La Tarde, martes 7 de abril de 2009
La gestión del suelo se refiere, entre otros, a la financiación del desarrollo urbano a través de impuestos y contribuciones derivados de la tierra. A través de un régimen de suelo, se establecen los derechos y los deberes de los propietarios de los terrenos en el desarrollo de la ciudad y la forma de aplicar los instrumentos de gestión del suelo, es decir, la forma como los predios deben contribuir a financiar el desarrollo de la ciudad.
Esa aplicación de los instrumentos debe estar articulada con el ordenamiento territorial, adoptado en el Plan de Ordenamiento, que define las posibilidades de desarrollo de los terrenos o de los inmuebles. No obstante, debe existir mayor claridad y mayor concertación para definir quién paga que, en el desarrollo urbano de las ciudades.
Adicionalmente, ningún instrumento de gestión por eficiente que sea, puede aplicarse sin que exista un análisis de la coyuntura, por la que atraviesa la ciudad, así como de la capacidad de pago de la gente. Las propiedades no valen por lo que son en sí mismas, sino por la explotación económica que pueda hacerse de ellas o el valor que otro, esté dispuesto a pagar por ellas.
La actualización catastral realizada por el IGAC y los cobros de predial, que se generaron con base en ella, no han tenido en cuenta los aspectos señalados. En primer lugar, en varios casos no se consideraron los usos establecidos en el Plan de Ordenamiento, situación que no sólo afecta al propietario, sino también al municipio que deberá pagar por las obras públicas, un mayor valor por las propiedades cuyos usos están destinados a espacios públicos o vías.
En segundo lugar, la coyuntura socioeconómica no permite unos incrementos tan altos. El impuesto predial excede, en algunos casos, el doble del monto liquidado en el año inmediatamente anterior, situación que merece una revisión a luz de la legislación vigente. Aún sin crisis económica, los negocios lícitos, no crecen tan exageradamente para pagar incrementos diez o veinte veces más el valor del IPC.
La actualización catastral, que debió implementar la administración anterior, tiene aspectos positivos como la incorporación de nuevos predios y seguramente la corrección, en varios casos, de errores en las áreas o en los avalúos, pero definitivamente, por las razones expuestas, es necesario una revisión y un ajuste a los cobros establecidos a los ciudadanos, que no pueden contribuir, por encima de su capacidad, al desarrollo de la ciudad.
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