos ejercicios vinculan activamente a los niños en la forma de hacer ciudad. Los niños serán el futuro de nuestra democracia. Los padres no deben acabar con las esperanzas de los hijos. Muchos padres hablan únicamente de lo malo, les dicen a sus hijos que todos los políticos son malos sin hacer ninguna diferenciación entre la politiquería y la política sana en la que tendrán la responsabilidad de participar.
Hay un protagonismo emergente de las ciudades, sus acelerados cambios sociales, económicos, urbanos, culturales o ambientales demandan nuevos ciudadanos capaces de dar respuestas innovadoras para encontrar solución a sus crecientes problemas.
La Tarde, martes 15 de noviembre de 2005
El concepto de ciudadano esta íntimamente ligado al de ciudad, pero su alcance supera los límites geográficos de las mismas. Somos ciudadanos de las regiones, de las naciones y del mundo. Desde hace mucho tiempo, en las ciudades antiguas y en los Estados modernos, los habitantes de una ciudad son sujetos de derechos y de obligaciones. No obstante, esa garantía de los derechos formales se ha quedado en meros enunciados. La sociedad no ha formado al ciudadano que los pueda ejercer.
Un nuevo siglo que apenas comienza es una buena oportunidad para reflexionar sobre los nuevos ciudadanos que necesitan nuestras democracias. Nuevos ciudadanos son aquellos que se renuevan en su manera de vivir en sociedad, de interactuar con los otros, sea con sus vecinos o con sus instituciones o con sus hijos. Sin embargo, lo más importante es garantizar el derecho a la educación y hacer de ésta un espacio en el que también sea posible preparar para la ciudadanía. La educación debe ser un proceso para aprender a pensar por sí mismo, para construir un pensamiento social independiente, para incorporar nuevas habilidades, actitudes, valores y competencias para participar activa, solidaria y responsablemente.
Los retos de una educación para la ciudadanía son cada vez mayores considerando aspectos tan determinantes como la gran movilidad humana. ¿Cómo generar sentido de pertenencia en una ciudad como Pereira cuya población inmigrante representa más del 46% de la población? O los avances científicos y tecnológicos, especialmente en las telecomunicaciones. Los niños se mueven en entornos virtuales que muchos casos no los comunica no los une, sino que les produce aislamiento. ¿Cómo construimos espacios virtuales que generen conciencia y compromiso en la solución de los problemas del mundo y de su entorno próximo?
El Instituto de Estudios Pedagógicos de Somosaguas (IEPS), la Fundación para el Desarrollo de la Cultura y muchas otras instituciones han implementado diferentes esquemas que incluyen o combinan, entre otros, nuevos contenidos desarrollados en ambientes apropiados. “Los medios son también el mensaje”, afirma el IEPS. Generación de competencias con capacidad para adaptarse a los cambios sociales y a los retos del desarrollo.
Ser buenos ciudadanos comprende valores. Esos valores parten del amor por el otro, por algo tan abstracto como la ciudad o la región. La solidaridad presupone el amor. No se es solidario con lo que no se ama. Los niños deben aprender a quererse y querer la ciudad donde nacieron o llegaron a vivir. Las políticas públicas deben abrir espacios en los que la gente pueda reconocer al otro y reconocerse. En algunos diseños arquitectónicos los niños son actores de primera línea. Hoy a los niños se les invita a pensar e imaginarse sus parques y a dar ideas sobre como pueden mantenerse limpios. Esos ejercicios vinculan activamente a los niños en la forma de hacer ciudad. Los niños serán el futuro de nuestra democracia. Los padres no deben acabar con las esperanzas de los hijos. Muchos padres hablan únicamente de lo malo, les dicen a sus hijos que todos los políticos son malos sin hacer ninguna diferenciación entre la politiquería y la política sana en la que tendrán la responsabilidad de participar.
Hay un protagonismo emergente de las ciudades, sus acelerados cambios sociales, económicos, urbanos, culturales o ambientales demandan nuevos ciudadanos capaces de dar respuestas innovadoras para encontrar solución a sus crecientes problemas.
martes, noviembre 08, 2005
Fuga de Cerebros y Crecimiento Económico
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 8 de noviembre de 2005
Recientemente se presentó un estudio sobre “Migración internacional, remesas y fuga de cerebros” a través del cual se busca medir el impacto económico de las migraciones hacia otros países, desafortunadamente, las conclusiones no hablaban de la fuga de corruptos o de delincuentes. No, mencionaban la fuga de cerebros. Los emigrantes son en su mayoría personas trabajadoras y muchos de ellos son personas capaces y preparadas.
La investigación busca determinar que tan “buen negocio” es para Colombia la emigración de sus habitantes. Se analiza el efecto positivo que generan las remesas en la economía frente al efecto negativo en el crecimiento económico que puede producir la pérdida del capital humano que sale del país.
¿A cómo vende Colombia sus cerebros? Preguntaba un analista de El Tiempo, la semana pasada. Al país entran, en el año, 3.256 millones de dólares de remesas. En el año 2004, las remesas representaron aproximadamente el 4% del producto interno bruto. Entre junio del año pasado y julio de este año la cifra de remesas era igual al 70% de los ingresos recibidos por concepto de ventas de petróleo, en el mismo período. En el año 2003, las remesas fueron tres veces más altas que los ingresos recibidos por café.
Los recursos de acuerdo con Berubé (2005) benefician a más de 3 millones de colombianos, quienes gastan más del 80% de la plata en educación, comida, arrendamientos y servicios públicos. En este sentido las remesas ayudan a reducir la pobreza, con ellas los familiares (tres millones de personas) que permanecen en el país, tienen dinero suficiente para satisfacer, por lo menos, sus necesidades básicas.
¿Quién emigra? La respuesta a la pregunta determina, en parte, el efecto que sobre el crecimiento económico tienen las migraciones según los estudios mencionados. Para que la fuga de cerebros (gente con educación superior) afecte el crecimiento económico, los profesionales por fuera del país deben superar el 10%. El estudio de Beine, Docquier y Rapoport (2004), basado en cifras del año 1998 del Fondo Monetario Internacional, concluía, que, con un nivel del 5.8% de profesionales en el exterior no se le restaba ni se le sumaba nada al crecimiento económico colombiano.
Los datos reflejan el aumento constante en el número de emigrantes. Uno de cada diez colombianos vive en el exterior. En los últimos años se ha llamado la atención sobre el número de profesionales que han emigrado. Las políticas para satisfacer la demanda de mano de obra calificada de muchos países, como Canadá, y la falta de oportunidades en el sector privado y público en Colombia ha generado la salida de un capital humano en el cual se han invertido muchos años de educación. ¿Cuál es hoy el porcentaje de profesionales colombianos en el exterior? ¿Cuáles son las políticas públicas para evitar la fuga de cerebros?
*****
Sin indiferencia debemos estar ante las cifras de maltrato infantil presentadas la semana pasada, en Pereira, en el marco de la construcción de políticas públicas para la infancia. Mecanismos reales y legales de protección, así como planes efectivos se solicitaron para disminuir la tasa del 36.3% por cada 100 mil habitantes de maltrato infantil en la ciudad.
La Tarde, martes 8 de noviembre de 2005
Recientemente se presentó un estudio sobre “Migración internacional, remesas y fuga de cerebros” a través del cual se busca medir el impacto económico de las migraciones hacia otros países, desafortunadamente, las conclusiones no hablaban de la fuga de corruptos o de delincuentes. No, mencionaban la fuga de cerebros. Los emigrantes son en su mayoría personas trabajadoras y muchos de ellos son personas capaces y preparadas.
La investigación busca determinar que tan “buen negocio” es para Colombia la emigración de sus habitantes. Se analiza el efecto positivo que generan las remesas en la economía frente al efecto negativo en el crecimiento económico que puede producir la pérdida del capital humano que sale del país.
¿A cómo vende Colombia sus cerebros? Preguntaba un analista de El Tiempo, la semana pasada. Al país entran, en el año, 3.256 millones de dólares de remesas. En el año 2004, las remesas representaron aproximadamente el 4% del producto interno bruto. Entre junio del año pasado y julio de este año la cifra de remesas era igual al 70% de los ingresos recibidos por concepto de ventas de petróleo, en el mismo período. En el año 2003, las remesas fueron tres veces más altas que los ingresos recibidos por café.
Los recursos de acuerdo con Berubé (2005) benefician a más de 3 millones de colombianos, quienes gastan más del 80% de la plata en educación, comida, arrendamientos y servicios públicos. En este sentido las remesas ayudan a reducir la pobreza, con ellas los familiares (tres millones de personas) que permanecen en el país, tienen dinero suficiente para satisfacer, por lo menos, sus necesidades básicas.
¿Quién emigra? La respuesta a la pregunta determina, en parte, el efecto que sobre el crecimiento económico tienen las migraciones según los estudios mencionados. Para que la fuga de cerebros (gente con educación superior) afecte el crecimiento económico, los profesionales por fuera del país deben superar el 10%. El estudio de Beine, Docquier y Rapoport (2004), basado en cifras del año 1998 del Fondo Monetario Internacional, concluía, que, con un nivel del 5.8% de profesionales en el exterior no se le restaba ni se le sumaba nada al crecimiento económico colombiano.
Los datos reflejan el aumento constante en el número de emigrantes. Uno de cada diez colombianos vive en el exterior. En los últimos años se ha llamado la atención sobre el número de profesionales que han emigrado. Las políticas para satisfacer la demanda de mano de obra calificada de muchos países, como Canadá, y la falta de oportunidades en el sector privado y público en Colombia ha generado la salida de un capital humano en el cual se han invertido muchos años de educación. ¿Cuál es hoy el porcentaje de profesionales colombianos en el exterior? ¿Cuáles son las políticas públicas para evitar la fuga de cerebros?
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Sin indiferencia debemos estar ante las cifras de maltrato infantil presentadas la semana pasada, en Pereira, en el marco de la construcción de políticas públicas para la infancia. Mecanismos reales y legales de protección, así como planes efectivos se solicitaron para disminuir la tasa del 36.3% por cada 100 mil habitantes de maltrato infantil en la ciudad.
martes, noviembre 01, 2005
¿Obligación a Ser Libre y Educarse?
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 1º de noviembre de 2005
La educación debe ser gratuita y no sólo obligatoria. La gratuidad no es un sofisma como lo afirma el precandidato presidencial Rodrigo Rivera Salazar. Lo que es un sofisma es pretender que la educación sea obligatoria sin considerar la pobreza de los hogares en Colombia.
¿Es razonable obligar a alguien a que disfrute de un derecho? No. No es razonable. El derecho de un individuo es el reconocimiento de lo justo para él por parte de los otros individuos con quienes hace vida en sociedad. Tal reconocimiento debe ser real y material y cumplirse sin mediaciones, de manera automática. Un derecho no existe porque se proclame su existencia. Existe, porque tiene vida material. De no ser así se trata simplemente de un enunciado y, en el mejor de los casos, de una posibilidad. Por ejemplo, la libertad: un sujeto, en cualquier lugar del mundo, carente de medios de subsistencia, amenazado por la necesidad, no puede gozar de libertad y en consecuencia, no es libre, no tiene opción. Solamente a partir de la superación material de su necesidad de supervivencia (abrigo, techo, comida) puede empezar a pensar en otra cosa. Si pasa todo el tiempo buscando la forma de cubrir sus necesidades primarias, no es libre para cambiar de ocupación, simplemente no puede hacerlo y mucho menos puede alguien obligarlo a ser libre. Para no ahondar en razones, podemos sintetizar el concepto con Hegel: la libertad está condicionada por la necesidad.
Referido a la educación, el derecho no es distinto. Pasa igual. Si no hay condiciones materiales que permitan el disfrute de la educación, no hay derecho. Puede haber intenciones y enunciados pero no un derecho real que garantice su existencia. La situación de pobreza de los hogares en Colombia es real. Todos los estudios muestran que la principal causa de inasistencia de la población, en edad escolar, es la falta de dinero. La pobreza causa el 40% de la deserción escolar.
¿Cómo y porqué puede llegar una sociedad a plantearse la obligatoriedad en el disfrute de un derecho como la educación? El planteamiento trae implícito, como afirmativa, la existencia de una base material suficiente. Entonces el problema es simplemente que los padres no quieren mandar a sus hijos a estudiar. Eso es todo. Los obligamos y asunto resuelto y simplemente, les damos un subsidio a unos y les cobramos a otros, es decir, se crea el perfecto instrumento para que los intermediarios políticos logren incluir a los niños excluidos en la lista de los beneficiarios, como ocurre con la afiliación al régimen subsidiado en salud (SISBEN).
En otras palabras, no se habla de una educación pública, gratuita e igual para todos los ciudadanos, estimulada como un derecho humano, inalienable, en todos los grados en que exista socialmente. Se parafrasea la formación, pero se propone una política educativa elitista y desigual. No hay que resolver las enormes desigualdades sociales ni la pobreza de la mayoría. El que más tenga se educa mejor. El que menos tenga, menos se educa. Los pobres para el Sena, los ricos para la universidad privada. No se oculta un pragmatismo ordinario que orienta la educación a la obtención de información y a la ejecución de tareas materiales, según las necesidades del mercado. Se castra la educación como el proceso de aprender a pensar por sí mismo y de esa manera se excluye la posibilidad de que exista un pensamiento social independiente, facilitando el triunfo del totalitarismo o del populismo, que, en nombre de “lo social”, no permite que los derechos fundamentales realmente se garanticen.
La Tarde, martes 1º de noviembre de 2005
La educación debe ser gratuita y no sólo obligatoria. La gratuidad no es un sofisma como lo afirma el precandidato presidencial Rodrigo Rivera Salazar. Lo que es un sofisma es pretender que la educación sea obligatoria sin considerar la pobreza de los hogares en Colombia.
¿Es razonable obligar a alguien a que disfrute de un derecho? No. No es razonable. El derecho de un individuo es el reconocimiento de lo justo para él por parte de los otros individuos con quienes hace vida en sociedad. Tal reconocimiento debe ser real y material y cumplirse sin mediaciones, de manera automática. Un derecho no existe porque se proclame su existencia. Existe, porque tiene vida material. De no ser así se trata simplemente de un enunciado y, en el mejor de los casos, de una posibilidad. Por ejemplo, la libertad: un sujeto, en cualquier lugar del mundo, carente de medios de subsistencia, amenazado por la necesidad, no puede gozar de libertad y en consecuencia, no es libre, no tiene opción. Solamente a partir de la superación material de su necesidad de supervivencia (abrigo, techo, comida) puede empezar a pensar en otra cosa. Si pasa todo el tiempo buscando la forma de cubrir sus necesidades primarias, no es libre para cambiar de ocupación, simplemente no puede hacerlo y mucho menos puede alguien obligarlo a ser libre. Para no ahondar en razones, podemos sintetizar el concepto con Hegel: la libertad está condicionada por la necesidad.
Referido a la educación, el derecho no es distinto. Pasa igual. Si no hay condiciones materiales que permitan el disfrute de la educación, no hay derecho. Puede haber intenciones y enunciados pero no un derecho real que garantice su existencia. La situación de pobreza de los hogares en Colombia es real. Todos los estudios muestran que la principal causa de inasistencia de la población, en edad escolar, es la falta de dinero. La pobreza causa el 40% de la deserción escolar.
¿Cómo y porqué puede llegar una sociedad a plantearse la obligatoriedad en el disfrute de un derecho como la educación? El planteamiento trae implícito, como afirmativa, la existencia de una base material suficiente. Entonces el problema es simplemente que los padres no quieren mandar a sus hijos a estudiar. Eso es todo. Los obligamos y asunto resuelto y simplemente, les damos un subsidio a unos y les cobramos a otros, es decir, se crea el perfecto instrumento para que los intermediarios políticos logren incluir a los niños excluidos en la lista de los beneficiarios, como ocurre con la afiliación al régimen subsidiado en salud (SISBEN).
En otras palabras, no se habla de una educación pública, gratuita e igual para todos los ciudadanos, estimulada como un derecho humano, inalienable, en todos los grados en que exista socialmente. Se parafrasea la formación, pero se propone una política educativa elitista y desigual. No hay que resolver las enormes desigualdades sociales ni la pobreza de la mayoría. El que más tenga se educa mejor. El que menos tenga, menos se educa. Los pobres para el Sena, los ricos para la universidad privada. No se oculta un pragmatismo ordinario que orienta la educación a la obtención de información y a la ejecución de tareas materiales, según las necesidades del mercado. Se castra la educación como el proceso de aprender a pensar por sí mismo y de esa manera se excluye la posibilidad de que exista un pensamiento social independiente, facilitando el triunfo del totalitarismo o del populismo, que, en nombre de “lo social”, no permite que los derechos fundamentales realmente se garanticen.
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