La nueva cifra de inflación para el año 2010, 3,17 y no 2,8, como se anunció inicialmente, despertó nuevamente el debate sobre el incremento del salario mínimo (3,58 %). En primer lugar de las organizaciones sindicales que consideran inconstitucional el aumento decretado por el gobierno y en segundo lugar, de los analistas que evalúan el impacto de un aumento mayor del salario mínimo en la economía. El punto central del debate debe girar en torno a la meta de generación de nuevos empleos y la formalización empresarial y laboral.
La sentencia de la Corte Constitucional de 1999 estableció que el gobierno para determinar el salario mínimo debe considerar la inflación del año, la inflación proyectada, la productividad, el mantenimiento de una remuneración mínima y móvil y la protección al trabajo. El incremento del 3,58% por encima de la inflación del 2010 y de la proyectada, seguramente no será declarado inconstitucional, sin embargo, el punto más importante es determinar que medidas garantizan efectivamente la protección al trabajo.
Los beneficios de la formalización empresarial y laboral deben ser mayores a los costos de la misma, de lo contrario, independiente del valor del salario mínimo, será mayor el incentivo a la informalidad, esta conclusión se desprende de diferentes estudios sobre el mercado laboral en America Latina.
Un estudio de la CEPAL de las experiencias de formalización empresarial y laboral para los países de Centro América, analiza las iniciativas implementada por estos países que corresponden a tres tipos de estrategias: primero, las orientadas a incrementar la productividad de las empresas. Segundo, las dirigidas a disminuir los costos de la formalización, principalmente los tributarios, los laborales y los de registro de las empresas. Tercero, las que buscan aumentar la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas. Los resultados de la investigación muestran que la efectividad en la implementación de las tres estrategias depende del relación costo/beneficio de la formalización.
En un país como Colombia donde la informalidad supera el 50% es evidente que los costos de la formalización son demasiado altos y es mayor el estimulo a la informalidad. Más que el valor del salario mínimo son los impuestos a la nómina (parafiscales), que hacen que el empleo formal en muchos casos sea demasiado costoso para las empresas, adicionalmente, la normatividad no corresponde a la realidad del mercado laboral, por ejemplo, en la zona rural es común el trabajo por semanas y no se permite el aporte proporcional al tiempo de vinculación, por una sola semana, se deben realizar los aportes de todo el mes, el incentivo a la informalidad es mucho mayor y el Estado no tiene la capacidad para hacer cumplir las normas.
Por último, la competitividad de las empresas no depende únicamente del valor de la mano de obra o de su productividad, con menos corrupción, mejor infraestructura y mejor regulación se debe aspirar a ser competitivos pagando mejores salarios con salud y pensiones para los trabajadores.
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