La Tarde, martes 24 de octubre de 2006
Una de las principales prioridades de los países en desarrollo es la lucha contra la pobreza. Con el fin de profundizar en sus causas y diseñar estrategias para superarla, el gobierno nacional creó en el año 2004 una Misión encargada de elaborar los respectivos estudios. La Misión debía analizar el papel del sector público y privado y las condiciones institucionales para implementar las políticas públicas para reducir la pobreza y la desigualdad.
En el informe se reconoce que para cumplir la meta de reducción de la pobreza, prevista para el 2010, es necesario continuar creciendo económicamente. En el informe se señala como “entre 1970 y 1996 el crecimiento económico permitió que la pobreza se redujera, especialmente entre 1978 y 1995, cuando la economía crecía al 4 por ciento y el desempleo no superaba el 10 por ciento. El porcentaje de los colombianos por debajo de la línea de pobreza se redujo en 20 puntos y la pobreza extrema pasó del 45 al 21 por ciento”.
Sin embargo, como se ha demostrado en otros estudios, el crecimiento es condición necesaria más no suficiente, para disminuir la pobreza, sobre todo cuando se parte de un porcentaje de personas pobres que llega casi al 50% de la población. Para bajar ese porcentaje a un rango del 35 o 39 por ciento, en el año 2010, la Misión plantea varias estrategias que es necesario analizar, pues de ellas depende la suerte de más de 22 millones de colombianos, que hoy vive en condiciones de pobreza en el país.
La educación es un factor clave en la reducción de la pobreza y la desigualdad. El informe reconoce su importancia en todos los niveles y profundiza en el análisis de la educación superior. Los recursos invertidos en este nivel educativo, durante el año 2003, fueron de los conceptos del gasto público que menos se focalizaron hacía los sectores más pobres. En el año 2005, por ejemplo, la tasa de cobertura en educación superior fue 3% y 91% para los deciles 1 y 10, respectivamente, es decir, casi todas las personas que asisten a un establecimiento educativo, pertenecen al grupo de mayores ingresos de la población.
La Misión propone aumentar el acceso de los más pobres a la educación postsecundaria y hacer énfasis en la formación técnica de ciclo corto, apoyando el sostenimiento de los estudiantes, ofreciendo créditos y mejorando la calidad. La Misión no abordó el reconocimiento de la educación como un derecho, sino como un servicio que debe asumir el Estado en mejores condiciones de focalización del gasto público.
La generación de empleo es otro pilar fundamental de la propuesta de la Misión. Se propone poner en funcionamiento el sistema nacional de formación para el trabajo y redireccionar el SENA. Se reconoce la importancia del crédito para los pequeños negocios de las familias pobres, pero se plantea eliminar la tasa de usura. El esfuerzo por aumentar el número de beneficiarios de los “mircrocréditos” debe hacerlo también la banca, que además en Colombia tiene amplios márgenes de intermediación. No es cubriendo el riesgo financiero con mayores tasas de interés, como debe la banca cumplir su función social, es precisamente otorgando el crédito al que más lo necesita. Para la política social se resalta la importancia de establecer programas integrales orientados a las familias y aumentar la atención al sector rural.
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