"Con la desconfianza a cuestas" es un interesante artículo de Jorge Gabriel Taboada, publicado en la Revista Dinero de este mes, en el que se pregunta: ¿Cuánto cuesta el miedo a darles a a los funcionarios públicos más libertad para ejercer su propio criterio al elegir los contratistas?
En el país persiste una inmensa desconfianza frente a la administración pública. Muchas personas tienen una mala imagen de los funcionarios públicos, es frecuente escuchar injustas generalizaciones sobre ellos. Incluso algunas personas creen que todos son corruptos.
Es cierto que en Colombia, al igual que en otros países de América Latina, desde la colonia, las prácticas clientelares y patrimonialistas han sido la base de la gestión pública y no se ha logrado, como ocurrió en Europa, que la burocracia se convierta en factor determinante de la construcción del Estado y del desarrollo de la sociedad.
Tampoco se ha podido implementar la carrera administrativa como un mecanismo, a través del cual se pueda acceder a la función pública, basado exclusivamente en el mérito de los aspirantes, a pesar de que ley de carrera administrativa existe desde 1938.
Todo lo anterior, no ha permitido que exista en el país una administración pública profesional al servicio de los ciudadanos y no de la politiquería. No obstante, el remedio no puede ser más caro que la enfermedad. Se ha evadido la modernización del Estado y sus instituciones para solucionar el problema de fondo y se han dedicado los gobiernos y el Congreso a expedir normas con excesivos controles y desbordadas sanciones para evitar la corrupción, los cuales han sido inocuos, pues como decía Samuel Hoyos Arango: "todo control lleva implícita su propia violación".
Taboada afirma que: "nuestros funcionarios públicos honestos (la gran mayoría) tiene terror a tomar cualquier decisión" por temor a ser sancionados por los organismos de control, lo que los obliga a aplicar normas de selección como si fueran "preceptos religiosos", seguros jurídicamente, pero antieconómicos.
Los mejores deberían poder llegar a la administración pública y en ella encontrar claras condiciones de ascenso, sin embargo, la excesiva desconfianza, la perdida de discrecionalidad de los funcionarios, el altísimo riesgo jurídico por la proliferación de normas y la injusticia en algunos fallos, está produciendo lo contrario, es decir, la pérdida de interés de profesionales capaces de ingresar al sector público o de crecer en el mismo.
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