La Tarde, martes 1 de julio de 2008
La privatización del manejo de la Empresa de Energía de Pereira culminó, como muchas personas habían pronosticado: en manos de Enertolima. Las observaciones a los pliegos, hechas por Risaralda Ética, desde el inicio del proceso, no fueron tenidas en cuenta por la administración pasada, ni por la actual. Esas observaciones buscaban que los pliegos exigieran a los proponentes mayor experiencia en el sector energético, entre otras, en la reducción de pérdidas.
Las observaciones, a pesar de que llevaban implícitas la aprobación de la capitalización, buscaban que el socio y futuro administrador de la Empresa de Energía tuviese la mayor capacidad para prestar un servicio eficiente y generar el mayor valor posible a la empresa de la ciudad.
Los defensores del proceso de privatización omitieron la obligación de pedir claridad sobre el endeudamiento de la Empresa de Energía por aproximadamente 5.000 millones de pesos con un particular, vinculado con Enertolima S.A. ESP, en el año 2006. Por falta de carácter institucional, se taparon la nariz y se vendaron los ojos para aceptar, que si no existían impedimentos legales, tampoco existían impedimentos éticos para culminar el negocio.
El desconocimiento del sector energético, de la regulación y de la historia reciente de la empresa de energía, fue la base de las discusiones sobre su futuro. Sobre premisas falsas se llegaron a conclusiones falsas. Las generalizaciones y las exageraciones estuvieron por encima del análisis detallado de los negocios de generación y de distribución.
Un negocio de semejante complejidad, terminó soportado en frases de cajón: “los administradores privados son más eficientes que los públicos” (Falso, ATESA o DAYTONA no son la única excepción de empresas privadas ineficientes). “Todos los gerentes que ha tenido la empresa de energía son malos” (Falso: las antiguas empresas públicas tuvieron buenos gerentes, Albeiro Ríos hizo una buena administración de la Empresa de Energía y hoy ocupa una buena posición en el competido sector energético). “Las empresas de carácter público siempre terminan al servicio de la politiquería” (Falso: EPM es un buen ejemplo de empresa pública competitiva, el gobierno de Martha Elena Bedoya blindó las empresas de servicios públicos de la politiquería).
Con otro tipo de argumentos se hubiese podido soportar un proceso transparente y sin cuestionamientos. Al final eran muchos los resignados, que esperaban que la empresa quedara en manos de EPM para proteger a la empresa de un gerente que le fuera a dar la estocada final, como casi ocurre en la administración pasada.
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