Orden y Autoridad

En Pereira el orden y la autoridad se volvieron impopulares. En la columna del pasado viernes, el exgobernador Carlos Arturo López afirmó con respecto al deterioro urbano del centro que "la primera causa del declive fue la entrega del espacio público a cambio de votos". Hace ocho años se politizó el tema, los vendedores ambulantes se convirtieron en instrumento político, pero no sólo el espacio público se cambió por votos.

En la ciudad empezó a faltar el control tanto para la expedición de permisos como para el funcionamiento de muchos establecimientos de todo tipo. Se empezó a ver, en el parque La Libertad, desde menores de edad expuestos a la prostitución hasta caballos sometidos al maltrato de sus dueños, arrastrando carretillas y amarrados a los postes sobre la calle 13.

Como el llamado al orden y a la autoridad lo convirtieron los politiqueros en impopular y antagónico a "lo social", entidades como el Concejo Municipal o la Personería, no le han hecho el debido seguimiento a las entidades encargadas de ejercer el gobierno urbano. No obstante, son muchos los llamados sobre este tema que se han hecho desde el periódico La Tarde, a lo largo de estos años.

La Universidad Católica, en el estudio contratado por la actual administración municipal, propone la creación de un ente municipal encargado del manejo del espacio público en forma integral. Vale la pena revisar toda la institucionalidad encargada de las labores de control y de vigilancia y de todas aquellas que tienen funciones relacionadas con el mantenimiento de los parques y de los espacios públicos. La eliminación del Instituto Municipal de Parques y Arborización (IMPAR), por la anterior administración, dejó en manos el mantenimiento de los parques y zonas verdes a la misma entidad que tiene a cargo el mantenimiento de la malla vial, de las vías rurales y de los establecimientos educativos. Muchos ciudadanos extrañan la ciudad en la época en que el IMPAR estuvo a cargo de Amparo Jaramillo o de Carlos Arturo Gaviria (en la administración de Martha Elena Bedoya).

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Las corporaciones autónomas han sido fuertemente cuestionadas, durante este año, por el gobierno nacional, la Procuraduría y los gremios por su responsabilidad en la prevención de desastres, como el generado por la ola invernal. En diferentes medios de comunicación se ha cuestionado la politiquería en esas entidades. Mientras el gobierno nacional presenta un proyecto para blindarlas de la politiquería, las corporaciones deberían hacer una revisión interna y mejorar la transparencia en los procesos de contratación. Sin embargo, en Risaralda ocurre lo contrario, en la últimas semanas, se ha cuestionado la transparencia en los procesos de contratación de la CARDER.


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