La propuesta de Gustavo Petro en Bogotá, que busca construir Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en barrios de estrato seis (Chicó, Santa Bárbara), ha generado una gran polémica que refleja la poca claridad en el país frente a las políticas de inclusión social, tanto de quienes critican y rechazan tajantemente la propuesta de Petro, como de quienes la defienden apelando a argumentos subjetivos.
Los críticos han exteriorizado en los medios de comunicación todos sus prejuicios sobre las víctimas del desplazamiento forzado, consideran que esas familias van a "desvalorizar o dañar los barrios" estrato seis de la capital. Están en contra de la integración social de ricos y pobres. Olvidan que en muchas ciudades en América Latina el dualismo ha estado presente a lo largo de su historia, es decir, la coexistencia en los mismos barrios de personas con diferentes niveles de ingresos y en el futuro se espera que todos las personas, sin importar su estrato socioeconómico, puedan disfrutar de amplios espacios públicos, zonas verdes, ciclorutas, bibliotecas y parques.
Los defensores por su parte han sobre estimado la medida de Petro. El ideal para una familia desplazada es poder regresar a su lugar de origen y no tener que vivir en la capital del país, independientemente del lugar donde esté ubicada su vivienda (VIP), el mejor barrio está en su pueblo. Las familias víctimas del desplazamiento forzado necesitan un plan de vida que les permita generar los ingresos suficientes para poder vivir, ojalá en su pueblo natal.
No obstante, si las condiciones del conflicto armado no permiten que las familias desplazadas regresen a su lugar de origen, es necesario un plan de intervención integral para todo el nucleo familiar, desde los niños a quienes se les debe garantizar educación desde la primera infancia, pasando por educación técnica para los jóvenes, programas de salud sexual y reproductivo e inclusión laboral para los jefes de hogar, entre otros.
Por decreto, sin suficiente análisis y concertación, no se implementan las políticas públicas para disminuir la inequidad, ni se logran los cambios culturales que permitan una verdadera integración social en las ciudades.
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