La Tarde, martes 29 de agosto de 2006
El mes pasado la CEPAL publicó un estudio titulado: “Instituciones de la política social: objetivos, principios y atributos” (Machinea y Cruces, 2006) en el cual se muestra que el crecimiento mediante el desarrollo productivo es una condición necesaria más no suficiente para disminuir la pobreza en América Latina y el Caribe. Se reconoce el aumento en el nivel del gasto social en los últimos años pero se cuestiona su calidad. Se propone garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales a través del fortalecimiento institucional y el reconocimiento de principios (universalidad, solidaridad y eficiencia) y atributos que guíen el gasto social.
El estudio demuestra con cifras el impacto en los niveles de pobreza del crecimiento económico y del aumento en el gasto público, sin embargo, se queda corto en el análisis de los factores que explican la debilidad institucional y sus consecuencias sobre la calidad del gasto público. Los insuficientes resultados de las políticas sociales en los países de América Latina, no se explican únicamente por la falta de capacidad de las instituciones que ejecutan los programas sociales. El problema de las instituciones de la política social es en esencia un problema político en los países de América Latina. Como ocurre en Colombia, las prácticas políticas no permiten la construcción de una institucionalidad para el desarrollo. La politiquería desdibuja los objetivos de la política social y las instituciones terminan al servicio de las organizaciones políticas o privadas y no de la ciudadanía.
El crecimiento económico de los últimos años contribuyó en la disminución de la pobreza. El porcentaje de personas en el nivel de pobreza fue menor en el año 2005 que al inicio de la década pasada, sin embargo, el porcentaje sigue siendo alto, un 40.6% de la población todavía se encontraba en el nivel de pobreza y un 16.8% en el nivel de indigencia. Lo más preocupante es la persistencia en la mala distribución del ingreso. A pesar del mayor crecimiento económico el índice de desempleo abierto aumentó de 6.9% a 9.5% en el mismo período. El estudio muestra como las tasas de crecimiento necesarias para disminuir la pobreza, serían menores, si los niveles de desigualdad no fuesen tan altos.
El gasto social por habitante se incrementó un 39% en promedio entre los períodos 1990 – 1991 y 2002 – 2003. Colombia es uno de los países que registra aumentos significativos del gasto social. Sin embargo, su bajo impacto se atribuye a la mala calidad del mismo explicada por: la falta de continuidad de los programas y proyectos, la ausencia de objetivos claros, la ineficiencia, la desarticulación de las intervenciones públicas, el clientelismo y la corrupción. Señalan los autores que “en la región, no existe un núcleo de instituciones y programas debidamente articulados por un conjunto estratégico de medios y metas sociales a largo plazo”.
La forma como opera el sistema político es responsable de todas las causas de la mala calidad del gasto público. Por diferenciar las organizaciones políticas se cambian las prioridades del gasto social y se afecta la continuidad de programas que por definición son de largo plazo como la educación. Por razones electorales se realizan inversiones que no son prioritarias pero que tienen efectos económicos rápidos y visibles. Como afirma Alejandro Gaviria, en Colombia se puede hablar de una alianza entre populismo y corrupción. Para mejorar la calidad del gasto público, no sólo hay que mejorar las instituciones públicas, sino también el sistema político en el que operan y construir ciudadanía.
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