GOL “Social”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 10 de abril de 2007

En las ciudades de los países en desarrollo, cuyos presupuestos son insuficientes para luchar contra la pobreza y la inequidad, las administraciones públicas están obligadas a focalizar el gasto público. Por lo tanto, la asignación de recursos debería responder a un análisis de prioridades y a la evaluación de su impacto social o económico en la población.

En la Semana Santa, durante la cual, la ciudadanía no pudo contar con los servicios de la Alcaldía “social”, porque, estuvo cerrada para el público, el periódico La Tarde, publicó la noticia: “Alcaldía giró $400 millones al Pereira” (Miércoles, 4 de abril), es decir, a un negocio privado.

En la misma publicación se muestra como los dineros girados superan o casi igualan las inversiones realizadas por la alcaldía en otros programas, durante la pasada vigencia. En todo el año 2006, se destinaron en la ciudad para la ciencia, la tecnología y la innovación $ 200 millones, para la cultura $ 386 millones, para la generación de empleo $ 478 millones y para el turismo $ 441 millones.

¿Cómo justificó el Concejo Municipal la destinación de esos recursos?, ¿Cuáles partidas del presupuesto se sacrificaron para asumir ese compromiso?, ¿será que los concejales habían dado antes facultades para asumir ese tipo de gastos? Ni la Alcaldía Municipal, ni la Empresa de Aguas y Aguas, ni la Empresa de Energía tienen competencia en la ciudad para justificar el gasto público como inversión en publicidad.

Con tanto desempleo y con tanta pobreza en la ciudad de Pereira, el gasto hecho por la alcaldía, no era ni prioritario, ni necesario. Todo el mundo debe estar de acuerdo en fortalecer el Deportivo Pereira. Ojalá encuentre muchos patrocinadores, pero los escasos recursos de la alcaldía, los necesitan más los niños, los jóvenes, las mujeres o las personas de la tercera edad, que aún no han resuelto sus necesidades básicas.

Aunque la pobreza haya disminuido en la ciudad, desde el año 2001, todavía queda mucho por hacer. El 3.7% de la población de Pereira vive en pobreza extrema y un 30.7% en niveles de pobreza (DNP, 2006). El 7.6% de la población de Pereira no tiene ningún nivel educativo y sólo el 7.8% de la población ha alcanzado el nivel profesional (Censo, 2005). Los índices de cobertura educativa no han mejorado en los últimos años. El desempleo sigue siendo alto, la tasa a febrero fue de 14.5% y la de subempleo del 25.6% (Encuesta de Hogares, 2007) etc.

¿Por qué disminuyó la pobreza?

Adriana Vallejo de la Pava
Domingo 1 de abril de 2007

Una semana después de conocer la muerte de los niños en el Chocó por causa de la pobreza, el Departamento Nacional de Planeación informó que la misma se había disminuido en todo el país, durante el primer mandato del Presidente Uribe. La muerte de los 49 niños en el Chocó por desnutrición, es decir, de hambre, es un claro reflejo de la pobreza que persiste en el país y de sus contrastes, de la desigualdad en el desarrollo entre departamentos, o entre municipios o entre la zona urbana y la rural.

Algunos analistas han criticado la nueva metodología para medir la pobreza, argumentando que se imputan más ingresos de los que se deberían a los estratos más bajos. Independientemente de las consideraciones metodológicas de los expertos, si se utilizó la misma metodología para medir los dos períodos (2002, 2006), la variación es significativa.

La pobreza nacional disminuyó 10 puntos entre el año 2002 y el 2006. El ingreso medio per cápita de los colombianos aumentó 19% entre el 2002 y junio de 2006 en términos reales, período en el cual se registraron aproximadamente 1,5 millones de nuevos ocupados. La causa principal es el mayor crecimiento económico, que se registra en el país desde el año 2000, no sólo desde el año 2002.

Las cifras confirman las conclusiones de diferentes estudios sobre la relación entre el crecimiento económico y la disminución de la pobreza. Así, como, la fuerte caída de la economía desde el año 1997 al año 1999, tuvo un impacto negativo sobre los indicadores sociales, de igual manera su recuperación repercute positivamente. En el año 1999 la pobreza llegó al 57,5% y la indigencia al 25%, ese año el crecimiento del PIB real fue de -4%, en el 2006 fue de 6,8%.

En las 13 principales ciudades del país la disminución fue mayor, 12,9 puntos en el mismo período. Hace unas semanas la noticia sobre la reducción de la pobreza mencionaba sólo a Bogotá. El país se entera de todo lo positivo que pasa en la capital o en Medellín y normalmente conoce las cosas negativas que pasan en otras regiones, como los niños muertos de hambre en el departamento del Chocó. Diferentes comentaristas reconocieron el logro de Bogotá. Finalmente, su avance, no sólo se explica por las políticas públicas locales, ni tampoco, es exclusivo de la capital.

Sin embargo, la reducción de la pobreza no ha sido igual, en las principales ciudades del país. Las políticas públicas locales también han tenido impactos diferentes sobre la pobreza. Pereira ocupó el quinto lugar en disminución de la pobreza. Las políticas para reducirla, implementadas desde la administración pasada, han tenido efectos positivos. La ciudad ha desarrollado una plataforma física que la ha hecho competitiva y atractiva para la inversión en comercio y servicios, ha generado más puestos de trabajo que otras ciudades del país. Adicionalmente, ha implementado la gratuidad total en la educación, los programas de nutrición y ha aumentado la cobertura en el régimen subsidiado en salud.

En el país los avances no son suficientes, en las ciudades persisten cordones de miseria. Se necesita, entre otros, implementar proyectos de desarrollo sostenibles, disminuir las desigualdades entre ciudades y regiones y mejorar la distribución del ingreso.

La “Corruptopolítica”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 27 de marzo de 2007

Una de las consecuencias del debate de la parapolítica, es que ha servido para ocultar, lo que algunos han llamado la “corruptopolítica”. El Estado colombiano no ha logrado liberarse de las garras de los políticos que ven en sus instituciones un fortín para beneficiarse o sostenerse en el poder. No son nuevas las relaciones entre el narcotráfico, los grupos armados y los políticos. Los recursos públicos han enriquecido políticos y sostenido movimientos por años.

“El fenómeno de la corrupción en Colombia es necesario entenderlo como un problema de delincuencia organizada y por lo tanto se debe tratar así” afirma Octavio Calderón (2004). El problema, señala el autor es la “Captura del Estado”, es decir, “la capacidad que tienen los grupos de interés legales o ilegales de influir en su propio beneficio en las altas decisiones del Estado”. Para Calderón gran parte del problema está en las regiones (departamentos y municipios), donde se gestan las clientelas políticas, donde se da más fuertemente la captura del Estado y donde se expolian los recursos de las transferencias giradas por el gobierno central.

Calderón tiene razón al afirmar que la corrupción es un problema de delincuencia organizada, además, es cada vez más sofisticada, con múltiples autores y redes. Los negocios grandes, que normalmente involucran grandes sumas de dinero y varias vigencias fiscales, pueden ser tan bien disfrazados que no se viole ninguna ley. Sin embargo, como han señalado otros informes, la corrupción involucra tanto las regiones como las entidades nacionales y los organismos de control y de justicia.

Tampoco se puede creer, que semejantes redes mafiosas puedan detenerse con simples “Pactos por la Transparencia”. Las cuentas las pueden hacer visibles los gobernantes, pero los grandes negocios pueden permanecer invisibles. Si hubiese algún control a los testaferros de los negociados, las cuentas las deberían rendir no sólo las administraciones públicas, sino también, quienes orquestan los contratos estatales.

El fortalecimiento y depuración de los partidos políticos permitiría un mayor control social y político para prevenir la “corruptopolítica”. La dificultad radica en implementar procesos de fortalecimiento de los partidos, donde no intervenga la “corruptopolítica”.

La elección democrática de las direcciones regionales de los partidos o de los delegados a los congresos de los mismos, podría ayudar a fortalecer la legitimidad institucional de los partidos. Sin embargo, cuando en esos procesos de participación, como ocurrió con la elección de los directorios locales del Partido Liberal, mucha gente va a votar presionada porque si no lo hace, pierde el puesto o el contrato. No hay ningún fortalecimiento, sino continuidad de lo mismo a través de otros mecanismos. Para que haya un proceso más transparente los militantes de los partidos deben estar carnetizados y debe existir control a las fuentes y topes de los gastos, que se utilicen en las consultas y elecciones internas de los partidos políticos.

El Derecho a la Ciudad

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 20 de marzo de 2007

La ciudad es la gente, decían los filósofos griegos, sin embargo, “hemos construido ciudades sin ciudadanía”. Falta conciencia sobre la importancia de participar en los asuntos públicos que nos afectan y afectan los otros con quienes compartimos la misma historia o simplemente el mismo territorio.

En Pereira, muchos asuntos públicos que comprometen el futuro de los habitantes del municipio, pasan sólo por el Concejo Municipal, sin mayor discusión, como las conocidas concesiones (Aseo, Tránsito, Multiservicios) o el costoso e inequitativo derrame de valorización.

Contrasta con lo anterior, el interés que ha despertado, nuestro Aeropuerto Matecaña, en concreto la propuesta de la administración municipal de cerrarlo para invertir en Cartago, éste tema ha sido estudiado seriamente por la Asociación de Ingenieros de Risaralda y presentado la semana pasada en un foro que fue convocado por los medios de comunicación.

Quienes defendemos el pluralismo creemos que en las ciudades hay y debe haber muchas miradas, múltiples creencias, instituciones y organizaciones. Contrario a los que creen en el monismo, que consideran que sólo debe haber una sola idea. En el pluralismo político se reconoce la existencia de la diversidad en las prácticas sociales, institucionales e ideológicas.

En la ciudad debemos debatir más, en los parques, en las plazas, en múltiples escenarios públicos. Por eso, estoy de acuerdo con la defensa al ejercicio de la ciudadanía, que hizo el editorial del periódico La Tarde, el miércoles 14 de marzo, frente a la comunicación enviada, por el señor alcalde de la ciudad, donde sólo se acepta el escenario del Concejo Municipal para discutir las decisiones que afecten a los ciudadanos.

Atenta contra la construcción de ciudadanía las respuestas agresivas de la administración municipal. Se ha vuelto repetitivo que ante cualquier cuestionamiento u opinión diferente sobre un asunto de interés público se responde o descalificando a quien disiente o reduciendo los asuntos públicos a problemas personales o electorales y ahora se suma, que el único escenario válido para debatir es el Concejo Municipal.

En las sociedades pluralistas, la tolerancia implica el respeto mutuo, la práctica del diálogo permanente, el reconociendo del otro o de los otros que también son ciudadanos. La democracia local se construye aceptando la diferencia no luchando contra ella.

El Aeropuerto Matecaña

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 13 de marzo de 2007

Hoy a las 8:30 a.m., en el Centro Cultural Lucy Tejada (Ciudad Victoria), se realiza el foro sobre el traslado del aeropuerto de la ciudad a la zona de Santa Ana en Cartago y el cierre del Aeropuerto Matecaña. Se ha logrado por parte de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, del Comité Intergremial, del periódico La Tarde y de varios sectores de la sociedad, realizar un ejercicio responsable de participación frente a un tema público, que merece mayor debate, que el que parece estar dispuesto a dar la administración municipal.

La Asociación de Ingenieros realizó un estudio cuyos argumentos, hasta el momento, no han sido refutados. Señala el estudio, entre otros, lo siguiente: la proyección de pasajeros en el Aeropuerto Matecaña para el año 2020 es de 250.000 pasajeros anuales, es decir, un promedio de 685 pasajeros diarios. En el año 2005, el promedio de pasajeros diarios, fue de 700. La entrada en operación del aeropuerto de Palestina, la reclasificación del Eden como internacional y la doble calzada Bogotá – Girardot – Ibagué – Cajamarca y el Tunel de La Línea disminuirán la demanda de pasajeros del aeropuerto. Por lo tanto, mientras no existan hechos que puedan demostrar que habrá un aumento significativo de la demanda, el Aeropuerto Matecaña puede atenderla en los próximos años.

La pista del Aeropuerto cumple las condiciones de seguridad y permite la operación del tipo de aviones existentes. Además es posible ampliarla un poco, si es necesario. En consecuencia, no existen condiciones técnicas que impidan utilizar la infraestructura del Matecaña.

Los aeropuertos pueden estar dentro o cerca de las ciudades y no representan ningún problema ni para su operación o la funcionalidad de las ciudades. El estudio pone como ejemplo los aeropuertos de Quito, Miami, St Marteen (Caribe), Orly (Paris) y Jhon F. Kennedy.

En el artículo publicado en junio del año 2005, argumenté que “las regiones en los países pobres deben definir la construcción de infraestructuras físicas acordes con el crecimiento de la demanda de los servicios que esas infraestructuras satisfacen. Deben buscar ahorros y proyectar las inversiones en el tiempo de acuerdo con sus posibilidades fiscales. El Aeropuerto Internacional Matecaña atiende la demanda regional de pasajeros y no existe un volumen de carga que deba satisfacerse con mayores inversiones en nueva infraestructura en el corto o en el mediano plazo. Por el contrario, debe utilizarse la infraestructura existente. … No es la infraestructura física la que va a generar un aumento en la oferta regional de productos para exportar. La integración patrimonial de los dos aeropuertos no produce un aumento en la carga regional”. Ahora con el estudio de la Asociación de Ingeniero se demuestra que tampoco se necesita para pasajeros.

* * * * *

La ciudad se encuentra sucia, “Huele a Basura” como dice Carlos Humberto Isaza. Por muchos sitios de la ciudad no han pasado a recoger la basura, las basuras están regadas porque las bolsas las han abierto y se están generando focos de contaminación. Las ciudades limpias, seguras, verdes o amables son visitadas por los turistas, independientemente de si tienen que hacer escala, en cualquier parte del mundo, para llegar a ellas.

“La Culpa es de la Vaca” II Parte

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 06 de marzo de 2007

Al inicio de la pasada administración el Banco Popular embargó las cuentas de las Empresas de Servicios Públicos. La Central de Inversiones exigía el pago total de la obligación, por valor de $12.224 millones. Habían deudas pendientes con el Ministerio de Minas y Energía, producto de giros pendientes al fondo de solidaridad que no se realizaron y acuerdos de pago que se incumplieron en administraciones pasadas por un valor de $3.756.7 millones (años 1998-2000). Deudas pendientes con CHEC años 1992-1997 por valor de $3.793 millones. Deudas con la CARDER por merced de aguas para generación (1998-2000) por valor de $315 millones. EMGESA exigió cancelación total de $ 2.500 millones en 72 horas, sopena de dar por terminado el contrato de suministro de energía (atendía el 80% de la demanda del municipio). Los estados financieros de la empresa no reflejaban su realidad económica porque no se había culminado el proceso de liquidación de las antiguas Empresas Públicas de Pereira.

Producto de la separación de las empresas de servicios públicos, la empresa quedó con un alto pasivo pensional (212 jubilados), sin capital de trabajo, con un alto endeudamiento concentrado en pasivos de corto plazo ($16.360 millones recibidos como deuda, más de $6.000 millones correspondían a Aguas y Aguas, renovación urbana y aseo).

Contrario a lo que usted afirma, son muchos los logros importantes que se pueden resaltar de la anterior administración, entre otros: Se mantuvo la prestación del servicio. Se evitó a toda costa una limitación efectiva de suministro de energía al Municipio y la intervención de la Empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se reestructuró el pasivo con el Banco Popular, evitando la continuación del embargo y el pasivo con la Central de Inversiones evitando la exigibilidad de la totalidad de la deuda ($12.224 millones a inicios del 2001). Se sanearon los estados financieros de la empresa permitiendo que estos reflejen su realidad social, económica y financiera y asumiendo todos los castigos a los mismos, generados en anteriores administraciones. Se recuperó la credibilidad de la empresa ante los proveedores del sector eléctrico. Se realizó inversión en infraestructura de redes en zonas subnormales, medición, recuperación de pérdidas y calidad del servicio, a pesar de la crisis de caja de la empresa. Se logró el reconocimiento y la debida remuneración de toda la inversión efectuada por la Empresa en la actividad de Distribución de Energía (Aprobación de nuevos Cargos por Uso de Red Resoluciones CREG 036 y 084 de 2003), después de un largo proceso de gestión ante la comisión, el cual, incluyó interponer recurso de reposición a los cargos por uso de red aprobados inicialmente, los cuales, no remuneraban toda la inversión efectuada por la empresa. Los nuevos cargos aprobados significaban un ingreso adicional del orden de $6.800 millones anuales (una vez se culminara la senda de transición tarifaria que por 18 meses decretó la CREG para Pereira). La EEP ingresa a formar parte de los Sistemas de Transmisión Regional (STR), reconociéndose una remuneración anual del orden de $2.600 millones.

Gracias a las gestiones adelantadas en la pasada administración y el cambio en el marco tarifario, las proyecciones financieras de la empresa mejoraron, incluso las utilidades proyectadas eran mayores a las que se han registrado en los últimos años. Precisamente con base en esas proyecciones la anterior administración capitalizó la empresa de energía para conservarla como un patrimonio público y no venderla o entregarla en concesión.

En conclusión, fue usted quien denunció los malos manejos de sus antecesores. La gerencia de la empresa de la anterior administración tiene suficientes argumentos para defender su gestión y la junta directiva, la tranquilidad de haberla orientado con honestidad, transparencia y con parámetros de eficiencia. Atentamente, Adriana Vallejo de la Pava.

“La Culpa es de la Vaca” I Parte

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 27 de febrero de 2007

Respuesta al gerente de la Empresa de Energía de Pereira sobre los comentarios a la columna: ¿Quién Responde?, publicada el 6 de febrero de 2007. Considera usted que las opiniones expresadas en mi columna no tienen ninguna validez porque en su concepto, el tema planteado responde a fines electorales para “poner en tela de juicio el manejo administrativo de la empresa”. Para usted, la gestión adelantada durante el tiempo que hice parte de la junta directiva con el doctor Alvaro Garcés Figueroa, el doctor Alvaro Vallejo Mazuera y, el último año, el doctor Carlos Arturo Ángel Arango no nos da “la autoridad moral y política” para hacer cuestionamientos sobre la Empresa de Energía.

Frente a sus afirmaciones es necesario hacer las siguientes aclaraciones a la opinión pública: En primer lugar, el tema planteado en la columna, parte de el editorial de el periódico La Tarde, del 21 de enero, titulado: ¿Verdades a Medias? en el que se afirmaba que la empresa por no haber hecho a tiempo la compra de energía, ha tenido que comprarla más cara, lo cual, va a repercutir en la tarifa que pagan los usuarios. El editorial del periódico nunca fue desmentido por ustedes. Por lo tanto, el tema planteado no es un invento electoral, sino, un problema real que quedó sin explicación.

En segundo lugar, es usted quien ha puesto en tela de juicio el manejo administrativo de la empresa. Cito textualmente la publicación de La Tarde, del miércoles 29 de noviembre de 2006: “EEP, ‘sin luz en el reino del caos’ Sólo irregularidades se han hallado al interior de la Empresa de Energía de Pereira. Un completo desorden, fue lo que encontró el nuevo gerente de la Empresa de Energía Álvaro Beltrán Alzate al llegar a la entidad, lo que incluye contratos sin auditar, presupuestos sobrevalorados y gestiones sin iniciar como la del alumbrado navideño. Así lo expuso ayer en el Concejo Municipal, donde los concejales sumaron a la lista contratos ilegales, actuaciones arbitrarias por parte de los contratistas y su preocupación por la compra de energía cuyos sobre costos serán cargados a los usuarios, aunque aún no se sabe cuánto perderá la empresa por este negocio” … “De igual manera, el gerente de la Empresa de Energía informó que también se encontró que además del contrato con Unión Eléctrica para la recuperación de energía, se suscribieron 6 contratos más, uno con RG Distribuciones, uno con Arecom y 4 más con igual número de ingenieros, no obstante, resaltó que lo más ‘curioso’ es que en el primer contrato se plantearon 3 auditorias (además de las externas) y a la fecha no se ha iniciado ninguna, pese a que este negocio ya lleva 18 meses en marcha”.

En tercer lugar, no es válido afirmar como usted lo hace que “los resultados y las cifras son tozudas”. Se necesita primero analizar sus causas y las circunstancias en que ellas se producen. No se pueden sacar conclusiones tan olímpicas, cuando se comparan los estados de resultados de la empresa, entre un período y otro, por las siguientes razones: la anterior administración recibió una empresa con una situación financiera crítica, a tal punto que se ponía en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica al municipio y tenía a la empresa adportas de una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Los cambios regulatorios introducidos al sector eléctrico desde el año 1997, desencadenan una crisis financiera en las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía. A la EEP se le aprueba uno de los costos de comercialización más bajos del país y se le acotan los cargos por uso de red, haciendo inviables las actividades de comercialización y distribución de energía. La EEP no recuperaba vía tarifa los costos en que incurría en la prestación del servicio, debido, entre otros, a las imposiciones de la nueva estructura tarifaria. Continuará.

Adriana Vallejo de la Pava

Adriana Vallejo De La Pava

Adriana Vallejo de la Pava

Hoja de Vida

Administradora de empresas (sector privado y público), aspirante al título de Filosofía Universidad Sergio Arboleda. Magister en Ciencias Administrativas y Problemas del Desarrollo de la Universidad de York (Inglaterra).

Con experiencia en el sector privado y público y en investigación teórica y aplicada sobre los problemas del desarrollo.

Aspirante a la Cámara de Representantes de Colombia por Risaralda

En el año 2003 fue galardonada como la Ejecutiva Joven del Año por la Cámara Júnior Capítulo Pereira. Nominada al Premio Portafolio en la modalidad de Mejor Líder Empresarial 2003. Obtuvo la beca crédito de Colfuturo para estudios en el exterior en 1997.

Secretaria de Planeación Municipal de Pereira desde enero de 2001 hasta diciembre de 2003. Directora del Plan de Renovación Ciudad Victoria (ganador del premio bienal de arquitectura en 2004). Ver imagen adjunta.


Directora de la formulación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal que incluyó entre otros el programa de Gratuidad en la Educación, se duplicó la cobetura de atención en salud para el Régimen Subsidiado y la mejora en el desempeño fiscal y financiero del Municipio, sus Institutos Descentralizados y las Empresas de Servicios Públicos.

Ha sido docente de la Universidad Tecnólogica de Pereira y la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

Publicaciones

Tejiendo Ciudadanía. 2004
Organizaciones No Gubernamentales: supuestos, evidencia y capacidad, CIVILIZAR, Bogotá, 1° de agosto de 2001
Análisis de Indicadores Sociales en coyuntura económica de Risaralda, CIR, Pereira, junio de 2001, enero de 2001 Volumen 2 Año 3

¿Quién Responde?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 6 de febrero de 2007

El domingo 21 de enero del presente año, en el editorial del periódico La Tarde, sobre la empresa de energía de Pereira (EEP), titulado: ¿Verdades a Medias? se informó que la empresa, por no haber hecho a tiempo la compra de energía, ha tenido que comprarla más cara, lo cual va a repercutir en la tarifa que pagan los usuarios. Preocupa que semejante noticia no despierte el interés, ni la reacción de nadie, en esta sociedad adormecida e indiferente. A continuación se explican algunos de los impactos y los riesgos para la ciudad, la empresa y sus usuarios.

La compra de energía es necesaria para asegurar el abastecimiento futuro de energía para la ciudad. A la fecha sólo se ha contratado parcialmente y con un sobre costo que supera el 24% (si se compara con el precio promedio de compra, que se venía cancelando en el Mercado de Energía Colombiano, producto de la última licitación que se abrió para tal fin). Nuestra empresa es deficitaria en su balance energético, es decir, que debe importar (comprar) más del 90% de la energía que demandan sus usuarios.

Para hablar con cifras claras, la compra de energía, identificada con la letra G en la fórmula tarifaria, que sirve de soporte para calcular el costo de prestación del servicio al usuario final, la cual puede apreciarse impresa en la factura de dicho servicio, puede pasar de 77,57 $/kwh a más de 97 $/kwh, si se tiene en cuenta que un gran porcentaje de la energía requerida por los pereiranos se está comprando actualmente en bolsa, a unos precios que en demanda máxima (horas 7, 8 y 9 p.m.) que superan los 100 $/ kwh y que el porcentaje restante se ha asegurado a través de contratos de largo plazo, pero como se mencionó antes con un elevado sobre costo.

Si bien es cierto, la metodología actual empleada para calcular la tarifa al usuario final, evita que este tipo de ineficiencias de las empresas les sean trasladadas de inmediato a los mismos, es igualmente cierto, que más temprano que tarde terminarán experimentando un alza inusual en los costos de las facturas de energía eléctrica. Surgen entonces varios interrogantes: ¿por qué sucedió esto?, ¿había podido preverse?, ¿por qué no se tomaron las medidas del caso? Estas respuestas deberían ser dadas claramente, por los responsables, a la ciudadanía, dado el impacto negativo, en el mediano plazo, en el bolsillo de los usuarios.

Este problema también lesionará los intereses de la empresa, agotando su caja por el mayor valor en la compra de energía, cuyo sobre costo no se podrá trasladar inmediatamente a los usuarios. Adicionalmente, saldrá penalizada, dado que la metodología actual, previendo estas situaciones, castiga con un porcentaje el sobre costo, lo que se verá reflejado en el estado de resultados de la Empresa; es decir, que la EEP tendrá que asumir con sus propios recursos parte del sobre costo que por negligencia o desconocimiento se ha dado en la compra de energía. Mientras tanto, a los usuarios del servicio, no les queda más remedio que pagar las consecuencias de las decisiones políticas que han afectado a una de las empresas más importantes de la ciudad.

Las verdades a medias, a las que se refería el editorial mencionado, seguramente tienen que ver con la información dada a la ciudadanía en la que se afirmaba que se había asegurado por dos años el abastecimiento de energía a nuestra ciudad, lo cual no era cierto y peor aún se afirmó que el sobre costo no afectaría a los usuarios, como se mencionó antes, si bien eso no sucederá de inmediato, sí pasará en el futuro. Situaciones como estas, pueden llevar nuevamente a la Empresa de Energía de Pereira a un estado de déficit y fragilidad financiera, que no sólo la hará vulnerable, sino que terminará por sacarla del mercado, que no perdona ineficiencias administrativas.

Participación y Planes de Desarrollo

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 30 de enero de 2007

El proyecto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010: “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” se encuentra en discusión. Cada nuevo plan debería ser una oportunidad para reflexionar sobre la estrategia nacional de desarrollo del país, sobre los retos que genera el proceso de globalización, sobre los logros obtenidos y sobre los desaciertos y los proyectos pendientes.

Lamentablemente, la participación en la formulación de los planes de desarrollo es muy baja. La pobreza económica, política y cultural, limita el debate público y la capacidad de construir colectivamente propuestas de desarrollo.

La mayoría de la población está tratando de sobrevivir, no tiene resueltas sus necesidades de subsistencia. El índice de pobreza en Colombia es de 49.2% (DANE, 2005), es decir, la mayoría de la gente no tiene condiciones para participar. Un sujeto, carente de medios de subsistencia, amenazado por la necesidad, no es libre, no tiene opción. Sólamente a partir de la superación material de su necesidad de supervivencia (abrigo, techo, comida) puede empezar a pensar en otra cosa diferente a superar su pobreza económica.

Los partidos políticos se han limitado a discutir los planes de desarrollo en el Congreso de la República y no durante todo el proceso de formulación. La opinión pública, hasta el momento, no conoce las propuestas de los partidos de la coalición de gobierno frente al nuevo plan de desarrollo. La práctica de preocuparse por lo burocrático y no por lo programático de los partidos tradicionales (liberal y conservador), la continuaron los nuevos partidos.

Lo ideal sería que los partidos, tuviesen unos centros de pensamiento fuertes que les permitiera presentar con buenos argumentos y bases sólidas propuestas para los planes de desarrollo. La participación en los gobiernos sería, entre otros, para tratar de implementar las propuestas que su partido impulsó en la formulación del plan sea en educación, salud, medio ambiente, etc. Los partidos u organizaciones políticas serían coresponsables del éxito o del fracaso de las políticas públicas en donde participan. Lo que ocurre normalmente, en lo local y en lo nacional, es que los partidos se limitan al clientelismo.

No hay cultura de la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo. El bajo nivel de capital social se refleja en la falta de participación en otras formas de organización de la sociedad civil (ONG, fundaciones etc.) que participan en la formulación y seguimiento a los planes de desarrollo. Los consejeros de planeación, que representan la sociedad civil, en los planes de desarrollo, también terminan asumiendo una representación personal y no institucional.

La Empresa de Aseo de Pereira

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 23 de enero de 2007

La entrega a un particular de los servicios de aseo de la ciudad, por parte de la administración municipal, ha despertado inquietudes sobre las justificaciones en que se basa la decisión y las condiciones en que se entregaría la concesión. Según la información publicada en La Tarde, el 20 de enero, “…la decisión de entregar los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, se tomó debido al nuevo marco tarifario que implica, que el operador sea ‘cero kilómetros’, requisito que no cumple Aseo Pereira, pues sus costos operacionales son altos, tiene un pasivo pensional cercano a los $ 9.000 millones y una cartera morosa de difícil cobro de $ 4.000 millones.”

La Empresa de Aseo de Pereira carga, desde la mala separación de la antigua empresa de servicios públicos, con esos dos problemas estructurales: el pasivo pensional y la cartera morosa. Sin embargo, no es cierto que el nuevo marco tarifario implique que el operador sea ‘cero kilómetros’, la regulación vigente, no establece en ninguna de sus normas o reglamentaciones, una condición como esa.

La estructura tarifaria sí puede afectar positiva o negativamente los ingresos de la empresa. La resolución CRA 279 de 2004, mediante la cual se estableció un nuevo costo del componente y el servicio de tratamiento y disposición de final de residuos sólidos (CDT) del relleno sanitario “La Glorita” disminuyó el CDT de $15.454 pesos por tonelada dispuesta en el relleno (precio a pesos de junio de 1997) a $8.358,8 pesos por tonelada dispuesta (precios a pesos de la misma época).

La resolución generó una disminución considerable en los ingresos de la empresa, por dicho componente. El cambio introducido por la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) hacía necesario que la empresa revisara todos sus egresos, estableciera una política de austeridad y realizara única y exclusivamente las inversiones que fueran prioritarias. Contrario a lo anterior, se aumentaron los gastos administrativos un 18% entre el año 2004 y 2005 y se compraron dos fincas: “el Paraíso” y “Guamacaro”, en el año 2005. La empresa terminó ese año con una pérdida de $ 1.468 millones de pesos.

A pesar de lo anterior, en un ejercicio serio y técnicamente sustentado, la Empresa de Aseo de Pereira, en febrero de 2006 solicitó ante la CRA, la modificación del CDT del relleno sanitario “La Glorita” con el fin de lograr su aumento. La solicitud fue resuelta favorablemente para la empresa, mediante la resolución 390 del 12 de octubre de 2006, en la que se estableció un nuevo costo para el citado componente de $25.421,42 por tonelada dispuesta, valor expresado en pesos de junio de 2006. Un aumento significativo frente al que había tenido siempre la empresa.

Posteriormente, la resolución CRA 407 del 22 de diciembre de 2006, estableció una fórmula particular para calcular el CDT, que igualmente beneficia a la empresa. No obstante, mientras la empresa mejoraba las condiciones tarifarias que aumentarán sus ingresos futuros, se iniciaba todo el proceso licitatorio para privatizar la prestación de los servicios de aseo en la ciudad.

Microfinanciación y responsabilidad social de la banca

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 16 de enero de 2007

El gobierno nacional obtuvo, en el mes diciembre del año pasado, un préstamo por US $300 millones para promover la productividad empresarial y las inversiones en Colombia. El nuevo crédito del Banco Mundial tiene un plazo de pago de 17 años y 6 años de período de gracia. Se busca aumentar la competitividad del comercio exterior, fortalecer el sistema financiero y el mercado de capitales y mejorar las normas de calidad y el marco de innovación tecnológica.

Sería importante que un porcentaje alto de los recursos se destinara a promover la microfinanciación, mediante la cual se ofrece a los pobres una gama completa de servicios financieros que incluyen préstamos, ahorros, seguros y servicios de pago. Diferente del microcrédito que sólo incluye los empréstitos, la microfinanciación pretende incentivar a los pobres a utilizar todos los servicios del sistema bancario. Lo valioso del proceso sería poder incentivar también, en el país, el ahorro.

En las últimas décadas, se ha promovido la microfinanciación o el microcrédito como estrategia para generar empleo en los países en desarrollo, sin embargo, el impulso lo han dado los avances obtenidos en Asia Meridional, cuna de la microfinanciación y el Premio Nóbel de la Paz otorgado al profesor Muhammad Yunas y a el Grameen Bank por sus esfuerzos pioneros en ofrecer microcréditos a los pobres. Se estima que más de US$ 2.000 millones se destinan a la microfinanaciación en los países en desarrollo.

El microfinanciamiento permite la participación de amplios segmentos de la población en la economía, abre posibilidades a las personas para generar ingresos. Igualmente, disminuye inequidades por ingresos o por género. Con los microcréditos se financian pequeños agricultores o mujeres que sostienen sus propios negocios. Por ejemplo, en Bangladesh se beneficiaron en 1996 con microcréditos más de 6 millones de prestatarios pobres de los cuales el 90% eran mujeres. El Banco Mundial sostiene que el acceso al financiamiento contribuye a mejorar el nivel educativo, la nutrición, las condiciones de la vivienda y otras necesidades básicas de las familias beneficiarias.

Por todos los aportes de la microfinanciación a la lucha contra la pobreza y la inequidad, debería obligarse al sector financiero colombiano a cumplir su responsabilidad social ofreciendo unas tasas de interés moderadas y no las altas tasas de interés que les permitió el gobierno nacional. La resolución 2421 del 2 de enero del presente año, establece la posibilidad de cobrar una tasa del 41.5% anual para los créditos cuyos montos son bajos y están orientados a atender la política de la banca para los pobres. El porcentaje de los intereses comprende un 32% para la banca más una comisión del 9.5% para el gobierno (Sena y Fondo Nacional de Garantías).

La medida adoptada que debió disminuir las tasas para la microfinanciación, sólo la reversó para los créditos de consumo. En suma, para continuar protegiendo las grandes utilidades de la banca se permiten tasas de usura para la gente pobre.

No es cuestión de disfraces o etiquetas

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 9 de enero de 2007

“La corrupción tiene su propia elaborada etiqueta” señala un análisis publicado en la revista “The Economist”, el pasado mes de diciembre. La etiqueta que cubre el soborno de quienes utilizan sus posiciones, el poder y la discreción para enriquecerse. La enfermedad de la corrupción, las actitudes hacia ella y el lenguaje utilizado para referirse al soborno, son similares en todo el mundo. Sin embargo, reconocen los analistas, que mientras en algunos países la corrupción es endémica en otros es relativamente baja.

El problema de la corrupción no sólo radica en la impunidad, que frecuentemente se señala en el caso colombiano, la dificultad como se resalta en el análisis mencionado, es detectarla. “Los sobornadores y los sobornados han desarrollado un elaborado teatro de la disimulación”. Los sobornos, las llamadas mordidas o los comentados porcentajes sobre los contratos, se disfrazan a través de diferentes formas de intercambio que son difíciles de identificar.

Seguramente por la dificultad de detectar los grandes casos de corrupción, los ejemplos mencionados son: las propinas de los oficiales de las fronteras en Ucrania, el “dinero rápido” para agilizar los permisos de los negocios en la India, los altos pagos a expertos consultores empresariales, en los países del Este de Europa, que reparten sus honorarios con funcionarios de los ministerios u otras instituciones. También, los sobornos más comunes como son: “algo para el fin de semana”, que cobra la policía en Nigeria, o “la plata para la gaseosa”, que piden los oficiales de tránsito en México.

Los negocios más grandes se realizan a través de los llamados “sobres”, tanto en China como en Grecia y en otros países, los sobornos se pagan en sobres con plata en efectivo para evitar ser detectados. Los sobres no sólo los reciben los gobernantes o los funcionarios que benefician a un contratista, también lo hacen los periodistas, para asistir a una rueda de prensa, como ocurre en Nigeria o para publicar una noticia sea cierta o no pero que cause el efecto solicitado. La práctica del “lobbying”, tan común en Estados Unidos, para tramitar intereses privados a través de los formuladores de políticas públicas o los legisladores, se ha extendido a muchos países. Incluso, se registraron denuncias sobre el “lobby” realizado por diferentes actores en el Congreso Colombiano, en la pasada legislatura.

Si bien la corrupción, como fenómeno mundial, es un hecho preocupante y repudiable, para un país como Colombia, es un impedimento para su desarrollo. Con sólo considerarla en dos instituciones fundamentales para el desarrollo nacional, es posible darse cuenta del daño que producen los corruptos. Un Congreso de la República que legisle para defender intereses privados o gobiernos municipales, dedicados a hacer grandes negocios y no a ejecutar los programas para atender las necesidades de la población.

Si existiese una ciudadanía más activa, más participativa y más responsable, la corrupción no continuaría creciendo. La “elaborada etiqueta” que cubre los actos de corrupción, no es tan difícil de detectar, como menciona The Economist, la gente sabe como hacen las trampas los corruptos y donde invierten esos dineros, lo que falta es el valor civil para denunciarlos y la cultura política para hacerlo.

Hechos de Pereira en el 2006

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, miércoles 3 de enero de 2007

Pereira acaba de terminar un año donde se registran varios cambios, como siempre, algunos positivos y otros negativos. La ciudad continúa con una dinámica importante en los sectores que ha venido consolidando como son el comercio y los servicios, seguimos recogiendo los frutos de la transformación urbana del centro, realizada a través del plan de renovación Ciudad Victoria, en el año 2002.

El apoyo dado a Ciudad Victoria por la actual administración permitió el inicio de dos importantes proyectos los apartamentos de Ciudad Victoria y el Centro Internacional del Eje Cafetero. La capital del departamento, ha seguido recibiendo nuevas inversiones, que significan más establecimientos de comercio, más ingresos para el municipio y sobre todo, más empleo para la gente.

El programa de vivienda mostró un resultado muy importante, la reubicación de las familias ubicadas en Bosques del Otún, una zona de alto riesgo. Avanzó también, la formulación del plan parcial de vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo.

Los deportistas de la ciudad se destacaron en diferentes deportes, entre otros, el golf, el tenis, la natación, las pesas. La Universidad Tecnológica de Pereira continúa obteniendo importantes logros y reconocimientos nacionales.

El inicio del Megabús, considerado el hecho del año por la mayoría de los pereiranos, merece una amplia reflexión. Dos etapas fundamentales de cualquier macroproyecto: la ejecución y su puesta en marcha, generaron problemas de tal magnitud a los ciudadanos, que muchos ven el proyecto como negativo y no positivo para la ciudad. Varios temas tendrán que revisarse para lograr la apropiación y funcionalidad que el proyecto se merece, por ejemplo, no se debería obligar a la gente a comprar una megatarjeta para poder acceder al sistema de transporte público.

Uno de los hechos más preocupantes en el año 2006 fue el deterioro de las empresas de servicios públicos. Se denunciaron irregularidades en la Empresa de Energía (La Tarde, 29 de noviembre de 2006) y no se tienen claras las condiciones de compra de energía, con las consecuencias que ambos hechos pueden tener, sobre los usuarios y los estados financieros de la empresa. La Empresa de Aseo terminó un año generando grandes pérdidas y entregando en concesión sus servicios.

El espacio público sigue sin recuperarse para los peatones. En el centro hubo un gran caos, sobre todo en el mes de diciembre. La gente no tiene por donde caminar. Hubo desorden y falta de control durante todo el año. Se renovó el contrato de concesión a Daytona de las zonas azules, a pesar de los pésimos resultados del primer contrato y los inconvenientes para la movilidad en el centro.

Por último, amplios sectores de la población recibieron una alta carga impositiva, generada por el derrame de valorización, de un paquete de obras, no todas prioritarias, sin consultar la capacidad de pago de la gente y el impacto económico sobre ciertas actividades generadoras de empleo.

Tejiendo Ciudadanía en el año 2007

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, miércoles 27 de diciembre de 2006

Los ciudadanos son la base de la democracia. Sin ciudadanos no hay instituciones. Un buen propósito para el año 2007 es avanzar en la formación de unos ciudadanos más activos y responsables. Necesitamos más personas con una motivación clara hacia la ciudad y con respeto hacia lo público. Mujeres y hombres que además de ser estudiantes, padres de familia, trabajadores, empresarios o artistas sean también ciudadanos. Para tejer ciudadanía se necesita mayor capital humano, social y político.

Un mayor capital humano facilita la formación de competencias ciudadanas, sin embargo, esto no es suficiente. Las destrezas, las habilidades y las capacidades per se, no hacen ciudadanos. La educación juega un papel fundamental, permite el conocimiento de los derechos y los deberes, pero la ciudadanía se desarrolla y se alimenta dentro de un marco cultural.

Lo cultural supone que los habitantes tienen sentido de pertenencia por su territorio y conocen su historia. Sin embargo, la construcción de identidad no debe ser sólo para los que nacieron en la ciudad es para todos aquellos que llegaron a vivir y a ser ciudadanos en ella. La nueva ciudadanía es sensible a los problemas de la sociedad, es abierta y respeta las diferencias, es tolerante y acepta la diversidad. Ser ciudadano de Pereira implica quererla y cuidarla porque todos somos parte de ella.

Un mayor capital social, promueve virtudes sociales como la solidaridad, la cooperación o la organización de redes e instituciones, que a su vez impulsan la participación ciudadana. Con los otros se hace lo público y se teje ciudadanía.

Un mayor capital político permite que la ciudadanía se ejerza dentro de un Estado fuerte y no débil, un Estado al servicio de los intereses públicos y no subordinado a los intereses privados o grupales.

Para formar ciudadanía se necesitan gobiernos que generen confianza. Lo contrario, como lo señala Hanna Arendt, produce pérdida de legitimidad. El pueblo deja de ser ciudadano en el pleno ejercicio de la palabra y pierde su capacidad de acción política responsable, cuando el gobierno en el poder abusa de las leyes o cuando su autoridad se convierte en dudosa o cuestionable. Los negociantes en el poder son los enemigos número uno de la formación de ciudadanía.

Como señala Fernando Carrillo, “el capital político hay que invertirlo en la defensa del Estado de Derecho y en la seguridad jurídica para crear reglas de juego claras, previsibilidad y derechos colectivos. La amenaza sigue siendo el populismo que continúa dispuesto a sacrificar las instituciones para llevar a los electores al abismo de las soluciones inmediatistas”.

El reto de tejer ciudadanía es grande pero hay que plantearlo.

FELIZ AÑO 2007.

No es posible el desarrollo social sin empleo

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de diciembre de 2006

“No hay desarrollo humano sin desarrollo económico” señaló Cesar Vallejo en el evento sobre perspectivas para un segundo informe regional de desarrollo humano para el eje cafetero, celebrado en Pereira, la semana pasada. La relación entre desarrollo económico y desarrollo humano es bidireccional.

Ha sido bastante estudiada, discutida y explicada la relación entre el capital humano y el desempeño económico. El aumento en las capacidades y las competencias de las personas, genera mayores oportunidades y mayor libertad. Una persona educada y con salud tiene mayores posibilidades de aportarle a la sociedad y a su propio bienestar. El desarrollo humano fortalece la autonomía, aumenta las competencias laborales y mejora la capacidad para tomar decisiones. En otras palabras, no puede haber competitividad sin actores o sin agentes que la soporten. Las condiciones de esos actores dependen del desarrollo humano.

La otra relación entre desempeño económico y capital humano, no ha tenido la misma importancia. Incluso algunos la llegan a considerar excluyente. Quienes así piensan con frecuencia afirman “lo importante es lo humano, lo social y no lo económico”, “el desarrollo económico es para los ricos y el desarrollo social es para los pobres”. De esta manera excluyen el empleo como una condición necesaria para mejorar las condiciones de vida de la gente y defienden el asistencialismo porque es social y beneficia directamente a los pobres.

Como argumenta Cesar Vallejo: “El buen desempeño económico es necesario para lograr un mejor desarrollo humano. Las actividades conscientes del ser humano, en todos sus ámbitos, tienen como objetivo la búsqueda de su bienestar: la atención de necesidades básicas, la solución de problemas y la satisfacción de aspiraciones… Por eso la economía se puede definir como el manejo (asignación, transformación, creación de valor, utilización) de recursos disponibles de una sociedad, para satisfacer sus necesidades básicas y cumplir sus aspiraciones de mejorar permanentemente los niveles de bienestar”.

Para mejorar el desarrollo humano, hay que aumentar la competitividad de nuestras ciudades y regiones. Lograr ser competitivos es un reto social y no sólo económico. La generación de ingresos debe ser una prioridad. La construcción de un mejor futuro para los habitantes del eje cafetero depende también de las oportunidades de empleo que encuentren en la región.

Para todos una FELIZ NAVIDAD.

* * * * *

La campaña de prohibición a la pólvora merece mayor apoyo. Sin incluir otros centros de salud, en sólo el hospital San Jorge, se han atendido 75 personas quemadas por pólvora u otros accidentes caseros. La mayoría de las personas quemadas durante esta época de navidad son niñas y niños.

¿El Derecho a la Salud?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 12 de diciembre de 2006

El sistema de salud en Colombia, no ha logrado garantizar la cobertura universal de sus servicios. El aumento del gasto público en salud, como porcentaje del PIB, no ha tenido un crecimiento proporcional en los servicios y en la calidad de la atención en salud. La ley 100 de 1993 estableció un sistema que ha dejado en manos de agentes privados, de diversa naturaleza, una suma importante de los recursos de la salud. Las empresas privadas dedicadas al “negocio de la salud” han registrado liquidez y grandes utilidades en sus estados financieros. Al tiempo que los hospitales públicos entraron en crisis financiera y los médicos y los trabajadores del sector salud han tenido que pasar varios meses sin recibir sus salarios.

El Congreso de la República aprobó, la semana pasada, una reforma a la ley 100 que pretende corregir algunas fallas del actual sistema. No se podría catalogar la reforma de estructural, pero sí permitirá un mayor control y protección a los usuarios, que hoy tienen que recurrir a la acción de tutela para reclamar un derecho fundamental. La mayoría de las tutelas presentadas en los últimos años corresponden a reclamaciones del Plan Obligatorio en Salud (POS).

La reforma creó la Comisión de Regulación en Salud, como unidad técnica especial, que definirá los POS, el listado de medicamentos, las reglas para el traslado de afiliados entre EPS y el valor de la Unidad de Pago por Capitación. También se creó el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control que se encargará de vigilar la administración y aplicación de los recursos del sector y velar porque se respeten los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad en Salud. Aparece la figura del Defensor del Usuario de Salud. Con estas medidas, la reforma reconoce que la competencia no era mecanismo suficiente de control para las entidades prestadoras de los servicios de salud.

Se eliminaron barreras para el acceso a los servicios de salud como los copagos y las cuotas moderadoras del régimen subsidiado. Se disminuyeron los períodos mínimos de cotización al régimen contributivo para recibir atención de enfermedades costosas. El plan obligatorio en salud será actualizado por lo menos una vez al año. Las actividades de prevención y promoción en salud serán implementadas por las Empresas Sociales del Estado con las que deberán contratar las EPS del régimen subsidiado.

El gobierno nacional espera incluir 8 millones más de beneficiarios al régimen subsidiado en salud, durante los próximos 4 años. La meta es importante pues busca llegar a una cobertura universal en salud. No obstante, si no se corrigen las fallas estructurales del sistema, es difícil que la meta se cumpla. Como la salud no se defiende como un derecho, los recursos para atender el servicio, como lo afirma Montenegro, no llegan a los más pobres se quedan en los intermediaros de la politiquería que ronda al SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios) o de “mafias, aliadas u organizadas por los paramilitares, de la mano de grupos de senadores, representantes, alcaldes y otros funcionarios…” (El Espectador, 10 de diciembre 2006).

Se espera entonces que las reformas introducidas permitan, por lo menos, dignificar la atención a los usurarios y disminuir la inequidad en la prestación de los servicios.

¿Responsabilidad Social Empresarial?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 5 de diciembre de 2006

Desde la década pasada se habla de la importancia de la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social corporativa. A través de ella, se busca que las organizaciones empresariales asuman el compromiso de contribuir en la satisfacción de las necesidades de determinados grupos de población. Por ejemplo, almacenes Éxito, a través de su fundación, apoya programas de nutrición para los niños de familias de escasos recursos. La multinacional Jhonson & Jhonson contribuye en la prevención de la desnutrición, el maltrato infantil y el embarazo en adolescentes. Otras empresas ejecutan proyectos educativos, culturales, ambientales o habitacionales.

Son muchas las personas que se han beneficiado en el país gracias a los proyectos sociales adelantados por las empresas, seguramente muchos niños, jóvenes, mujeres y hombres se hubiesen quedado sin atención alguna, si no existiesen los proyectos sociales mencionados. Los proyectos tienen un gran valor social. Sin embargo, el tema despierta varias reflexiones.

Las primeras formas de responsabilidad social partían de la caridad. No había responsables del bienestar. Las creencias religiosas daban los principios para apoyar al prójimo. Con la creación de los Estados, estos asumen la responsabilidad del bienestar social (educación, salud, servicios públicos, seguridad social) y la redistribución del ingreso por medio de los tributos.

¿Por qué entonces las empresas no aumentan los dineros entregados al Estado a través de la tributación para que aumente su capacidad de atender las necesidades sociales? ¿Será que las instituciones del Estado no generan la suficiente confianza para administrar los dineros públicos? Precisamente la desconfianza en los gobiernos y su incapacidad para resolver los problemas en los países en desarrollo, explica la proliferación de organizaciones no gubernamentales y la cantidad de dinero manejado por ellas, en los años 80´s y 90´s. Lo empresarial, lo caritativo, o lo No gubernamental como las ONG se consideran mejores vehículos para solucionar los problemas de la comunidad.

La responsabilidad social implica también un compromiso con la formación del Estado. La participación política responsable y ética de los empresarios es fundamental, para la construcción de una nueva institucionalidad pública que pueda, de manera integral, superar los niveles de pobreza de casi la mitad de la población colombiana. Si quienes tienen sus necesidades básicas insatisfechas, se marginan de los proceso políticos, ¿quién entonces construye el Estado?

Los interrogantes que se plantean sobre la responsabilidad social, como aparece en la revista Dinero del 9 de junio son: “¿es mejor invertir en educación o en salud?; ¿qué es más valioso socialmente apoyar a un grupo de madres adolescentes o construir un techo a desplazados?; ¿es más productivo adelantar investigaciones sobre tratamiento de enfermedades tropicales o debemos concentrarnos en la construcción de cultura ciudadana?” La propuesta es preguntarse primero: ¿cómo podemos aportar a la formación del Estado, a la construcción de una institucionalidad pública que pueda per se asumir su responsabilidad social?

Juvenal Mejía Córdova: un hombre ejemplar

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 28 de noviembre de 2006

El Doctor Juvenal Mejía Córdova nos dejó su ejemplo de honestidad, carácter y responsabilidad con nuestra ciudad. Su gran capacidad de análisis e interpretación de la realidad local y nacional orientaron nuestro proceso político, sus consejos durante mi campaña a la Cámara fueron siempre valiosos. En cada reunión, en cada conversación el Doctor Juvenal insistía en la necesidad de perseverar en la lucha por un ejercicio ético de la actividad política.

Con su excelente uso del idioma español y con su estilo directo y crítico, el Doctor Juvenal orientó la opinión durante muchos años a través de sus columnas semanales en este periódico. Afirmaba el doctor Juvenal en su columna del lunes 23 de mayo del año 2005: “…..desde hace algún tiempo la escala de valores perdió su jerarquía y los éticos fueron arriados por oírnos de menor valía y los antivalores arruinaron los valores; este fenómeno de carácter sociológico, se dirá, y con razón, que no es exclusivo de nuestro medio, sino que es nacional y se extiende por todo el continente, especialmente en los pueblos subdesarrollados o atrasados”.

“Pero no es menos dentro que hic et nunc, aquí en Pereira y ahora, reviste caracteres alarmantes, hasta el extremo de exhibirnos en los muy pocos honrosos primeros lugares, lo cual tiene su explicación: las gentes que han ocupado las posiciones directivas, carecen de compromiso con nuestro pasado, con nuestras tradiciones; son las llegadas a donde “no hay puertas” atraídas por nuestra merecida y plausible fama de gente hospitalaria, alegre, liberal y progresista. También y hay que decirlo con franqueza y con énfasis porque los pereiranos de hoy han hecho poco, casi nada por merecer el honor de ser los descendientes de quienes fueron paradigma, flor y ejemplo de virtudes que jamás podrán periclitar en ninguna sociedad, esté donde esté localizada”.

“En este ambiente formado entre otras causas por las anotadas, la clase política emergente y dirigente en poco tiempo ha hecho de la ciudad y de la región algo que conturba hasta el extremo de causar profundo dolor y aún miedo; una sociedad insegura, injusta, deshumanizada, desordenada, fea y peligrosa, en la cual su dirigencia carece de honestidad y de vergüenza, porque ha convertido los antivalores en ideales. Habla a troche y moche de democracia cuando ha hecho de la justicia una “caridad con uñas”; de la libertad, algo que consiste en hacer sin trabas todo lo que este vedado por elementales normas de comportamiento; de la voluntad popular, una infeliz mercancía que se adquiere con las obras de los banquetes del latrocinio; de la asistencia social, un fementido discurso populachero contra los pocos que aún tienen un patrimonio que no ha caído en sus manos codiciosas…..” (Palabras expresadas en el homenaje del doctor Juvenal Mejía Cordoba a la exalcaldesa Martha Elena Bedoya Rendón).

Para doña Raquel, sus hijos y familiares mis sentimientos de solidaridad y condolencia.

El valor de la honestidad en las ciudades

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 21 de noviembre de 2006

“Lo más revolucionario en política pública es No Robar”, afirmó el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, a RCN cuando le preguntaron sobre los aspectos que explican el éxito obtenido por la capital del país en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Bogotá ganó el premio "León de Oro", gracias a las transformaciones sociales, económicas y culturales y a los proyectos urbanísticos y arquitectónicos que han contribuido a construir un mejor ambiente para sus ciudadanos. Resaltaba el alcalde Garzón, que a pesar de las diferencias entre uno u otro gobierno, sobre ninguno de ellos (Mokus, Peñalosa, Garzón) se ha tenido duda sobre su honestidad.

En Bogotá, se ha hecho mucho más que eso, es decir, No Robar, sin embargo, tiene razón el alcalde al darle todo ese valor a los principios éticos que han orientado la acción pública en la capital. Vale la pena preguntarse en las ciudades del país, cuando cambian los gobiernos, por la continuidad de las buenas prácticas y no sólo por la continuidad de las obras o los programas.

Los gobiernos concentrados en administrar bien las ciudades, No se Roban los recursos públicos que se necesitan para satisfacer las necesidades de la gente pobre, se dedican a resolver los problemas de las ciudades en crecimiento (movilidad, espacio público, seguridad, deterioro ambiental etc.) y generan confianza institucional.

Los ciudadanos han tomado la decisión en las últimas elecciones en Bogotá de elegir alcaldes independientes de la clase política. En la capital del país, en los últimos cuatro períodos, los alcaldes han sido elegidos y reelegidos sin el apoyo de los concejales, ni de los diputados, lo mismo ocurrió por primera vez en la ciudad de Medellín. La diferencia en esas ciudades la ha marcado el alto porcentaje de voto de opinión, diferente a lo que pasa en los pueblos y ciudades pequeñas donde prima lo que tradicionalmente se conoce como “voto amarrado” (amarrado al contrato, el puesto, la vivienda, el carné del SISBEN, etc.).

La falta de conciencia y participación ciudadana, permite que unos pocos sigan robando y que la corrupción en el país continúe como un problema sin resolver. Lamentablemente, en el último informe de Transparencia Internacional, Colombia no mejoró su calificación frente al año anterior. En el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2006, el país quedó con una calificación “regular”, y se ubicó en el puesto 59 entre las 163 naciones evaluadas.

Los corruptos del país se siguen robando anualmente aproximadamente 14.5 billones de pesos. El editorial del periódico La Tarde, del 8 de noviembre, denunció el silencio cómplice de algunos ciudadanos en la región frente a los hechos de corrupción, la aceptación de otros, del pago de “mordidas” a los contratos y la actitud mafiosa de los servidores que quieren hacerse ricos en los puestos públicos.

El reto en la política pública va más allá de lograr que No Roben, es ante todo construir ciudadanía, formar mujeres y hombres, con conocimiento de su ciudad, de sus derechos y responsabilidades y con amor por lo público, que es de todos.

Educación: Derechos y responsabilidad ciudadana

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 14 de noviembre de 2006

La educación debe estar en el corazón de la agenda pública. A pesar de los esfuerzos por aumentar la cobertura educativa en la ciudad, el número de personas por fuera del sistema escolar en la capital del departamento sigue siendo alto. Según los datos del Censo General del año 2005, en Pereira hay 30.621 personas sin ningún tipo de estudio, es decir, casi el 6% de la población censada (404.913 personas) mayor de 3 años, no ha recibido ningún tipo de educación. El número de personas con primaria incompleta es de 90.943 y con la secundaria incompleta, la cifra llega a las 65.675 personas.

Sin educación no hay desarrollo humano. La falta de educación limita las oportunidades de las personas y sus familias. Todos esos ciudadanos que hoy no tienen educación o sólo tienen los primeros niveles de primaria, tienen pocas oportunidades para mejorar sus ingresos. Ellos son también las personas que tienen el mayor número de hijos y las que mayores recursos demandan del Estado. Por lo tanto, la lucha contra la pobreza y la búsqueda de la equidad debe partir de romper ese círculo vicioso y garantizar de manera efectiva el derecho a la educación.

En Pereira, el derecho a la educación se garantizó, durante la anterior administración de la ciudad, permitiendo el acceso a los colegios públicos de todas las niñas y los niños a todos los niveles educativos, incluyendo la secundaria. En la actual administración tienen acceso a la educación, los beneficiarios de la gratuidad, que son sólo aquellos que pertenecen a los primeros niveles del Sistema de Selección Único de Beneficiarios (SISBEN).

El pasado sábado el periódico La Tarde publicó un informe en el que se señala que: “por no actualizar sus datos con la nueva encuesta del SISBEN, 13.840 pereiranos perdieron los beneficios del régimen subsidiado en salud, cupos que serán reemplazados por igual número de personas que actualmente se encuentran en la lista de posibles beneficiarios”.

Si el acceso a la educación de las niñas y los niños en la ciudad depende del SISBEN, es preocupante que los hijos de esos 13.840 pereiranos no puedan acceder al programa de gratuidad en la educación, el próximo año. También se menciona en el informe que actualmente, 21.659 personas, que están en la base de datos del SISBEN, aparecen simultáneamente en las bases de datos de dos ó más ciudades y si ellos no aclaran su situación, serán retirados igualmente del sistema.

La situación muestra lo vulnerable que son las herramientas, como el SISBEN, para focalizar el gasto público. Por esta razón, la universalización de la educación y la salud, si se plantea como meta, en el próximo Plan de Desarrollo Nacional, deberá avanzar en la discusión de los derechos y las responsabilidades de la gente (tejiendociudadania@gmail.com).

Ciudades para la gente

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 31 de octubre de 2006

La calidad de vida de los habitantes de una ciudad, depende de una adecuada articulación e implementación de las políticas públicas. El desarrollo urbano y territorial sí es importante y su papel va más allá de representar simples transformaciones físicas, como se argumenta en algunos sectores de la ciudad. Todos los componentes del desarrollo urbano trascienden las dimensiones espaciales e impactan positiva o negativamente los derechos de la gente, al espacio público, a la recreación, al deporte, a la tranquilidad o a un ambiente sano y saludable.

Las ciudades en los países en desarrollo, comparten muchos problemas, por ejemplo, en ellas hay hambre, hay falta de oportunidades para estudiar o trabajar, hay pobreza y hay inequidad. Por eso en muchos momentos y en todos los países en desarrollo, aparecen discursos que critican lo existente, porque no se han resuelto esos problemas y plantean la salvación, reduciendo el desarrollo a un solo aspecto que normalmente queda definido como la “lucha por los más pobres” o la llamada “política social”.

Como afirma el doctor Fabio Giraldo, representante en Colombia de UN-HABITAT: “los aumentos relativos de la pobreza hacen oscurecer por momentos la importancia de la construcción de los espacios públicos físicos de las ciudades, y la importancia que ellos tienen en mejorar las relaciones entre el habitante y el poder, que se materializan, se expresan y concretan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, la infraestructura física y de comunicación, es decir, los espacios de uso colectivo permitiendo la apropiación progresiva de la gente de sus territorios, que son el ámbito físico de la expresión colectiva de la diversidad social y cultural. Los espacios públicos físicos son en cierta forma los espacios primordiales de la ciudad, de su cultura y de la posibilidad de crear una ciudadanía”.

Las transformaciones urbanas pueden generar beneficios culturales, sociales y económicos, como lo hizo Ciudad Victoria. El espacio público para los ciudadanos es un componente fundamental y en los centros de las ciudades es particularmente sensible y tiene gran impacto en la calidad de vida. Por eso se retrocede con la reinvasión del espacio público en el centro de la ciudad y con la ampliación de las zonas azules para tener más vehículos particulares en el centro. Ambos hechos afectan la tranquilidad y la movilidad de los peatones.

Las intervenciones urbanas no alcanzan por si solas a superar las necesidades de las personas más pobres o a disminuir la inequidad, pero si pueden impactar positiva o negativamente en las mismas. Las transformaciones urbanas en Pereira han contribuído notablemente a consolidar su vocación comercial, las mismas transformaciones son una fortaleza para promover el turismo. Tener mejores parques, más espacios públicos para los peatones, más corredores ambientales, más seguridad y mejores ciudadanos, es tener mejor calidad de vida.

La lucha contra la pobreza

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 24 de octubre de 2006

Una de las principales prioridades de los países en desarrollo es la lucha contra la pobreza. Con el fin de profundizar en sus causas y diseñar estrategias para superarla, el gobierno nacional creó en el año 2004 una Misión encargada de elaborar los respectivos estudios. La Misión debía analizar el papel del sector público y privado y las condiciones institucionales para implementar las políticas públicas para reducir la pobreza y la desigualdad.

En el informe se reconoce que para cumplir la meta de reducción de la pobreza, prevista para el 2010, es necesario continuar creciendo económicamente. En el informe se señala como “entre 1970 y 1996 el crecimiento económico permitió que la pobreza se redujera, especialmente entre 1978 y 1995, cuando la economía crecía al 4 por ciento y el desempleo no superaba el 10 por ciento. El porcentaje de los colombianos por debajo de la línea de pobreza se redujo en 20 puntos y la pobreza extrema pasó del 45 al 21 por ciento”.

Sin embargo, como se ha demostrado en otros estudios, el crecimiento es condición necesaria más no suficiente, para disminuir la pobreza, sobre todo cuando se parte de un porcentaje de personas pobres que llega casi al 50% de la población. Para bajar ese porcentaje a un rango del 35 o 39 por ciento, en el año 2010, la Misión plantea varias estrategias que es necesario analizar, pues de ellas depende la suerte de más de 22 millones de colombianos, que hoy vive en condiciones de pobreza en el país.

La educación es un factor clave en la reducción de la pobreza y la desigualdad. El informe reconoce su importancia en todos los niveles y profundiza en el análisis de la educación superior. Los recursos invertidos en este nivel educativo, durante el año 2003, fueron de los conceptos del gasto público que menos se focalizaron hacía los sectores más pobres. En el año 2005, por ejemplo, la tasa de cobertura en educación superior fue 3% y 91% para los deciles 1 y 10, respectivamente, es decir, casi todas las personas que asisten a un establecimiento educativo, pertenecen al grupo de mayores ingresos de la población.

La Misión propone aumentar el acceso de los más pobres a la educación postsecundaria y hacer énfasis en la formación técnica de ciclo corto, apoyando el sostenimiento de los estudiantes, ofreciendo créditos y mejorando la calidad. La Misión no abordó el reconocimiento de la educación como un derecho, sino como un servicio que debe asumir el Estado en mejores condiciones de focalización del gasto público.

La generación de empleo es otro pilar fundamental de la propuesta de la Misión. Se propone poner en funcionamiento el sistema nacional de formación para el trabajo y redireccionar el SENA. Se reconoce la importancia del crédito para los pequeños negocios de las familias pobres, pero se plantea eliminar la tasa de usura. El esfuerzo por aumentar el número de beneficiarios de los “mircrocréditos” debe hacerlo también la banca, que además en Colombia tiene amplios márgenes de intermediación. No es cubriendo el riesgo financiero con mayores tasas de interés, como debe la banca cumplir su función social, es precisamente otorgando el crédito al que más lo necesita. Para la política social se resalta la importancia de establecer programas integrales orientados a las familias y aumentar la atención al sector rural.

El Acuerdo Humanitario

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 17 de octubre de 2006

La posibilidad de llegar a un acuerdo humanitario con la guerrilla de las FARC, que permita la liberación de los colombianos secuestrados, ha despertado la esperanza sobre un acuerdo de paz. Los colombianos seguimos soñando con un país sin guerra. Sin embargo, el acercamiento logrado entre las partes, gobierno y guerrilla, hay que entenderlo en su justa dimensión, sin generar falsas expectativas.

Las dificultades para encontrar una solución negociada al conflicto son todavía enormes. El conflicto colombiano hace parte de lo que Azar (1990) ha denominado “conflictos sociales prolongados”, cuya dinámica se caracteriza por un incremento constante en las acciones violentas, injerencia extranjera, dependencia y desconfianza de las partes que producen como resultado la incapacidad para satisfacer las necesidades de la población, la fragmentación del tejido social y la debilidad institucional. La inercia del conflicto parece superior a la capacidad de resolverlo racionalmente.

Desde una perspectiva económica, para Shugart (1992) sólo cuando los costos de resistencia armada sean mayores a los costos de participación política, como un partido legítimamente reconocido, los grupos deciden desarmarse, como ocurrió en Centro América. El autor argumenta que los costos de participación para las FARC son más altos que mantener el control en ciertas regiones del territorio nacional.

En el mismo sentido Richiani (1997) considera que el costo económico de la paz en Colombia es muy alto. Todos los actores involucrados en el conflicto se benefician del negocio de la guerra. Los vínculos del conflicto con el narcotráfico, hacen del mismo un negocio sin sustituto y más cuando las políticas de desarrollo han generado el abandono del campo.

Desde el punto de vista político, se necesitarán surtir muchas etapas antes de llegar a una negociación, con razón el editorial del pasado domingo de El Espectador, considera que “se está ensillando sin traer las bestias” al proponer en este momento una Asamblea Nacional Constituyente o entregar curules en el Congreso de la República a la guerrilla, como lo planteó, en el encuentro de Confecámaras en Pereira, el director de esa entidad. A lo anterior se suma la propuesta del gobierno de buscar financiación al ELN si deja de secuestrar y otras propuestas de diferente orden que se realizaron durante la semana pasada.

La última Asamblea Nacional Constituyente permitió que el EPL y el M19 dejaran las armas y le apostaran a la democracia. El M19 ha dado el paso de formar y consolidar con seriedad un partido político como es el Polo Democrático. Por ahora, sólo se están buscando las condiciones para hacer posible una zona de encuentro en las montañas de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, que le permita a los secuestrados por las FARC regresar a sus hogares. Siempre será importante plantear alternativas para solucionar el conflicto con las FARC, pero no se debe hacer más complejo el proceso y concentrarnos en lograr el acuerdo humanitario.

Revisión del Asia

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 10 de octubre de 2006

Desde hace varios años los países de América Latina han tenido que mirar la experiencia asiática. El rápido crecimiento económico de los “tigres asiáticos”, el surgimiento de China como el desarrollo más importante de la década y los efectos que estos dos hechos, han generado en toda la región asiática, hacen de los mal llamados “milagros” un referente obligado para los países en desarrollo.

Sin lugar a dudas, hay que crecer económicamente, pero, ¿que puede pasar después de ese crecimiento? El éxito económico de muchos países de Asia Oriental ha creado una serie de problemas internos que hoy se hacen evidentes en la expansión desordenada de las ciudades, la desigualdad, la corrupción y la degradación del medio ambiente. Con el fin de analizar las nuevas fuerzas, tensiones y problemas que han surgido en esa región, el próximo informe del Banco Mundial: “El Renacimiento de Asia Oriental: Ideas para Crecer” realiza una revisión exhaustiva de lo que ha pasado y está pasando en los países asiáticos.

En los últimos cinco años, 50 millones de habitantes del Asia dejaron de ser pobres. La mayoría de las naciones en desarrollo del Asia Oriental serán países de ingreso medio en pocos años. Sí, en el 2010, Vietnam llega al nivel de ingreso medio, menos del 5% de los asiáticos orientales residirán en países de ingreso bajo.

El informe señala que a pesar de los innegables avances, hay problemas sin resolver. “Asia oriental es testigo del mayor desplazamiento de habitantes de la zona rural a la urbana de toda la historia”. Se prevé que durante los próximos 20 años, cada mes habrá dos millones de habitantes nuevos en las ciudades de Asia. Casi 600 millones de los habitantes de la región aún subsisten con menos de US$ 2 al día. La desigualdad ha aumentado en términos de ingresos y acceso a la educación y otros servicios básicos. Las minorías étnicas han estado excluídas de los beneficios del crecimiento. La corrupción la califican los analistas de endémica. La falta de control de las industrias y la expansión de las ciudades han generado problemas ambientales.

Sin desconocer las enormes diferencias históricas y culturales entre la región asiática y América Latina, de los procesos de crecimiento económico e inserción al comercio internacional se pueden aprender algunas lecciones adicionales a las señaladas tradicionalmente (Estados fuertes educación, industrialización, apertura). Indermit Gill, uno de los coautores del informe argumenta que “es necesario planificar y construir ciudades dinámicas y conectadas que tengan vinculaciones con el mundo exterior, de tal manera que el crecimiento económico no se detenga y se fortalezca la cohesión social”.

Se necesita proyectar redes de ciudades, conectadas con los puertos, es decir, regiones, con mejores carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. El sector rural no se puede abandonar hay que integrarlo al desarrollo. Las grandes desigualdades en Asia se presentan entre la zona rural y la urbana. Los problemas de esta última, los genera el rápido desplazamiento del campo a la ciudad y el aislamiento de las ciudades pequeñas de las actividades económicas orientadas a la exportación. Por último, considera el informe que los países asiáticos deben profundizar los procesos de descentralización del gasto público, como un mecanismo para disminuir la corrupción. En este aspecto América Latina puede demostrar que la descentralización per se no hace gobiernos honestos. Se necesita primero construir ciudadanía.

“Más Mujeres, Más Ciudad”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 3 de octubre de 2006

Durante el día de ayer y el día de hoy, Pereira es sede de un importante encuentro cuyo objetivo es generar un espacio de diálogo que permita el intercambio de experiencias exitosas de liderazgo femenino en las diferentes dimensiones del desarrollo de las ciudades. Los organizadores han reconocido el liderazgo de la mujer pereirana en los procesos de desarrollo y construcción social.

El evento pretende encontrar respuestas a la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel de las mujeres de nuestra ciudad para promover y conquistar un desarrollo equitativo? Seguramente se generarán nuevas inquietudes y quedarán importantes propuestas para la ciudad y la región.

Muchos serán los espacios que necesitaremos las mujeres, antes de lograr una participación equitativa en la sociedad. La política es la forma como las mujeres pueden lograr que su pensamiento y sus acciones mejoren las condiciones de la mayor cantidad de personas. Lamentablemente, es precisamente en este espacio donde las mujeres brillan por su ausencia. La representación de las mujeres en los cuerpos legislativos en el mundo sólo es del 15%, únicamente en 12 países del mundo, las mujeres tienen el 33% de las puestos en el parlamento (Naciones Unidas, 2005).

En Colombia el porcentaje de mujeres en el Congreso de la República, en los últimos años, ha sido sólo del 10% o 12%. En muchos países en desarrollo el porcentaje de mujeres en los cuerpos legislativos ha estado en aumento, sin embargo, en las elecciones pasadas (marzo 2006), el número de mujeres que lograron obtener una curul en el Congreso, disminuyó con respecto al período anterior.

A pesar de que la mayoría de los empleos en el sector público están en manos de mujeres, sólo 8% de ellas, ocupan altos cargos, las demás se encuentran en los niveles bajos de las estructuras organizacionales de las entidades del Estado. En la rama ejecutiva y judicial ocurre lo mismo. Colombia no ha tenido una mujer en la Presidencia de la República y son pocas las mujeres que han logrado llegar a las alcaldías y gobernaciones. En las altas cortes es mínima la participación de la mujer, lo mismo ocurre con los altos cargos en la misma rama del poder público.

Los partidos políticos con excepción del MIRA son dirigidos por hombres. No existen mecanismos para promover y garantizar los espacios de las mujeres en las listas a los diferentes cargos de elección popular. Muchas mujeres que han logrado llegar a los altos cargos, han dado la oportunidad a otras mujeres de ocupar las posiciones de primer nivel. En Pereira, en la administración pasada, la exalcaldesa Martha Elena Bedoya, tenía un gabinete compuesto un 77% por mujeres. En la actual administración la relación es exactamente inversa sólo un 33% de los cargos directivos de primer nivel están en manos de mujeres y el 77% en manos de hombres.

En Colombia es necesario profundizar no sólo en los niveles de la participación de las mujeres, sino también en la naturaleza de los mismos y las posibilidades de beneficiarse de manera equitativa de los procesos de desarrollo. La construcción de capital social es fundamental para lograr avanzar en la conquista de más y mejores espacios de participación. Necesitamos generar más confianza, más solidaridad, más organizaciones de mujeres y más redes que las conecten.

Las Regiones y el TLC

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 26 de septiembre de 2006

¿Cómo van a enfrentar los departamentos el TLC con Estados Unidos? ¿Cuál es la situación del departamento de Risaralda frente al proceso de globalización? La respuesta a las dos preguntas debe partir de reconocer que no son los departamentos, ni siquiera las naciones los que deben prepararse para competir en el mercado mundial, son las regiones. Como lo afirma Ohmae: “hoy en día los factores claves de la economía trascienden todas las fronteras, los que compiten no son tanto las naciones sino las regiones”.

Nuestros departamentos son simples divisiones político administrativas, su conformación no ha estado antecedida por una estrategia de desarrollo socioeconómico. Las ciudades deben organizarse en regiones, definir su plataforma competitiva, incluyendo sus sistemas de comunicación y transporte (terrestre, férreo, aéreo, marítimo, fluvial) y desarrollar procesos productivos orientados a la exportación.

Risaralda no puede asumir sola el proceso de globalización. En primer lugar, porque tiene que enfrentar las inmensas diferencias existentes entre las regiones de los países desarrollados y las de los países en desarrollo. Se debe reconocer que la competitividad es profundamente asimétrica. En segundo lugar, partimos de una economía vulnerable a todas las fluctuaciones de la economía global, con un crecimiento lento de su Producto Interno Bruto (PIB), con un PIB per capita menor al nacional, con una economía concentrada en el Área Metropolitana, sobretodo en Pereira y con una economía pequeña. En tercer lugar, los problemas de los vecinos son también los nuestros. El impacto del TLC sobre los cultivadores de arroz, no sólo se sentirá en el Tolima, también afectará a Risaralda.

Los municipios de Risaralda, como el resto del Eje Cafetero, no han logrado recuperarse de la crisis del café. Los pequeños siguen siendo dependientes del sector agropecuario. La dinámica del Área Metropolitana, en comercio y servicios es muy importante pero es inestable. Por ejemplo, más del 53% de los establecimientos económicos llevan menos de tres años de funcionamiento. El sector agropecuario, de caza y pesca, en Risaralda, decreció entre 1995 y el año 2003. Sin embargo, han tenido crecimientos positivos importantes, durante la presente década, sectores como la caña panelera, los cítricos y los pescados. No obstante, los sectores son vulnerables, no sólo por la competencia que se deriva de cualquier tratado, sino también por la oferta de otros países como puede ocurrir, en el caso del azúcar, con Brasil.

El sector manufacturero creció entre 1995 y el año 2003. Ha tenido una dinámica importante y con posibilidades de crecimiento en el mercado internacional el sector de alimentos. La fabricación de prendas de vestir es un segmento importante de la industria manufacturera en Risaralda, sin embargo, sus mayores riesgos están en la competencia de otros países como China y no necesariamente con Estados Unidos.

Dadas las condiciones mencionadas, Risaralda podría identificar algunos nichos de mercado hacia los Estados Unidos, siempre y cuando sean sectores que no son del interés de ese país, de lo contrario dada la falta de organización regional y las debilidades de las economías locales no es fácil enfrentar las desigualdades existentes en un mercado internacional con subsidios que distorsionan los precios y con las ventajas tecnológicas y de infraestructura de los países desarrollados.

Niñas, Niños y Jóvenes: “Titulares de Derechos”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de septiembre de 2006

El nuevo Código de la Infancia y de la Adolescencia, que aprobó recientemente el Congreso de la República, introduce varios cambios que demandan una nueva institucionalidad capaz de garantizar efectivamente los derechos de los niños y de los adolescentes.

Los cambios buscan: proteger integralmente a este grupo de la población, a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Crear un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes. Reconocer la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, promulgada en 1989. Endurecer las penas contra los agresores de los niños y los adolescentes y eliminar los beneficios en casos de maltrato. Reestablecer los derechos y reparar los daños contra la integridad personal de los niños, niñas o adolescentes (daño físico sexual o psicológico).

Garantizar el debido proceso a los jóvenes. Poner en conocimiento de la opinión pública los nombres y las fotos de los agresores de las niñas o los niños. Obligar a las clínicas y hospitales a atender a todos los niños y los adolescentes de los niveles 1, 2, y 3 del Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN). Vigilar el funcionamiento de las casas de adopción. Establecer políticas departamentales y municipales contra el trabajo infantil.

El nuevo código no garantiza derechos fundamentales de los niños y los adolescentes: el derecho a la educación y el derecho a la salud. A pesar de que el tema se planteó durante las discusiones en el Congreso, el Estado Colombiano no quedó obligado a garantizar el derecho a la educación hasta terminar la secundaria. Tampoco se aceptó la propuesta de cubrir por parte del Estado costos de educación como: pago de uniformes, transporte y útiles escolares. El ejercicio del derecho a la salud también siguió condicionado al (SISBEN).

La nueva ley transfiere a los municipios, distritos y departamentos el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia, de acuerdo con los lineamientos técnicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se trasladan competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los entes territoriales y se aumentan las responsabilidades de instituciones locales como las comisarías de familia. Resulta positivo que los municipios asuman el papel que les corresponde frente a la política de los niños y los adolescentes. No era lógico mantener un esquema centralizado donde una alcaldesa o un alcalde no tenían la competencia para proteger los niños en su propia ciudad.

No obstante, varias inquietudes sobre la institucionalidad local no fueron resultas durante los debates: ¿cómo se va a garantizar el financiamiento del Nuevo Sistema Nacional de Bienestar Familiar?, ¿qué porcentaje de los recursos que hoy maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar van a manejar los municipios?, ¿se va a cometer el error de enviarle recursos a las gobernaciones de los departamentos para dispersar los recursos en los entes territoriales?, o ¿las gobernaciones van servir de entes articuladores de las políticas públicas?, ¿cómo pueden responder los municipios adecuadamente por las nuevas responsabilidades, sino pueden contratar personal calificado y competente para asumirlas, porque la ley 617 no se los permite?

¿Quién y cómo se gastan las transferencias?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 12 de septiembre de 2006

La semana pasada, la directora del Departamento Nacional de Planeación, anunció el proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP- que será presentado al Congreso de la República. La iniciativa busca la modificación de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, con el fin de determinar el crecimiento de las transferencias a partir del 2009, con base en la inflación y no en los ingresos corrientes de la nación como se hace actualmente.

También se pretende establecer un porcentaje adicional, que permita garantizar un flujo de recursos suficientes para lograr coberturas universales en salud y educación en el 2010 y aumentar las de agua potable y saneamiento básico hasta llegar al 94 y 91 por ciento respectivamente en el año 2019. El crecimiento de las transferencias a las regiones para los años 2009 y 2010 será igual a la inflación causada más 3.5 por ciento y a partir de 2011 el incremento será del 2 por ciento.

En las primeras explicaciones de la iniciativa, no se dio la suficiente importancia a los aspectos fiscales que el proyecto pretende solucionar, a pesar de que se han hecho diferentes pronunciamientos, en los últimos años, acerca del peso de las transferencias en los gastos de la nación. En el año 2005, el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación destinados para el Sistema General de Participación fue del 34%. Los organismos internacionales han presionado para implementar medidas que permitan reducir el déficit fiscal del gobierno nacional y eso involucra todos los componentes del gasto público.

Sin embargo, lo más importante del tema es el análisis que debería hacerse sobre la calidad del gasto público y sobre los impactos que hasta el momento ha tenido el proceso de descentralización en el país. No es tan simple como lo afirma la directora de Planeación Nacional que: “sin reforma, se perderá el esfuerzo hecho por el país para volver a una senda de crecimiento estable y se atenta contra el avance en la disminución en los índices de pobreza y desigualdad”. La lucha contra la pobreza no es un problema de cuanto y cuando se invierten los recursos del Sistema General de Participaciones, sino también, de quien y como se inviertan los mismos.

Si existiera mayor eficiencia y menos corrupción en las entidades territoriales, sería mayor el impacto en la reducción de la pobreza. Los logros pudiesen haber sido mayores, en términos de calidad y cobertura, como resultado del significativo incremento del gasto social y de las transferencias desde la década pasada.

Las instituciones de la política social en los niveles departamentales y municipales merecen revisión como se afirmó en otra columna sobre “Intereses privados y política social” (Ver adrianavallejo.blogspot.com). La discusión del proyecto de ley debería incluir temas como: la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales (educación y salud). La pertinencia de los niveles de gobierno encargados de ejecutar el gasto público. Hay que pasar de los departamentos a las regiones. La autonomía local para asignar recursos podría aumentarse donde exista mayor capacidad institucional y mejores desempeños. El actual régimen de transferencias no reconoce las diferencias entre las regiones y se convierte en la misma “receta” para todo el país.

¿Contribución por Valorización?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 5 de septiembre de 2006

Obras de Cemento: ¿Cambió el discurso? fue el título de una columna publicada en este diario, el 22 de febrero, del año pasado. En ese momento se encontraba en discusión el proyecto de acuerdo, por medio del cual se autorizaba el cobro de la contribución por valorización de las obras viales. Se resaltaba en el artículo, la importancia de analizar el programa de ejecución, que contiene los proyectos físicos de la administración municipal, a la luz de las prioridades del plan de ordenamiento, las posibilidades financieras y la relación costo beneficio de las obras.

Se resaltó la importancia de considerar la caída en los recaudos del impuesto predial durante el año 2004 y se puso en duda la necesidad de la construcción de la vía al Colegio La Salle. La caída en los recaudos podía explicarse, entre otros, por la falta de capacidad de pago de los contribuyentes. Un nuevo cobro podría traducirse en un aumento de la cartera del municipio y no en un recaudo efectivo.

Ahora, un año y medio después de aprobado el acuerdo y sin que se hubiese dado la debida discusión, existe la preocupación en amplios sectores de la población (Cuba, Tribunas, Combia, Puerto Caldas, Cerritos, El Jardín etc.) sobre el cobro de la “contribución por valorización”. El viernes pasado se realizó una manifestación pacífica en su contra, la gente sigue reclamando o presentando acciones jurídicas.

Sin lugar a dudas, el malestar que ha generado el cobro de la “contribución por valorización” demuestra que hay un problema que merece análisis y evaluación. Lo primero que debe aclararse es que ese mecanismo de financiación de obras no es en sí mismo bueno o malo, lo que es bueno o malo es la manera como se implementa, por esa razón, no siempre que se ha recurrido a él se han presentado conflictos.

Si muchos contribuyentes consideran que el cobro por “valorización” es elevado, es porque el valor de las obras es muy alto y su distribución esta recayendo sobre un número insuficiente de personas o su reparto puede ser inequitativo. Adicionalmente, muchos contribuyentes no tienen claro el beneficio directo de las obras. A lo anterior se suma, la situación en la mayoría de las ciudades de país, incluyendo a Pereira, donde el sistema de información catastral se encuentra desactualizado, por lo tanto, algunos gravámenes no corresponden con la condición real de los predios.

Preocupa la carga para el sector agropecuario, que de manera inequitativa en el país, como lo afirma Jaime Arias Restrepo, ha tenido que pagar por las vías interciudades, que benefician otros sectores de la economía, ubicados en el sector urbano. Ahora en Pereira, los productores también tienen que pagar por las vías en la ciudad, sin que ellas les genere ningún beneficio. La baja rentabilidad del sector agropecuario no le permite asumir nuevos gravámenes.

La experiencia debe servir para generar conciencia sobre la importancia para la ciudadanía de participar activamente en los asuntos de su ciudad. Organizarse o hacer parte de las organizaciones. La ciudadanía debe preguntar por ejemplo: ¿Por qué nos se han construído las obras complementarias de la Avenida Belalcázar, si gran parte de los dineros de la contribución por valorización ya se recaudaron? tejiendociudadania@gmail.com