La Tarde, martes 12 de septiembre de 2006
La semana pasada, la directora del Departamento Nacional de Planeación, anunció el proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP- que será presentado al Congreso de la República. La iniciativa busca la modificación de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, con el fin de determinar el crecimiento de las transferencias a partir del 2009, con base en la inflación y no en los ingresos corrientes de la nación como se hace actualmente.
También se pretende establecer un porcentaje adicional, que permita garantizar un flujo de recursos suficientes para lograr coberturas universales en salud y educación en el 2010 y aumentar las de agua potable y saneamiento básico hasta llegar al 94 y 91 por ciento respectivamente en el año 2019. El crecimiento de las transferencias a las regiones para los años 2009 y 2010 será igual a la inflación causada más 3.5 por ciento y a partir de 2011 el incremento será del 2 por ciento.
En las primeras explicaciones de la iniciativa, no se dio la suficiente importancia a los aspectos fiscales que el proyecto pretende solucionar, a pesar de que se han hecho diferentes pronunciamientos, en los últimos años, acerca del peso de las transferencias en los gastos de la nación. En el año 2005, el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación destinados para el Sistema General de Participación fue del 34%. Los organismos internacionales han presionado para implementar medidas que permitan reducir el déficit fiscal del gobierno nacional y eso involucra todos los componentes del gasto público.
Sin embargo, lo más importante del tema es el análisis que debería hacerse sobre la calidad del gasto público y sobre los impactos que hasta el momento ha tenido el proceso de descentralización en el país. No es tan simple como lo afirma la directora de Planeación Nacional que: “sin reforma, se perderá el esfuerzo hecho por el país para volver a una senda de crecimiento estable y se atenta contra el avance en la disminución en los índices de pobreza y desigualdad”. La lucha contra la pobreza no es un problema de cuanto y cuando se invierten los recursos del Sistema General de Participaciones, sino también, de quien y como se inviertan los mismos.
Si existiera mayor eficiencia y menos corrupción en las entidades territoriales, sería mayor el impacto en la reducción de la pobreza. Los logros pudiesen haber sido mayores, en términos de calidad y cobertura, como resultado del significativo incremento del gasto social y de las transferencias desde la década pasada.
Las instituciones de la política social en los niveles departamentales y municipales merecen revisión como se afirmó en otra columna sobre “Intereses privados y política social” (Ver adrianavallejo.blogspot.com). La discusión del proyecto de ley debería incluir temas como: la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales (educación y salud). La pertinencia de los niveles de gobierno encargados de ejecutar el gasto público. Hay que pasar de los departamentos a las regiones. La autonomía local para asignar recursos podría aumentarse donde exista mayor capacidad institucional y mejores desempeños. El actual régimen de transferencias no reconoce las diferencias entre las regiones y se convierte en la misma “receta” para todo el país.
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