La Tarde, martes 19 de junio de 2007
En 1997, durante la primera administración municipal del alcalde Juan Manuel Arango Vélez, se entregó en concesión un número de calles, (51) a la firma Daytona para que explotara su uso. Desde esa época el negocio adelantado por la administración municipal sólo ha recibido críticas. En el año 2005 se completaban los 6 años del período de la concesión.
Terminada la obligación contractual, se esperaba que la administración municipal evaluara nuevas alternativas, dado el pobre balance a favor de la ciudad y el municipio, durante todos esos años. Sin embargo, se presentó nuevamente al Concejo Municipal, un proyecto de acuerdo solicitando facultades para continuar la concesión de las vías públicas de la ciudad. Desde el año 2005 se han hecho prórrogas al contrato y ahora se pretende adelantar otra concesión por 6 años más, es decir, al año 2013 se completarán 14 años de concesión.
El “debate” en el Concejo Municipal sirvió para mostrar la poca retribución a la ciudad del negocio de las zonas azules. En términos económicos, los ingresos del municipio son muy bajos comparados con los ingresos del concesionario, por ejemplo, en el año 2005, el recaudo total fue de $574 millones, y al municipio sólo le correspondieron $86 millones (La Tarde, octubre 2006). Sin mencionar la fragilidad del sistema para controlar el recaudo del concesionario.
En términos de amoblamiento urbano, la concesión no dejó nada, ni en vías o andenes, ni siquiera en los parquímetros que supuestamente se debían instalar. La lógica del negocio de las concesiones se basa en el esfuerzo financiero que el concesionario asume en la etapa inicial, por ejemplo, construyendo una vía, un parqueadero o realizando inversiones en equipos. El concesionario recupera la inversión explotando por el tiempo necesario el negocio y al final, el ente público recibe los bienes. En el caso de Daytona la inversión ya estaba hecha, las vías estaban construidas, el negocio se empezó a explotar sin ningún esfuerzo económico del concesionario. En otras palabras, el contrato fue más una intermediación laboral, que de acuerdo a lo denunciado en el Concejo Municipal, tampoco se hizo respetando la ley.
La cifra del negocio total superará los $ 10.000 millones de pesos, pero más allá de las consideraciones económicas, la decisión de la concesión tiene un costo de oportunidad mayor para la ciudad, por sus implicaciones para las políticas del plan de ordenamiento y por el tratamiento aislado que se le está dando a un asunto que debe ser parte integral de un Plan Maestro de Movilidad, que supuestamente existe, pero que nadie conoce.
Si el “Plan Maestro de Movilidad”, es coherente con el Plan de Ordenamiento de Pereira y si en ambos se determinara, que en algunos puntos son necesarias las zonas azules, deberían ser cooperativas conformadas por personas de Pereira, las que puedan usufructuarse del negocio, grupos vulnerables, como las madres cabeza de hogar o los discapacitados y no una firma privada de otra ciudad, como ocurrió con las concesiones de la Empresa de Aseo y la Empresa Multiservicios.
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