¿Qué pasa con los niños?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 22 de marzo de 2005

Con el propósito de analizar y evaluar las condiciones de la niñez en el paí­s, la Procuradurí­a General de la República, con apoyo de la UNICEF, revisó más de 1.000 planes de desarrollo en los departamentos para determinar si respondí­an adecuadamente a la solución de las necesidades de los niños en Colombia. Se concluyó que existen inconsistencias entre las necesidades de los niños y las prioridades de inversión asumidas por los gobiernos locales. Las alcaldí­as están dedicando menos del 30% de sus recursos para atender problemas crí­ticos que afectan los niños como el abuso sexual, la deserción escolar, la explotación laboral y sexual, los niños en la calle y la vinculación a actividades criminales. El estudio se concentró en tres rangos de edad: infancia (0 a 6 años), niños en edad escolar (6 a 12) y adolescentes (13 a17). En este último grupo se incrementaron los embarazos: el número de nacimientos por 1.000 mujeres en edad entre los 15 y 19 años, pasó de 70 en 1990 a 89 en 1995, con un incremento del 19% en las adolescentes en la zona urbana y 47% en la zona rural. El embarazo en adolescentes limita las oportunidades de ellos y de los niños que llegan a ser criados por otros niños que no tienen, en la mayorí­a de los casos, las posibilidades económicas o las condiciones psicológicas para garantizar su sano crecimiento. Un millón de niños entre los 5 y 17 años, que deberían estar estudiando, se encuentran trabajando. Algunos de ellos son explotados sexualmente y otros hacen parte del tráfico y comercio de niños.Un millón de niños han sido desplazados por el conflicto armado en los últimos 15 años. De las ví­ctimas reportadas, en el año 2001, por minas personales, 54 eran niños. Se calcula que entre 6.000 y 7.000 niños han sido reclutados en los grupos armados. Seguimos registrando estadí­sticas, como las mencionadas en el informe de la Procuradurí­a, que afectan nuestros niños y aplazando las reformas que deben aportar a su solución. Si, como concluye el estudio, no existe correlación entre los problemas y la asignación de recursos en los planes de desarrollo local, entonces faltan polí­ticas públicas nacionales con programas y proyectos con recursos concretos para la niñez. La libre asignación de parte de los recursos de las transferencias no garantiza una adecuada priorización de los mismos. Como ocurre en Pereira, en ejercicio de la autonomí­a local, los niños pierden el derecho a la educación gratuita en los colegios públicos, no sólo el derecho a la matrícula sino también al transporte escolar. Por ejemplo, los niños de los barrios Bellasardi, Padre Valencia, Panorama I y II, Naranjito y Las Mercedes ya no tienen transporte escolar, muchos de ellos, tienen que caminar desde las 5:30 a.m. para tomar el bus que los pueda llevar hasta el colegio El Jardí­n, además, las familias de estos barrios y de muchos otros en Pereira no cuentan con ingresos suficientes para pagar los costos del transporte. Adicionalmente, se comprometen vigencias futuras sin evaluar el impacto en el mediano plazo para la financiación de los programas que beneficien a la población infantil. Por esta y muchas otras razones es tan importante, oportuno y necesario el llamado hecho a la ciudadaní­a en el editorial de La Tarde el dí­a 16 de marzo sobre la necesidad de contar con efectivas e independientes veedurí­as ciudadanas y un verdadero control político de las mayorí­as.