Obligaciones heredadas del crédito BID

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 15 de marzo de 2005

Los desembolsos para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y

los aportes de la nación están suspendidos. No se ha cumplido con los
requisitos exigidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
el contrato de empréstito, firmado en el año 2000, durante la
administración del ex alcalde Luis Alberto Duque.
Dentro de las condiciones pactadas en esa época se establecía la
contratación de un gestor integral, es decir, el control total de
Aguas y Aguas estaría en manos de un ente privado. El BID, para muchos
proyectos, hace exigencias similares, argumentando la necesidad de
"blindar" de la injerencia política las entidades que ellos financian.
Igualmente, se contemplaban inversiones en proyectos concretos para el
servicio de agua potable y saneamiento básico y se asumía un alto
nivel de endeudamiento.
Teniendo en cuenta las condiciones financieras del crédito, la
obligación legal y las sanciones por incumplimiento del contrato con
el BID, la administración anterior implementó un plan de acción para
demostrar la capacidad de una gestión pública. Se lograron mejoras
sustanciales en los aspectos técnicos, administrativos y financieros
de la empresa Aguas y Aguas. Se obtuvo la certificación de calidad
(ISO 9001) y posteriormente la empresa fue reconocida como un modelo
de gestión pública exitoso. No obstante no se logró cumplir a
satisfacción con los indicadores de operación comercial.
Con el fin de lograr el supuesto "blindaje" de la injerencia política,
la gerencia propuso que el control no se garantizara entregando
completamente la administración a un privado, sino, vinculando a los
usuarios de los servicios, quienes, tendrían la posibilidad de
participar en el control social. ¿Cómo participarían? La
democratización, como su nombre lo indica, no permitiría la
concentración de la propiedad de las acciones en ningún usuario, sin
embargo, les daría derechos a participar en las decisiones que
modifiquen los estatutos de buen gobierno de la empresa. Por ejemplo,
si la empresa se quisiera en el futuro privatizar, es decir, entregar
la propiedad a un privado o el control total al mismo, debería
consultarse la asamblea de la cual harían parte los usuarios. Hoy,
como en el pasado, la decisión es sólo del ejecutivo y del Concejo
Municipal, como lo fue la división de la empresa de servicios públicos
o la venta de la mayoría de las acciones de la hoy Telefónica de
Pereira. El código de buen gobierno establecía los requisitos
académicos y de experiencia para ocupar los cargos directivos, las
exigencias para escoger la revisoría fiscal y la posibilidad de
ratificar o cambiar los gerentes de acuerdo con sus resultados. No se
podrían, tan fácilmente, acomodar los requisitos de los cargos a las
necesidades políticas.
El plan de inversiones se ajustó a las necesidades de la ciudad y por
lo tanto, se recortó el monto del crédito garantizando la
sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
Todavía son válidas las consideraciones hechas por la administración
anterior dadas las obligaciones heredadas del pasado. No debe
descartarse la opción de la democratización, que hoy contaría con todo
el tiempo para ser revisada, mejorada y socializada. Resulta sí,
preocupante, volver a las condiciones iniciales: privatización del
manejo de la empresa, inversiones sobredimensionadas e innecesarias y
un monto de crédito impagable.