Actuemos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, miércoles 17 de junio de 2009

El pasado viernes se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El número de niños explotados sigue siendo muy alto, en América Latina, se calcula que 5,7 millones de niños son trabajadores. En Colombia la cifra también es preocupante, 894.796 niños trabajan en el país, una cifra superior a la que registran Brasil, Chile o Argentina (Organización Internacional del Trabajo-OIT).

El trabajo infantil perpetua la pobreza. Los niños trabajadores no terminan sus estudios; no crecen en un ambiente adecuado para su formación emocional y en la mayoría de los casos, son explotados económicamente por quienes los emplean u obligan a trabajar.

También el trabajo infantil es consecuencia de la pobreza por esa razón, su erradicación depende de la aplicación integral de otras estrategias que aborden la familia y su contexto socioeconómico.

Colombia definió una estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador. La estrategia fue formulada el año pasado y su objetivo es focalizar y ordenar la acción de las entidades estatales y privadas que intervienen en el tema, hacia dos “puntos de quiebre” de las peores formas de trabajo infantil, como son: en primer lugar, el ingreso de los niños al sistema educativo, a programas de recreación y al sistema general de protección social y en segundo lugar, el acceso de las familias de los niños a los programas sociales.

Todos los programas de carácter social son relevantes en la lucha contra la pobreza y el trabajo infantil, pero hay unos que pueden tener más impacto que otros. Los programas de salud sexual y reproductiva son prioritarios. Los embarazos de niñas y jóvenes de escasos recursos son una causa evidente del trabajo infantil, no sólo de los niños que tienen que abandonar sus estudios para sostener otros niños, sino también de sus hijos tienen muchas posibilidades de repetir el mismo esquema, es decir, de unos niños criados por otros niños que no terminaron sus estudios porque fueron obligados a salir a trabajar, sin haber cumplido la mayoría de edad.

La lucha contra el trabajo infantil es una responsabilidad de toda la ciudadanía. La sociedad debe actuar, denunciar los abusos frente a los niños y a los jóvenes menores de edad. Los ciudadanos no deben dar limosna a los niños, por el contrario, deben promover la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la educación, a la recreación, a la nutrición y a la salud de todos los niños y los jóvenes.

Reflexión

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 2 de junio de 2009

La reflexión que debe despertar los temas planteados, en los espacios en los cuales participó el doctor Enrique Peñalosa es, sí las inversiones que tiene planteadas la actual administración municipal son las más necesarias y las más significativas en términos de calidad de vida, “productividad urbana” y generación de empleo e ingresos.

La principal obra física de la actual administración es el anillo longitudinal. El proyecto se ejecutará con recursos del municipio. La obra surge como respuesta al problema de movilidad vehicular. La puesta en funcionamiento del Megabús y el crecimiento del parque automotor, hicieron de la movilidad uno de los principales temas de discusión, en el año 2007 y desde esa época se plantean soluciones viales, como el anillo longitudinal.

Para Peñalosa, nuevas vías o grandes autopistas, no solucionan los trancones porque entre más vías existan, más se llenarán de vehículos. Los trancones se generan no por el número de vehículos que transitan por las vías, sino por el número de viajes y la distancia que recorren los vehículos.

Las vías o los anillos, no sustituyen los problemas de movilidad que se generan por falta de autoridad y orden en las calles, es decir, la invasión del espacio público por vehículos, vendedores o elementos de publicidad, entre otros. Peñalosa resaltó que la concertación no puede servir de excusa para hacer cumplir la ley. Un gobierno no puede argumentar que no hace cumplir la ley porque está eternamente concertando con quienes la violan.

Si no se ha iniciado la compra de predios para la construcción del anillo longitudinal, sería importante impulsar y destinar recursos para otros proyectos, atractivos para la inversión privada y con mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo, el Parque Lineal sobre el Río Otún y la continuación de Ciudad Victoria sobre la zona de Egoyá, que hacen parte de los Proyectos del Sesquicentenario. Estos proyectos no sólo generarían ingresos durante su construcción, como el anillo longitudinal, sino después, porque atraen inversión en comercio, servicios, turismo y vivienda, al tiempo que ofrecen nuevos espacios públicos para  los ciudadanos de todas las edades y no solo para aquellos que tienen vehículo.

En Pereira no tenemos la capacidad fiscal para hacer lo que hizo Peñalosa en Bogotá con el presupuesto público. Debemos escoger entre unas obras u otras y compartir cargas y beneficios en los planes parciales, con los inversionistas privados y no sólo cargarle toda la inversión al fisco municipal. En Pereira hay que hacer gestión y cautivar la inversión privada.

Espacio y Ciudad

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 26 de mayo de 2009

Una forma de ejercer una ciudadanía activa y responsable es haciendo parte o promoviendo la conformación de colectivos ciudadanos. Este martes se lanza, en compañía del ex alcalde Enrique Peñalosa, el Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, trabajando en cuatro frentes de acción: veeduría ciudadana del espacio público y de la movilidad sostenible; divulgación de información sobre el espacio público y la movilidad sostenible; construcción de ciudadanía, y participación activa en la toma de decisiones de desarrollo de la ciudad.

El Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad, ha estado participando en diferentes espacios de discusión, entre ellos, el Concejo Municipal, explicando la importancia de aplicar políticas de movilidad sostenible en la planeación y ejecución de las obras viales, por ejemplo, del Anillo Vial Longitudinal y de la Avenida San Mateo. También en el impulso del proyecto Parque Lineal La Arenosa y apoyando la continuación del Parque Lineal Egoyá.

Los colectivos son espacios de participación que buscan que las  mujeres y los hombres, además de ser estudiantes, padres de familia, trabajadores, empresarios o artistas sean también ciudadanos. Los habitantes de una ciudad tienen derecho a vivir tranquilos y felices, pero también tienen la responsabilidad de ser sensibles a sus problemas y proponer alternativas de solución.

A través del colectivo se pueden plantear metas, coordinar y desarrollar actividades. El trabajo en red permite compartir y producir información sobre todos los temas relacionados con el espacio público y la movilidad sostenible. Todas las personas pueden participar y hacer parte del colectivo, ingresando a la página web: www.espacioyciudad.org 

Los colectivos ciudadanos son expresiones de formación de capital social. Para Pereira, sería muy positivo que los colectivos crezcan y se multipliquen para que los ciudadanos asuman una participación activa en los proceso de desarrollo de su barrio, de su comuna y de su ciudad.

El miércoles 27 de mayo a las 9:00 a.m. en el auditorio: Pablo Oliveros Marmolejo en la Fundación Universitaria del Área Andina, se  realizará el foro con Enrique Peñalosa, “Por una Pereira Más Amable y Próspera” organizado por RCN y La Tarde. La entrada es libre. Participe.

“Campeona de la Competitividad”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de mayo de 2009

En el consejo comunitario de gobierno, realizado en Pereira el pasado sábado, el Presidente de la República se refirió a la capital del departamento de Risaralda como la “campeona de la competitividad”. La ciudad tiene muchas condiciones y logros que le permitirían ser la “campeona de la competitividad”, Pereira, entre otros, tiene una ubicación estratégica, es modelo para América Latina en procesos de renovación urbana y ocupó el primer lugar en el ranking “Doing Bussines”. Nuestra ciudad puede ser el gran centro de negocios y de servicios del occidente colombiano.

 pesar de todo lo anterior, la ciudad no ha sido competitiva en el lobby y en la defensa de sus propios intereses económicos, ante el gobierno nacional, en los últimos años. La exalcaldesa de Pereira Martha Elena Bedoya, señalaba la semana pasada en los medios de comunicación que la “campeona de la competitividad”, no aparece jugando el papel que le corresponde dentro de la política para la competitividad y la productividad del país, establecida a través de diferentes documentos Conpes.  Se afirma que en la región no hemos sido competitivos porque Caldas sí ha logrado orientar políticas, obras y proyectos para su competitividad.

Conpes 3547 del 27 de octubre el año 2008, formula la política nacional de logística en desarrollo de los 15 planes de acción de la política de competitividad. El primer diagnóstico, presentado por la firma consultora del Departamento Nacional de Planeación, identifica nueve zonas con potencial para el desarrollo logístico,  en los cuales, está el Eje Cafetero. Así mismo, definió 14 corredores funcionales, entre los cuales, se encuentra Bogotá - Manizales y como resultado de lo anterior, se recomienda una red de 20 plataformas logísticas, entre las cuales está el Área Logística de Consolidación de Carga en Manizales y no en Pereira.

Tampoco aparecen definidas vías para el departamento, en la primera etapa, dentro de los 19 tramos de vías complementarias para la competitividad. Sin embargo, lo más significativo para nosotros es que a través de un documento Conpes se defina a Palestina, como el aeropuerto regional del Café y se garanticen inversiones para su construcción, que comprometen vigencias futuras del gobierno nacional. Una obra de infraestructura innecesaria para la competitividad de esta región, un capricho entendible de los Caldenses, pero, una insensatez del gobierno nacional, que debe poner por encima de los intereses de cada departamento, una agenda de desarrollo regional. La mejor economía de escala no es concesionar los tres aeropuertos, es no invertir en lo que no se necesita y orientar los recursos para el desarrollo regional conectado al Pacífico.

Con Cautela

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 12 de mayo de 2009

El gobierno nacional debe respetar la autonomía territorial para definir el futuro de nuestro Aeropuerto Matecaña. Una concesión regional podría afectar el mercado de Pereira para hacer viables los aeropuertos del Edén (Armenia) y Palestina (Manizales). ¿Por qué una concesión regional?  Una explicación podría ser que el retorno de la inversión del concesionario no se recupera en algunos aeropuertos y por eso se requiere que las utilidades del Matecaña compensen las pérdidas de los vecinos.

El Aeropuerto Matecaña, sí necesita inversiones permanentes para ser competitivo, sin embargo, la estrategia de financiación merece un análisis riguroso.  Los estudios técnicos, que presente el gobierno nacional, para justificar la concesión regional requieren ser analizados no sólo por expertos, sino por personas que tengan claros nuestros intereses y prioridades locales.

Si el Aeropuerto Matecaña hubiese sido prioritario en la pasada administración, no se hubiese excluido del paquete de obras de valorización, la vía de acceso al aeropuerto, pero, extrañamente fue sacada, quedando otras obras que no son tan necesarias para la ciudad.

No obstante, el tema de los aeropuertos es una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de los proyectos de transporte en la región y sobre la agenda de desarrollo económico de la que deberían hacer parte. En el país se han definido unos centros de logística, entre los que, sorprendentemente, se encuentra Manizales (Revista Dinero) y no Pereira. Hecho que no ha despertado la debida preocupación en el departamento.

Esta situación, muestra una gran debilidad institucional local para definir la agenda de inversiones en infraestructura necesaria para la competitividad de nuestras ciudades. Lo que ocurra con nuestros vecinos y con el resto del país puede complementar o competir con nuestra estrategia de desarrollo, lo importante es saber diferenciar lo uno de lo otro. Por ejemplo, el metro de Bogotá es un problema nacional, si el país se embarca en ese proyecto se concentrará la capacidad fiscal de inversión del país en la capital y se limitarán los recursos para nuestra región.

Egoyá: Todos Ponemos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 28 de abril de 2009

El miércoles de la semana pasada, la CARDER llamó la atención sobre la necesidad de asumir el problema del colector Egoyá como un asunto de ciudad que compete a diferentes instituciones. Para el director de la entidad, el colector Egoyá es “el problema ambiental más grande que tiene Pereira” (La Tarde, 23 de abril).

La puesta en marcha de las soluciones requiere inversiones. Los recursos para los temas ambientales son transferidos por el municipio de Pereira a la CARDER, de acuerdo con la sobretasa al impuesto predial. Por ejemplo, en los últimos tres años el municipio de Pereira ha transferido a la CARDER más de 24 mil millones de pesos: más de 6.341 millones en el año 2006, más de 7.000 millones en el año 2007 y el año pasado más de 11.000 millones.

Propone la CARDER que las obras para el colector Egoyá se incluyan dentro de los Proyectos del Sesquicentenario. Para el municipio de Pereira sería muy importante que un porcentaje anual de los recursos transferidos a la CARDER se destinen para Egoyá, desde este año hasta la fecha del Sesquicentenario. Un convenio entre el municipio, la CARDER, Aguas y Aguas y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial puede definir las responsabilidades de cada entidad y los aportes concretos para implementar una solución.

La intervención integral sobre la zona del colector Egoyá permitiría no sólo eliminar el riesgo actual, sino también la generación de un gran espacio público que le daría continuidad al Parque Lineal, que inicia en Ciudad Victoria y debe culminar en la calle 27. Los nuevos desarrollos inmobiliarios en las manzanas cerca al parque podrían ayudar a cofinanciar la generación del espacio público, según lo determinen los estudios técnicos que el municipio de Pereira plantea realizar en la zona. 

La ejecución del proyecto es fundamental para darle continuidad a los procesos de renovación urbana y para consolidar el modelo de ciudad propuesto en el Plan de Ordenamiento de Pereira.  

Hace Siete Años

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 21 de abril de 2009

La semana pasada La Tarde publicó una noticia titulada “El Municipio aún desconoce la cifra real de sus predios”. La noticia sorprende por dos razones: en primer lugar, por el hecho en sí, es decir, quienes tienen a cargo la administración del municipio no conocen el inventario de sus bienes inmuebles y en segundo lugar, por la falta de investigación periodística que desinforma a la opinión pública por no consultar diferentes fuentes de información.

Entre el año 2001 y el año 2003, dentro del Programa de Modernización Institucional, la Secretaría de Servicios Administrativos a cargo de la doctora María Ruby Jaramillo, formuló y ejecutó el proyecto Actualización, Valoración y Legalización de los Bienes del Municipio de Pereira. El proyecto respondía a dos necesidades: una determinada por los objetivos del Programa de Modernización Institucional del plan de desarrollo y la otra, a un requerimiento de la Contaduría General de la Nación que establecía la necesidad de soportar con un inventario real, el valor de los bienes incluidos en el Balance General del Municipio de Pereira.

Con el proyecto se logró la adquisición de hardware y software, la localización y la organización documental de los títulos, el registro fotográfico de los bienes inmuebles y el avalúo de cuatrocientos predios. El inventario identificó 1.924 bienes de propiedad del municipio, 90% de ellos con estudio de títulos. La sistematización de la información, incluyó 3.500 predios que corresponden a áreas de cesión. El proyecto no podía concluir en un periodo administrativo por la complejidad y la dinámica permanente del proceso de identificación y de adquisición de bienes muebles e inmuebles. Esta información hace parte del informe de gestión de la Secretaría de Servicios Administrativos y fue incluida en el acta de empalme entregada a la administración que inició su periodo en el año 2004.

Lo extraño es que La Tarde informa que “hace seis o siete años en alguna administración, después de que fue creada la oficina de bienes inmuebles, la actualización del inventario,… sufrió una lesión grave…, el inventario dejó de surtirse, fue desatendido…”. En realidad ocurrió todo lo contrario, por primera vez hace siete años se realizó el inventario de bienes inmuebles del municipio. Tampoco es cierto que se haya creado ninguna oficina de bienes inmuebles en esa época. La pregunta entonces es: ¿qué se hizo el inventario de bienes del municipio?, ¿quién maneja el software que contiene la información de los bienes del municipio?, ¿existe un proyecto de inversión para complementar y actualizar el inventario?, ¿cuál es el interés de desinformar? 

Dinero y Votos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, domingo 12 de abril de 2009

Recientemente, el gobierno planteó la posibilidad de incluir en la reforma política, la financiación completamente estatal de las campañas políticas. Si el sistema electoral colombiano hubiese demostrado algún avance en el control del origen de los dineros o en la manera y en los montos invertidos en las campañas políticas, la propuesta sería positiva. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta.

Muchas campañas, son financiadas con recursos del narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla o la corrupción. Situación a la que no escapan la mayoría de los partidos políticos en Colombia, con razón afirmaba Max Weber, “las finanzas de los partidos son el camino menos claro de la historia de éstos y, sin embargo, uno de los más importantes al revelar ciertas relaciones políticas al interior y exterior de tales partidos”.

Los recursos de diverso origen se pueden invertir en la compra de líderes o de votos, en la financiación de campañas negras contra los contendores, en fiestas y dádivas, sin que existan mecanismos eficaces de control en el sistema electoral vigente.

El control al tope máximo de gastos permitido en las campañas políticas, es otra de las normas burladas en cada proceso electoral. No existen mecanismos para controlar el inicio de los gastos de una campaña. La publicidad la inician antes del tiempo establecido por la ley y no se conoce sanción alguna, por parte del Consejo Nacional Electoral.

Tampoco sanción moral, para los candidatos que violan las normas electorales por parte de la ciudadanía. Todo lo contrario, el testimonio de algunos líderes en los barrios de Pereira, es una muestra de la cultura política que soporta el sistema electoral colombiano, es triste escucharlos decir: “ese candidato es fuerte, sabemos que robó mucha plata, pero estamos esperando que venga a soltarla en los barrios”. 

Todo esfuerzo por mejorar los controles al sistema electoral colombiano contribuye a la legitimidad del sistema democrático, pero antes de llegar al financiamiento público total de las campañas es necesario que existan mecanismos eficaces de control y supervisión de los recursos, por parte de los partidos políticos y de los organismos de control electoral.

Impuesto Predial

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 7 de abril  de 2009

La gestión del suelo se refiere, entre otros, a la financiación del desarrollo urbano a través de impuestos y contribuciones derivados de la tierra.  A través de un régimen de suelo, se establecen los derechos y los deberes de los propietarios de los terrenos en el desarrollo de la ciudad y la forma de aplicar los instrumentos de gestión del suelo, es decir, la forma como los predios deben contribuir a financiar el desarrollo de la ciudad.

Esa aplicación de los instrumentos debe estar articulada con el ordenamiento territorial, adoptado en el Plan de Ordenamiento, que define las posibilidades de desarrollo de los terrenos o de los inmuebles. No obstante, debe existir mayor claridad y mayor concertación para definir quién paga que, en el desarrollo urbano de las ciudades. 

Adicionalmente, ningún instrumento de gestión por eficiente que sea, puede aplicarse sin que exista un análisis de la coyuntura, por la que atraviesa la ciudad, así como de la capacidad de pago de la gente. Las propiedades no valen por lo que son en sí mismas, sino por la explotación económica que pueda hacerse de ellas o el valor que otro, esté dispuesto a pagar por ellas.

La actualización catastral realizada por el IGAC y los cobros de predial, que se generaron con base en ella, no han tenido en cuenta los aspectos señalados. En primer lugar, en varios casos no se consideraron los usos establecidos en el Plan de Ordenamiento, situación que no sólo afecta al propietario, sino también al municipio que deberá pagar por las obras públicas, un mayor valor por las propiedades cuyos usos están destinados a espacios públicos o vías.

En segundo lugar, la coyuntura socioeconómica no permite unos incrementos tan altos. El impuesto predial excede, en algunos casos, el doble del monto liquidado en el año inmediatamente anterior, situación que merece una revisión a luz de la legislación vigente.  Aún sin crisis económica, los negocios lícitos, no crecen tan exageradamente para pagar incrementos diez o veinte veces más el valor del IPC.

La actualización catastral, que debió implementar la administración anterior, tiene aspectos positivos como la incorporación de nuevos predios y seguramente la corrección, en varios casos, de errores en las áreas o en los avalúos, pero definitivamente, por las razones expuestas, es necesario una revisión y un ajuste a los cobros establecidos a los ciudadanos, que no pueden contribuir, por encima de su capacidad, al desarrollo de la ciudad.

Todo por Construir

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 31 de marzo de 2009

El nuevo gobierno de los Estados Unidos pretende aumentar los niveles de capital social para enfrentar la crisis económica. Diferentes estudios demuestran que el aumento en los niveles de capital social tiene efectos positivos sobre la economía y el fortalecimiento de la democracia. 

En Colombia existe un bajo nivel capital social y muy poca cultura política. La encuesta de cultura política, cuyos resultados fueron entregados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), este mes, muestra que es muy poco lo que se ha avanzado en la materia.

En una sociedad con capital social, los ciudadanos se organizan y se asocian con facilidad, contrario al egoísmo o al individualismo, los ciudadanos dedican parte de su tiempo a ayudar a otro o a defender políticas o programas sociales. Desafortunadamente, el 76,04% de las personas no hace parte de ninguna organización, el 11,43% pertenece a grupos religiosos, el 5,30% a otras (sindicatos, asociaciones profesionales etc.), el 5,21% a juntas de trabajo comunitario y sólo el 2,02% a agrupaciones benéficas o voluntarias.

En Colombia la mayoría de la gente es indiferente frente a los problemas que afectan su comunidad. El 62,52% no toma ninguna medida, el 23,60% se queja ante las autoridades correspondientes y sólo el 11,35% se organizan con otras personas para firmar peticiones o cartas.

La mayoría de la gente no participa por falta de tiempo (37,95%) o por falta de información (35,47%), otros porque definitivamente no le interesa (22,96%), porque no hay mecanismos adecuados (5,78%) o por desconfianza en las instituciones (5,48).

A pesar de que la mayoría de la gente vota en las elecciones (59,58%), un porcentaje muy alto (55,89%) no confían en la transparencia del proceso electoral. Los partidos tradicionales que llevan muchos años de existencia y los nuevos, no han logrado ganarse la simpatía de la gente. El 65,30% manifiesta no simpatizar con ningún partido o movimiento político. En ausencia de capital social y cultura política, la gente se identifica con liderazgos fuertes, claramente identificables en lo nacional e inexistentes en lo local.

Dos Temas

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 24 de marzo de 2009

Corte Constitucional: En el día de hoy los seis candidatos a la Corte Constitucional están en audiencia en el Senado de la República y mañana escogerán un candidato de cada terna, Risaralda tiene grandes posibilidades de lograr que su candidata, María Victoria Calle sea elegida. La unión de fuerzas y esfuerzos para lograr esa representación será una lección para el departamento, que en el pasado ha perdido espacios en el gobierno nacional, por la falta de unión o por la oposición que algunas o algunos ejercen, basada en odios personales.

La doctora María Victoria Calle está cosechando lo que sembró, en los años de trabajo, al servicio del departamento de Risaralda y del municipio de Pereira. Durante todo ese tiempo que defendió los intereses públicos, mantuvo una actitud de respeto y de colaboración frente a los diferentes grupos sociales del departamento, que hoy le permite sumar y multiplicar respaldos. Los valores, los principios y la formación de María Victoria Calle son una garantía para la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos.       

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Movilidad: El alcalde de Pereira, Israel Londoño, decidió no prorrogar la cuestionada concesión de las vías de Pereira a Daytona, contrato celebrado en la primera alcaldía del exalcalde de Pereira, Juan Manuel Arango y prorrogado varias veces, desde que terminó en el segundo mandato del exalcalde Arango. La buena decisión debe aprovecharse para revisar la necesidad de mantener las zonas de permitido parqueo en el centro de la ciudad.

Si ya no existe la obligación legal de mantener el negocio en manos de un particular, llegó la hora de pensar en lo más conveniente para los ciudadanos. ¿Es suficiente la oferta de estacionamientos en el centro de la ciudad? Un estudio sencillo, podría demostrar que no se necesita obstaculizar la movilidad en el centro, permitiendo que los carros ocupen las vías. 

Las políticas urbanas, en la mayoría de las ciudades desestimulan el ingreso de los carros al centro, ofreciendo alternativas de estacionamiento en zonas periféricas, estableciendo sistemas de transporte masivo o permitiendo que los peatones o los ciclistas puedan movilizarse libremente. En Pereira, ocurre lo contrario: el costo de desplazarse en carro al centro es relativamente bajo y nadie circula libremente, ni los carros, ni los ciclistas, ni los peatones.

Instrumentos de Gestión del Suelo

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 17 de marzo de 2009

Uno de los propósitos de los planes parciales, es superar el desarrollo predio a predio que ha generado grandes problemas en el desarrollo urbano del país. El plan parcial define el área de terreno que debe urbanizarse independientemente de la estructura predial, con el fin de desarrollar piezas completas de ciudad, con espacios públicos, infraestructuras, equipamientos, etc. Este objetivo no es posible lograrlo, si la ciudad se desarrolla de acuerdo con la división de la propiedad existente y a través de urbanizaciones pequeñas que no garantizan un desarrollo integral.

La puesta en práctica de los planes parciales en Colombia, ha sido objeto de un amplio debate que resalta sus virtudes, pero también ha hecho evidente las dificultades para su implementación, en realidades urbanas complejas y vulnerables a los cambios de gobierno. En la medida en que se genere una verdadera cultura de la planeación, los planes podrán articularse a proyectos de largo plazo en las ciudades. Sin embargo, los planes deben diseñarse en función de la capacidad real de las administraciones públicas para actuar y de las condiciones particulares del mercado inmobiliario, en el momento de su formulación y de su gestión. 

En las ciudades hay zonas que deben desarrollarse a través de planes parciales, esto implica que debe formularse un plan por una entidad pública o privada, también implica la gestión asociada de los diferentes propietarios y la consecución de inversionistas para las diferentes unidades de gestión del plan parcial y repartir entre ellas las cargas y los beneficios respectivos.

La implementación de los planes parciales, es un proceso reciente en el país, sólo ciudades como Pereira (Ciudad Victoria) y Medellín tienen resultados concretos, en la gran mayoría de las ciudades, incluyendo Bogotá, se han formulado planes pero no se ha avanzado satisfactoriamente en su gestión, es decir, en lograr vincular inversionistas. Por ejemplo, el Plan Parcial Bavaria, fue formulado en el año 2003, con recursos privados y establece un “instrumento de planificación y de gestión para encausar los potenciales procesos de transformación de la zona de Bavaria”. Hasta el momento sólo se ha logrado el desarrollo de la unidad de gestión donde está ubicado Carrefour. El Municipio no estableció ninguna exoneración tributaria en el decreto del plan parcial, pero sí asumió compromiso con la gestión del plan parcial. A finales del año 2003, se logró despertar el interés inversionistas para desarrollar las viviendas, pero la administración saliente no alcanzó a concretar su vinculación. No obstante, la zona tiene más posibilidades de desarrollarse con un plan parcial aprobado que sin él y existen más posibilidades de atraer inversión para las unidades de vivienda con Carrefour construido. La Promotora debería promover y apoyar la gestión de los planes parciales en la ciudad.

Derechos de la Mujer

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 10 de marzo  de 2009

Uno de los retos propuestos por la Cuarta Conferen¬cia Mundial sobre la Mujer era fortalecer la participación política de las mujeres en los puestos de mayor decisión. Sin embargo, en Colombia la participación efectiva de las mujeres en las tres ramas del poder público y en los altos cargos en las distintas regiones sigue siendo muy inferior a la de los hombres. 

Todavía existe un sesgo discriminatorio. En el ejercicio de los derechos políticos, la postulación y la elección de las mujeres continúa siendo muy baja a pesar de los esfuerzos de las mujeres por participar en los grupos comunitarios, en la ad¬ministración pública o en los partidos y movimientos políticos.

Por lo tanto, se requiere avanzar más en el ejercicio de políticas públicas existen¬tes para garantizar las condiciones de participación de las mujeres en los espacios de de¬cisión.

La Ley de Cuotas, Ley 581 de 2000,  busca garantizar la participación de las mujeres en los altos cargos de elección popular. La Consejería de Equidad para la mujer de la Presidencia de la República, tiene claro que “la inclusión política no garantiza la representación  real de las mujeres, pero sin inclusión es imposible la participación y, por lo tanto, su representación efectiva”.

La Corte reconoce la Ley de cuotas como una acción afirmativa, o de discriminación positiva, es decir, que propende por garantizar mejores condiciones para lograr una mayor representación de la mujer en los más altos cargos del Estado. En este sentido, la Corte Constitucional señaló que las acciones afirmativas son: “.... políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, o bien con el fin de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tenga una mayor representación”.

Cada año a pesar de los avances logrados, los retos siguen siendo enormes, sobre todo para superar las barreras culturales, que han asignado unos papeles para las mujeres y otros para los hombres. Por último, si se lograra despertar más solidaridad entre las mujeres, conquistas, como la ley de cuotas tendrían un impacto mayor.

Legalización de la Droga

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 24 de febrero de 2009

La lucha contra las drogas y el consumo de sustancias psicoactivas fue uno de los fracasos del siglo XX, si el debate para enfrentarlos continúa politizándose y disfrazándose con argumentos moralistas, muchos escribirán en el siglo XXII que la lucha contra las drogas en el siglo XXI también fue un gran fracaso.

El cultivo, la producción, la distribución, la comercialización y el consumo de drogas sigue creciendo por ser un negocio altamente lucrativo. El precio protegido de las drogas ha creado una industria gigantesca con una amplia red de actores y canales de distribución.

La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, argumenta que “mediante la simple vía militar o policíaca no se podrá terminar con el flagelo que azota por hoy a los pueblos, mejor conocido como el crimen organizado”. Afirma con razón la Comisión, que el tema de las drogas no se ha podido debatir, de manera abierta, porque existen una serie de prejuicios que no han permitido buscar otras soluciones al problema de las drogas y su consumo.

En este siglo ya deberíamos tener la apertura suficiente para poner sobre la mesa el debate sobre la legalización de las drogas. Los gobiernos deberían contratar estudios técnicos para analizar otros enfoques, definir otras políticas e implementar otras estrategias. El consumo de drogas es un problema de salud pública y el narcotráfico es un negocio que persistirá y crecerá en la misma proporción en que suban los precios de la droga.

El reciente nombramiento del Zar antidrogas, en Estados Unidos, podría significar un nuevo enfoque en la política contra las drogas, sus primeras medidas en cuanto al consumo y la penalización hacen énfasis en las políticas de salud pública y no en la prohibición. En Colombia también deberíamos avanzar, pero el gobierno está cerrado al debate, ha entregado el problema a la opinión pública.

El gobierno considera que el consumo estimula el tráfico de drogas y se ha enfrascado en la penalización de la dosis personal. Lo que estimula el tráfico de drogas no es el consumo, es el precio de las drogas, la alta rentabilidad del negocio, el alto precio que la gente está dispuesta a pagar. El narcotráfico alimenta el terrorismo por la misma razón, porque los precios garantizan que las utilidades alcancen a financiar diferente modalidades de crimen organizado.

El Circo

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 10 de febrero de 2009

¿Por qué no escribo sobre los temas políticos locales? La razón es muy sencilla, porque no existen fuentes confiables de información para opinar sobre la coyuntura política local. En esta columna el lector se puede dar cuenta que los argumentos y los temas se soportan y además, se cita la fuente, incluso recurriendo a un método que muy pocos columnistas utilizan: citar los autores y el año de publicación del texto, práctica que no se usa en las columnas de opinión, pero que puede ser útil para quienes quieren consultar algo más sobre los temas tratados.

Como he participado activamente en las tres últimas campañas políticas (congreso, presidente y alcalde) y en los medios hablados y escritos a veces aparece mencionado mi nombre, conozco que no se consulta la fuente y que la información que sale a luz pública es producto de las especulaciones o en algunos casos de las manipulaciones o de las estrategias de las campañas, para utilizar los medios de comunicación como vehículos de sus propios intereses.

Los medios tienen el reto de lograr que sus periodistas garanticen independencia, equilibrio e investigación sobre las noticias y tienen la difícil tarea de controlar, que no sean manipulados o influenciados y abandonen sus principios éticos y su importante función social como comunicadores.   En ausencia de una cultura política, con ciudadanos indiferentes y sin partidos fuertes y legítimos, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. 

“El Retrato de la Política que no Construye”, fue el título de una columna, en la que afirmaba que no basta con informar acerca de lo que “es” o “parece” la política, se debería abordar lo que puede o debe ser.

El periodismo político puede contribuir a facilitar la comprensión de la realidad e ilustrar sobre las distintas perspectivas de los movimientos o de los partidos políticos. Los periodistas saben que su profesión está ligada a la verdad y a los valores. Así como un periodista económico necesita entender unos principios básicos de economía, un periodista político necesita conocer cómo funciona el sistema político y electoral colombiano. ¿Cómo afirman ahora que ya hay candidatos inscritos al Congreso? Si faltan muchos meses para inscribir candidatos, según el calendario de la Registraduría. Si los hechos noticiosos se contextualizan, se puede a través de su presentación, formar al lector u oyente y no sólo darle un  “chisme” de pasatiempo.

La Lentitud

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 30 de diciembre de 2008

La palabra que mejor describe el año 2008, en la ciudad, es la lentitud. En primer lugar, por la desaceleración de la economía nacional y local. El comercio, nuestra principal fuente de empleo, disminuyó el ritmo de ventas. Los ingresos de las familias que viven de las remesas bajaron. En el primer semestre, por la revaluación del peso y en el segundo, por la disminución en el número de horas trabajadas en esos países (Estados Unidos, España…), producto de la recesión económica internacional.

Las ventas en el sector de la construcción también bajaron, lo mismo el número de nuevos proyectos aprobados por las curadurías urbanas. La actividad edificadora en Pereira  y Dosquebradas, fue menor que en el año 2007. Las proyecciones indican que el área con licencias de construcción aprobadas finalizará a la baja, con una disminución del 20.6%, frente al acumulado de doce meses atrás. Entre enero y noviembre de 2008, para la ciudad de Pereira, se aprobaron licencias en total por 450.827 m², registrando un decrecimiento del 31.5%, frente al mismo período de 2007 (Camacol, Noviembre 2008).

Las administraciones públicas, en el primer año de gobierno, tienen muy bajas ejecuciones. El director del Banco de la República resaltó en su informe de noviembre, el efecto en la caída de la demanda como consecuencia, entre otros, de la notoria caída en las obras públicas. Aunque una de las razones para tener bajas ejecuciones, el primer año, es la dedicación a la formulación del plan de desarrollo, también es posible que muchos municipios, como Pereira, hayan pasado este año con “guayabo fiscal”.

La ley 617 obligó a los municipios a sanear sus finanzas. Muchos municipios empezando la presente década lo lograron (2003) disminuyendo gastos de funcionamiento, bajando el endeudamiento y aumentando la magnitud del ahorro. Las pasadas administraciones (2004-2007) aprovecharon la mayor capacidad de inversión y la bonanza de la economía nacional, sin embargo, terminaron como Pereira, con bajos desempeños fiscales, de acuerdo con el ranking establecido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Durante el año 2008 también hubo hechos positivos, se inició el ejercicio de prospectiva de cara al Sesquicentenario de Pereira, un ejercicio abierto y participativo; el Ministerio de Cultura licitó la reconstrucción del Palacio Nacional y se recuperó el Deportivo Pereira. El próximo año va a ser difícil y por esa misma razón el municipio debe despegar, es importante la ejecución de proyectos públicos que estimulen la inversión privada, necesitamos más empleo, más seguridad y más espacios públicos para la gente, incluyendo los peatones. La prudencia, necesaria en tiempos difíciles, no puede convertirse en inactividad de las instituciones, de las empresas y de las personas. Recibamos el año 2009 con optimismo y con esperanza. Para todos, un Feliz Año.

Propuesta

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 23 de diciembre de 2008

El municipio de Pereira, no ha recaudado el dinero esperado por el cobro de valorización, establecido en el pasado gobierno, para un paquete de obras de infraestructura, algunas ya ejecutada, unas en ejecución y otras por ejecutar. De acuerdo con la información publicada, en La Tarde, el pasado sábado 20 de diciembre, el recaudo sólo llega al 60%.

La disminución en los ingresos de los hogares, durante este año, pudo haber afectado el recaudo, sin embargo, desde el inicio del proyecto, muchos han señalado que el cobro no consultó la verdadera capacidad de pago de la gente, ni el beneficio real que percibirían de las obras.

No todas las obras incluidas en el derrame de valorización eran prioritarias, ni tampoco era necesario iniciar simultáneamente su ejecución. No puede defenderse la decisión y el mecanismo utilizado, para este grupo específico de obras, con el argumento de que toda crítica es un atentado al mecanismo de financiación de obras, mediante el cobro de valorización.

En enero de este año, la alcaldía informó, que existía un déficit de más de 20 mil millones de pesos, entre el valor presupuestado para las obras y el valor real de su ejecución. Si a ese déficit, se le suma el valor de los créditos que no pueden pagarse, porque el municipio no ha podido recaudar la contribución por valorización, la única alternativa, si la decisión es continuar, sería endeudar más el municipio.

La otra alternativa que podría estudiar la alcaldía es postergar, hasta el tiempo que permite la reglamentación vigente, la ejecución de las obras viales que no son prioritarias, en el plan estratégico de la movilidad de la ciudad. Esperar a recaudar los recursos, que son viables de cobrar, antes de iniciar la ejecución de las obras, es una opción que tiene el municipio, para no copar su capacidad de endeudamiento, en obras que no hacen parte del plan de desarrollo y no atienden ninguna necesidad urgente de los ciudadanos.   

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Mensaje de Navidad: “El ladrón quita bienes que pueden reponerse; el mentiroso nos arrebata la confianza, el único bien que nadie repone” (Profesor: Alonso de la Pava). FELIZ NAVIDAD.

 

 

¿El Problema o las Soluciones?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 16 de diciembre de 2008

En esta columna se da respuesta a la segunda pregunta formulada en el ejercicio de prospectiva del Sesquicentenario de la ciudad de Pereira. Se pregunta: ¿cuál es el problema social de mayor impacto en la ciudad?

La respuesta lleva implícita una reflexión sobre lo que es en realidad un “problema social”, sobre todas las abstracciones que deben hacerse para llegar a definirlo. Además, la pregunta pretende que se defina un criterio para priorizar “los problemas sociales”, Seguramente, para llegar a lo más importante: definir estrategias, tomar decisiones y acciones para resolverlo.  

La definición participativa del problema pretende identificar sus características y sus causas principales, para llegar a formas “legítimas” de intervenir sobre él. La coincidencia en el señalamiento de “problemas sociales”, busca darle el carácter de hechos o problemas objetivos. Lo primero que debe aclararse es que no existe ninguna situación social, intrínsecamente problemática. En la definición de “los problemas sociales” intervienen los sesgos ideológicos, las circunstancias y el momento histórico en que se definen. De la misma manera como se construyen los “problemas sociales” se construyen socialmente las alternativas para resolverlos. En muchos casos los ejercicios de planeación se quedan en la primera parte o si pasan a la segunda (definir como resolverlos), no se toman acciones coherentes para lograrlo.

Las ciudades como Pereira, en los países en desarrollo comparten problemas muy similares: pobreza e inequidad, por falta de oportunidades de empleo o generación de ingresos. Las familias más pobres tienen el mayor número de hijos. En las zonas urbanas y rurales persiste el analfabetismo, la desnutrición etc. Las ciudades también tienen sus problemas particulares por factores políticos, culturales o geográficos. Pereira tiene, entre otros, un flujo permanente de inmigrantes, desplazados o personas en busca de oportunidades de empleo, también tiene la influencia de una cultura mafiosa, que ha permeado todas las clases sociales y los procesos políticos. 

Otras peguntas podrían ser: ¿cuáles son las soluciones de mayor impacto?, ¿qué instituciones tienen la responsabilidad de hacer algo para resolver los problemas?, ¿cómo integrar a través de los grupos poblacionales las políticas de educación, de salud sexual y reproductiva, de generación de empleo, de desarrollo infantil temprano o desarrollo sostenible?, ¿cómo formamos ciudadanos para que elijan las personas que puedan dotar las instituciones de las capacidades e independencia necesaria, para resolver los problemas de los ciudadanos?

Avancemos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 9 de diciembre de 2008

La semana pasada, se comenzó un proceso de participación ciudadana, que busca definir las políticas y acciones necesarias para iniciar unos procesos y hacer realidad unos proyectos, que aún están en construcción. El proceso lo lidera la alcaldía de Pereira con motivo del sesquicentenario de la ciudad. Una buena idea del alcalde y una buena oportunidad para incluir diferentes actores en la formulación de las políticas de desarrollo de Pereira.

En el primer ejercicio, se pregunta: si se debe consolidar la visión de Pereira, como el centro de negocios y servicios del occidente colombiano. Esa visión quedó plasmada en la última revisión del plan de ordenamiento de la ciudad y había sido incluida, con tres apuestas más, en el plan de ordenamiento en el año 2000.

Pereira sí se debe continuar consolidando como el gran centro de negocios y servicios del occidente colombiano, esa visión responde a las potencialidades del territorio y a la vocación de la gente. El sector comercio, restaurantes y hoteles es el principal generador de empleo, representa el 30.7%, seguido por los servicios con el 23.8%. El 70.4% del valor agregado de la economía está concentrado en el sector terciario. 

No se puede confundir una apuesta de ciudad para consolidar un sector económico con el modelo económico de una ciudad, ni tampoco se puede decir que el comportamiento de la economía de Pereira haya sido inferior al nacional. Pereira ha logrado un crecimiento de su economía mayor al promedio nacional. El producto interno bruto (PIB) de la ciudad ha crecido en promedio un 3.8% anual y la nación lo ha hecho al 3.1% promedio anual desde 1990 hasta el 2006. En consecuencia el PIB per cápita  de US$3.026 ha sido superior en un 13% al nacional (US $ 2.670) en el año 2005 (Centro de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Pereira, 2007). 

No obstante, la generación de empleo es insuficiente y es necesario complementar las fuentes de empleo en el sector comercio y servicios con otras fuentes de trabajo para la gente de la ciudad y el flujo permanente de inmigrantes. Las apuestas para consolidar sectores económicos no son excluyentes. También es necesario que exista coherencia entre las estrategias para fortalecer y consolidar sectores económicos con las inversiones, las normas y las acciones gubernamentales. La formación de capital humano, las estrategias para lograr encadenamientos productivos, las obras de infraestructura, la promoción o la vinculación de capital privado deben guardar relación con la apuesta para consolidar una visión de ciudad. Este podría ser un punto de partida, para evaluar el éxito o el fracaso de una apuesta de ciudad.

¿Competir con los Bancos?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 2 de diciembre de 2008

El éxito en las estrategias de desarrollo local depende, entre otros, de las formas de financiamiento. Lo ideal es lograr la mayor cantidad de inversión privada posible, preferiblemente hacia mercados locales que se vuelvan sostenibles y no dependan en el futuro de aportes públicos. La Comunidad Andina de Fomento (CAF) publicó este año una investigación sobre “Estrategias de inversión y herramientas financieras para el desarrollo local” soportada en estudios de casos donde se demuestra la efectividad de este enfoque.

El intercambio de las experiencias, de los treinta países desarrollados, que hacen parte de la OCDE y los países miembros de la Comunidad Andina de Fomento (CAF) ha logrado construir, un cuerpo de literatura sobre el desarrollo local, que busca evaluar el tipo de políticas que permitan hacer de las naciones, de las regiones o de los municipios, territorios más productivos, con más riqueza, con más capital humano y con más ingresos para los fiscos locales.

La autonomía territorial en Colombia, en particular la de los municipios, debe aprovecharse para canalizar mejor las oportunidades y las nuevas fuerzas del desarrollo económico, como los mercados de bienes y servicios ambientales, la productividad urbana y rural, la innovación y el desarrollo tecnológico, entre otros.

Pereira ha desarrollado importantes procesos de planeación estratégica, ha formulado sus planes de ordenamiento (POT) y los ha ajustado, en los períodos correspondientes. Este año se están adelantando paralelamente varios ejercicios: marketing de ciudad, sesquicentenario de Pereira, ajuste al POT, ejecución del nuevo plan de desarrollo y en todos, se está buscando la participación de diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil y gremial.

El municipio creó, en el pasado gobierno, la Promotora, como una herramienta para financiar el desarrollo Local. El miércoles, de la semana pasada, el periódico La Tarde informó que La Promotora, le había prestado 12.300 millones a la Empresa Telefónica de Pereira (ETP) para cubrir una necesidad de caja de esa empresa.  La noticia no generó ninguna reacción o si la generó no fue publicada.

Las decisiones de la Promotora impactan directamente las posibilidades de todos los ejercicios que se están adelantando y la continuidad de los procesos en curso. El dinero prestado a la Telefónica no correrá ningún riesgo, sin embargo, a luz de las teorías de desarrollo local, no es ese el papel, que debe jugar hoy el municipio y ni ese el mejor uso de los escasos recursos disponibles para  inversión.