Solidaridad, la Palabra para esta Navidad

La Navidad llegó en medio del más crudo invierno. Miles de familias están viviendo una tragedia y los productores tendrán que afrontar las pérdidas de sus cultivos. La situación demuestra claramente que lo que se ha hecho hasta el momento para enfrentar este tipo de desastres es insuficiente y se requiere reorientar varias políticas públicas para superar la situación actual y prevenir futuros desastres.

Más de dos millones de colombianos lo han perdido todo, 28 departamentos tienen afectada su infraestructura y 696 municipios están en situación de emergencia. Se estima que 654.229 hectáreas están inundadas. En Risaralda, hasta el momento, 5.269 familias están afectadas y 3.679 viviendas están averiadas (El Tiempo, 19 de diciembre de 2010).

La inversión requerida para superar la tragedia se calcula en 10 billones de pesos, lo que implica ajustar el Plan de Desarrollo Nacional trazado, por el Gobierno de Santos, sin embargo, lo importante es reconocer que es la pobreza la que explica los asentamientos de las familias en las laderas de las montañas y en las riberas de los ríos. Los planes para esa población deben orientarse a la generación de ingresos o de puestos de trabajo, prioritariamente, y si existen recursos adicionales para planes de vivienda, deberían tener como beneficiarios a esa población y no sólo a los desplazados, como ha ocurrido en varios municipios.

Para los sectores productivos es urgente poner en marcha los programas para la reestructuración de los créditos y abrir la posibilidad de ofrecer créditos al DTF para las obras de adecuación, pero con el debido análisis de los proyectos y la supervisión técnica, con el fin de que las inversiones sean las requeridas para enfrentar futuras olas invernales y no sean insuficientes o inadecuadas.

El fuerte invierno ha puesto en evidencia no sólo la vulnerabilidad de las familias, sino también de la infraestructura del país. Bienvenido el debate a las Corporaciones Autónomas, sus inversiones hace muchos años están en tela de juicio, pero siempre sacan a flote su condición de autónomas para orientar sus presupuestos. La asignación de los ingresos de estas corporaciones debe hacer parte del paquete de medidas que va implementar el gobierno nacional.

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En la publicación del pasado domingo la Corporación Risaralda Ética cuestionó la administración de La Virginia por haber pretendido hacer una fiesta de 8 millones de pesos para sus empleados. La crítica debe hacerse a todas las administraciones públicas del departamento. No es justo que se hayan realizado fiestas para los empleados, contratistas o líderes políticos con recursos públicos, cuando miles de risaraldenses lo han perdido todo, más cuestionable aún que algunas de esas celebraciones se hayan aprovechado para hacer politiquería.

Solidaridad con las familias de la Virginia y una Feliz Navidad.


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