De ciudades y veedurías

Adriana Vallejo De La Pava

La Tarde
Editorial, 16 de marzo de 2005

Los gobiernos deben tener veedurías ciudadanas y control político,
para que no cometan excesos y para que se democratice el ejercicio del
poder.
Los concejos y asambleas, que en teoría deben realizar el control
político sobre las administraciones públicas respectivas,
infortunadamente han hecho un tránsito hasta convertirse casi que en
apéndices de los gobernantes, bien por los compromisos que se
adquieren en los tiempos electorales, o por la cada vez más notoria
falta de injerencia jurídica en la toma de decisiones.
Corresponde entonces a los ciudadanos, a las universidades, a los
medios de comunicación, a los grupos de vecinos, pedir cuentas sobre
el ejercicio del gobierno y del poder, que ejecutan quienes han sido
investidos con cargos de representación popular.
Los gremios, que deberían ser grandes actores y generadores de
opinión y actuantes en el ejercicio de veeduría de la actividad
pública, a veces dependen demasiado de la contratación que puedan
realizar con el mandatario de turno, y la participación que hayan
tenido en la política local, por lo que hacen depender su actividad en
esta área del momento que atraviesen sus relaciones con el sector
público.
Hacer veeduría no se puede confundir con hacer oposición. Revisar los
actos y contrataciones de la administración pública y tener opinión
sobre los mismos, es el mínimo derecho que tienen los gobernados, que
para el caso somos todos.
Hace algunos meses en este mismo espacio, proponíamos crear en
Pereira un grupo veedor para la ciudad, copiando el nombre que ya se
está utilizando en capitales como Cartagena y Bogotá, algo así como
'Pereira cómo vamos'.
Esa vigilancia, ese control, son una muestra del ejercicio diario que
deben hacer las comunidades de la democracia, en el amplio sentido de
la palabra.
Hoy volvemos a hacer la propuesta, en la seguridad de que hay grupos
de personas y entidades interesadas en ejercer el control ciudadano
para las administraciones departamental y municipal. No con la
intencionalidad de 'atravesársele' a las decisiones gubernamentales,
sino en la seguridad de que es más favorable para la ciudadanía saber
que su opinión es tenida en cuenta en el ejercicio del poder; que
entre todos es más seguro definir qué es lo más conveniente para el
desarrollo, que esperar pasivamente que se impongan medidas, tributos,
actos de gobierno, que solo han sido debatidos y consultados entre muy
pocas personas. Personas que así como pueden actuar con buenas
intenciones, también cometen garrafales errores, que luego debemos
pagar todos.
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