La Tarde, martes 12 de diciembre de 2006
El sistema de salud en Colombia, no ha logrado garantizar la cobertura universal de sus servicios. El aumento del gasto público en salud, como porcentaje del PIB, no ha tenido un crecimiento proporcional en los servicios y en la calidad de la atención en salud. La ley 100 de 1993 estableció un sistema que ha dejado en manos de agentes privados, de diversa naturaleza, una suma importante de los recursos de la salud. Las empresas privadas dedicadas al “negocio de la salud” han registrado liquidez y grandes utilidades en sus estados financieros. Al tiempo que los hospitales públicos entraron en crisis financiera y los médicos y los trabajadores del sector salud han tenido que pasar varios meses sin recibir sus salarios.
El Congreso de la República aprobó, la semana pasada, una reforma a la ley 100 que pretende corregir algunas fallas del actual sistema. No se podría catalogar la reforma de estructural, pero sí permitirá un mayor control y protección a los usuarios, que hoy tienen que recurrir a la acción de tutela para reclamar un derecho fundamental. La mayoría de las tutelas presentadas en los últimos años corresponden a reclamaciones del Plan Obligatorio en Salud (POS).
La reforma creó la Comisión de Regulación en Salud, como unidad técnica especial, que definirá los POS, el listado de medicamentos, las reglas para el traslado de afiliados entre EPS y el valor de la Unidad de Pago por Capitación. También se creó el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control que se encargará de vigilar la administración y aplicación de los recursos del sector y velar porque se respeten los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad en Salud. Aparece la figura del Defensor del Usuario de Salud. Con estas medidas, la reforma reconoce que la competencia no era mecanismo suficiente de control para las entidades prestadoras de los servicios de salud.
Se eliminaron barreras para el acceso a los servicios de salud como los copagos y las cuotas moderadoras del régimen subsidiado. Se disminuyeron los períodos mínimos de cotización al régimen contributivo para recibir atención de enfermedades costosas. El plan obligatorio en salud será actualizado por lo menos una vez al año. Las actividades de prevención y promoción en salud serán implementadas por las Empresas Sociales del Estado con las que deberán contratar las EPS del régimen subsidiado.
El gobierno nacional espera incluir 8 millones más de beneficiarios al régimen subsidiado en salud, durante los próximos 4 años. La meta es importante pues busca llegar a una cobertura universal en salud. No obstante, si no se corrigen las fallas estructurales del sistema, es difícil que la meta se cumpla. Como la salud no se defiende como un derecho, los recursos para atender el servicio, como lo afirma Montenegro, no llegan a los más pobres se quedan en los intermediaros de la politiquería que ronda al SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios) o de “mafias, aliadas u organizadas por los paramilitares, de la mano de grupos de senadores, representantes, alcaldes y otros funcionarios…” (El Espectador, 10 de diciembre 2006).
Se espera entonces que las reformas introducidas permitan, por lo menos, dignificar la atención a los usurarios y disminuir la inequidad en la prestación de los servicios.
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