Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 23 de agosto de 2005
La respuesta, aparentemente obvia para una democracia, donde en teoría gobierna el pueblo, no es tan simple y ha tenido su proceso de evolución teórica. Los griegos fueron los primeros en discutirla y en elaborar conclusiones basadas en la argumentación. La respuesta es esencial y encierra uno de los problemas de la democracia. Desde esa época se ha discutido sobre cuál de las formas de gobierno y de organización de la administración pública es mejor.
Para Platón la respuesta era de tipo moral: “debe gobernar el mejor”, en la Ciudad-Estado ateniense, los mejores eran las personas más preparadas. Para Marx y Lenin, deben gobernar los proletarios. Para los dictadores como Hitler, la respuesta es aún más fácil, son ellos, quienes deben gobernar. La misma respuesta darían todos los dictadores que ha tenido América Latina.
La pregunta platónica: ¿quién debe gobernar el Estado?, como lo afirma Popper, debe sustituirse por otras cómo: “¿existen formas de gobierno que sean rechazables por motivos políticos? O ¿existen formas de gobierno que nos permitan destituir a un gobierno rechazable, o aunque sólo sea incompetente, que ocasione daños?”
La respuesta a la primera pregunta es clara, una dictadura es rechazable. En una democracia las instituciones controlan la acumulación de poder e intentan limitarlo. La respuesta a la segunda, se relaciona con las posibilidades que se le brinde a la gente para destituir un gobierno corrupto o que no cumpla sus deberes, por mecanismos institucionales. Por lo tanto, no se trata de ¿Quién manda?, sino de ¿cómo se gobierna? O del “cómo” de la administración pública.
En Colombia, la Constitución de 1991, estableció una serie de mecanismos institucionales para revocar el mandato de un gobierno y para participar en la evaluación de las administraciones públicas, sin embargo, el cómo se gobierna parece no importarle a la gran mayoría de las personas.
Con frecuencia, se publican artículos sobre la corrupción en revistas, en los editoriales de los medios de circulación nacional y local, como el editorial del sábado sobre el “El cáncer de la corrupción”, informes anuales como los de Transparencia Internacional. La institución calificó de grave el resultado, Colombia, en el año 2004, obtuvo un puntaje de 3,8 sobre 10, en percepción de corrupción y el puesto 60 entre 146 países.
Hay una alta percepción de la corrupción, existen mecanismos de información pública sobre la misma. Sin embargo, como lo señala el estudio comparativo sobre la cultura política de la democracia en Colombia, sólo al 3.6% de la gente le parece que la corrupción es el problema más grave que tiene el país. Por lo tanto, se necesitan los nuevos ciudadanos a los que les preocupe, el cómo se administra lo público y bajo que principios se orientan las instituciones públicas que son la base de la democracia.
********
Importantes los cuestionamientos hechos en el editorial de La Tarde y retomados por el columnista Alvaro Eduardo Salazar, el 19 de agosto, sobre la autorización dada al municipio para vender su participación en Gas de Risaralda. Sería aún más valioso que se invitara a la discusión antes de la aprobación de los acuerdos, se hubiese podido complementar las opiniones presentadas en esta columna el día 19 de abril en “Pensar en el futuro: Gas de Risaralda”.
La Tarde, martes 23 de agosto de 2005
La respuesta, aparentemente obvia para una democracia, donde en teoría gobierna el pueblo, no es tan simple y ha tenido su proceso de evolución teórica. Los griegos fueron los primeros en discutirla y en elaborar conclusiones basadas en la argumentación. La respuesta es esencial y encierra uno de los problemas de la democracia. Desde esa época se ha discutido sobre cuál de las formas de gobierno y de organización de la administración pública es mejor.
Para Platón la respuesta era de tipo moral: “debe gobernar el mejor”, en la Ciudad-Estado ateniense, los mejores eran las personas más preparadas. Para Marx y Lenin, deben gobernar los proletarios. Para los dictadores como Hitler, la respuesta es aún más fácil, son ellos, quienes deben gobernar. La misma respuesta darían todos los dictadores que ha tenido América Latina.
La pregunta platónica: ¿quién debe gobernar el Estado?, como lo afirma Popper, debe sustituirse por otras cómo: “¿existen formas de gobierno que sean rechazables por motivos políticos? O ¿existen formas de gobierno que nos permitan destituir a un gobierno rechazable, o aunque sólo sea incompetente, que ocasione daños?”
La respuesta a la primera pregunta es clara, una dictadura es rechazable. En una democracia las instituciones controlan la acumulación de poder e intentan limitarlo. La respuesta a la segunda, se relaciona con las posibilidades que se le brinde a la gente para destituir un gobierno corrupto o que no cumpla sus deberes, por mecanismos institucionales. Por lo tanto, no se trata de ¿Quién manda?, sino de ¿cómo se gobierna? O del “cómo” de la administración pública.
En Colombia, la Constitución de 1991, estableció una serie de mecanismos institucionales para revocar el mandato de un gobierno y para participar en la evaluación de las administraciones públicas, sin embargo, el cómo se gobierna parece no importarle a la gran mayoría de las personas.
Con frecuencia, se publican artículos sobre la corrupción en revistas, en los editoriales de los medios de circulación nacional y local, como el editorial del sábado sobre el “El cáncer de la corrupción”, informes anuales como los de Transparencia Internacional. La institución calificó de grave el resultado, Colombia, en el año 2004, obtuvo un puntaje de 3,8 sobre 10, en percepción de corrupción y el puesto 60 entre 146 países.
Hay una alta percepción de la corrupción, existen mecanismos de información pública sobre la misma. Sin embargo, como lo señala el estudio comparativo sobre la cultura política de la democracia en Colombia, sólo al 3.6% de la gente le parece que la corrupción es el problema más grave que tiene el país. Por lo tanto, se necesitan los nuevos ciudadanos a los que les preocupe, el cómo se administra lo público y bajo que principios se orientan las instituciones públicas que son la base de la democracia.
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Importantes los cuestionamientos hechos en el editorial de La Tarde y retomados por el columnista Alvaro Eduardo Salazar, el 19 de agosto, sobre la autorización dada al municipio para vender su participación en Gas de Risaralda. Sería aún más valioso que se invitara a la discusión antes de la aprobación de los acuerdos, se hubiese podido complementar las opiniones presentadas en esta columna el día 19 de abril en “Pensar en el futuro: Gas de Risaralda”.
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