La Tarde, martes 27 de marzo de 2007
Una de las consecuencias del debate de la parapolítica, es que ha servido para ocultar, lo que algunos han llamado la “corruptopolítica”. El Estado colombiano no ha logrado liberarse de las garras de los políticos que ven en sus instituciones un fortín para beneficiarse o sostenerse en el poder. No son nuevas las relaciones entre el narcotráfico, los grupos armados y los políticos. Los recursos públicos han enriquecido políticos y sostenido movimientos por años.
“El fenómeno de la corrupción en Colombia es necesario entenderlo como un problema de delincuencia organizada y por lo tanto se debe tratar así” afirma Octavio Calderón (2004). El problema, señala el autor es la “Captura del Estado”, es decir, “la capacidad que tienen los grupos de interés legales o ilegales de influir en su propio beneficio en las altas decisiones del Estado”. Para Calderón gran parte del problema está en las regiones (departamentos y municipios), donde se gestan las clientelas políticas, donde se da más fuertemente la captura del Estado y donde se expolian los recursos de las transferencias giradas por el gobierno central.
Calderón tiene razón al afirmar que la corrupción es un problema de delincuencia organizada, además, es cada vez más sofisticada, con múltiples autores y redes. Los negocios grandes, que normalmente involucran grandes sumas de dinero y varias vigencias fiscales, pueden ser tan bien disfrazados que no se viole ninguna ley. Sin embargo, como han señalado otros informes, la corrupción involucra tanto las regiones como las entidades nacionales y los organismos de control y de justicia.
Tampoco se puede creer, que semejantes redes mafiosas puedan detenerse con simples “Pactos por la Transparencia”. Las cuentas las pueden hacer visibles los gobernantes, pero los grandes negocios pueden permanecer invisibles. Si hubiese algún control a los testaferros de los negociados, las cuentas las deberían rendir no sólo las administraciones públicas, sino también, quienes orquestan los contratos estatales.
El fortalecimiento y depuración de los partidos políticos permitiría un mayor control social y político para prevenir la “corruptopolítica”. La dificultad radica en implementar procesos de fortalecimiento de los partidos, donde no intervenga la “corruptopolítica”.
La elección democrática de las direcciones regionales de los partidos o de los delegados a los congresos de los mismos, podría ayudar a fortalecer la legitimidad institucional de los partidos. Sin embargo, cuando en esos procesos de participación, como ocurrió con la elección de los directorios locales del Partido Liberal, mucha gente va a votar presionada porque si no lo hace, pierde el puesto o el contrato. No hay ningún fortalecimiento, sino continuidad de lo mismo a través de otros mecanismos. Para que haya un proceso más transparente los militantes de los partidos deben estar carnetizados y debe existir control a las fuentes y topes de los gastos, que se utilicen en las consultas y elecciones internas de los partidos políticos.
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