El enfoque de desarrollo humano ha orientado las políticas de desarrollo de muchos países, partiendo del reconocimiento del desarrollo como un proceso de expansión de las capacidades humanas de las que depende, según Amartya Sen, la posibilidad de elegir libremente el tipo de vida que cada persona quiere realizar.
Para medir el desarrollo humano se creo un índice que mide tres factores: la educación como elemento fundamental para la generación de capacidades, el ingreso del que depende también la posibilidad de elegir y la esperanza de vida, como reflejo de las políticas de salud de un país.
La educación es el principal factor del desarrollo humano, de sus resultados dependen las otras dos variables, por lo tanto, para lograr avances significativos en el desarrollo humano los gobiernos y las familias deberían dar prioridad a la inversión en educación. Sin embargo, muchas familias consideran que su principal inversión es la compra de una vivienda y no la educación de sus hijos.
Los gobiernos en los países en desarrollo deben también elegir en que invertir sus limitados presupuestos, si en educación y generación de empleo o en la construcción o financiación de vivienda nueva. En este contexto es importante explorar la alternativa de implementar políticas nacionales y locales que promuevan y brinden incentivos para solucionar la demanda de vivienda a través del alquiler.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de publicar un estudio en el que demuestra las ventajas del alquiler para resolver los problemas de vivienda de América Latina y el Caribe, especialmente, de la población joven de las zonas urbanas. El estudio establece que la vivienda en alquiler incrementa la calidad habitacional, la proximidad a los centros de las ciudades, la disminución de los riesgos financieros y la flexibilidad de las familias para moverse según las oportunidades laborales.
Una política pública de alquiler puede combinar varias políticas nacionales: regulatorias, financieras y fiscales, articuladas a las políticas locales de desarrollo urbano orientadas, ambas, a establecer incentivos tanto a la oferta como a la demanda de vivienda para alquilar. El ahorro fiscal de esta política puede ser una alternativa para orientar recursos hacia una nueva política de desarrollo humano integral en todo el territorio nacional.
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