No es posible el desarrollo social sin empleo

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de diciembre de 2006

“No hay desarrollo humano sin desarrollo económico” señaló Cesar Vallejo en el evento sobre perspectivas para un segundo informe regional de desarrollo humano para el eje cafetero, celebrado en Pereira, la semana pasada. La relación entre desarrollo económico y desarrollo humano es bidireccional.

Ha sido bastante estudiada, discutida y explicada la relación entre el capital humano y el desempeño económico. El aumento en las capacidades y las competencias de las personas, genera mayores oportunidades y mayor libertad. Una persona educada y con salud tiene mayores posibilidades de aportarle a la sociedad y a su propio bienestar. El desarrollo humano fortalece la autonomía, aumenta las competencias laborales y mejora la capacidad para tomar decisiones. En otras palabras, no puede haber competitividad sin actores o sin agentes que la soporten. Las condiciones de esos actores dependen del desarrollo humano.

La otra relación entre desempeño económico y capital humano, no ha tenido la misma importancia. Incluso algunos la llegan a considerar excluyente. Quienes así piensan con frecuencia afirman “lo importante es lo humano, lo social y no lo económico”, “el desarrollo económico es para los ricos y el desarrollo social es para los pobres”. De esta manera excluyen el empleo como una condición necesaria para mejorar las condiciones de vida de la gente y defienden el asistencialismo porque es social y beneficia directamente a los pobres.

Como argumenta Cesar Vallejo: “El buen desempeño económico es necesario para lograr un mejor desarrollo humano. Las actividades conscientes del ser humano, en todos sus ámbitos, tienen como objetivo la búsqueda de su bienestar: la atención de necesidades básicas, la solución de problemas y la satisfacción de aspiraciones… Por eso la economía se puede definir como el manejo (asignación, transformación, creación de valor, utilización) de recursos disponibles de una sociedad, para satisfacer sus necesidades básicas y cumplir sus aspiraciones de mejorar permanentemente los niveles de bienestar”.

Para mejorar el desarrollo humano, hay que aumentar la competitividad de nuestras ciudades y regiones. Lograr ser competitivos es un reto social y no sólo económico. La generación de ingresos debe ser una prioridad. La construcción de un mejor futuro para los habitantes del eje cafetero depende también de las oportunidades de empleo que encuentren en la región.

Para todos una FELIZ NAVIDAD.

* * * * *

La campaña de prohibición a la pólvora merece mayor apoyo. Sin incluir otros centros de salud, en sólo el hospital San Jorge, se han atendido 75 personas quemadas por pólvora u otros accidentes caseros. La mayoría de las personas quemadas durante esta época de navidad son niñas y niños.

¿El Derecho a la Salud?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 12 de diciembre de 2006

El sistema de salud en Colombia, no ha logrado garantizar la cobertura universal de sus servicios. El aumento del gasto público en salud, como porcentaje del PIB, no ha tenido un crecimiento proporcional en los servicios y en la calidad de la atención en salud. La ley 100 de 1993 estableció un sistema que ha dejado en manos de agentes privados, de diversa naturaleza, una suma importante de los recursos de la salud. Las empresas privadas dedicadas al “negocio de la salud” han registrado liquidez y grandes utilidades en sus estados financieros. Al tiempo que los hospitales públicos entraron en crisis financiera y los médicos y los trabajadores del sector salud han tenido que pasar varios meses sin recibir sus salarios.

El Congreso de la República aprobó, la semana pasada, una reforma a la ley 100 que pretende corregir algunas fallas del actual sistema. No se podría catalogar la reforma de estructural, pero sí permitirá un mayor control y protección a los usuarios, que hoy tienen que recurrir a la acción de tutela para reclamar un derecho fundamental. La mayoría de las tutelas presentadas en los últimos años corresponden a reclamaciones del Plan Obligatorio en Salud (POS).

La reforma creó la Comisión de Regulación en Salud, como unidad técnica especial, que definirá los POS, el listado de medicamentos, las reglas para el traslado de afiliados entre EPS y el valor de la Unidad de Pago por Capitación. También se creó el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control que se encargará de vigilar la administración y aplicación de los recursos del sector y velar porque se respeten los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad en Salud. Aparece la figura del Defensor del Usuario de Salud. Con estas medidas, la reforma reconoce que la competencia no era mecanismo suficiente de control para las entidades prestadoras de los servicios de salud.

Se eliminaron barreras para el acceso a los servicios de salud como los copagos y las cuotas moderadoras del régimen subsidiado. Se disminuyeron los períodos mínimos de cotización al régimen contributivo para recibir atención de enfermedades costosas. El plan obligatorio en salud será actualizado por lo menos una vez al año. Las actividades de prevención y promoción en salud serán implementadas por las Empresas Sociales del Estado con las que deberán contratar las EPS del régimen subsidiado.

El gobierno nacional espera incluir 8 millones más de beneficiarios al régimen subsidiado en salud, durante los próximos 4 años. La meta es importante pues busca llegar a una cobertura universal en salud. No obstante, si no se corrigen las fallas estructurales del sistema, es difícil que la meta se cumpla. Como la salud no se defiende como un derecho, los recursos para atender el servicio, como lo afirma Montenegro, no llegan a los más pobres se quedan en los intermediaros de la politiquería que ronda al SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios) o de “mafias, aliadas u organizadas por los paramilitares, de la mano de grupos de senadores, representantes, alcaldes y otros funcionarios…” (El Espectador, 10 de diciembre 2006).

Se espera entonces que las reformas introducidas permitan, por lo menos, dignificar la atención a los usurarios y disminuir la inequidad en la prestación de los servicios.

¿Responsabilidad Social Empresarial?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 5 de diciembre de 2006

Desde la década pasada se habla de la importancia de la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social corporativa. A través de ella, se busca que las organizaciones empresariales asuman el compromiso de contribuir en la satisfacción de las necesidades de determinados grupos de población. Por ejemplo, almacenes Éxito, a través de su fundación, apoya programas de nutrición para los niños de familias de escasos recursos. La multinacional Jhonson & Jhonson contribuye en la prevención de la desnutrición, el maltrato infantil y el embarazo en adolescentes. Otras empresas ejecutan proyectos educativos, culturales, ambientales o habitacionales.

Son muchas las personas que se han beneficiado en el país gracias a los proyectos sociales adelantados por las empresas, seguramente muchos niños, jóvenes, mujeres y hombres se hubiesen quedado sin atención alguna, si no existiesen los proyectos sociales mencionados. Los proyectos tienen un gran valor social. Sin embargo, el tema despierta varias reflexiones.

Las primeras formas de responsabilidad social partían de la caridad. No había responsables del bienestar. Las creencias religiosas daban los principios para apoyar al prójimo. Con la creación de los Estados, estos asumen la responsabilidad del bienestar social (educación, salud, servicios públicos, seguridad social) y la redistribución del ingreso por medio de los tributos.

¿Por qué entonces las empresas no aumentan los dineros entregados al Estado a través de la tributación para que aumente su capacidad de atender las necesidades sociales? ¿Será que las instituciones del Estado no generan la suficiente confianza para administrar los dineros públicos? Precisamente la desconfianza en los gobiernos y su incapacidad para resolver los problemas en los países en desarrollo, explica la proliferación de organizaciones no gubernamentales y la cantidad de dinero manejado por ellas, en los años 80´s y 90´s. Lo empresarial, lo caritativo, o lo No gubernamental como las ONG se consideran mejores vehículos para solucionar los problemas de la comunidad.

La responsabilidad social implica también un compromiso con la formación del Estado. La participación política responsable y ética de los empresarios es fundamental, para la construcción de una nueva institucionalidad pública que pueda, de manera integral, superar los niveles de pobreza de casi la mitad de la población colombiana. Si quienes tienen sus necesidades básicas insatisfechas, se marginan de los proceso políticos, ¿quién entonces construye el Estado?

Los interrogantes que se plantean sobre la responsabilidad social, como aparece en la revista Dinero del 9 de junio son: “¿es mejor invertir en educación o en salud?; ¿qué es más valioso socialmente apoyar a un grupo de madres adolescentes o construir un techo a desplazados?; ¿es más productivo adelantar investigaciones sobre tratamiento de enfermedades tropicales o debemos concentrarnos en la construcción de cultura ciudadana?” La propuesta es preguntarse primero: ¿cómo podemos aportar a la formación del Estado, a la construcción de una institucionalidad pública que pueda per se asumir su responsabilidad social?

Juvenal Mejía Córdova: un hombre ejemplar

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 28 de noviembre de 2006

El Doctor Juvenal Mejía Córdova nos dejó su ejemplo de honestidad, carácter y responsabilidad con nuestra ciudad. Su gran capacidad de análisis e interpretación de la realidad local y nacional orientaron nuestro proceso político, sus consejos durante mi campaña a la Cámara fueron siempre valiosos. En cada reunión, en cada conversación el Doctor Juvenal insistía en la necesidad de perseverar en la lucha por un ejercicio ético de la actividad política.

Con su excelente uso del idioma español y con su estilo directo y crítico, el Doctor Juvenal orientó la opinión durante muchos años a través de sus columnas semanales en este periódico. Afirmaba el doctor Juvenal en su columna del lunes 23 de mayo del año 2005: “…..desde hace algún tiempo la escala de valores perdió su jerarquía y los éticos fueron arriados por oírnos de menor valía y los antivalores arruinaron los valores; este fenómeno de carácter sociológico, se dirá, y con razón, que no es exclusivo de nuestro medio, sino que es nacional y se extiende por todo el continente, especialmente en los pueblos subdesarrollados o atrasados”.

“Pero no es menos dentro que hic et nunc, aquí en Pereira y ahora, reviste caracteres alarmantes, hasta el extremo de exhibirnos en los muy pocos honrosos primeros lugares, lo cual tiene su explicación: las gentes que han ocupado las posiciones directivas, carecen de compromiso con nuestro pasado, con nuestras tradiciones; son las llegadas a donde “no hay puertas” atraídas por nuestra merecida y plausible fama de gente hospitalaria, alegre, liberal y progresista. También y hay que decirlo con franqueza y con énfasis porque los pereiranos de hoy han hecho poco, casi nada por merecer el honor de ser los descendientes de quienes fueron paradigma, flor y ejemplo de virtudes que jamás podrán periclitar en ninguna sociedad, esté donde esté localizada”.

“En este ambiente formado entre otras causas por las anotadas, la clase política emergente y dirigente en poco tiempo ha hecho de la ciudad y de la región algo que conturba hasta el extremo de causar profundo dolor y aún miedo; una sociedad insegura, injusta, deshumanizada, desordenada, fea y peligrosa, en la cual su dirigencia carece de honestidad y de vergüenza, porque ha convertido los antivalores en ideales. Habla a troche y moche de democracia cuando ha hecho de la justicia una “caridad con uñas”; de la libertad, algo que consiste en hacer sin trabas todo lo que este vedado por elementales normas de comportamiento; de la voluntad popular, una infeliz mercancía que se adquiere con las obras de los banquetes del latrocinio; de la asistencia social, un fementido discurso populachero contra los pocos que aún tienen un patrimonio que no ha caído en sus manos codiciosas…..” (Palabras expresadas en el homenaje del doctor Juvenal Mejía Cordoba a la exalcaldesa Martha Elena Bedoya Rendón).

Para doña Raquel, sus hijos y familiares mis sentimientos de solidaridad y condolencia.

El valor de la honestidad en las ciudades

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 21 de noviembre de 2006

“Lo más revolucionario en política pública es No Robar”, afirmó el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, a RCN cuando le preguntaron sobre los aspectos que explican el éxito obtenido por la capital del país en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Bogotá ganó el premio "León de Oro", gracias a las transformaciones sociales, económicas y culturales y a los proyectos urbanísticos y arquitectónicos que han contribuido a construir un mejor ambiente para sus ciudadanos. Resaltaba el alcalde Garzón, que a pesar de las diferencias entre uno u otro gobierno, sobre ninguno de ellos (Mokus, Peñalosa, Garzón) se ha tenido duda sobre su honestidad.

En Bogotá, se ha hecho mucho más que eso, es decir, No Robar, sin embargo, tiene razón el alcalde al darle todo ese valor a los principios éticos que han orientado la acción pública en la capital. Vale la pena preguntarse en las ciudades del país, cuando cambian los gobiernos, por la continuidad de las buenas prácticas y no sólo por la continuidad de las obras o los programas.

Los gobiernos concentrados en administrar bien las ciudades, No se Roban los recursos públicos que se necesitan para satisfacer las necesidades de la gente pobre, se dedican a resolver los problemas de las ciudades en crecimiento (movilidad, espacio público, seguridad, deterioro ambiental etc.) y generan confianza institucional.

Los ciudadanos han tomado la decisión en las últimas elecciones en Bogotá de elegir alcaldes independientes de la clase política. En la capital del país, en los últimos cuatro períodos, los alcaldes han sido elegidos y reelegidos sin el apoyo de los concejales, ni de los diputados, lo mismo ocurrió por primera vez en la ciudad de Medellín. La diferencia en esas ciudades la ha marcado el alto porcentaje de voto de opinión, diferente a lo que pasa en los pueblos y ciudades pequeñas donde prima lo que tradicionalmente se conoce como “voto amarrado” (amarrado al contrato, el puesto, la vivienda, el carné del SISBEN, etc.).

La falta de conciencia y participación ciudadana, permite que unos pocos sigan robando y que la corrupción en el país continúe como un problema sin resolver. Lamentablemente, en el último informe de Transparencia Internacional, Colombia no mejoró su calificación frente al año anterior. En el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2006, el país quedó con una calificación “regular”, y se ubicó en el puesto 59 entre las 163 naciones evaluadas.

Los corruptos del país se siguen robando anualmente aproximadamente 14.5 billones de pesos. El editorial del periódico La Tarde, del 8 de noviembre, denunció el silencio cómplice de algunos ciudadanos en la región frente a los hechos de corrupción, la aceptación de otros, del pago de “mordidas” a los contratos y la actitud mafiosa de los servidores que quieren hacerse ricos en los puestos públicos.

El reto en la política pública va más allá de lograr que No Roben, es ante todo construir ciudadanía, formar mujeres y hombres, con conocimiento de su ciudad, de sus derechos y responsabilidades y con amor por lo público, que es de todos.

Educación: Derechos y responsabilidad ciudadana

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 14 de noviembre de 2006

La educación debe estar en el corazón de la agenda pública. A pesar de los esfuerzos por aumentar la cobertura educativa en la ciudad, el número de personas por fuera del sistema escolar en la capital del departamento sigue siendo alto. Según los datos del Censo General del año 2005, en Pereira hay 30.621 personas sin ningún tipo de estudio, es decir, casi el 6% de la población censada (404.913 personas) mayor de 3 años, no ha recibido ningún tipo de educación. El número de personas con primaria incompleta es de 90.943 y con la secundaria incompleta, la cifra llega a las 65.675 personas.

Sin educación no hay desarrollo humano. La falta de educación limita las oportunidades de las personas y sus familias. Todos esos ciudadanos que hoy no tienen educación o sólo tienen los primeros niveles de primaria, tienen pocas oportunidades para mejorar sus ingresos. Ellos son también las personas que tienen el mayor número de hijos y las que mayores recursos demandan del Estado. Por lo tanto, la lucha contra la pobreza y la búsqueda de la equidad debe partir de romper ese círculo vicioso y garantizar de manera efectiva el derecho a la educación.

En Pereira, el derecho a la educación se garantizó, durante la anterior administración de la ciudad, permitiendo el acceso a los colegios públicos de todas las niñas y los niños a todos los niveles educativos, incluyendo la secundaria. En la actual administración tienen acceso a la educación, los beneficiarios de la gratuidad, que son sólo aquellos que pertenecen a los primeros niveles del Sistema de Selección Único de Beneficiarios (SISBEN).

El pasado sábado el periódico La Tarde publicó un informe en el que se señala que: “por no actualizar sus datos con la nueva encuesta del SISBEN, 13.840 pereiranos perdieron los beneficios del régimen subsidiado en salud, cupos que serán reemplazados por igual número de personas que actualmente se encuentran en la lista de posibles beneficiarios”.

Si el acceso a la educación de las niñas y los niños en la ciudad depende del SISBEN, es preocupante que los hijos de esos 13.840 pereiranos no puedan acceder al programa de gratuidad en la educación, el próximo año. También se menciona en el informe que actualmente, 21.659 personas, que están en la base de datos del SISBEN, aparecen simultáneamente en las bases de datos de dos ó más ciudades y si ellos no aclaran su situación, serán retirados igualmente del sistema.

La situación muestra lo vulnerable que son las herramientas, como el SISBEN, para focalizar el gasto público. Por esta razón, la universalización de la educación y la salud, si se plantea como meta, en el próximo Plan de Desarrollo Nacional, deberá avanzar en la discusión de los derechos y las responsabilidades de la gente (tejiendociudadania@gmail.com).

Ciudades para la gente

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 31 de octubre de 2006

La calidad de vida de los habitantes de una ciudad, depende de una adecuada articulación e implementación de las políticas públicas. El desarrollo urbano y territorial sí es importante y su papel va más allá de representar simples transformaciones físicas, como se argumenta en algunos sectores de la ciudad. Todos los componentes del desarrollo urbano trascienden las dimensiones espaciales e impactan positiva o negativamente los derechos de la gente, al espacio público, a la recreación, al deporte, a la tranquilidad o a un ambiente sano y saludable.

Las ciudades en los países en desarrollo, comparten muchos problemas, por ejemplo, en ellas hay hambre, hay falta de oportunidades para estudiar o trabajar, hay pobreza y hay inequidad. Por eso en muchos momentos y en todos los países en desarrollo, aparecen discursos que critican lo existente, porque no se han resuelto esos problemas y plantean la salvación, reduciendo el desarrollo a un solo aspecto que normalmente queda definido como la “lucha por los más pobres” o la llamada “política social”.

Como afirma el doctor Fabio Giraldo, representante en Colombia de UN-HABITAT: “los aumentos relativos de la pobreza hacen oscurecer por momentos la importancia de la construcción de los espacios públicos físicos de las ciudades, y la importancia que ellos tienen en mejorar las relaciones entre el habitante y el poder, que se materializan, se expresan y concretan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, la infraestructura física y de comunicación, es decir, los espacios de uso colectivo permitiendo la apropiación progresiva de la gente de sus territorios, que son el ámbito físico de la expresión colectiva de la diversidad social y cultural. Los espacios públicos físicos son en cierta forma los espacios primordiales de la ciudad, de su cultura y de la posibilidad de crear una ciudadanía”.

Las transformaciones urbanas pueden generar beneficios culturales, sociales y económicos, como lo hizo Ciudad Victoria. El espacio público para los ciudadanos es un componente fundamental y en los centros de las ciudades es particularmente sensible y tiene gran impacto en la calidad de vida. Por eso se retrocede con la reinvasión del espacio público en el centro de la ciudad y con la ampliación de las zonas azules para tener más vehículos particulares en el centro. Ambos hechos afectan la tranquilidad y la movilidad de los peatones.

Las intervenciones urbanas no alcanzan por si solas a superar las necesidades de las personas más pobres o a disminuir la inequidad, pero si pueden impactar positiva o negativamente en las mismas. Las transformaciones urbanas en Pereira han contribuído notablemente a consolidar su vocación comercial, las mismas transformaciones son una fortaleza para promover el turismo. Tener mejores parques, más espacios públicos para los peatones, más corredores ambientales, más seguridad y mejores ciudadanos, es tener mejor calidad de vida.

La lucha contra la pobreza

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 24 de octubre de 2006

Una de las principales prioridades de los países en desarrollo es la lucha contra la pobreza. Con el fin de profundizar en sus causas y diseñar estrategias para superarla, el gobierno nacional creó en el año 2004 una Misión encargada de elaborar los respectivos estudios. La Misión debía analizar el papel del sector público y privado y las condiciones institucionales para implementar las políticas públicas para reducir la pobreza y la desigualdad.

En el informe se reconoce que para cumplir la meta de reducción de la pobreza, prevista para el 2010, es necesario continuar creciendo económicamente. En el informe se señala como “entre 1970 y 1996 el crecimiento económico permitió que la pobreza se redujera, especialmente entre 1978 y 1995, cuando la economía crecía al 4 por ciento y el desempleo no superaba el 10 por ciento. El porcentaje de los colombianos por debajo de la línea de pobreza se redujo en 20 puntos y la pobreza extrema pasó del 45 al 21 por ciento”.

Sin embargo, como se ha demostrado en otros estudios, el crecimiento es condición necesaria más no suficiente, para disminuir la pobreza, sobre todo cuando se parte de un porcentaje de personas pobres que llega casi al 50% de la población. Para bajar ese porcentaje a un rango del 35 o 39 por ciento, en el año 2010, la Misión plantea varias estrategias que es necesario analizar, pues de ellas depende la suerte de más de 22 millones de colombianos, que hoy vive en condiciones de pobreza en el país.

La educación es un factor clave en la reducción de la pobreza y la desigualdad. El informe reconoce su importancia en todos los niveles y profundiza en el análisis de la educación superior. Los recursos invertidos en este nivel educativo, durante el año 2003, fueron de los conceptos del gasto público que menos se focalizaron hacía los sectores más pobres. En el año 2005, por ejemplo, la tasa de cobertura en educación superior fue 3% y 91% para los deciles 1 y 10, respectivamente, es decir, casi todas las personas que asisten a un establecimiento educativo, pertenecen al grupo de mayores ingresos de la población.

La Misión propone aumentar el acceso de los más pobres a la educación postsecundaria y hacer énfasis en la formación técnica de ciclo corto, apoyando el sostenimiento de los estudiantes, ofreciendo créditos y mejorando la calidad. La Misión no abordó el reconocimiento de la educación como un derecho, sino como un servicio que debe asumir el Estado en mejores condiciones de focalización del gasto público.

La generación de empleo es otro pilar fundamental de la propuesta de la Misión. Se propone poner en funcionamiento el sistema nacional de formación para el trabajo y redireccionar el SENA. Se reconoce la importancia del crédito para los pequeños negocios de las familias pobres, pero se plantea eliminar la tasa de usura. El esfuerzo por aumentar el número de beneficiarios de los “mircrocréditos” debe hacerlo también la banca, que además en Colombia tiene amplios márgenes de intermediación. No es cubriendo el riesgo financiero con mayores tasas de interés, como debe la banca cumplir su función social, es precisamente otorgando el crédito al que más lo necesita. Para la política social se resalta la importancia de establecer programas integrales orientados a las familias y aumentar la atención al sector rural.

El Acuerdo Humanitario

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 17 de octubre de 2006

La posibilidad de llegar a un acuerdo humanitario con la guerrilla de las FARC, que permita la liberación de los colombianos secuestrados, ha despertado la esperanza sobre un acuerdo de paz. Los colombianos seguimos soñando con un país sin guerra. Sin embargo, el acercamiento logrado entre las partes, gobierno y guerrilla, hay que entenderlo en su justa dimensión, sin generar falsas expectativas.

Las dificultades para encontrar una solución negociada al conflicto son todavía enormes. El conflicto colombiano hace parte de lo que Azar (1990) ha denominado “conflictos sociales prolongados”, cuya dinámica se caracteriza por un incremento constante en las acciones violentas, injerencia extranjera, dependencia y desconfianza de las partes que producen como resultado la incapacidad para satisfacer las necesidades de la población, la fragmentación del tejido social y la debilidad institucional. La inercia del conflicto parece superior a la capacidad de resolverlo racionalmente.

Desde una perspectiva económica, para Shugart (1992) sólo cuando los costos de resistencia armada sean mayores a los costos de participación política, como un partido legítimamente reconocido, los grupos deciden desarmarse, como ocurrió en Centro América. El autor argumenta que los costos de participación para las FARC son más altos que mantener el control en ciertas regiones del territorio nacional.

En el mismo sentido Richiani (1997) considera que el costo económico de la paz en Colombia es muy alto. Todos los actores involucrados en el conflicto se benefician del negocio de la guerra. Los vínculos del conflicto con el narcotráfico, hacen del mismo un negocio sin sustituto y más cuando las políticas de desarrollo han generado el abandono del campo.

Desde el punto de vista político, se necesitarán surtir muchas etapas antes de llegar a una negociación, con razón el editorial del pasado domingo de El Espectador, considera que “se está ensillando sin traer las bestias” al proponer en este momento una Asamblea Nacional Constituyente o entregar curules en el Congreso de la República a la guerrilla, como lo planteó, en el encuentro de Confecámaras en Pereira, el director de esa entidad. A lo anterior se suma la propuesta del gobierno de buscar financiación al ELN si deja de secuestrar y otras propuestas de diferente orden que se realizaron durante la semana pasada.

La última Asamblea Nacional Constituyente permitió que el EPL y el M19 dejaran las armas y le apostaran a la democracia. El M19 ha dado el paso de formar y consolidar con seriedad un partido político como es el Polo Democrático. Por ahora, sólo se están buscando las condiciones para hacer posible una zona de encuentro en las montañas de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, que le permita a los secuestrados por las FARC regresar a sus hogares. Siempre será importante plantear alternativas para solucionar el conflicto con las FARC, pero no se debe hacer más complejo el proceso y concentrarnos en lograr el acuerdo humanitario.

Revisión del Asia

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 10 de octubre de 2006

Desde hace varios años los países de América Latina han tenido que mirar la experiencia asiática. El rápido crecimiento económico de los “tigres asiáticos”, el surgimiento de China como el desarrollo más importante de la década y los efectos que estos dos hechos, han generado en toda la región asiática, hacen de los mal llamados “milagros” un referente obligado para los países en desarrollo.

Sin lugar a dudas, hay que crecer económicamente, pero, ¿que puede pasar después de ese crecimiento? El éxito económico de muchos países de Asia Oriental ha creado una serie de problemas internos que hoy se hacen evidentes en la expansión desordenada de las ciudades, la desigualdad, la corrupción y la degradación del medio ambiente. Con el fin de analizar las nuevas fuerzas, tensiones y problemas que han surgido en esa región, el próximo informe del Banco Mundial: “El Renacimiento de Asia Oriental: Ideas para Crecer” realiza una revisión exhaustiva de lo que ha pasado y está pasando en los países asiáticos.

En los últimos cinco años, 50 millones de habitantes del Asia dejaron de ser pobres. La mayoría de las naciones en desarrollo del Asia Oriental serán países de ingreso medio en pocos años. Sí, en el 2010, Vietnam llega al nivel de ingreso medio, menos del 5% de los asiáticos orientales residirán en países de ingreso bajo.

El informe señala que a pesar de los innegables avances, hay problemas sin resolver. “Asia oriental es testigo del mayor desplazamiento de habitantes de la zona rural a la urbana de toda la historia”. Se prevé que durante los próximos 20 años, cada mes habrá dos millones de habitantes nuevos en las ciudades de Asia. Casi 600 millones de los habitantes de la región aún subsisten con menos de US$ 2 al día. La desigualdad ha aumentado en términos de ingresos y acceso a la educación y otros servicios básicos. Las minorías étnicas han estado excluídas de los beneficios del crecimiento. La corrupción la califican los analistas de endémica. La falta de control de las industrias y la expansión de las ciudades han generado problemas ambientales.

Sin desconocer las enormes diferencias históricas y culturales entre la región asiática y América Latina, de los procesos de crecimiento económico e inserción al comercio internacional se pueden aprender algunas lecciones adicionales a las señaladas tradicionalmente (Estados fuertes educación, industrialización, apertura). Indermit Gill, uno de los coautores del informe argumenta que “es necesario planificar y construir ciudades dinámicas y conectadas que tengan vinculaciones con el mundo exterior, de tal manera que el crecimiento económico no se detenga y se fortalezca la cohesión social”.

Se necesita proyectar redes de ciudades, conectadas con los puertos, es decir, regiones, con mejores carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. El sector rural no se puede abandonar hay que integrarlo al desarrollo. Las grandes desigualdades en Asia se presentan entre la zona rural y la urbana. Los problemas de esta última, los genera el rápido desplazamiento del campo a la ciudad y el aislamiento de las ciudades pequeñas de las actividades económicas orientadas a la exportación. Por último, considera el informe que los países asiáticos deben profundizar los procesos de descentralización del gasto público, como un mecanismo para disminuir la corrupción. En este aspecto América Latina puede demostrar que la descentralización per se no hace gobiernos honestos. Se necesita primero construir ciudadanía.

“Más Mujeres, Más Ciudad”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 3 de octubre de 2006

Durante el día de ayer y el día de hoy, Pereira es sede de un importante encuentro cuyo objetivo es generar un espacio de diálogo que permita el intercambio de experiencias exitosas de liderazgo femenino en las diferentes dimensiones del desarrollo de las ciudades. Los organizadores han reconocido el liderazgo de la mujer pereirana en los procesos de desarrollo y construcción social.

El evento pretende encontrar respuestas a la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel de las mujeres de nuestra ciudad para promover y conquistar un desarrollo equitativo? Seguramente se generarán nuevas inquietudes y quedarán importantes propuestas para la ciudad y la región.

Muchos serán los espacios que necesitaremos las mujeres, antes de lograr una participación equitativa en la sociedad. La política es la forma como las mujeres pueden lograr que su pensamiento y sus acciones mejoren las condiciones de la mayor cantidad de personas. Lamentablemente, es precisamente en este espacio donde las mujeres brillan por su ausencia. La representación de las mujeres en los cuerpos legislativos en el mundo sólo es del 15%, únicamente en 12 países del mundo, las mujeres tienen el 33% de las puestos en el parlamento (Naciones Unidas, 2005).

En Colombia el porcentaje de mujeres en el Congreso de la República, en los últimos años, ha sido sólo del 10% o 12%. En muchos países en desarrollo el porcentaje de mujeres en los cuerpos legislativos ha estado en aumento, sin embargo, en las elecciones pasadas (marzo 2006), el número de mujeres que lograron obtener una curul en el Congreso, disminuyó con respecto al período anterior.

A pesar de que la mayoría de los empleos en el sector público están en manos de mujeres, sólo 8% de ellas, ocupan altos cargos, las demás se encuentran en los niveles bajos de las estructuras organizacionales de las entidades del Estado. En la rama ejecutiva y judicial ocurre lo mismo. Colombia no ha tenido una mujer en la Presidencia de la República y son pocas las mujeres que han logrado llegar a las alcaldías y gobernaciones. En las altas cortes es mínima la participación de la mujer, lo mismo ocurre con los altos cargos en la misma rama del poder público.

Los partidos políticos con excepción del MIRA son dirigidos por hombres. No existen mecanismos para promover y garantizar los espacios de las mujeres en las listas a los diferentes cargos de elección popular. Muchas mujeres que han logrado llegar a los altos cargos, han dado la oportunidad a otras mujeres de ocupar las posiciones de primer nivel. En Pereira, en la administración pasada, la exalcaldesa Martha Elena Bedoya, tenía un gabinete compuesto un 77% por mujeres. En la actual administración la relación es exactamente inversa sólo un 33% de los cargos directivos de primer nivel están en manos de mujeres y el 77% en manos de hombres.

En Colombia es necesario profundizar no sólo en los niveles de la participación de las mujeres, sino también en la naturaleza de los mismos y las posibilidades de beneficiarse de manera equitativa de los procesos de desarrollo. La construcción de capital social es fundamental para lograr avanzar en la conquista de más y mejores espacios de participación. Necesitamos generar más confianza, más solidaridad, más organizaciones de mujeres y más redes que las conecten.

Las Regiones y el TLC

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 26 de septiembre de 2006

¿Cómo van a enfrentar los departamentos el TLC con Estados Unidos? ¿Cuál es la situación del departamento de Risaralda frente al proceso de globalización? La respuesta a las dos preguntas debe partir de reconocer que no son los departamentos, ni siquiera las naciones los que deben prepararse para competir en el mercado mundial, son las regiones. Como lo afirma Ohmae: “hoy en día los factores claves de la economía trascienden todas las fronteras, los que compiten no son tanto las naciones sino las regiones”.

Nuestros departamentos son simples divisiones político administrativas, su conformación no ha estado antecedida por una estrategia de desarrollo socioeconómico. Las ciudades deben organizarse en regiones, definir su plataforma competitiva, incluyendo sus sistemas de comunicación y transporte (terrestre, férreo, aéreo, marítimo, fluvial) y desarrollar procesos productivos orientados a la exportación.

Risaralda no puede asumir sola el proceso de globalización. En primer lugar, porque tiene que enfrentar las inmensas diferencias existentes entre las regiones de los países desarrollados y las de los países en desarrollo. Se debe reconocer que la competitividad es profundamente asimétrica. En segundo lugar, partimos de una economía vulnerable a todas las fluctuaciones de la economía global, con un crecimiento lento de su Producto Interno Bruto (PIB), con un PIB per capita menor al nacional, con una economía concentrada en el Área Metropolitana, sobretodo en Pereira y con una economía pequeña. En tercer lugar, los problemas de los vecinos son también los nuestros. El impacto del TLC sobre los cultivadores de arroz, no sólo se sentirá en el Tolima, también afectará a Risaralda.

Los municipios de Risaralda, como el resto del Eje Cafetero, no han logrado recuperarse de la crisis del café. Los pequeños siguen siendo dependientes del sector agropecuario. La dinámica del Área Metropolitana, en comercio y servicios es muy importante pero es inestable. Por ejemplo, más del 53% de los establecimientos económicos llevan menos de tres años de funcionamiento. El sector agropecuario, de caza y pesca, en Risaralda, decreció entre 1995 y el año 2003. Sin embargo, han tenido crecimientos positivos importantes, durante la presente década, sectores como la caña panelera, los cítricos y los pescados. No obstante, los sectores son vulnerables, no sólo por la competencia que se deriva de cualquier tratado, sino también por la oferta de otros países como puede ocurrir, en el caso del azúcar, con Brasil.

El sector manufacturero creció entre 1995 y el año 2003. Ha tenido una dinámica importante y con posibilidades de crecimiento en el mercado internacional el sector de alimentos. La fabricación de prendas de vestir es un segmento importante de la industria manufacturera en Risaralda, sin embargo, sus mayores riesgos están en la competencia de otros países como China y no necesariamente con Estados Unidos.

Dadas las condiciones mencionadas, Risaralda podría identificar algunos nichos de mercado hacia los Estados Unidos, siempre y cuando sean sectores que no son del interés de ese país, de lo contrario dada la falta de organización regional y las debilidades de las economías locales no es fácil enfrentar las desigualdades existentes en un mercado internacional con subsidios que distorsionan los precios y con las ventajas tecnológicas y de infraestructura de los países desarrollados.

Niñas, Niños y Jóvenes: “Titulares de Derechos”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de septiembre de 2006

El nuevo Código de la Infancia y de la Adolescencia, que aprobó recientemente el Congreso de la República, introduce varios cambios que demandan una nueva institucionalidad capaz de garantizar efectivamente los derechos de los niños y de los adolescentes.

Los cambios buscan: proteger integralmente a este grupo de la población, a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Crear un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes. Reconocer la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, promulgada en 1989. Endurecer las penas contra los agresores de los niños y los adolescentes y eliminar los beneficios en casos de maltrato. Reestablecer los derechos y reparar los daños contra la integridad personal de los niños, niñas o adolescentes (daño físico sexual o psicológico).

Garantizar el debido proceso a los jóvenes. Poner en conocimiento de la opinión pública los nombres y las fotos de los agresores de las niñas o los niños. Obligar a las clínicas y hospitales a atender a todos los niños y los adolescentes de los niveles 1, 2, y 3 del Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN). Vigilar el funcionamiento de las casas de adopción. Establecer políticas departamentales y municipales contra el trabajo infantil.

El nuevo código no garantiza derechos fundamentales de los niños y los adolescentes: el derecho a la educación y el derecho a la salud. A pesar de que el tema se planteó durante las discusiones en el Congreso, el Estado Colombiano no quedó obligado a garantizar el derecho a la educación hasta terminar la secundaria. Tampoco se aceptó la propuesta de cubrir por parte del Estado costos de educación como: pago de uniformes, transporte y útiles escolares. El ejercicio del derecho a la salud también siguió condicionado al (SISBEN).

La nueva ley transfiere a los municipios, distritos y departamentos el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia, de acuerdo con los lineamientos técnicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se trasladan competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los entes territoriales y se aumentan las responsabilidades de instituciones locales como las comisarías de familia. Resulta positivo que los municipios asuman el papel que les corresponde frente a la política de los niños y los adolescentes. No era lógico mantener un esquema centralizado donde una alcaldesa o un alcalde no tenían la competencia para proteger los niños en su propia ciudad.

No obstante, varias inquietudes sobre la institucionalidad local no fueron resultas durante los debates: ¿cómo se va a garantizar el financiamiento del Nuevo Sistema Nacional de Bienestar Familiar?, ¿qué porcentaje de los recursos que hoy maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar van a manejar los municipios?, ¿se va a cometer el error de enviarle recursos a las gobernaciones de los departamentos para dispersar los recursos en los entes territoriales?, o ¿las gobernaciones van servir de entes articuladores de las políticas públicas?, ¿cómo pueden responder los municipios adecuadamente por las nuevas responsabilidades, sino pueden contratar personal calificado y competente para asumirlas, porque la ley 617 no se los permite?

¿Quién y cómo se gastan las transferencias?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 12 de septiembre de 2006

La semana pasada, la directora del Departamento Nacional de Planeación, anunció el proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP- que será presentado al Congreso de la República. La iniciativa busca la modificación de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, con el fin de determinar el crecimiento de las transferencias a partir del 2009, con base en la inflación y no en los ingresos corrientes de la nación como se hace actualmente.

También se pretende establecer un porcentaje adicional, que permita garantizar un flujo de recursos suficientes para lograr coberturas universales en salud y educación en el 2010 y aumentar las de agua potable y saneamiento básico hasta llegar al 94 y 91 por ciento respectivamente en el año 2019. El crecimiento de las transferencias a las regiones para los años 2009 y 2010 será igual a la inflación causada más 3.5 por ciento y a partir de 2011 el incremento será del 2 por ciento.

En las primeras explicaciones de la iniciativa, no se dio la suficiente importancia a los aspectos fiscales que el proyecto pretende solucionar, a pesar de que se han hecho diferentes pronunciamientos, en los últimos años, acerca del peso de las transferencias en los gastos de la nación. En el año 2005, el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación destinados para el Sistema General de Participación fue del 34%. Los organismos internacionales han presionado para implementar medidas que permitan reducir el déficit fiscal del gobierno nacional y eso involucra todos los componentes del gasto público.

Sin embargo, lo más importante del tema es el análisis que debería hacerse sobre la calidad del gasto público y sobre los impactos que hasta el momento ha tenido el proceso de descentralización en el país. No es tan simple como lo afirma la directora de Planeación Nacional que: “sin reforma, se perderá el esfuerzo hecho por el país para volver a una senda de crecimiento estable y se atenta contra el avance en la disminución en los índices de pobreza y desigualdad”. La lucha contra la pobreza no es un problema de cuanto y cuando se invierten los recursos del Sistema General de Participaciones, sino también, de quien y como se inviertan los mismos.

Si existiera mayor eficiencia y menos corrupción en las entidades territoriales, sería mayor el impacto en la reducción de la pobreza. Los logros pudiesen haber sido mayores, en términos de calidad y cobertura, como resultado del significativo incremento del gasto social y de las transferencias desde la década pasada.

Las instituciones de la política social en los niveles departamentales y municipales merecen revisión como se afirmó en otra columna sobre “Intereses privados y política social” (Ver adrianavallejo.blogspot.com). La discusión del proyecto de ley debería incluir temas como: la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales (educación y salud). La pertinencia de los niveles de gobierno encargados de ejecutar el gasto público. Hay que pasar de los departamentos a las regiones. La autonomía local para asignar recursos podría aumentarse donde exista mayor capacidad institucional y mejores desempeños. El actual régimen de transferencias no reconoce las diferencias entre las regiones y se convierte en la misma “receta” para todo el país.

¿Contribución por Valorización?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 5 de septiembre de 2006

Obras de Cemento: ¿Cambió el discurso? fue el título de una columna publicada en este diario, el 22 de febrero, del año pasado. En ese momento se encontraba en discusión el proyecto de acuerdo, por medio del cual se autorizaba el cobro de la contribución por valorización de las obras viales. Se resaltaba en el artículo, la importancia de analizar el programa de ejecución, que contiene los proyectos físicos de la administración municipal, a la luz de las prioridades del plan de ordenamiento, las posibilidades financieras y la relación costo beneficio de las obras.

Se resaltó la importancia de considerar la caída en los recaudos del impuesto predial durante el año 2004 y se puso en duda la necesidad de la construcción de la vía al Colegio La Salle. La caída en los recaudos podía explicarse, entre otros, por la falta de capacidad de pago de los contribuyentes. Un nuevo cobro podría traducirse en un aumento de la cartera del municipio y no en un recaudo efectivo.

Ahora, un año y medio después de aprobado el acuerdo y sin que se hubiese dado la debida discusión, existe la preocupación en amplios sectores de la población (Cuba, Tribunas, Combia, Puerto Caldas, Cerritos, El Jardín etc.) sobre el cobro de la “contribución por valorización”. El viernes pasado se realizó una manifestación pacífica en su contra, la gente sigue reclamando o presentando acciones jurídicas.

Sin lugar a dudas, el malestar que ha generado el cobro de la “contribución por valorización” demuestra que hay un problema que merece análisis y evaluación. Lo primero que debe aclararse es que ese mecanismo de financiación de obras no es en sí mismo bueno o malo, lo que es bueno o malo es la manera como se implementa, por esa razón, no siempre que se ha recurrido a él se han presentado conflictos.

Si muchos contribuyentes consideran que el cobro por “valorización” es elevado, es porque el valor de las obras es muy alto y su distribución esta recayendo sobre un número insuficiente de personas o su reparto puede ser inequitativo. Adicionalmente, muchos contribuyentes no tienen claro el beneficio directo de las obras. A lo anterior se suma, la situación en la mayoría de las ciudades de país, incluyendo a Pereira, donde el sistema de información catastral se encuentra desactualizado, por lo tanto, algunos gravámenes no corresponden con la condición real de los predios.

Preocupa la carga para el sector agropecuario, que de manera inequitativa en el país, como lo afirma Jaime Arias Restrepo, ha tenido que pagar por las vías interciudades, que benefician otros sectores de la economía, ubicados en el sector urbano. Ahora en Pereira, los productores también tienen que pagar por las vías en la ciudad, sin que ellas les genere ningún beneficio. La baja rentabilidad del sector agropecuario no le permite asumir nuevos gravámenes.

La experiencia debe servir para generar conciencia sobre la importancia para la ciudadanía de participar activamente en los asuntos de su ciudad. Organizarse o hacer parte de las organizaciones. La ciudadanía debe preguntar por ejemplo: ¿Por qué nos se han construído las obras complementarias de la Avenida Belalcázar, si gran parte de los dineros de la contribución por valorización ya se recaudaron? tejiendociudadania@gmail.com

Intereses privados y política social

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 29 de agosto de 2006

El mes pasado la CEPAL publicó un estudio titulado: “Instituciones de la política social: objetivos, principios y atributos” (Machinea y Cruces, 2006) en el cual se muestra que el crecimiento mediante el desarrollo productivo es una condición necesaria más no suficiente para disminuir la pobreza en América Latina y el Caribe. Se reconoce el aumento en el nivel del gasto social en los últimos años pero se cuestiona su calidad. Se propone garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales a través del fortalecimiento institucional y el reconocimiento de principios (universalidad, solidaridad y eficiencia) y atributos que guíen el gasto social.

El estudio demuestra con cifras el impacto en los niveles de pobreza del crecimiento económico y del aumento en el gasto público, sin embargo, se queda corto en el análisis de los factores que explican la debilidad institucional y sus consecuencias sobre la calidad del gasto público. Los insuficientes resultados de las políticas sociales en los países de América Latina, no se explican únicamente por la falta de capacidad de las instituciones que ejecutan los programas sociales. El problema de las instituciones de la política social es en esencia un problema político en los países de América Latina. Como ocurre en Colombia, las prácticas políticas no permiten la construcción de una institucionalidad para el desarrollo. La politiquería desdibuja los objetivos de la política social y las instituciones terminan al servicio de las organizaciones políticas o privadas y no de la ciudadanía.

El crecimiento económico de los últimos años contribuyó en la disminución de la pobreza. El porcentaje de personas en el nivel de pobreza fue menor en el año 2005 que al inicio de la década pasada, sin embargo, el porcentaje sigue siendo alto, un 40.6% de la población todavía se encontraba en el nivel de pobreza y un 16.8% en el nivel de indigencia. Lo más preocupante es la persistencia en la mala distribución del ingreso. A pesar del mayor crecimiento económico el índice de desempleo abierto aumentó de 6.9% a 9.5% en el mismo período. El estudio muestra como las tasas de crecimiento necesarias para disminuir la pobreza, serían menores, si los niveles de desigualdad no fuesen tan altos.

El gasto social por habitante se incrementó un 39% en promedio entre los períodos 1990 – 1991 y 2002 – 2003. Colombia es uno de los países que registra aumentos significativos del gasto social. Sin embargo, su bajo impacto se atribuye a la mala calidad del mismo explicada por: la falta de continuidad de los programas y proyectos, la ausencia de objetivos claros, la ineficiencia, la desarticulación de las intervenciones públicas, el clientelismo y la corrupción. Señalan los autores que “en la región, no existe un núcleo de instituciones y programas debidamente articulados por un conjunto estratégico de medios y metas sociales a largo plazo”.

La forma como opera el sistema político es responsable de todas las causas de la mala calidad del gasto público. Por diferenciar las organizaciones políticas se cambian las prioridades del gasto social y se afecta la continuidad de programas que por definición son de largo plazo como la educación. Por razones electorales se realizan inversiones que no son prioritarias pero que tienen efectos económicos rápidos y visibles. Como afirma Alejandro Gaviria, en Colombia se puede hablar de una alianza entre populismo y corrupción. Para mejorar la calidad del gasto público, no sólo hay que mejorar las instituciones públicas, sino también el sistema político en el que operan y construir ciudadanía.

¿Quién genera empleo?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 22 de agosto de 2006

Reducir el desempleo es un objetivo prioritario de las políticas económicas, especialmente para los países en desarrollo. Tradicionalmente se ha considerado que la responsabilidad en la generación de empleo, depende exclusivamente de las políticas macroeconómicas nacionales. Hoy, es fundamental el papel que juegan las ciudades en los procesos de desarrollo económico. Algunas ciudades en la China son un buen ejemplo de organización y motor de crecimiento económico. Por lo tanto, la responsabilidad de una alcaldesa o un alcalde, no consiste sólo, en atender las necesidades de salud, educación, cultura o deporte, sino también, en el impulso a los procesos de desarrollo económico de los que depende la inversión y la generación de empleo.

También es importante, el impulso a los procesos de organización regional, previa definición de una agenda de desarrollo socioeconómico orientada a lograr ser competitivos en el nivel internacional. Nuestras ciudades pueden ser regiones con salida al mar, con claridad en el uso del transporte férreo, marítimo y aéreo. La implementación de la agenda interna tendría más sentido, si se hiciese con una nueva configuración regional. Los departamentos son estructuras político administrativas obsoletas, sería más significativo y efectivo tener asambleas conformadas por los alcaldes de los municipios que por los diputados.

Con las ciudades y regiones como motor de desarrollo económico es necesario contar con información estadística que permita analizar los resultados por ciudades y no por departamentos o Áreas Metropolitanas, como ocurre con la información de las encuestas de hogares. ¿Qué esta pasando en materia de empleo? ¿Qué estamos exportando? ¿Cómo crece la economía local? Sería importante conocer los planteamientos de la dirigencia de Risaralda, desafortunadamente, hace varios años se escucha lo mismo: la Autopista del Café, el Puerto de Tribugá etc., como si las infraestructuras per se generaran empresas, exportaciones y empleo.

A pesar de lo anterior los resultados en materia de empleo son buenos. En el Área Metropolitana de Centro Occidente (Pereira, Dosquebradas y La Virginia) ha disminuido el desempleo. Al finalizar el segundo trimestre del año pasado el desempleo estaba en el 16.2%, éste año bajó al 13.3%. Lo mismo ocurrió con el subempleo que en el mismo período estaba en el 37.2% y pasó al 25.8%. Sin embargo, los resultados son diferentes al compararlos con el total nacional, la tasa de desempleo nacional en el segundo trimestre, fue sólo del 11.4% mientras el subempleo fue más alto, con una tasa del 33.5%. De acuerdo con la encuesta de hogares, de las 319.000 personas económicamente activas 216.000 se encuentran empleadas, sin embargo, 82.000 de esas personas ocupadas, considera que se encuentra en condiciones inadecuadas de trabajo, por contar con bajos ingresos. Para mejorar estos indicadores se necesita implementar una agenda de desarrollo económico para nuestras ciudades y regiones.

* * *

El departamento de Risaralda perdió a un líder importante la semana pasada, el exconcejal de Santa Rosa, Alvaro Escudero. Alvaro era una persona dedicada a servir a las personas de su municipio, en especial a los campesinos, por quienes luchó durante muchos años. Nuestra organización política rechaza el hecho violento de su muerte y lamenta haber perdido la posibilidad de tener un diputado que representara los intereses del sector rural del departamento.

Presupuesto Nacional 2007

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 15 de agosto de 2006

Uno de los proyectos de ley más importantes de un país es el presupuesto nacional. Se espera que el presupuesto correspondiente a la vigencia del próximo año, sea analizado y discutido ampliamente por el Congreso de la República. Por primera vez en la historia, en el primer año de un gobierno, se presenta un presupuesto que busca en primer lugar, darle continuidad a los programas ejecutados en años anteriores. No obstante, se proyecta un déficit fiscal alto que puede llegar a representar el 5 por ciento del PIB.

En el presupuesto no sólo se reflejan los gastos de inversión, que es lo que normalmente concentra la atención de la opinión pública, sino también las políticas fiscales, que incluyen, entre otros, las fuentes de financiación utilizadas, la capacidad para responder por las obligaciones adquiridas o el nivel de gasto público.

El valor total del presupuesto para el 2007 se estima en $117.6 billones de pesos. No hay un cambio significativo en las fuentes de financiación del proyecto de presupuesto, se recurre nuevamente a los impuestos que aportan $52.6 millones, a las rentas de capital que producen $50.3 billones, a los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional, que son de $7.4 billones, a los fondos especiales que aportan $5 billones y a las rentas parafiscales que son $623 mil millones. Se continúa con la política de aumentar la participación de la deuda pública interna y no de la externa.

Los egresos están representados en las transferencias que son de $17.6 billones, en los pagos de pensiones que demandarán $16.6 billones, el servicio de la deuda se proyecta en $15.1 billones. Se incorpora como un nuevo gasto a cargo del presupuesto nacional el subsidio a la gasolina que ascenderá a $2.9 billones.

La inversión tendrá un incremento importante, se proyectan recursos por $21 billones de pesos. Se destinarán a ampliación de cobertura en el régimen subsidiado en salud, 1.8 billones. Para educación, se asignan al mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura de la educación superior, 233 mil millones de pesos y para la educación básica, sólo 245 mil millones de pesos. Los subsidios de vivienda urbana y rural serán del orden de los $410 mil millones. Se incrementa la asignación presupuestal a programas, como familias en acción que asciende a $800 mil millones de pesos. Igualmente, se aumentan los recursos para el programa de protección al adulto mayor cuya asignación es de $437 mil millones de pesos. La Agencia Presidencial para la Acción Social, tendrá recursos para las familias desplazadas por 294 mil millones de pesos. Para el programa de comunicaciones sociales (Compartel), se destinarán 212.500 millones de pesos, para permitir el acceso de la población menos favorecida a computadores.

Las inversiones en infraestructura física se harán en la construcción de nuevas vías con un presupuesto de 1 billón 57 mil millones de pesos, mantenimiento de vías troncales $649 mil millones y concesiones de tercera generación 481 mil millones de pesos. Ojalá la discusión de este punto se realice en el marco de la agenda interna.

Se continuará fortaleciendo el programa de seguridad democrática y el fortalecimiento institucional cuyas inversiones se estiman en 1.5 billones de pesos. Los recursos asignados para ampliar la cobertura educativa y mejorar su calidad son bajos. En la discusión del presupuesto se debería realizar un amplio debate a la concepción de la política social en términos de los derechos, si así fuese, seguramente se invertiría más en educación y menos en programas asistencialistas.

Invertir en la próxima generación

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 8 de agosto de 2006

Los estudios del desarrollo han resaltado la importancia de las políticas públicas que defiendan y hagan realidad los derechos de los niños. Se ha reconocido la necesidad de invertir en la niñez, como el mecanismo para mejorar el capital humano. Por ejemplo, varias investigaciones demostraron la corelación entre la inversión en nutrición y educación y el crecimiento del producto interno bruto. De la misma manera, se ha buscado la protección de los menores frente a los maltratos, los abusos sexuales y la violencia. No obstante, el proceso de transición de la niñez hacia la vida en sociedad ha sido relativamente poco estudiado. El discurso de desarrollo en las últimas décadas se ha concentrado en los niños y no en los jóvenes.

El próximo informe sobre desarrollo mundial 2007, reconoce lo anterior y se enfoca en “el desarrollo y la próxima generación”, el boceto provisional del informe, muestra el papel que pueden jugar los jóvenes en la reducción de la pobreza y en el crecimiento. Los jóvenes de hoy serán la próxima generación de empresarios, trabajadores, jefes de hogar, líderes comunitarios o dirigentes políticos. El estudio abarca el análisis de cinco transiciones decisivas que se dan en la juventud y evalúa sus posibles impactos en términos de desarrollo. Se definen como jóvenes quienes están entre los 12 y los 24 años.

La primera, es la transición desde la escuela. En este aspecto se mencionan las oportunidades de acceso a la educación secundaria y superior. Se platean inquietudes sobre el enfoque que debe tener el currículo, si debe orientarse con materias vocacionales o académicas. El informe destaca como la inversión en la formación de capital humano en la etapa de la juventud es lo que permitirá a los países en desarrollo aprovechar su “dividendo demográfico”. De los 1.5 mil millones de jóvenes en el mundo, 1.3 mil millones se encuentran en los países en desarrollo.

La segunda, es la transición hacia un estilo de vida saludable. Los jóvenes están expuestos a una serie de riesgos y enfermedades. Muchos mueren por causa del VIH/SIDA, otros caen en el consumo de drogas o de alcohol. El tiempo en que los jóvenes están sexualmente activos ha aumentado, por lo tanto, se necesita aumentar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva. En general, se busca prevenir la pérdida del capital humano invertido durante la niñez.

La tercera transición, es hacia el trabajo. La reflexión se concentra en el tipo de apoyo que deben recibir los jóvenes para recibir información suficiente, que les permita adquirir destrezas, capacitarse o educarse antes de ingresar al mundo laboral. Se analizan las políticas para los jóvenes migrantes y las oportunidades que generan las nuevas tecnologías de comunicación.

La cuarta, es la transición hacia la formación de la familia. Muchos jóvenes tienen familias a muy temprana edad dificultando su propio desarrollo y el de sus hijos y de esta forma perpetuando la pobreza. En este aspecto se discuten formas para influir el comportamiento de los jóvenes y evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza.

La quinta transición, es hacia la ciudadanía. En este punto se plantea el reto de formar identidad y generar conciencia sobre la responsabilidad de participar en la vida comunitaria y política.

Hechos que no construyen confianza

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 1 de agosto de 2006

Hace unas semanas en esta columna, analizaba la relación entre la construcción de cultura política y el papel de los medios de comunicación. El título de la columna era “El Retrato de la Política que No Construye”. El jueves de la semana pasada, en la página política de La Tarde, se publicó uno de esos retratos de la incultura política local. Con una inmensa sonrisa y sin asomo de pena, salieron los concejales que militaron durante ocho días en el Partido Cambio Radical y estaban regresando al Partido Liberal. La sonrisa se veía inmensa porque además el tamaño de la foto era más grande de lo que se acostumbra en esa página del periódico.

El texto que acompañaba la foto mencionaba que el Partido Liberal recuperaba su bancada de doce concejales e ingresaba uno más. Sin embargo, al día siguiente se aclaró que dos de los concejales se quedaron en el Partido Cambio Radical, precisamente los que no salieron en la foto. ¿Con qué camiseta saldrán en la próxima foto o saldrán sin camiseta? Lamentablemente, como lo comentó el editorial del periódico La Tarde el día sábado, esos son los hechos del anecdotario local de la política o de la seudo política como diría Meyer.

Para las personas que estaban haciendo un esfuerzo por consolidar el Partido Cambio Radical en Risaralda, si el proceso pretende ser serio y de largo aliento, ganaron con la salida de los concejales elegidos en el Nuevo Partido, en Colombia Viva, en Vamos Colombia y en el Partido Liberal. Las organizaciones políticas deben crecer con personas que se identifiquen y se comprometan con sus programas y sus ideas y no con seguidores relámpago que salgan o entren en cualquier momento.

Con hechos políticos como los narrados no se construye institucionalidad que genere confianza y credibilidad, es decir, instituciones reconocidas y aceptadas por la gente como legítimas. La falta de credibilidad en las instituciones se constituye a su vez en uno de los factores que genera apatía ciudadana y falta de participación.

Si el sistema político local se articula alrededor de pequeños intereses, de prácticas clientelistas, de amiguismos y de microempresas electorales, se cae entonces en un círculo vicioso, en el cual, la gente no participa, no se organiza, no se informa o no vota y se benefician precisamente, los que se sostienen en el poder gracias a esas prácticas. La relación entre las instituciones y el ciudadano se debilita y prima la desconfianza ciudadana.

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Los dos congresistas del partido “Por el País que Soñamos” presentarán un proyecto de ley para castigar con cadena perpetua el asesinato y la violación de niños. El testimonio de Luis Alfredo Garavito, quien confesó haber torturado, violado y asesinado a 140 niños entre 1992 y 1998 ha despertado un rechazo del país, lo mismo su futura liberación.

En los análisis psiquiátricos se explicó que la enfermedad de Garavito, le impide contener sus impulsos, es decir, quienes sufren ese tipo de patologías, una vez liberadas continuarán matando y violando niños. El proyecto de ley, si se analiza integralmente, generará una amplia discusión en los campos de la filosofía, la psiquitría, el derecho, la sociología y obviamente, debe incluir el sistema judicial colombiano.