La Tarde, martes 20 de mayo de 2008
El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, solicitó a la Contraloría General de la República suspender el proceso de privatización de la Empresa de Energía, hasta que se aclare la negociación hecha, durante el gobierno de Juan Manuel Arango, con personas vinculadas a los negocios de Enertolima, una de las tres firmas que podría quedarse con el control de la empresa de energía pereirana.
Los hechos habían sido denunciados con anterioridad por Carlos Alfredo Crosthwaite, quien había señalado las irregularidades en el proceso de endeudamiento de la Empresa de Energía por aproximadamente 5.000 millones de pesos (capital e intereses aproximados) con un particular, vinculado con Enertolima S.A. ESP, en el año 2006.
El endeudamiento fue respaldado con las acciones en la Capitalizadora del Tolima Ltda, “sociedad constituida para conseguir los recursos para adquirir las acciones de Enertolima S.A ESP”. El ministerio de hacienda, calificó de irregular el proceso de endeudamiento adelantado, durante la anterior administración.
La Tarde publicó un comentario, el día jueves 8 de mayo, en el que se pedía aclaración sobre los hechos arriba denunciados. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido ninguna explicación. Los Concejales del Municipio tampoco se han pronunciado al respecto.
La licitación, para definir el posible comprador de las acciones de la empresa de energía, no debería haberse retomado, sin aclarar lo ocurrido. Ahora tendrá, la actual administración que dar respuesta a la Contraloría General de la República.
La cuestión no es, si existe o no, algún impedimento de tipo jurídico con la firma Enertolima, para participar en la capitalización de la empresa de energía. La gravedad de los hechos no debe ocultarse en este momento. Por el contrario, debe haber la mayor transparencia y la mayor claridad frente a la participación, las relaciones entre todos los actores y las negociaciones hechas.
Lo que está en juego es una empresa de la ciudad, un patrimonio público. Si la Contraloría General de República, alcanza a suspender el proceso licitatorio, mediante el cual se escogerá el socio para la empresa, la gente se preguntará: ¿por qué un congresista de otro departamento y no de Risaralda solicitó la intervención de un organismo de control para esclarecer los hechos? Con o sin la intervención de la Contraloría, deben despejarse todas las dudas.
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