Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 28 de junio de 2005
La última evaluación sobre el desempeño fiscal de los departamentos y municipios del país, realizada por el Departamento Nacional de Planeación, muestra los avances que en esta materia han tenido los entes territoriales. Los logros obtenidos son un reflejo de la efectividad de la ley 617 de 2000, que puso freno al desorden fiscal que caracterizó la década del 90.
La evaluación comprende indicadores como: autofinanciación de los gastos de funcionamiento, magnitud de la deuda, generación de recursos propios, magnitud de la inversión, capacidad de ahorro y dependencia de las transferencias. En un indicador sintético se resume el resultado financiero de cada ente territorial y la gestión se determina por la variación anual.
La calificación promedio para los departamentos y municipios ha mejorado. Para los primeros, pasó de 55.42 en el 2003 al 60.32 en el 2004 y para los segundos, del 54.80 al 56.35, respectivamente. El estudio destaca que de las 1062 administraciones locales el 62%, es decir, 661 mejoraron su desempeño fiscal en el año 2004. Los departamentos aumentaron en el 2004 el superávit en más de 1 billón de pesos y los municipios pasaron de una situación deficitaria a reportar excedentes por 371 mil millones de pesos. Parte de esos excedentes se ha destinado a disminuir el endeudamiento. Los recursos propios (recaudos tributarios) también se han incrementado durante los últimos 3 años en los departamentos y en los municipios. Tanto los departamentos como los municipios han aumentado su capacidad de ahorro, los primeros la incrementaron un 39% y los segundos un 23%.
El indicador de resultado fiscal de Risaralda fue de 60.76 en el 2004, frente al año anterior fue muy poca la mejoría, sólo de 0.18 puntos. El departamento quedó en el puesto 20 y fue superado por varios departamentos quedando en una posición más baja en el ranking que en el año 2003. El resultado de la gestión del 2005 dependerá del comportamiento de los indicadores mencionados anteriormente. Con la evaluación de los resultados a junio, se pueden confirmar o modificar las metas con el fin de mejorar significativamente la gestión fiscal durante el año 2005.
En Pereira también mejoró la gestión fiscal. El indicador de desempeño fiscal fue del 67.63 en el año 2004 frente al 65.61 en el año 2003. La ciudad se mantiene en los cinco primeros lugares, dentro de las 32 capitales del país. El resultado financiero, en los últimos años, refleja la buena condición de las finanzas municipales, situación contraria a la presentada por algunas personas, al inicio del año 2004.
Las políticas públicas que garanticen un manejo responsable de las finanzas en las entidades territoriales deben continuar. La racionalización del gasto público, la disminución del endeudamiento y el aumento en los ingresos propios son los tres principales objetivos que permitirán progresivamente aumentar los recursos destinados a inversión. El análisis juicioso de todas las decisiones que puedan afectar las finanzas públicas es responsabilidad de todos, no sólo de las autoridades departamentales o municipales, también lo es de la ciudadanía, que hoy cuenta con herramientas como la publicación anual de la gestión fiscal, comentada en este escrito.
martes, junio 28, 2005
martes, junio 21, 2005
El Aeropuerto Matecaña, más que un activo municipal
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 21 de junio de 2005
“Preocupación por el futuro del Matecaña” fue el titular de primera página del periódico La Tarde, del 9 de junio de este año. Un llamado de atención de esa naturaleza debería despertar toda una serie de debates y análisis por parte de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero desafortunadamente, no ha sido así. No obstante, en el editorial, del mismo periódico, del pasado domingo, se plantean varios interrogantes que deben ser resueltos y analizados cuidadosamente, antes de continuar avanzando en una decisión que puede comprometer el futuro de uno de nuestros principales activos.
La administración municipal de Pereira pretende la integración de los Aeropuertos Santa Ana y Matecaña. Hasta el momento se han firmado actas de intención para lograr tal propósito. El gerente del Aeropuerto, de acuerdo con la información mencionada, del 9 de junio, ha dicho que aún falta por dar unos pasos antes de presentar el proyecto de integración del Aeropuerto a la ciudadanía en general. Sin embargo, en otro medio local, el pasado domingo, se informó que la compra de predios, con dineros obtenidos del gobierno nacional, en el año 2002, para la adecuación de las franjas de seguridad y la compra de terrenos, se suspendió. ¿Tienen relación los dos temas?, ¿cuáles son los pasos que faltan para explicar el proyecto? ¿se seguirá avanzando y después se le explicará a los pereiranos, la decisión de integrar una entidad saneada, rentable y en crecimiento, como es el Aeropuerto Matecaña, con una entidad endeudada como es el Aeropuerto Santa Ana?.
Cuando no se encuentran razones, no son claras las intenciones. Las regiones en los países pobres deben definir la construcción de infraestructuras físicas acordes con el crecimiento de la demanda de los servicios que esas infraestructuras satisfacen. Deben buscar ahorros y proyectar las inversiones en el tiempo de acuerdo con sus posibilidades fiscales. El Aeropuerto Internacional Matecaña atiende la demanda regional de pasajeros y no existe un volumen de carga que deba satisfacerse con mayores inversiones en nueva infraestructura en el corto o en el mediano plazo. Por el contrario, debe utilizarse la infraestructura existente. Por ejemplo: ¿para qué dos torres de control?, si como región podemos satisfacer la demanda con una de ellas. No es la infraestructura física la que va a generar un aumento en la oferta regional de productos para exportar. La integración patrimonial de los dos aeropuertos no produce un aumento en la carga regional.
En todas las decisiones de las ciudades y regiones debe preguntarse: ¿cómo se afectan las finanzas públicas locales? El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte y el Aeropuerto Internacional Matecaña, son los dos únicos institutos que le reportan utilidades al municipio. El Aeropuerto tuvo utilidades netas en los años 2001, 2002 y 2003 por $2.172, $1.272 y $2.619 respectivamente, que permitieron realizar inversiones en la ampliación de la pista (hoy, en proceso de terminación), en la adecuación y remodelación de salas de espera, en la compra de máquinas de rayos X para el equipaje y en la construcción de la zona de taxis. Con las inversiones se ha logrado consolidar y fortalecer nuestro aeropuerto defendiendo el interés de los pereiranos.
Para concluir, no es el momento para desviar recursos hacia una necesidad regional inexistente o para poner en riesgo una importante fuente de ingresos del municipio de Pereira. Lo que sí necesitamos es mayor participación de la ciudadanía para defender un activo construido con tanto esfuerzo y civismo.
La Tarde, martes 21 de junio de 2005
“Preocupación por el futuro del Matecaña” fue el titular de primera página del periódico La Tarde, del 9 de junio de este año. Un llamado de atención de esa naturaleza debería despertar toda una serie de debates y análisis por parte de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero desafortunadamente, no ha sido así. No obstante, en el editorial, del mismo periódico, del pasado domingo, se plantean varios interrogantes que deben ser resueltos y analizados cuidadosamente, antes de continuar avanzando en una decisión que puede comprometer el futuro de uno de nuestros principales activos.
La administración municipal de Pereira pretende la integración de los Aeropuertos Santa Ana y Matecaña. Hasta el momento se han firmado actas de intención para lograr tal propósito. El gerente del Aeropuerto, de acuerdo con la información mencionada, del 9 de junio, ha dicho que aún falta por dar unos pasos antes de presentar el proyecto de integración del Aeropuerto a la ciudadanía en general. Sin embargo, en otro medio local, el pasado domingo, se informó que la compra de predios, con dineros obtenidos del gobierno nacional, en el año 2002, para la adecuación de las franjas de seguridad y la compra de terrenos, se suspendió. ¿Tienen relación los dos temas?, ¿cuáles son los pasos que faltan para explicar el proyecto? ¿se seguirá avanzando y después se le explicará a los pereiranos, la decisión de integrar una entidad saneada, rentable y en crecimiento, como es el Aeropuerto Matecaña, con una entidad endeudada como es el Aeropuerto Santa Ana?.
Cuando no se encuentran razones, no son claras las intenciones. Las regiones en los países pobres deben definir la construcción de infraestructuras físicas acordes con el crecimiento de la demanda de los servicios que esas infraestructuras satisfacen. Deben buscar ahorros y proyectar las inversiones en el tiempo de acuerdo con sus posibilidades fiscales. El Aeropuerto Internacional Matecaña atiende la demanda regional de pasajeros y no existe un volumen de carga que deba satisfacerse con mayores inversiones en nueva infraestructura en el corto o en el mediano plazo. Por el contrario, debe utilizarse la infraestructura existente. Por ejemplo: ¿para qué dos torres de control?, si como región podemos satisfacer la demanda con una de ellas. No es la infraestructura física la que va a generar un aumento en la oferta regional de productos para exportar. La integración patrimonial de los dos aeropuertos no produce un aumento en la carga regional.
En todas las decisiones de las ciudades y regiones debe preguntarse: ¿cómo se afectan las finanzas públicas locales? El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte y el Aeropuerto Internacional Matecaña, son los dos únicos institutos que le reportan utilidades al municipio. El Aeropuerto tuvo utilidades netas en los años 2001, 2002 y 2003 por $2.172, $1.272 y $2.619 respectivamente, que permitieron realizar inversiones en la ampliación de la pista (hoy, en proceso de terminación), en la adecuación y remodelación de salas de espera, en la compra de máquinas de rayos X para el equipaje y en la construcción de la zona de taxis. Con las inversiones se ha logrado consolidar y fortalecer nuestro aeropuerto defendiendo el interés de los pereiranos.
Para concluir, no es el momento para desviar recursos hacia una necesidad regional inexistente o para poner en riesgo una importante fuente de ingresos del municipio de Pereira. Lo que sí necesitamos es mayor participación de la ciudadanía para defender un activo construido con tanto esfuerzo y civismo.
martes, junio 14, 2005
La Tarde: Un Aporte de Nuestros Mayores al Desarrollo Local
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 14 de junio de 2005
Un medio de información local con investigaciones periodísticas serias, con análisis profundos y con capacidad para formar e informar es un activo de las ciudades. Pereira, a diferencia de otras ciudades, ha contado con ese activo, pues ha tenido durante las tres últimas décadas al periódico La Tarde. Un aporte importante de nuestros mayores como Gonzalo Vallejo Restrepo, su fundador, y de todas las demás personas que han participado en su crecimiento y en su fortalecimiento. Un buen periódico es un bien público.
En un país como Colombia, donde lamentablemente sólo se cuenta con un periódico de circulación nacional como es El Tiempo, los periódicos locales entran a jugar un papel importante no sólo en el análisis e información sobre los temas locales, sino también en la mirada de los temas nacionales desde la perspectiva local.
Sin un periódico local sería aún más difícil lograr la atención sobre los temas de nuestras ciudades y regiones. Los medios de información nacional, sobre todo la televisión, se concentran en los asuntos del nivel nacional de gobierno, las regiones normalmente aparecen cuando en ellas se presentan grandes desastres. Salvo sobre Bogotá y en algunos casos sobre Medellín se presentan noticias positivas.
Con La Tarde hemos logrado recordar nuestros principales hechos de la historia regional, se han presentado, entre otros, los avances de nuestros centros educativos y de investigación, el surgimiento de nuevas alternativas empresariales, los logros de los jóvenes risaraldenses, de nuestros artistas y deportistas.
Los recursos para resolver nuestras necesidades de desarrollo social y económico, se ejecutan en los municipios. Un periódico independiente, que no depende de la pauta publicitaria de las administraciones públicas, puede cumplir la función, no sólo de medio de información, sino también de base de evaluación, de vehículo de participación cívica, y de mecanismo de vigilancia de la corrupción privada y pública. Una prensa libre con capacidad de investigación contribuye también a la creación de instituciones más fuertes y eficaces.
Nuestras instituciones locales no son del interés de un medio nacional, por eso ha sido tan importante el papel de La Tarde. Por ejemplo, ha permitido discutir sobre el futuro de los dos únicos institutos descentralizados que le reportan utilidades al municipio de Pereira: el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte y el Aeropuerto Internacional Matecaña. Sobre el primero, el periodismo investigativo del periódico, logró mostrar los inconvenientes de entregar parte de las utilidades, en el año 2004, a un particular. Sobre el segundo, se ha llamado la atención en las últimas semanas sobre su futuro.
Significativo el camino recorrido por el periódico La Tarde durante sus treinta años de vida. En el país, al igual que se ha reflexionado sobre el papel de los medios en el proceso de paz, se deberá seguir profundizando sobre su responsabilidad en el desarrollo local, en la orientación de la opinión pública a través de un lenguaje y un mensaje claro para aplaudir lo bueno y para criticar lo malo.
La Tarde, martes 14 de junio de 2005
Un medio de información local con investigaciones periodísticas serias, con análisis profundos y con capacidad para formar e informar es un activo de las ciudades. Pereira, a diferencia de otras ciudades, ha contado con ese activo, pues ha tenido durante las tres últimas décadas al periódico La Tarde. Un aporte importante de nuestros mayores como Gonzalo Vallejo Restrepo, su fundador, y de todas las demás personas que han participado en su crecimiento y en su fortalecimiento. Un buen periódico es un bien público.
En un país como Colombia, donde lamentablemente sólo se cuenta con un periódico de circulación nacional como es El Tiempo, los periódicos locales entran a jugar un papel importante no sólo en el análisis e información sobre los temas locales, sino también en la mirada de los temas nacionales desde la perspectiva local.
Sin un periódico local sería aún más difícil lograr la atención sobre los temas de nuestras ciudades y regiones. Los medios de información nacional, sobre todo la televisión, se concentran en los asuntos del nivel nacional de gobierno, las regiones normalmente aparecen cuando en ellas se presentan grandes desastres. Salvo sobre Bogotá y en algunos casos sobre Medellín se presentan noticias positivas.
Con La Tarde hemos logrado recordar nuestros principales hechos de la historia regional, se han presentado, entre otros, los avances de nuestros centros educativos y de investigación, el surgimiento de nuevas alternativas empresariales, los logros de los jóvenes risaraldenses, de nuestros artistas y deportistas.
Los recursos para resolver nuestras necesidades de desarrollo social y económico, se ejecutan en los municipios. Un periódico independiente, que no depende de la pauta publicitaria de las administraciones públicas, puede cumplir la función, no sólo de medio de información, sino también de base de evaluación, de vehículo de participación cívica, y de mecanismo de vigilancia de la corrupción privada y pública. Una prensa libre con capacidad de investigación contribuye también a la creación de instituciones más fuertes y eficaces.
Nuestras instituciones locales no son del interés de un medio nacional, por eso ha sido tan importante el papel de La Tarde. Por ejemplo, ha permitido discutir sobre el futuro de los dos únicos institutos descentralizados que le reportan utilidades al municipio de Pereira: el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte y el Aeropuerto Internacional Matecaña. Sobre el primero, el periodismo investigativo del periódico, logró mostrar los inconvenientes de entregar parte de las utilidades, en el año 2004, a un particular. Sobre el segundo, se ha llamado la atención en las últimas semanas sobre su futuro.
Significativo el camino recorrido por el periódico La Tarde durante sus treinta años de vida. En el país, al igual que se ha reflexionado sobre el papel de los medios en el proceso de paz, se deberá seguir profundizando sobre su responsabilidad en el desarrollo local, en la orientación de la opinión pública a través de un lenguaje y un mensaje claro para aplaudir lo bueno y para criticar lo malo.
martes, junio 07, 2005
Pobreza y Responsabilidad Social Empresarial
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 7 de junio de 2005
En la última revista Dinero del 27 de mayo, en el artículo “De cara a la pobreza” se relacionan dos temas que han sido objeto de discusión reciente en el país: la responsabilidad social de los empresarios y la pobreza. La gran mayoría de los estudios se han concentrado en establecer el papel que el Estado debe jugar para incentivar la inversión privada.
Múltiples han sido las variables evaluadas para determinar el crecimiento de la inversión, basado en políticas públicas. Entre ellas se destaca la estabilidad macroeconómica, en particular, se ha analizado las políticas fiscales y monetarias. También se ha medido el nivel de confianza en las instituciones democráticas. Igualmente, la seguridad jurídica que “apunta en últimas, a la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público o privado, prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o indeterminación." (C. Constitucional, T – 284 de 1994). Se ha analizado la existencia de reglas de juego claras para los inversionistas y de métodos de conciliación y resolución de conflictos.
En la presente década, los estudios han vinculado los empresarios como parte activa de la solución de los problemas sociales. Las Naciones Unidas han promovido pactos que buscan que las empresas asuman el compromiso y la responsabilidad frente a la comunidad regional, nacional y mundial. A pesar del cambio y evolución de la responsabilidad social empresarial y del interés reciente en explorar formas de interacción que agreguen valores sociales, investigaciones como la de Mayorga y González (2001), sobre la Responsabilidad Social de las Empresas, reconocen que en Colombia aún estamos lejos de tener empresas que le den la verdadera dimensión a la responsabilidad social empresarial.
No obstante, es positivo que se esté investigando sobre el tema y se busque involucrar al sector privado en la presentación de propuesta y soluciones. En la entrevista mencionada, hecha por Dinero, a algunos representantes del sector privado, consideran que su papel para reducir la pobreza debe estar orientado, entre otros, a crear demanda en los mercados más pobres, apoyar el incremento de la cobertura y calidad de la educación, ayudar a las comunidades del área de influencia de la empresa, a generar empresa crecimiento y utilidades a promover los códigos de buen gobierno e incluir a los líderes comunales en las discusiones sobre desarrollo.
No sólo los líderes comunales deben vincularse a las discusiones sobre el desarrollo. Todos los actores deben hacerlo y sobre todo, debe cuidarse lo local. Sorprende, las pocas personas del sector privado que asisten a la presentación de importantes estudios sobre la situación socio económica de los municipios, como por ejemplo, el informe de Desarrollo Humano para el Eje Cafetero o a la presentación de los informes de gestión de las administraciones públicas.
¿Qué está pasando con la pobreza nacional? es una pregunta importante para todos los empresarios, pero también lo es, su manifestación en lo local, ¿en que se diferencian las comunas? o ¿qué está pasando en las zonas rurales de los municipios? ¿Cómo ha evolucionado la pobreza en las diferentes partes del departamento? El país se descentralizó desde 1991. En las ciudades también están las posibilidades de desarrollo y es en ellas, y en sus regiones donde se ejerce la responsabilidad social.
La Tarde, martes 7 de junio de 2005
En la última revista Dinero del 27 de mayo, en el artículo “De cara a la pobreza” se relacionan dos temas que han sido objeto de discusión reciente en el país: la responsabilidad social de los empresarios y la pobreza. La gran mayoría de los estudios se han concentrado en establecer el papel que el Estado debe jugar para incentivar la inversión privada.
Múltiples han sido las variables evaluadas para determinar el crecimiento de la inversión, basado en políticas públicas. Entre ellas se destaca la estabilidad macroeconómica, en particular, se ha analizado las políticas fiscales y monetarias. También se ha medido el nivel de confianza en las instituciones democráticas. Igualmente, la seguridad jurídica que “apunta en últimas, a la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público o privado, prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o indeterminación." (C. Constitucional, T – 284 de 1994). Se ha analizado la existencia de reglas de juego claras para los inversionistas y de métodos de conciliación y resolución de conflictos.
En la presente década, los estudios han vinculado los empresarios como parte activa de la solución de los problemas sociales. Las Naciones Unidas han promovido pactos que buscan que las empresas asuman el compromiso y la responsabilidad frente a la comunidad regional, nacional y mundial. A pesar del cambio y evolución de la responsabilidad social empresarial y del interés reciente en explorar formas de interacción que agreguen valores sociales, investigaciones como la de Mayorga y González (2001), sobre la Responsabilidad Social de las Empresas, reconocen que en Colombia aún estamos lejos de tener empresas que le den la verdadera dimensión a la responsabilidad social empresarial.
No obstante, es positivo que se esté investigando sobre el tema y se busque involucrar al sector privado en la presentación de propuesta y soluciones. En la entrevista mencionada, hecha por Dinero, a algunos representantes del sector privado, consideran que su papel para reducir la pobreza debe estar orientado, entre otros, a crear demanda en los mercados más pobres, apoyar el incremento de la cobertura y calidad de la educación, ayudar a las comunidades del área de influencia de la empresa, a generar empresa crecimiento y utilidades a promover los códigos de buen gobierno e incluir a los líderes comunales en las discusiones sobre desarrollo.
No sólo los líderes comunales deben vincularse a las discusiones sobre el desarrollo. Todos los actores deben hacerlo y sobre todo, debe cuidarse lo local. Sorprende, las pocas personas del sector privado que asisten a la presentación de importantes estudios sobre la situación socio económica de los municipios, como por ejemplo, el informe de Desarrollo Humano para el Eje Cafetero o a la presentación de los informes de gestión de las administraciones públicas.
¿Qué está pasando con la pobreza nacional? es una pregunta importante para todos los empresarios, pero también lo es, su manifestación en lo local, ¿en que se diferencian las comunas? o ¿qué está pasando en las zonas rurales de los municipios? ¿Cómo ha evolucionado la pobreza en las diferentes partes del departamento? El país se descentralizó desde 1991. En las ciudades también están las posibilidades de desarrollo y es en ellas, y en sus regiones donde se ejerce la responsabilidad social.
martes, mayo 31, 2005
Ciudadanos para una nueva cultura política
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 31 de mayo de 2005
La gran mayoría de las personas es conciente de la necesidad de las instituciones para el desarrollo político de una nación. Nadie duda que la calidad de esas instituciones depende también de las personas que hacen parte de ellas. Tampoco se puede ignorar la importancia del capital social, que considera, no sólo las instituciones en sí, sino también su capacidad de asociación, de organización y de construcción colectiva. ¿Quién debe entonces construir esas instituciones?
La respuesta es simple: los ciudadanos tenemos la responsabilidad de construir las instituciones democráticas. Por lo tanto, la pregunta sería: ¿cómo formamos los nuevos ciudadanos? Una nueva generación de ciudadanos debe ser participativa, activa, tolerante y solidaria. Lo difícil es romper el círculo vicioso de un sistema político que no se alcanza a legitimar frente a los ciudadanos y unos ciudadanos que no participan para cambiar ese sistema político. ¿Quién debe iniciar el cambio? Las instituciones democráticas para legitimarse y educar la población o los ciudadanos para transformarlas. Los dos están mutuamente afectados por la cultura política de cada país.
El estudio comparativo sobre la cultura política de la democracia en Colombia, México y Centroamérica de Rodríguez y Seligson (2004), presentado recientemente en Pereira, muestra una situación preocupante: los colombianos son los menos satisfechos con la democracia, sólo el 49% está satisfecho con ella, es más, un 53% de los encuestados cree que puede existir una buena razón para un golpe de estado militar. La insatisfacción se traduce en una falta de respaldo al sistema.
Un mayor respaldo debería lograrse actuando para corregir problemas que le quitan legitimidad al sistema, como la corrupción. Sin embargo, según la encuesta, sólo el 3.6%, de los encuestados, considera la corrupción como el problema más grave que tiene Colombia. La gente cree que el principal problema es el crimen. En el país, de acuerdo con el informe de Confecámaras (2004), el sector privado paga más de 3 billones de pesos para lograr beneficios del sector público. La cifra de corrupción es altísima, sin embargo, no se considera, los recursos perdidos por corrupción, un factor que limita la inversión en factores socioeconómicos que explican el crimen o en mejores sistemas de seguridad ciudadana.
Los partidos políticos son las instituciones con más baja confianza ciudadana. En una escala de 1 a 100, los partidos quedaron calificados con el 35.8, mientras la Iglesia Católica, con el 71.1. El poco respaldo se ha traducido en falta de participación, pero, si no hay participación, los partidos permanecerán igual. En la elección de las asambleas del partido liberal en Pereira, eran pocas las personas de estratos medios o altos de la población votando. Sin embargo, en la misma semana 500 personas de esos estratos participaron en un evento de una ONG local para recolectar fondos para una obra social que beneficiará un grupo de la tercera edad. Las personas prefieren participar en eventos caritativos y no en el fortalecimiento de los partidos, que son la base de la democracia, y un medio para que el Estado cumpla con el deber de atender, no sólo ese grupo de la tercera edad, sino todos los demás del departamento o del país.
Faltó profundizar en el estudio sobre dos factores que son determinantes de la cultura política colombiana: los medios de comunicación y el narcotráfico. Una cultura política con comportamiento mafioso en los barrios, exaltado por los medios como una fortaleza, atenta contra la formación de ciudadanos y el respaldo a cualquier sistema político.
La Tarde, martes 31 de mayo de 2005
La gran mayoría de las personas es conciente de la necesidad de las instituciones para el desarrollo político de una nación. Nadie duda que la calidad de esas instituciones depende también de las personas que hacen parte de ellas. Tampoco se puede ignorar la importancia del capital social, que considera, no sólo las instituciones en sí, sino también su capacidad de asociación, de organización y de construcción colectiva. ¿Quién debe entonces construir esas instituciones?
La respuesta es simple: los ciudadanos tenemos la responsabilidad de construir las instituciones democráticas. Por lo tanto, la pregunta sería: ¿cómo formamos los nuevos ciudadanos? Una nueva generación de ciudadanos debe ser participativa, activa, tolerante y solidaria. Lo difícil es romper el círculo vicioso de un sistema político que no se alcanza a legitimar frente a los ciudadanos y unos ciudadanos que no participan para cambiar ese sistema político. ¿Quién debe iniciar el cambio? Las instituciones democráticas para legitimarse y educar la población o los ciudadanos para transformarlas. Los dos están mutuamente afectados por la cultura política de cada país.
El estudio comparativo sobre la cultura política de la democracia en Colombia, México y Centroamérica de Rodríguez y Seligson (2004), presentado recientemente en Pereira, muestra una situación preocupante: los colombianos son los menos satisfechos con la democracia, sólo el 49% está satisfecho con ella, es más, un 53% de los encuestados cree que puede existir una buena razón para un golpe de estado militar. La insatisfacción se traduce en una falta de respaldo al sistema.
Un mayor respaldo debería lograrse actuando para corregir problemas que le quitan legitimidad al sistema, como la corrupción. Sin embargo, según la encuesta, sólo el 3.6%, de los encuestados, considera la corrupción como el problema más grave que tiene Colombia. La gente cree que el principal problema es el crimen. En el país, de acuerdo con el informe de Confecámaras (2004), el sector privado paga más de 3 billones de pesos para lograr beneficios del sector público. La cifra de corrupción es altísima, sin embargo, no se considera, los recursos perdidos por corrupción, un factor que limita la inversión en factores socioeconómicos que explican el crimen o en mejores sistemas de seguridad ciudadana.
Los partidos políticos son las instituciones con más baja confianza ciudadana. En una escala de 1 a 100, los partidos quedaron calificados con el 35.8, mientras la Iglesia Católica, con el 71.1. El poco respaldo se ha traducido en falta de participación, pero, si no hay participación, los partidos permanecerán igual. En la elección de las asambleas del partido liberal en Pereira, eran pocas las personas de estratos medios o altos de la población votando. Sin embargo, en la misma semana 500 personas de esos estratos participaron en un evento de una ONG local para recolectar fondos para una obra social que beneficiará un grupo de la tercera edad. Las personas prefieren participar en eventos caritativos y no en el fortalecimiento de los partidos, que son la base de la democracia, y un medio para que el Estado cumpla con el deber de atender, no sólo ese grupo de la tercera edad, sino todos los demás del departamento o del país.
Faltó profundizar en el estudio sobre dos factores que son determinantes de la cultura política colombiana: los medios de comunicación y el narcotráfico. Una cultura política con comportamiento mafioso en los barrios, exaltado por los medios como una fortaleza, atenta contra la formación de ciudadanos y el respaldo a cualquier sistema político.
martes, mayo 24, 2005
Mujeres y nuevas generaciones
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 24 de mayo de 2005
Desde el surgimiento de las Naciones Unidas en 1945, se ha defendido la igualdad entre los géneros. Durante las tres primeras décadas, su esfuerzo en beneficio de la mujer, se centró principalmente en la definición de los derechos jurídicos y civiles de la mujer, y la recolección de datos sobre su condición jurídica y social en todo el mundo. Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más evidente que las leyes, en sí mismas, no bastaban para garantizar la igualdad de derechos de la mujer.
En las décadas siguientes, las Naciones Unidas han invitado a todos los países a profundizar en las estrategias y en los planes de acción que pudieran convertir en realidad los derechos jurídicamente ganados. Los esfuerzos emprendidos tenían inicialmente el propósito de mejorar las condiciones de la mujer, en función de sus propias necesidades, en otras palabras, se buscaban los mecanismos para que la mujer pudiera educarse, tener servicios de salud e ingresar al mundo laboral o político.
En los últimos años, se ha resaltado, no sólo el papel de las leyes y los planes a favor de la mujer, sino, también, se ha reconocido su importancia para todo el proceso de desarrollo, por eso se ha buscado el fortalecimiento de su papel como agente del desarrollo y la promoción de su derecho a la participación activa en la sociedad.
La primera responsabilidad de la mujer, como agente del desarrollo, la ejerce en su papel de madre. Sin embargo, las mujeres no se convierten en agentes por sí solas. Para las Naciones Unidas, “debe reconocerse que el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación es un requisito fundamental para la potenciación de la mujer, y un instrumento fundamental para lograr los objetivos de igualdad de género, desarrollo y paz”
Los gobiernos deben asumir el deber constitucional de prestar la salud y la educación a las mujeres. Madres sanas y saludables desde el embarazo tendrán hijos sanos. Con buena alimentación y nutrición les garantizamos una forma digna de crecer a nuestros niños. Por eso el programa de nutrición implementado, en la administración anterior de nuestra ciudad, incluyó a las madres gestantes. Si combatimos el analfabetismo, en las mujeres adultas, ninguna de ellas permitirá que sus hijos no sepan leer y escribir, ellas lucharán para que sus hijos no enfrenten con desventaja el mundo laboral. La eliminación de la alta tasa de analfabetismo entre las mujeres y las niñas es una tarea urgente a nivel mundial. La UNESCO calcula que dos terceras partes de los 875 millones de adultos analfabetos, en el mundo, son mujeres.
Madres con derechos pero también con deberes, preparadas para asumir la responsabilidad de criar un hijo. Por eso debemos controlar el embarazo precoz en las niñas y en las adolescentes, que ha aumentado en los últimos años. El aumento de embarazos no deseados en adolescentes se debe en parte a la carencia de educación sexual en la familia. Las madres pueden hacer un gran aporte para que los nuevos niños no terminen siendo criados por otros niños.
Si las mujeres están educadas, controlan el número de hijos y pueden prevenir que ellos entren a formar parte de la delincuencia. Si a los sitios donde ahora se reúnen y se forman los sicarios, llevamos una escuela, las primeras guardianas de sus puertas serán las madres. Con madres educadas podremos formar nuevos ciudadanos para nuestra región, una nueva generación más sana, más educada, más participativa y más feliz.
La Tarde, martes 24 de mayo de 2005
Desde el surgimiento de las Naciones Unidas en 1945, se ha defendido la igualdad entre los géneros. Durante las tres primeras décadas, su esfuerzo en beneficio de la mujer, se centró principalmente en la definición de los derechos jurídicos y civiles de la mujer, y la recolección de datos sobre su condición jurídica y social en todo el mundo. Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más evidente que las leyes, en sí mismas, no bastaban para garantizar la igualdad de derechos de la mujer.
En las décadas siguientes, las Naciones Unidas han invitado a todos los países a profundizar en las estrategias y en los planes de acción que pudieran convertir en realidad los derechos jurídicamente ganados. Los esfuerzos emprendidos tenían inicialmente el propósito de mejorar las condiciones de la mujer, en función de sus propias necesidades, en otras palabras, se buscaban los mecanismos para que la mujer pudiera educarse, tener servicios de salud e ingresar al mundo laboral o político.
En los últimos años, se ha resaltado, no sólo el papel de las leyes y los planes a favor de la mujer, sino, también, se ha reconocido su importancia para todo el proceso de desarrollo, por eso se ha buscado el fortalecimiento de su papel como agente del desarrollo y la promoción de su derecho a la participación activa en la sociedad.
La primera responsabilidad de la mujer, como agente del desarrollo, la ejerce en su papel de madre. Sin embargo, las mujeres no se convierten en agentes por sí solas. Para las Naciones Unidas, “debe reconocerse que el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación es un requisito fundamental para la potenciación de la mujer, y un instrumento fundamental para lograr los objetivos de igualdad de género, desarrollo y paz”
Los gobiernos deben asumir el deber constitucional de prestar la salud y la educación a las mujeres. Madres sanas y saludables desde el embarazo tendrán hijos sanos. Con buena alimentación y nutrición les garantizamos una forma digna de crecer a nuestros niños. Por eso el programa de nutrición implementado, en la administración anterior de nuestra ciudad, incluyó a las madres gestantes. Si combatimos el analfabetismo, en las mujeres adultas, ninguna de ellas permitirá que sus hijos no sepan leer y escribir, ellas lucharán para que sus hijos no enfrenten con desventaja el mundo laboral. La eliminación de la alta tasa de analfabetismo entre las mujeres y las niñas es una tarea urgente a nivel mundial. La UNESCO calcula que dos terceras partes de los 875 millones de adultos analfabetos, en el mundo, son mujeres.
Madres con derechos pero también con deberes, preparadas para asumir la responsabilidad de criar un hijo. Por eso debemos controlar el embarazo precoz en las niñas y en las adolescentes, que ha aumentado en los últimos años. El aumento de embarazos no deseados en adolescentes se debe en parte a la carencia de educación sexual en la familia. Las madres pueden hacer un gran aporte para que los nuevos niños no terminen siendo criados por otros niños.
Si las mujeres están educadas, controlan el número de hijos y pueden prevenir que ellos entren a formar parte de la delincuencia. Si a los sitios donde ahora se reúnen y se forman los sicarios, llevamos una escuela, las primeras guardianas de sus puertas serán las madres. Con madres educadas podremos formar nuevos ciudadanos para nuestra región, una nueva generación más sana, más educada, más participativa y más feliz.
martes, mayo 17, 2005
Educación: La Victoria de Una Nueva Ciudad
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 17 de mayo de 2005
En las últimas semanas, ha estado de moda la China, su acelerado crecimiento económico, a un ritmo del 9 por ciento anual, en los últimos 25 años, ha provocado una serie de comentarios y análisis tendientes a explicar las causas de su reciente desarrollo. Su historia milenaria, su cultura y su sistema político, hace difícil cualquier emulación. No obstante, nadie niega el papel que ha jugado la educación, es decir, el derecho a la educación para todos los chinos.
Iguales conclusiones se encuentran en los estudios realizados sobre los tigres asiáticos. Todo proceso de desarrollo de una nación ha tenido que dar grandes saltos en materia educativa. Sobran los ejemplos y las investigaciones, con suficiente evidencia empírica, para demostrar la importancia de la educación.
En anteriores columnas se ha defendido la educación como un derecho que el Estado debe garantizar, como el medio para dar igualdad de oportunidades y como la forma para lograr la justicia social. Los argumentos han tenido como base una concepción sobre el Estado, que además, se ha consagrado en la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, otros tienen una diferente concepción del Estado y distintas ideas sobre las prioridades del desarrollo, es decir, defienden la educación como un servicio que puede ser subsidiado.
Diferentes concepciones ideológicas se traducen en distintas políticas educativas. No obstante, no se deben ignorar los resultados y las estrategias adoptadas en otros países. Tampoco se pueden ocultar los resultados de los estudios sobre la educación en Colombia. Por ejemplo, de la investigación realizada por la Fundación Restrepo Barco se concluye que, para aumentar la asistencia escolar, es necesario incrementar los recursos asignados a la educación y complementar el apoyo de la matrícula con otros servicios como el transporte escolar o los útiles. Con el bajo nivel de ingresos, de la mayoría de los hogares en Colombia, es difícil, para quienes pretenden que la educación debe ser un servicio parcialmente subsidiado, que se pueda garantizar la asistencia escolar para todos los niños. Son muchas las familias sin ninguna capacidad económica para asumir los costos educativos. Adicionalmente, los sistemas para la asignación de subsidios, no reflejan necesariamente las condiciones de ingresos de los hogares.
¿Cómo se escogen los niños que pueden entrar a estudiar sin ningún costo? y ¿cómo se excluyen otros niños del derecho a la educación? La gente considera que la falta de recursos es uno de los principales problemas de la educación. Una encuesta de percepción ciudadana realizada por Napoleón Franco en el año 2004, Educación Compromiso de Todos, mostró como la gente considera que los dos principales problemas de la educación preescolar, primaria y secundaria en Colombia, son la falta de presupuesto asignado por los gobiernos y los escasos recursos de los padres.
Todo lo anterior demuestra que el modelo implementado en Pereira, durante la administración anterior, basado en la defensa de la educación como un derecho para todos los niños y complementado con el transporte escolar y la nutrición es un ejemplo para el país, que puede complementarse y perfeccionarse en su implementación. Las conclusiones del estudio de la Fundación Restrepo Barco las tenía claras la anterior administración. Tampoco hay que ir hasta la China para encontrar casos exitosos de desarrollo en las ciudades, lo que sí necesitamos aprender de los chinos es a darle continuidad a las buenas políticas de desarrollo, a confiar en los otros y en nuestra capacidad local.
La Tarde, martes 17 de mayo de 2005
En las últimas semanas, ha estado de moda la China, su acelerado crecimiento económico, a un ritmo del 9 por ciento anual, en los últimos 25 años, ha provocado una serie de comentarios y análisis tendientes a explicar las causas de su reciente desarrollo. Su historia milenaria, su cultura y su sistema político, hace difícil cualquier emulación. No obstante, nadie niega el papel que ha jugado la educación, es decir, el derecho a la educación para todos los chinos.
Iguales conclusiones se encuentran en los estudios realizados sobre los tigres asiáticos. Todo proceso de desarrollo de una nación ha tenido que dar grandes saltos en materia educativa. Sobran los ejemplos y las investigaciones, con suficiente evidencia empírica, para demostrar la importancia de la educación.
En anteriores columnas se ha defendido la educación como un derecho que el Estado debe garantizar, como el medio para dar igualdad de oportunidades y como la forma para lograr la justicia social. Los argumentos han tenido como base una concepción sobre el Estado, que además, se ha consagrado en la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, otros tienen una diferente concepción del Estado y distintas ideas sobre las prioridades del desarrollo, es decir, defienden la educación como un servicio que puede ser subsidiado.
Diferentes concepciones ideológicas se traducen en distintas políticas educativas. No obstante, no se deben ignorar los resultados y las estrategias adoptadas en otros países. Tampoco se pueden ocultar los resultados de los estudios sobre la educación en Colombia. Por ejemplo, de la investigación realizada por la Fundación Restrepo Barco se concluye que, para aumentar la asistencia escolar, es necesario incrementar los recursos asignados a la educación y complementar el apoyo de la matrícula con otros servicios como el transporte escolar o los útiles. Con el bajo nivel de ingresos, de la mayoría de los hogares en Colombia, es difícil, para quienes pretenden que la educación debe ser un servicio parcialmente subsidiado, que se pueda garantizar la asistencia escolar para todos los niños. Son muchas las familias sin ninguna capacidad económica para asumir los costos educativos. Adicionalmente, los sistemas para la asignación de subsidios, no reflejan necesariamente las condiciones de ingresos de los hogares.
¿Cómo se escogen los niños que pueden entrar a estudiar sin ningún costo? y ¿cómo se excluyen otros niños del derecho a la educación? La gente considera que la falta de recursos es uno de los principales problemas de la educación. Una encuesta de percepción ciudadana realizada por Napoleón Franco en el año 2004, Educación Compromiso de Todos, mostró como la gente considera que los dos principales problemas de la educación preescolar, primaria y secundaria en Colombia, son la falta de presupuesto asignado por los gobiernos y los escasos recursos de los padres.
Todo lo anterior demuestra que el modelo implementado en Pereira, durante la administración anterior, basado en la defensa de la educación como un derecho para todos los niños y complementado con el transporte escolar y la nutrición es un ejemplo para el país, que puede complementarse y perfeccionarse en su implementación. Las conclusiones del estudio de la Fundación Restrepo Barco las tenía claras la anterior administración. Tampoco hay que ir hasta la China para encontrar casos exitosos de desarrollo en las ciudades, lo que sí necesitamos aprender de los chinos es a darle continuidad a las buenas políticas de desarrollo, a confiar en los otros y en nuestra capacidad local.
martes, mayo 10, 2005
Las remesas no deben gravarse
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 10 de mayo de 2005
En 1997 era difícil encontrar estudios sobre el fenómeno de la migración en Colombia. Sin embargo, era amplia la literatura sobre países como Pakistán. En los últimos años, el fenómeno de la migración y los flujos de dinero a los países en desarrollo, ha tomado especial importancia, por el número creciente de personas y de remesas, por el peso que ellas tienen en las economías locales, por las transformaciones sociales y culturales que generan y por la oportunidad para avanzar en el desarrollo local. Cualquier política pública en esta materia tendría un gran impacto. Se estima que existen más de 4 millones de colombianos en el exterior, cuyas remesas, ascienden a los 4.000 millones de dólares.
La política pública debe partir de reconocer, que en los países en desarrollo, el fenómeno existe y tiende a crecer, por eso es importante comprenderlo, pero sobre todo orientarlo positivamente. Detener o revertir la emigración sería utópico en una democracia. Por lo tanto, una política pública, que involucre las remesas, debe buscar su mejor aprovechamiento social y económico, con políticas fiscales y cambiarias favorables y no desfavorables, como sería la imposición del impuesto a las remesas, que propone el gobierno.
La experiencia de otros países nos enseña que los impuestos a las remesas no tienen resultados positivos. En Filipinas, Tailandia, Bangla Desh, Pakistán y Corea, el control al flujo de las remesas a través del sistema bancario o de fondos específicos, sin ningún tipo de incentivo, es decir, estableciendo una especie de gravamen, fue, con excepción de Corea, un fracaso. Todo control lleva implícita su violación. La gente buscó formas para evadir el sistema. En estudios del Centro Internacional para el Desarrollo, se ha afirmado que este tipo de mecanismos puede afectar tanto el monto de las remesas como el uso de las mismas. Se puede afectar el consumo, afectando el monto de las remesas, pero también se aumentaría la informalidad. Si la gente tiene que recurrir al mercado informal, se desincentiva el uso de las remesas hacia la inversión, pues, es más fácil esconder el consumo que la inversión.
Se debe estimular el flujo de remesas y no lo contrario. En Asia, se han realizado estudios sobre la importancia de ofrecer un clima macroeconómico favorable, con buenas tasas de ahorro que permitan captar un mayor volumen de remesas. Sorprende, que mientras en otros países, se esté buscando disminuir los costos de transacción de las remesas para que una mayor parte se destine al consumo o a la inversión, en Colombia, se esté pensando en aumentarlos. Muy preocupante sería, que se afectaran las familias que reciben remesas, las economías locales y se terminara beneficiando al sector financiero.
Quedan muchos caminos por explorar, para buscar un mejor aprovechamiento de las remesas con soluciones que deben consultar las especificidades de Colombia, pero que deben examinar las experiencias de otros países. Sobre Pakistán, hay múltiples estudios, En México, hay experiencias de desarrollo local que han buscado incentivar el ahorro colectivo para orientarlo a la inversión pública como la de Zacatecas, Jalisco y Oaxaca. También para tratar de incentivar el ahorro individual, hacia proyectos productivos, como la del estado de Guanajuato. A pesar de los intentos en las localidades, en México, el 80% de las personas destinan las remesas al consumo y no a la inversión.
En conclusión, otros deben ser los mecanismos para solucionar el problema de la revaluación del peso, gravar las remesas, sería un error. Por el contrario, hay que incentivar el ahorro y la inversión, sin desconocer la importancia del consumo.
La Tarde, martes 10 de mayo de 2005
En 1997 era difícil encontrar estudios sobre el fenómeno de la migración en Colombia. Sin embargo, era amplia la literatura sobre países como Pakistán. En los últimos años, el fenómeno de la migración y los flujos de dinero a los países en desarrollo, ha tomado especial importancia, por el número creciente de personas y de remesas, por el peso que ellas tienen en las economías locales, por las transformaciones sociales y culturales que generan y por la oportunidad para avanzar en el desarrollo local. Cualquier política pública en esta materia tendría un gran impacto. Se estima que existen más de 4 millones de colombianos en el exterior, cuyas remesas, ascienden a los 4.000 millones de dólares.
La política pública debe partir de reconocer, que en los países en desarrollo, el fenómeno existe y tiende a crecer, por eso es importante comprenderlo, pero sobre todo orientarlo positivamente. Detener o revertir la emigración sería utópico en una democracia. Por lo tanto, una política pública, que involucre las remesas, debe buscar su mejor aprovechamiento social y económico, con políticas fiscales y cambiarias favorables y no desfavorables, como sería la imposición del impuesto a las remesas, que propone el gobierno.
La experiencia de otros países nos enseña que los impuestos a las remesas no tienen resultados positivos. En Filipinas, Tailandia, Bangla Desh, Pakistán y Corea, el control al flujo de las remesas a través del sistema bancario o de fondos específicos, sin ningún tipo de incentivo, es decir, estableciendo una especie de gravamen, fue, con excepción de Corea, un fracaso. Todo control lleva implícita su violación. La gente buscó formas para evadir el sistema. En estudios del Centro Internacional para el Desarrollo, se ha afirmado que este tipo de mecanismos puede afectar tanto el monto de las remesas como el uso de las mismas. Se puede afectar el consumo, afectando el monto de las remesas, pero también se aumentaría la informalidad. Si la gente tiene que recurrir al mercado informal, se desincentiva el uso de las remesas hacia la inversión, pues, es más fácil esconder el consumo que la inversión.
Se debe estimular el flujo de remesas y no lo contrario. En Asia, se han realizado estudios sobre la importancia de ofrecer un clima macroeconómico favorable, con buenas tasas de ahorro que permitan captar un mayor volumen de remesas. Sorprende, que mientras en otros países, se esté buscando disminuir los costos de transacción de las remesas para que una mayor parte se destine al consumo o a la inversión, en Colombia, se esté pensando en aumentarlos. Muy preocupante sería, que se afectaran las familias que reciben remesas, las economías locales y se terminara beneficiando al sector financiero.
Quedan muchos caminos por explorar, para buscar un mejor aprovechamiento de las remesas con soluciones que deben consultar las especificidades de Colombia, pero que deben examinar las experiencias de otros países. Sobre Pakistán, hay múltiples estudios, En México, hay experiencias de desarrollo local que han buscado incentivar el ahorro colectivo para orientarlo a la inversión pública como la de Zacatecas, Jalisco y Oaxaca. También para tratar de incentivar el ahorro individual, hacia proyectos productivos, como la del estado de Guanajuato. A pesar de los intentos en las localidades, en México, el 80% de las personas destinan las remesas al consumo y no a la inversión.
En conclusión, otros deben ser los mecanismos para solucionar el problema de la revaluación del peso, gravar las remesas, sería un error. Por el contrario, hay que incentivar el ahorro y la inversión, sin desconocer la importancia del consumo.
miércoles, mayo 04, 2005
Crecimiento Económico y Pobreza
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, miércoles 4 de mayo de 2005
En las últimas semanas se han realizado una serie de discusiones sobre el crecimiento económico del país y sobre las proyecciones para el corto, mediano y largo plazo. El crecimiento no ha sido suficiente para aumentar el empleo en Colombia. Para el mes de marzo, el desempleo en el nivel nacional, prácticamente se mantuvo, con respecto al año anterior, en un 13.1%, lo mismo el subempleo que estuvo en un 29.5%. El desempleo en las 13 principales áreas metropolitanas fue del 15.1% y en el área metropolitana de Pereira la tasa estuvo en el 18.5%.
Javier Fernández Rivas, director de prospectiva económica, resaltó como la economía colombiana a diferencia de otras en América Latina, ha tenido una pobre recuperación después de la recesión de 1999 y llamó la atención sobre el preocupante consenso al que han llegado los economistas del país frente al bajo crecimiento proyectado para Colombia. El aumento anual del PIB (Producto Interno Bruto) sería sólo del 1.75% para la década que termina en el año 2006. Se proyectan crecimientos alrededor del 3.7% para el año 2005 y del 3.6% para el 2006. Realmente preocupante, pues las tasa de crecimiento deberían estar por encima del 5% anual.
Luis Carlos Sarmiento Angulo, beneficiario de las políticas económicas, en los últimos años, también se pronunció frente a la necesidad de tener un crecimiento económico mayor al 6% anual para detener la caída del ingreso per cápita de los colombianos que llegó a los 2.213 dólares, cifra menor a la registrada en la mayoría de los países de América Latina. El banquero propone políticas tributarias estables y la disminución del déficit fiscal mediante la reducción del gasto público y el nivel de endeudamiento.
El mal desempeño de la economía afecta en mayor medida a las familias pobres. No obstante, lo importante es que las políticas públicas persigan tanto el crecimiento como una mejor distribución del ingreso. Montenegro y Rivas (2005) en su último libro “Las piezas del rompecabezas” argumentan que si bien el crecimiento no mejora la distribución del ingreso, sí disminuye la pobreza. De acuerdo con los autores, si la población creciera al 1.5% anual y el ingreso creciera al 2.5 % anual, tomaría 20 años reducir la pobreza al 8.5% anual. Sin embargo, si el crecimiento del ingreso per cápita fuera de 4.5%, por año, tomaría 10 años reducir la pobreza por debajo del 8 %.
Se requiere más estudio sobre nuevas alternativas para lograr un mayor crecimiento económico y la realización de acuerdos nacionales, regionales y locales entre el sector público y el privado. El crecimiento proyectado, por los principales economistas, para los próximos años tal como lo afirmaron diferentes analistas es insuficiente. El bajo crecimiento económico y la ausencia de programas de largo alcance para controlar el crecimiento de la población se puede traducir en mayor pobreza. Las necesidades de la población no pueden seguir creciendo a un ritmo mayor al que crece la economía.
De acuerdo con las proyecciones, la inversión no va a ser suficiente para disminuir la tasa de desempleo. Los presupuestos públicos no pueden seguir siendo aprobados, como ha ocurrido, sin análisis profundos que midan los impactos en el mediano y largo plazo. El déficit fiscal es insostenible y no se puede solucionar con reformas tributarias, sin cambios estructurales en los egresos, por lo menos, con modificaciones sustanciales en las pensiones y el nivel de endeudamiento.
La Tarde, miércoles 4 de mayo de 2005
En las últimas semanas se han realizado una serie de discusiones sobre el crecimiento económico del país y sobre las proyecciones para el corto, mediano y largo plazo. El crecimiento no ha sido suficiente para aumentar el empleo en Colombia. Para el mes de marzo, el desempleo en el nivel nacional, prácticamente se mantuvo, con respecto al año anterior, en un 13.1%, lo mismo el subempleo que estuvo en un 29.5%. El desempleo en las 13 principales áreas metropolitanas fue del 15.1% y en el área metropolitana de Pereira la tasa estuvo en el 18.5%.
Javier Fernández Rivas, director de prospectiva económica, resaltó como la economía colombiana a diferencia de otras en América Latina, ha tenido una pobre recuperación después de la recesión de 1999 y llamó la atención sobre el preocupante consenso al que han llegado los economistas del país frente al bajo crecimiento proyectado para Colombia. El aumento anual del PIB (Producto Interno Bruto) sería sólo del 1.75% para la década que termina en el año 2006. Se proyectan crecimientos alrededor del 3.7% para el año 2005 y del 3.6% para el 2006. Realmente preocupante, pues las tasa de crecimiento deberían estar por encima del 5% anual.
Luis Carlos Sarmiento Angulo, beneficiario de las políticas económicas, en los últimos años, también se pronunció frente a la necesidad de tener un crecimiento económico mayor al 6% anual para detener la caída del ingreso per cápita de los colombianos que llegó a los 2.213 dólares, cifra menor a la registrada en la mayoría de los países de América Latina. El banquero propone políticas tributarias estables y la disminución del déficit fiscal mediante la reducción del gasto público y el nivel de endeudamiento.
El mal desempeño de la economía afecta en mayor medida a las familias pobres. No obstante, lo importante es que las políticas públicas persigan tanto el crecimiento como una mejor distribución del ingreso. Montenegro y Rivas (2005) en su último libro “Las piezas del rompecabezas” argumentan que si bien el crecimiento no mejora la distribución del ingreso, sí disminuye la pobreza. De acuerdo con los autores, si la población creciera al 1.5% anual y el ingreso creciera al 2.5 % anual, tomaría 20 años reducir la pobreza al 8.5% anual. Sin embargo, si el crecimiento del ingreso per cápita fuera de 4.5%, por año, tomaría 10 años reducir la pobreza por debajo del 8 %.
Se requiere más estudio sobre nuevas alternativas para lograr un mayor crecimiento económico y la realización de acuerdos nacionales, regionales y locales entre el sector público y el privado. El crecimiento proyectado, por los principales economistas, para los próximos años tal como lo afirmaron diferentes analistas es insuficiente. El bajo crecimiento económico y la ausencia de programas de largo alcance para controlar el crecimiento de la población se puede traducir en mayor pobreza. Las necesidades de la población no pueden seguir creciendo a un ritmo mayor al que crece la economía.
De acuerdo con las proyecciones, la inversión no va a ser suficiente para disminuir la tasa de desempleo. Los presupuestos públicos no pueden seguir siendo aprobados, como ha ocurrido, sin análisis profundos que midan los impactos en el mediano y largo plazo. El déficit fiscal es insostenible y no se puede solucionar con reformas tributarias, sin cambios estructurales en los egresos, por lo menos, con modificaciones sustanciales en las pensiones y el nivel de endeudamiento.
martes, abril 26, 2005
Derechos y Avances: Los Niños Discapacitados
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 26 de abril de 2005
Los niños discapacitados y sus familias, no encuentran el suficiente apoyo de la sociedad y del Estado. Sin protección han estado sus derechos y con frecuencia son ignorados o discriminados. Por ejemplo, es frecuente encontrar, en diferentes barrios de Pereira, como Panorama II, Travesuras, Santa Helena Gama III o el Ormaza, madres, con niños discapacitados, completamente desprotegidas. En algunos casos se desconoce las alternativas para la educación de sus hijos, en otros, no tienen dinero para pagar los costos en una institución especializada, ni tampoco el transporte a las instituciones. Todas las familias expresan la soledad que sienten en la crianza de sus hijos.
¿Cuáles son los derechos de éstos niños en Colombia? ¿Existen políticas públicas para ellos? No hay políticas que permitan ejercer los derechos de los niños discapacitados ni mecanismos de financiación definidos. Por ejemplo, un niño en Colombia puede ser beneficiado por el subsidio a la educación en un colegio público, sin embargo, no existen asignaciones presupuestales definidas para asumir los costos de la educación de un niño especial o discapacitado o para incluirlos en el sistema escolar. En Chile y en Colombia se ha intentado implementar políticas de inclusión educativa para integrar al sistema escolar tradicional todos los niños discapacitados. La discapacidad es un problema de salud pública que involucra tanto la población discapacitada como la no discapacitada. Los programas deben buscar la forma, no sólo de atenderlos, sino también de integrarlos, de incluirlos a la sociedad, es decir, de involucrarlos tanto a ellos como al resto de la sociedad.
En medio de esta ausencia de políticas públicas y de mecanismos de financiación, sobresale el esfuerzo de muchas organizaciones sin ánimo de lucro que han asumido el reto de formar los niños con diferentes tipos de discapacidad, como lo ha hecho, entre otros, el Instituto de Audiología de Pereira, dirigido por Bolivia Chica. Un gran avance se ha hecho para las personas no oyentes o con deficiencias auditivas. A través de la visagrafía, representación gráfica de la lengua visa, pueden elaborar sus pensamientos e ideas, se disminuyen las desventajas culturales con las personas que pueden leer y escribir y por lo tanto, la discriminación.
El proyecto de investigación para la visagrafía, dirigido por Jaime Hernández, ya cuenta con grafemas (representación de las manos en diferentes posiciones, la cara, partes de la misma o movimientos en general) y palabras que quedarán plasmadas en el diccionario de visagrafía que permitirá difundir la lengua visa y su grafía. Han logrado avanzar en la construcción de las herramientas de computación, entre ellas, el editor de grafemas, de ideogramas y de textos. También lo ha hecho el Proyecto Iris de María Fernanda Zúñiga, Jhon Alexander Guerra y Felipe Restrepo que tiene como objetivo transformar las imágenes de los computadores en impulsos electromagnéticos que les permite a los invidentes percibir las imágenes con sus manos.
Los avances locales son un ejemplo nacional. No obstante, se debe abordar el tema con mayor profundidad. Las Naciones Unidas estiman que existen en Colombia más de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad de las cuales más del 50% son niños, sin embargo, reconocen que la cifra puede ser mayor, pues no se cuenta con un adecuado sistema de información. Tenemos una deuda y una tarea pendiente con los niños especiales y los discapacitados, que seguramente, son muchos más de los registrados en las estadísticas.
La Tarde, martes 26 de abril de 2005
Los niños discapacitados y sus familias, no encuentran el suficiente apoyo de la sociedad y del Estado. Sin protección han estado sus derechos y con frecuencia son ignorados o discriminados. Por ejemplo, es frecuente encontrar, en diferentes barrios de Pereira, como Panorama II, Travesuras, Santa Helena Gama III o el Ormaza, madres, con niños discapacitados, completamente desprotegidas. En algunos casos se desconoce las alternativas para la educación de sus hijos, en otros, no tienen dinero para pagar los costos en una institución especializada, ni tampoco el transporte a las instituciones. Todas las familias expresan la soledad que sienten en la crianza de sus hijos.
¿Cuáles son los derechos de éstos niños en Colombia? ¿Existen políticas públicas para ellos? No hay políticas que permitan ejercer los derechos de los niños discapacitados ni mecanismos de financiación definidos. Por ejemplo, un niño en Colombia puede ser beneficiado por el subsidio a la educación en un colegio público, sin embargo, no existen asignaciones presupuestales definidas para asumir los costos de la educación de un niño especial o discapacitado o para incluirlos en el sistema escolar. En Chile y en Colombia se ha intentado implementar políticas de inclusión educativa para integrar al sistema escolar tradicional todos los niños discapacitados. La discapacidad es un problema de salud pública que involucra tanto la población discapacitada como la no discapacitada. Los programas deben buscar la forma, no sólo de atenderlos, sino también de integrarlos, de incluirlos a la sociedad, es decir, de involucrarlos tanto a ellos como al resto de la sociedad.
En medio de esta ausencia de políticas públicas y de mecanismos de financiación, sobresale el esfuerzo de muchas organizaciones sin ánimo de lucro que han asumido el reto de formar los niños con diferentes tipos de discapacidad, como lo ha hecho, entre otros, el Instituto de Audiología de Pereira, dirigido por Bolivia Chica. Un gran avance se ha hecho para las personas no oyentes o con deficiencias auditivas. A través de la visagrafía, representación gráfica de la lengua visa, pueden elaborar sus pensamientos e ideas, se disminuyen las desventajas culturales con las personas que pueden leer y escribir y por lo tanto, la discriminación.
El proyecto de investigación para la visagrafía, dirigido por Jaime Hernández, ya cuenta con grafemas (representación de las manos en diferentes posiciones, la cara, partes de la misma o movimientos en general) y palabras que quedarán plasmadas en el diccionario de visagrafía que permitirá difundir la lengua visa y su grafía. Han logrado avanzar en la construcción de las herramientas de computación, entre ellas, el editor de grafemas, de ideogramas y de textos. También lo ha hecho el Proyecto Iris de María Fernanda Zúñiga, Jhon Alexander Guerra y Felipe Restrepo que tiene como objetivo transformar las imágenes de los computadores en impulsos electromagnéticos que les permite a los invidentes percibir las imágenes con sus manos.
Los avances locales son un ejemplo nacional. No obstante, se debe abordar el tema con mayor profundidad. Las Naciones Unidas estiman que existen en Colombia más de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad de las cuales más del 50% son niños, sin embargo, reconocen que la cifra puede ser mayor, pues no se cuenta con un adecuado sistema de información. Tenemos una deuda y una tarea pendiente con los niños especiales y los discapacitados, que seguramente, son muchos más de los registrados en las estadísticas.
sábado, abril 23, 2005
¿Repetirán la historia de la apertura?
Jorge Enrique Robledo, senadorrobledo@telesat.com.co (Senador del MOIR)
Bogotá, abril 23 de 2005
Cuándo César Gaviria y sus ministros, Rudolf Hommes, Ernesto Samper Pizano y Juan Manuel Santos, entre otros, decidieron impulsar la apertura, es decir, disminuir la protección del aparato productivo nacional, unos dijimos que iban a volverlo trizas, pues era obvio que una economía enclenque no podría resistir el aumento de las embestidas de las transnacionales. Ellos, por su parte, utilizaron el "bienvenidos al futuro" presidencial para ocultar la regresión decidida por los imperios en la OMC. Y no solo hablaron de invadir a Estados Unidos con productos Made in Colombia -como se ofrece ahora con el TLC-, sino al mundo entero. ¡Cómo será el miedo en New York, Tokio y Roma ante esta amenaza del gavirismo!, dijimos algunos.
El debate se dio en especial en el sector agropecuario, en donde tantos dirigentes gremiales -tan gobiernistas, por sobre todo- se facilitaron para que tuviera éxito la burla oficial que dijo que la debilidad de los productores colombianos frente a las importaciones subsidiadas se iba a resolver con creatividad y malicia indígena, más unos cuantos cursos que les mejoraran la autoestima. En el caso del café, golpeado también por la decisión de Estados Unidos de imponer el neoliberalismo en ese negocio, el desdén de la alta burocracia de la Federación por la suerte de sus agremiados fue puesto en su sitio por un campesino que explicó: "es que no es los mismo vivir del café que de los cafeteros".
¿Qué pasó? Los hechos, que son los críticos más implacables de cualquier teoría, dieron su veredicto: las importaciones agropecuarias se multiplicaron por diez, sustituyendo un millón de hectáreas de cultivos transitorios en Colombia. En plata, esas compras en el extranjero de unos productos que los colombianos estaban y están en capacidad de producir sumaron 17.253 millones de dólares entre 1991 y 2003. Y las pérdidas para la industria fueron aún mayores, así esto se conozca menos porque lo han ocultado los dirigentes gremiales que debieron informarlo.
En razón de este resultado, los neoliberales quieren firmar un TLC con Estados Unidos que de una vez por todas elimine la protección frente a los productos estadounidenses, con lo que se consolidarán las inmensas pérdidas de los años pasados y vendrán otras mayores, según lo reconocen los propios estudios de Planeación Nacional. Es el colmo que haya gente informada que no sepa o que diga que no sabe que el gobierno de Colombia ya ofreció que el agro nacional quedará con cero protección en el plazo que se pacte, así como aceptó que los gringos mantendrán sus enormes subsidios. Que ese desastre lo quieran menospreciar exagerando las verdaderas posibilidades de las exportaciones de uchuvas, pitayas y cardamomo, con las que unos "reemplazarán" lo que pierdan otros, vaya y venga, pero que no falten a la verdad sobre lo que ocurrirá con los cereales y los demás productos no tropicales.
De ahí que tengan tanta razón los arroceros que decidieron, como parte de su lucha, votar sobre el TLC, siguiendo la senda de los indígenas caucanos y adelantándose a otros sectores que se aprestan también a consultar al respecto. Y cómo es de lamentable que haya quienes, ¡y en nombre del arroz nacional!, en vez de respaldar la consulta, la censuren y, para peor, con argumentos politiqueros.
Esas consultas a sectores específicos debieran llevar al gobierno a someter a la votación de todos los colombianos si habrá o no TLC con Estados Unidos. Porque ese pacto significa la mayor amenaza contra la nación desde la Independencia de España, porque quién puede defender que una decisión de este calibre se le deje a las mismas mayorías que aprobaron la reelección de El Mesías y porque así lo indica el más elemental sentido democrático.
La legalidad de la consulta puede lograrse de dos maneras. Mediante la reforma constitucional que propuso Antonio Navarro o con el Artículo 104 de la Constitución que dice: "El presidente de la república... podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria". Si Uribe no consulta, entonces, es porque es de su talante imponer y porque le da pavor que se le repita la historia del referendo.
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Nunca enviamos archivos anexos. Si usted no quiere seguir recibiendo nuestros correos, por favor respóndanos poniendo en el Asunto "Bórreme de su lista". Visite nuestras páginas http://www.moir.org.co, http://www.moir.org.co/robledo.php y http://www.deslinde.org.co. Si recibe repetidos nuestros correos, escríbanos y lo solucionaremos. Si desea publicar nuestros artículos en internet o en cualquier otro medio, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.
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Bogotá, abril 23 de 2005
Cuándo César Gaviria y sus ministros, Rudolf Hommes, Ernesto Samper Pizano y Juan Manuel Santos, entre otros, decidieron impulsar la apertura, es decir, disminuir la protección del aparato productivo nacional, unos dijimos que iban a volverlo trizas, pues era obvio que una economía enclenque no podría resistir el aumento de las embestidas de las transnacionales. Ellos, por su parte, utilizaron el "bienvenidos al futuro" presidencial para ocultar la regresión decidida por los imperios en la OMC. Y no solo hablaron de invadir a Estados Unidos con productos Made in Colombia -como se ofrece ahora con el TLC-, sino al mundo entero. ¡Cómo será el miedo en New York, Tokio y Roma ante esta amenaza del gavirismo!, dijimos algunos.
El debate se dio en especial en el sector agropecuario, en donde tantos dirigentes gremiales -tan gobiernistas, por sobre todo- se facilitaron para que tuviera éxito la burla oficial que dijo que la debilidad de los productores colombianos frente a las importaciones subsidiadas se iba a resolver con creatividad y malicia indígena, más unos cuantos cursos que les mejoraran la autoestima. En el caso del café, golpeado también por la decisión de Estados Unidos de imponer el neoliberalismo en ese negocio, el desdén de la alta burocracia de la Federación por la suerte de sus agremiados fue puesto en su sitio por un campesino que explicó: "es que no es los mismo vivir del café que de los cafeteros".
¿Qué pasó? Los hechos, que son los críticos más implacables de cualquier teoría, dieron su veredicto: las importaciones agropecuarias se multiplicaron por diez, sustituyendo un millón de hectáreas de cultivos transitorios en Colombia. En plata, esas compras en el extranjero de unos productos que los colombianos estaban y están en capacidad de producir sumaron 17.253 millones de dólares entre 1991 y 2003. Y las pérdidas para la industria fueron aún mayores, así esto se conozca menos porque lo han ocultado los dirigentes gremiales que debieron informarlo.
En razón de este resultado, los neoliberales quieren firmar un TLC con Estados Unidos que de una vez por todas elimine la protección frente a los productos estadounidenses, con lo que se consolidarán las inmensas pérdidas de los años pasados y vendrán otras mayores, según lo reconocen los propios estudios de Planeación Nacional. Es el colmo que haya gente informada que no sepa o que diga que no sabe que el gobierno de Colombia ya ofreció que el agro nacional quedará con cero protección en el plazo que se pacte, así como aceptó que los gringos mantendrán sus enormes subsidios. Que ese desastre lo quieran menospreciar exagerando las verdaderas posibilidades de las exportaciones de uchuvas, pitayas y cardamomo, con las que unos "reemplazarán" lo que pierdan otros, vaya y venga, pero que no falten a la verdad sobre lo que ocurrirá con los cereales y los demás productos no tropicales.
De ahí que tengan tanta razón los arroceros que decidieron, como parte de su lucha, votar sobre el TLC, siguiendo la senda de los indígenas caucanos y adelantándose a otros sectores que se aprestan también a consultar al respecto. Y cómo es de lamentable que haya quienes, ¡y en nombre del arroz nacional!, en vez de respaldar la consulta, la censuren y, para peor, con argumentos politiqueros.
Esas consultas a sectores específicos debieran llevar al gobierno a someter a la votación de todos los colombianos si habrá o no TLC con Estados Unidos. Porque ese pacto significa la mayor amenaza contra la nación desde la Independencia de España, porque quién puede defender que una decisión de este calibre se le deje a las mismas mayorías que aprobaron la reelección de El Mesías y porque así lo indica el más elemental sentido democrático.
La legalidad de la consulta puede lograrse de dos maneras. Mediante la reforma constitucional que propuso Antonio Navarro o con el Artículo 104 de la Constitución que dice: "El presidente de la república... podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria". Si Uribe no consulta, entonces, es porque es de su talante imponer y porque le da pavor que se le repita la historia del referendo.
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martes, abril 19, 2005
Pensar en el Futuro: Gas de Risaralda
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de abril de 2005
Se acaba de presentar para aprobación del Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para autorizar al alcalde a vender la participación que el municipio de Pereira tiene en la empresa Gas de Risaralda. Esta empresa fue creada en febrero de 1997, con el fin de ejecutar la concesión hecha por el Ministerio de Minas y Energía para prestar el servicio público de distribución de gas natural, de manera exclusiva, en el departamento de Risaralda. El municipio inició con una participación del 33.45% del total de las acciones que tenían los demás socios (Gas Natural, Gases del Caribe y los minoritarios).
Corresponde en este momento evaluar la conveniencia de vender o no la participación del municipio. Sin realizar consideraciones sobre la valoración de la empresa, se debe partir de revisar la política pública en materia fiscal y financiera del municipio.
Las políticas públicas en los entes territoriales no pueden establecerse aisladas de su contexto y sus circunstancias. Se tiene un gobierno nacional con un alto déficit fiscal, cuyos principales egresos (obligaciones), están concentrados en: el servicio de la deuda, el pago de pensiones y las transferencias. Éstas últimas son la principal fuente de ingresos de los municipios. Si continúa creciendo el déficit del presupuesto nacional, se pone en riesgo el cumplimiento de esas obligaciones. Por esta razón, se han aprobado leyes como la 617 de racionalización del gasto y la ley 819 de responsabilidad fiscal. También se ha medido su desempeño fiscal, con un indicador que incluye el crecimiento de los recursos propios y la disminución de la dependencia de las transferencias nacionales. Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación afirmó que se deben buscar mayores ingresos, a través del aumento en los impuestos municipales. Con una economía nacional y regional creciendo a unas tasas tan bajas, no es posible pensar en aumentos progresivos de los impuestos municipales, para compensar parte de las transferencias nacionales. Por lo tanto, los municipios deben mantener las inversiones que les pueden generar dividendos, como Gas de Risaralda y de esta forma conservar una fuente de ingresos relativamente estable.
El otro aspecto, por definición necesario, en toda decisión financiera, es la consideración sobre el momento en el cual es conveniente vender. La industria del gas ha tenido un crecimiento importante en todo el país, hoy alcanza más de 3 millones de usuarios, con un potencial importante de crecimiento del negocio de gas vehicular. Gas de Risaralda ha tenido un buen crecimiento en su nivel de ventas, con cumplimiento en la meta de número de usuarios y con mejoras en su situación de caja. Adicionalmente, el estado de crecimiento de la empresa está próximo a cumplir su madurez, va a pasar de la fase de expansión a la fase de generación de rentabilidad. Las proyecciones mostraban, en el año 2003, que al año 2008 la empresa pagaría el total de las deudas, incluyendo las de los accionistas. La empresa esta ad portas de empezar a generar utilidades y repartir dividendos a sus accionistas, incluyendo el municipio. Por lo tanto, no se justifica que después de esperar más de 7 años el retorno de una inversión, el municipio renuncie a esos ingresos. El momento no es el adecuado.
Por último, no se ha explicado cual es la alternativa de inversión que supera la rentabilidad económica o social de los recursos invertidos en Gas de Risaralda, por ahora, se ha mencionado que la inversión sería parte de las vías, por más de 60.000 millones de pesos, que serán cobradas por valorización.
La Tarde, martes 19 de abril de 2005
Se acaba de presentar para aprobación del Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para autorizar al alcalde a vender la participación que el municipio de Pereira tiene en la empresa Gas de Risaralda. Esta empresa fue creada en febrero de 1997, con el fin de ejecutar la concesión hecha por el Ministerio de Minas y Energía para prestar el servicio público de distribución de gas natural, de manera exclusiva, en el departamento de Risaralda. El municipio inició con una participación del 33.45% del total de las acciones que tenían los demás socios (Gas Natural, Gases del Caribe y los minoritarios).
Corresponde en este momento evaluar la conveniencia de vender o no la participación del municipio. Sin realizar consideraciones sobre la valoración de la empresa, se debe partir de revisar la política pública en materia fiscal y financiera del municipio.
Las políticas públicas en los entes territoriales no pueden establecerse aisladas de su contexto y sus circunstancias. Se tiene un gobierno nacional con un alto déficit fiscal, cuyos principales egresos (obligaciones), están concentrados en: el servicio de la deuda, el pago de pensiones y las transferencias. Éstas últimas son la principal fuente de ingresos de los municipios. Si continúa creciendo el déficit del presupuesto nacional, se pone en riesgo el cumplimiento de esas obligaciones. Por esta razón, se han aprobado leyes como la 617 de racionalización del gasto y la ley 819 de responsabilidad fiscal. También se ha medido su desempeño fiscal, con un indicador que incluye el crecimiento de los recursos propios y la disminución de la dependencia de las transferencias nacionales. Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación afirmó que se deben buscar mayores ingresos, a través del aumento en los impuestos municipales. Con una economía nacional y regional creciendo a unas tasas tan bajas, no es posible pensar en aumentos progresivos de los impuestos municipales, para compensar parte de las transferencias nacionales. Por lo tanto, los municipios deben mantener las inversiones que les pueden generar dividendos, como Gas de Risaralda y de esta forma conservar una fuente de ingresos relativamente estable.
El otro aspecto, por definición necesario, en toda decisión financiera, es la consideración sobre el momento en el cual es conveniente vender. La industria del gas ha tenido un crecimiento importante en todo el país, hoy alcanza más de 3 millones de usuarios, con un potencial importante de crecimiento del negocio de gas vehicular. Gas de Risaralda ha tenido un buen crecimiento en su nivel de ventas, con cumplimiento en la meta de número de usuarios y con mejoras en su situación de caja. Adicionalmente, el estado de crecimiento de la empresa está próximo a cumplir su madurez, va a pasar de la fase de expansión a la fase de generación de rentabilidad. Las proyecciones mostraban, en el año 2003, que al año 2008 la empresa pagaría el total de las deudas, incluyendo las de los accionistas. La empresa esta ad portas de empezar a generar utilidades y repartir dividendos a sus accionistas, incluyendo el municipio. Por lo tanto, no se justifica que después de esperar más de 7 años el retorno de una inversión, el municipio renuncie a esos ingresos. El momento no es el adecuado.
Por último, no se ha explicado cual es la alternativa de inversión que supera la rentabilidad económica o social de los recursos invertidos en Gas de Risaralda, por ahora, se ha mencionado que la inversión sería parte de las vías, por más de 60.000 millones de pesos, que serán cobradas por valorización.
miércoles, abril 13, 2005
El respeto a los medios y la atención a los niños
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde , martes 12 de abril de 2005
Carl Gershman, presidente de la Fundación Nacional pro Democracia afirma: "las democracias establecidas tienen que hallar nuevos medios de ejercer su peso colectivo en todos los aspectos de la promoción de la democracia, desde la formulación de estrategias coordinadas para influir en el comportamiento de gobiernos recalcitrantes y corruptos, a defender y facultar a grupos que llevan a cabo actividades no violentas para promover el cambio democrático". Sin información no se pueden evaluar objetivamente las instituciones y quienes las dirigen, por esta razón, los medios son importantes en los procesos de rendición de cuentas de los gobiernos, como lo hizo La Tarde con el informe de gestión de la alcaldía de Pereira y su obligada repetición. Los medios de información son un "bien para el desarrollo" pueden contribuir a mejorar la responsabilidad de un gobierno frente a su gestión y a tener sociedades mejor informadas (Timothy Carrington y Mark Nelson, ex periodistas de Wall Street Journal).
Contar con un medio como La Tarde, que no depende de la pauta publicitaria de la alcaldía de Pereira, es contar un bien público para promover y fortalecer la democracia local. Nadie debe estar obligado a aplaudir lo que no es plausible.
* * *
La comunidad internacional ha establecido una serie de fechas especiales (día del periodista, del medio ambiente, de la mujer etc.)
Desde 1924 se estableció su celebración, en ese año, la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, estableció que "la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer". Se invitó a una celebración internacional para honrar a las niñas y a los niños. En 1948, las Naciones Unidas, aprobaron una segunda Declaración de los Derechos del Niño. Posteriormente, en 1959, la Asamblea General, autorizó una tercera declaración, más detallada que las anteriores, y en 1979, se estableció el Año Internacional del Niño. Lo mejor sería registrar hechos positivos en el mes de los niños en las ciudades, sin embargo, en Pereira, la semana pasada, 6.500 estudiantes de los colegios públicos que todavía tienen subsidio al transporte escolar se quedaron sin el. Los niños necesitan el transporte subsidiado porque las familias no cuentan con los recursos suficientes para pagar un transporte público o en muchos casos, los niños están obligados a caminar largas distancias para tomar el bus de servicio público. El hecho demuestra una falta de planeación y cuidado en el tema educativo. Los municipios deben prepararse para atender las necesidades de los niños y más, considerando, que la mayor demanda de servicios sociales en las ciudades del departamento de Risaralda está y estará concentrada, en el mediano plazo, en los niños. El mayor porcentaje de la población del departamento son niños entre los 5 y 14 años de edad, como puede observarse en la pirámide poblacional elaborada con la base de datos del nuevo SISBEN en Risaralda de Planeación Nacional, publicada en el último boletín del CODEST (Comité de Estadística Territorial).
sábado, abril 09, 2005
¿Qué pasa con los niños?
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 22 de marzo de 2005
La Tarde, martes 22 de marzo de 2005
Con el propósito de analizar y evaluar las condiciones de la niñez en el país, la Procuraduría General de la República, con apoyo de la UNICEF, revisó más de 1.000 planes de desarrollo en los departamentos para determinar si respondían adecuadamente a la solución de las necesidades de los niños en Colombia. Se concluyó que existen inconsistencias entre las necesidades de los niños y las prioridades de inversión asumidas por los gobiernos locales. Las alcaldías están dedicando menos del 30% de sus recursos para atender problemas críticos que afectan los niños como el abuso sexual, la deserción escolar, la explotación laboral y sexual, los niños en la calle y la vinculación a actividades criminales. El estudio se concentró en tres rangos de edad: infancia (0 a 6 años), niños en edad escolar (6 a 12) y adolescentes (13 a17). En este último grupo se incrementaron los embarazos: el número de nacimientos por 1.000 mujeres en edad entre los 15 y 19 años, pasó de 70 en 1990 a 89 en 1995, con un incremento del 19% en las adolescentes en la zona urbana y 47% en la zona rural. El embarazo en adolescentes limita las oportunidades de ellos y de los niños que llegan a ser criados por otros niños que no tienen, en la mayoría de los casos, las posibilidades económicas o las condiciones psicológicas para garantizar su sano crecimiento. Un millón de niños entre los 5 y 17 años, que deberían estar estudiando, se encuentran trabajando. Algunos de ellos son explotados sexualmente y otros hacen parte del tráfico y comercio de niños.Un millón de niños han sido desplazados por el conflicto armado en los últimos 15 años. De las víctimas reportadas, en el año 2001, por minas personales, 54 eran niños. Se calcula que entre 6.000 y 7.000 niños han sido reclutados en los grupos armados. Seguimos registrando estadísticas, como las mencionadas en el informe de la Procuraduría, que afectan nuestros niños y aplazando las reformas que deben aportar a su solución. Si, como concluye el estudio, no existe correlación entre los problemas y la asignación de recursos en los planes de desarrollo local, entonces faltan políticas públicas nacionales con programas y proyectos con recursos concretos para la niñez. La libre asignación de parte de los recursos de las transferencias no garantiza una adecuada priorización de los mismos. Como ocurre en Pereira, en ejercicio de la autonomía local, los niños pierden el derecho a la educación gratuita en los colegios públicos, no sólo el derecho a la matrícula sino también al transporte escolar. Por ejemplo, los niños de los barrios Bellasardi, Padre Valencia, Panorama I y II, Naranjito y Las Mercedes ya no tienen transporte escolar, muchos de ellos, tienen que caminar desde las 5:30 a.m. para tomar el bus que los pueda llevar hasta el colegio El Jardín, además, las familias de estos barrios y de muchos otros en Pereira no cuentan con ingresos suficientes para pagar los costos del transporte. Adicionalmente, se comprometen vigencias futuras sin evaluar el impacto en el mediano plazo para la financiación de los programas que beneficien a la población infantil. Por esta y muchas otras razones es tan importante, oportuno y necesario el llamado hecho a la ciudadanía en el editorial de La Tarde el día 16 de marzo sobre la necesidad de contar con efectivas e independientes veedurías ciudadanas y un verdadero control político de las mayorías.
Computador 'traduce' imágenes
El Tiempo, jueves 31 de marzo de 2005
Ciegos podrán 'ver' los colores gracias a tesis de pereiranos
Un ingeniero electricista de 49 años, profesor de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira, se convirtió en el 'conejillo de indias' de tres estudiantes de la institución.
Como trabajo de grado, estos idearon un sistema para transformar imágenes de computador en impulsos electromagnéticos que permiten a los invidentes percibirlas con sus manos.
Gracias al invento de los muchachos, el profesor, que comenzó a perder la vista a los 17 años, edad a la que le diagnosticaron un glaucoma, y que hoy está completamente ciego, volvió a 'ver' gráficos e imágenes en alto relieve.
Con solo tocarlos, sabe la forma de los objetos y hasta es capaz de decir qué color tienen.
Pereiranos inventan 'ojos' para ciegos
Saulo Torres, un avezado ingeniero eléctrico campeón mundial amateur de ajedrez en 1986, comenzó a perder la vista en la década de los 80 luego de que los médicos le diagnosticaron glaucoma cuando tenía 17 años.
Hoy, con 49 y completamente ciego desde hace 15 años, Torres volvió a 'ver' gráficos e imágenes en alto relieve. Con solo tocarlos sabe la forma de los objetos y hasta es capaz de decir qué color tienen.
Todo, gracias al 'Proyecto Iris', un sistema integrado por un computador con un software especial, un periférico, electroimanes y un entramado de cables que transforman imágenes de computador en impulsos electromagnéticos que les permite a los invidentes percibir la imagen con sus manos.
Torres, profesor de la facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira (ATP) (sic) y master en física, decidió ser el 'conejillo de indias' de tres estudiantes que idearon el sistema para presentarlo como tesis de grado.
El 'profe' Torres ayddó a los muchachos a probar el 'Iris' y comprobó que ya no requería imaginar los gráficos sino que los podía 'ver' con sus manos. La tesis fue laureada y dio origen a Duto, empresa que hoy hace parte de la plataforma de Parquesoft en Pereira, un proyecto tecnológico que reúne a gomosos dedicados a crear programas de computador.
Dos años dudaron (sic) las investigaciones de Jhon Guerra, Felipe Restrepo y María Fernanda Zúñiga luego de que Jaime Hernández, su profesor de física, les dijo que se podía lograr poner a ver a los invidentes.
¿Por dónde empezar?
Los muchachos comenzaron por averiguar sobre la población invidente. Se enteraron de que en el Instituto Nacional para Ciegos (Inci) aparecían registradas 2.823 personas con esta discapacidad; en el Ministerio de Educación encontraron que de 68.206 establecimientos educativos solo 400 tienen salas de cómputo para limitados visuales, y que el mercado ofrece un sistema braille display, el más desarrollado en tecnología, pero por entre 4.500 y 10.000 dólares (10 millones 350 mil pesos y 23 millones de pesos), inaccesible para la mayoría.
Por eso, se concentraron en crear imágenes de computador que se pueden sentir con el tacto. Para los invidentes esto equivale a 'ver' el objeto.
"El periférico (una cajita azul de madera con una maraña de cables con 48 electroimanes) toma la imagen del computador y la convierte en campos magnéticos que el invidente puede sentir como vibraciones", explican los muchachos. Así los usuarios se hacen a la idea de una imagen tridimensional como lo pueden hacer alguien de visión normal.
Para 'apreciar' la imagen el invidente –quien debe recibir entrenamiento- usa imanes adheridos a las falanges de los dedos. Pueden 'tocar' los objetos representados en la imagen y percibir sus colores.
En un futuro, los jóvenes aspiran a crear un guante funcional para que las sensaciones se sientan en toda la mano.
El senador Jairo Clopatofsky, quien vio funcionando el proyecto, se comprometió a ayudarles con la financiación. Están creando un prototipo que costaría lo de un monitor de computador (300 mil pesos).
Por ahora, Torres está contento con 'Iris', dice que les evitará molestias como tener que cargar con los siete tomos "como de directorio telefónico" y la regleta que les permite leer la Constitución en Braille. "Es un desarrollo que puede llegar a ser más económico y más productivo para los invidentes y con él cualquier invidente puede ver", concluye.
Ciegos podrán 'ver' los colores gracias a tesis de pereiranos
Un ingeniero electricista de 49 años, profesor de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira, se convirtió en el 'conejillo de indias' de tres estudiantes de la institución.
Como trabajo de grado, estos idearon un sistema para transformar imágenes de computador en impulsos electromagnéticos que permiten a los invidentes percibirlas con sus manos.
Gracias al invento de los muchachos, el profesor, que comenzó a perder la vista a los 17 años, edad a la que le diagnosticaron un glaucoma, y que hoy está completamente ciego, volvió a 'ver' gráficos e imágenes en alto relieve.
Con solo tocarlos, sabe la forma de los objetos y hasta es capaz de decir qué color tienen.
Pereiranos inventan 'ojos' para ciegos
Saulo Torres, un avezado ingeniero eléctrico campeón mundial amateur de ajedrez en 1986, comenzó a perder la vista en la década de los 80 luego de que los médicos le diagnosticaron glaucoma cuando tenía 17 años.
Hoy, con 49 y completamente ciego desde hace 15 años, Torres volvió a 'ver' gráficos e imágenes en alto relieve. Con solo tocarlos sabe la forma de los objetos y hasta es capaz de decir qué color tienen.
Todo, gracias al 'Proyecto Iris', un sistema integrado por un computador con un software especial, un periférico, electroimanes y un entramado de cables que transforman imágenes de computador en impulsos electromagnéticos que les permite a los invidentes percibir la imagen con sus manos.
Torres, profesor de la facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira (ATP) (sic) y master en física, decidió ser el 'conejillo de indias' de tres estudiantes que idearon el sistema para presentarlo como tesis de grado.
El 'profe' Torres ayddó a los muchachos a probar el 'Iris' y comprobó que ya no requería imaginar los gráficos sino que los podía 'ver' con sus manos. La tesis fue laureada y dio origen a Duto, empresa que hoy hace parte de la plataforma de Parquesoft en Pereira, un proyecto tecnológico que reúne a gomosos dedicados a crear programas de computador.
Dos años dudaron (sic) las investigaciones de Jhon Guerra, Felipe Restrepo y María Fernanda Zúñiga luego de que Jaime Hernández, su profesor de física, les dijo que se podía lograr poner a ver a los invidentes.
¿Por dónde empezar?
Los muchachos comenzaron por averiguar sobre la población invidente. Se enteraron de que en el Instituto Nacional para Ciegos (Inci) aparecían registradas 2.823 personas con esta discapacidad; en el Ministerio de Educación encontraron que de 68.206 establecimientos educativos solo 400 tienen salas de cómputo para limitados visuales, y que el mercado ofrece un sistema braille display, el más desarrollado en tecnología, pero por entre 4.500 y 10.000 dólares (10 millones 350 mil pesos y 23 millones de pesos), inaccesible para la mayoría.
Por eso, se concentraron en crear imágenes de computador que se pueden sentir con el tacto. Para los invidentes esto equivale a 'ver' el objeto.
"El periférico (una cajita azul de madera con una maraña de cables con 48 electroimanes) toma la imagen del computador y la convierte en campos magnéticos que el invidente puede sentir como vibraciones", explican los muchachos. Así los usuarios se hacen a la idea de una imagen tridimensional como lo pueden hacer alguien de visión normal.
Para 'apreciar' la imagen el invidente –quien debe recibir entrenamiento- usa imanes adheridos a las falanges de los dedos. Pueden 'tocar' los objetos representados en la imagen y percibir sus colores.
En un futuro, los jóvenes aspiran a crear un guante funcional para que las sensaciones se sientan en toda la mano.
El senador Jairo Clopatofsky, quien vio funcionando el proyecto, se comprometió a ayudarles con la financiación. Están creando un prototipo que costaría lo de un monitor de computador (300 mil pesos).
Por ahora, Torres está contento con 'Iris', dice que les evitará molestias como tener que cargar con los siete tomos "como de directorio telefónico" y la regleta que les permite leer la Constitución en Braille. "Es un desarrollo que puede llegar a ser más económico y más productivo para los invidentes y con él cualquier invidente puede ver", concluye.
De ciudades y veedurías
Adriana Vallejo De La Pava
La Tarde
Editorial, 16 de marzo de 2005
Los gobiernos deben tener veedurías ciudadanas y control político,
para que no cometan excesos y para que se democratice el ejercicio del
poder.
Los concejos y asambleas, que en teoría deben realizar el control
político sobre las administraciones públicas respectivas,
infortunadamente han hecho un tránsito hasta convertirse casi que en
apéndices de los gobernantes, bien por los compromisos que se
adquieren en los tiempos electorales, o por la cada vez más notoria
falta de injerencia jurídica en la toma de decisiones.
Corresponde entonces a los ciudadanos, a las universidades, a los
medios de comunicación, a los grupos de vecinos, pedir cuentas sobre
el ejercicio del gobierno y del poder, que ejecutan quienes han sido
investidos con cargos de representación popular.
Los gremios, que deberían ser grandes actores y generadores de
opinión y actuantes en el ejercicio de veeduría de la actividad
pública, a veces dependen demasiado de la contratación que puedan
realizar con el mandatario de turno, y la participación que hayan
tenido en la política local, por lo que hacen depender su actividad en
esta área del momento que atraviesen sus relaciones con el sector
público.
Hacer veeduría no se puede confundir con hacer oposición. Revisar los
actos y contrataciones de la administración pública y tener opinión
sobre los mismos, es el mínimo derecho que tienen los gobernados, que
para el caso somos todos.
Hace algunos meses en este mismo espacio, proponíamos crear en
Pereira un grupo veedor para la ciudad, copiando el nombre que ya se
está utilizando en capitales como Cartagena y Bogotá, algo así como
'Pereira cómo vamos'.
Esa vigilancia, ese control, son una muestra del ejercicio diario que
deben hacer las comunidades de la democracia, en el amplio sentido de
la palabra.
Hoy volvemos a hacer la propuesta, en la seguridad de que hay grupos
de personas y entidades interesadas en ejercer el control ciudadano
para las administraciones departamental y municipal. No con la
intencionalidad de 'atravesársele' a las decisiones gubernamentales,
sino en la seguridad de que es más favorable para la ciudadanía saber
que su opinión es tenida en cuenta en el ejercicio del poder; que
entre todos es más seguro definir qué es lo más conveniente para el
desarrollo, que esperar pasivamente que se impongan medidas, tributos,
actos de gobierno, que solo han sido debatidos y consultados entre muy
pocas personas. Personas que así como pueden actuar con buenas
intenciones, también cometen garrafales errores, que luego debemos
pagar todos.
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¿Sembrar desarrollo o cultivar violencia?
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 5 de abril de 2005
La Tarde, martes 5 de abril de 2005
Contrarias al interés nacional, pueden calificarse las propuestas hechas en las negociaciones agrícolas, de la octava ronda del Tratado de Libre Comercio (TLC), de los países andinos con Estados Unidos, celebradas en Washington. Los cereales subsidiados de Estados Unidos acabarían definitivamente con los cultivos nacionales de maíz, sorgo, trigo o arroz.
Más que recuperar la rentabilidad mínima del sector agrícola, el sector rural es un elemento necesario para lograr el desarrollo socio económico del país y un aspecto fundamental para alcanzar la paz. Lo que ha pasado con la agricultura y lo que puede pasar con el TLC, tiene para Colombia unos costos altísimos en términos de pobreza y violencia. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio de Fedearroz, el sector agrícola deja a los habitantes de Espinal, el 90% de su valor agregado bruto en forma de salarios e ingreso mixto y la cadena productiva contribuye con el 50% del empleo municipal. ¿Qué va a pasar con todos esos empleos, si se acepta la propuesta de Estados Unidos, de permitir que se aumente el acceso de arroz bajo condiciones de dumping (venta a precios por debajo del costo)?
Las políticas en contra de la agricultura se han traducido en pobreza nacional, sobre todo en el sector rural. La pobreza en el país, medida por ingresos, pasó del 53.8% en 1991 al 64.3% en el año 2003. En el sector rural para el mismo período creció del 68.4% al 85.3% y el nivel de indigencia que estaba en el 35.2% subió al 53.3%. Por no sembrar desarrollo con nuestros campesinos hemos cultivado violencia.
La agenda del desarrollo nacional no le ha dado importancia al campo. El presupuesto, en términos reales, asignado y aprobado por el Congreso de la República para el Ministerio de Agricultura es 86% menor que el destinado hace 8 años (Sociedad de Agricultores de Colombia). La tasa de protección efectiva para el sector agropecuario, de silvicultura, de caza y de pesca es menor que la tasa de protección que tienen el resto de los sectores económicos, con excepción del sector minero. No ha habido interés en proteger la agricultura en el país.
Las posibilidades de desarrollo rural dependen de las alternativas para establecer y continuar con actividades productivas. A pesar de que Colombia, en el contexto de América Latina, mantiene una alta participación relativa de la agricultura en el PIB (Producto Interno Bruto), la superficie cosechada en Colombia ha disminuido. En el año 2002, según la FAO, teníamos menos tierra sembrada que en 1993. Los agricultores en las condiciones actuales y con el panorama que se abre con el TLC se quedaron sin opciones. Hoy, pueden dedicarse al cultivo de frutales o de caña de azúcar. En el primer caso, quedan sometidos a los intereses de los grandes exportadores y en el segundo, a los de los ingenios azucareros, pues ambos conocen que los agricultores sólo tienen como alternativa las condiciones que ellos les ofrecen.
Por todo lo anterior, resultan absurdas las conclusiones presentadas recientemente por Fedesarrollo donde se afirma que: "según el Banco Mundial, Colombia debe buscar acceso a mercados antes que reducción de subsidios". Como si lo primero fuera posible sin lo segundo. ¿Cómo se puede competir en el mundo con productos cuyos precios están complemente distorsionados por los altos subsidios otorgados en Estados Unidos y Europa?
Educación y Justicia Social
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 29 de marzo de 2005
¿Qué relación existe entre educación y libertad?, o entre
¿capacidades y pobreza? o entre todos ellos. Desde la filosofía, las
ciencias políticas y las económicas se han dado diferentes respuestas
que no sólo han servido para analizar la justicia social, sino
también como busca Amartya Sen, orientar las políticas públicas,
particularmente, aquellas que definen las prioridades de inversión en
los países en desarrollo.
La pobreza es un reflejo de la desigualdad social y ésta es una
amenaza contra la libertad, así lo estableció John Stuart Mill, en su
obra "Sobre la Libertad", en 1859. Mill defendía la educación
obligatoria y consideraba que la mala educación y las circunstancias
sociales son un obstáculo para la felicidad. El Estado debe asumir la
responsabilidad de la educación para disminuir las desigualdades
sociales que son un obstáculo para la libertad.
Las formas de asumir las desigualdades sociales están estrechamente
relacionadas con la discusión sobre la libertad. Los individuos en una
sociedad no parten de las mismas condiciones, por eso como lo
establece Rawls, la constitución política y las instituciones
económicas y sociales definen las libertades y derechos de las
personas que afectan sus perspectivas vitales, es decir, lo que las
personas pueden esperar ser y como les puede ir en la vida. La
justicia como equidad, reconoce el principio de la diferencia. La
igualdad de oportunidades y de libertades de la ciudadanía debe
incluir derechos básicos como la educación. Sin embargo, no puede
establecerse un sistema de derechos y deberes que no reconozca los
diferentes puntos de partida en una sociedad.
La pobreza es privación de capacidades, como lo afirma Sen, la falta
de educación o salud y no sólo de ingresos, explica las diferencias de
oportunidades de las personas que les permite mejorar sus propias
vidas y las de sus familias. Al igual que Rawls, Sen, resalta las
diferencias entre los grupos sociales: por regiones, por sexos o por
edades. Por ejemplo, son mayores las privaciones de las niñas que las
de los niños en muchos países. Mejores capacidades, generadas por la
educación, otorgan mayores oportunidades y libertad para mejorar sus
ingresos y participar en las decisiones de los asuntos públicos y de
esta forma como lo afirma Rawls: "proporcionar a cada uno un seguro
sentido de su propio valor".
La educación tiene un significado más amplio del que se le ha venido
dando. Los cambios introducidos en Pereira (2005) reflejan una
limitada concepción del papel que puede jugar la educación en el
desarrollo y sobre todo de la responsabilidad del Estado frente a la
misma. El plan operativo de inversiones del municipio de Pereira para
el año 2005 tiene menos recursos propios, asignados a la educación que
los planes de los años anteriores. Gastar menos en educación no es el
camino para buscar ahorros, como tampoco lo sería, obligar a las
familias a pagar cuando sus hijos pierdan materias en los colegios
"públicos".
Con la nueva política pública local, se invierte menos en educación,
El Estado asume el papel de castigador desconociendo las diferencias
entre los niños y las niñas, por ejemplo, en sus niveles nutricionales
o de salud, se desconoce las diferencias entre los niveles de ingresos
de las familias, las condiciones de los hogares (madres solteras,
dependencia económica de un sólo miembro de la familia, violencia
intrafamiliar), en general, se ignora también, las diferentes
contingencias o circunstancias que afectan el rendimiento académico
del niño que por falta de dinero puede quedarse por fuera del sistema
escolar. En otras palabras, se comete un acto de injusticia social.
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jueves, marzo 17, 2005
Obligaciones heredadas del crédito BID
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 15 de marzo de 2005
Los desembolsos para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y
La Tarde, martes 15 de marzo de 2005
Los desembolsos para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y
los aportes de la nación están suspendidos. No se ha cumplido con los
requisitos exigidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
el contrato de empréstito, firmado en el año 2000, durante la
administración del ex alcalde Luis Alberto Duque.
Dentro de las condiciones pactadas en esa época se establecía la
contratación de un gestor integral, es decir, el control total de
Aguas y Aguas estaría en manos de un ente privado. El BID, para muchos
proyectos, hace exigencias similares, argumentando la necesidad de
"blindar" de la injerencia política las entidades que ellos financian.
Igualmente, se contemplaban inversiones en proyectos concretos para el
servicio de agua potable y saneamiento básico y se asumía un alto
nivel de endeudamiento.
Teniendo en cuenta las condiciones financieras del crédito, la
obligación legal y las sanciones por incumplimiento del contrato con
el BID, la administración anterior implementó un plan de acción para
demostrar la capacidad de una gestión pública. Se lograron mejoras
sustanciales en los aspectos técnicos, administrativos y financieros
de la empresa Aguas y Aguas. Se obtuvo la certificación de calidad
(ISO 9001) y posteriormente la empresa fue reconocida como un modelo
de gestión pública exitoso. No obstante no se logró cumplir a
satisfacción con los indicadores de operación comercial.
Con el fin de lograr el supuesto "blindaje" de la injerencia política,
la gerencia propuso que el control no se garantizara entregando
completamente la administración a un privado, sino, vinculando a los
usuarios de los servicios, quienes, tendrían la posibilidad de
participar en el control social. ¿Cómo participarían? La
democratización, como su nombre lo indica, no permitiría la
concentración de la propiedad de las acciones en ningún usuario, sin
embargo, les daría derechos a participar en las decisiones que
modifiquen los estatutos de buen gobierno de la empresa. Por ejemplo,
si la empresa se quisiera en el futuro privatizar, es decir, entregar
la propiedad a un privado o el control total al mismo, debería
consultarse la asamblea de la cual harían parte los usuarios. Hoy,
como en el pasado, la decisión es sólo del ejecutivo y del Concejo
Municipal, como lo fue la división de la empresa de servicios públicos
o la venta de la mayoría de las acciones de la hoy Telefónica de
Pereira. El código de buen gobierno establecía los requisitos
académicos y de experiencia para ocupar los cargos directivos, las
exigencias para escoger la revisoría fiscal y la posibilidad de
ratificar o cambiar los gerentes de acuerdo con sus resultados. No se
podrían, tan fácilmente, acomodar los requisitos de los cargos a las
necesidades políticas.
El plan de inversiones se ajustó a las necesidades de la ciudad y por
lo tanto, se recortó el monto del crédito garantizando la
sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
Todavía son válidas las consideraciones hechas por la administración
anterior dadas las obligaciones heredadas del pasado. No debe
descartarse la opción de la democratización, que hoy contaría con todo
el tiempo para ser revisada, mejorada y socializada. Resulta sí,
preocupante, volver a las condiciones iniciales: privatización del
manejo de la empresa, inversiones sobredimensionadas e innecesarias y
un monto de crédito impagable.
requisitos exigidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
el contrato de empréstito, firmado en el año 2000, durante la
administración del ex alcalde Luis Alberto Duque.
Dentro de las condiciones pactadas en esa época se establecía la
contratación de un gestor integral, es decir, el control total de
Aguas y Aguas estaría en manos de un ente privado. El BID, para muchos
proyectos, hace exigencias similares, argumentando la necesidad de
"blindar" de la injerencia política las entidades que ellos financian.
Igualmente, se contemplaban inversiones en proyectos concretos para el
servicio de agua potable y saneamiento básico y se asumía un alto
nivel de endeudamiento.
Teniendo en cuenta las condiciones financieras del crédito, la
obligación legal y las sanciones por incumplimiento del contrato con
el BID, la administración anterior implementó un plan de acción para
demostrar la capacidad de una gestión pública. Se lograron mejoras
sustanciales en los aspectos técnicos, administrativos y financieros
de la empresa Aguas y Aguas. Se obtuvo la certificación de calidad
(ISO 9001) y posteriormente la empresa fue reconocida como un modelo
de gestión pública exitoso. No obstante no se logró cumplir a
satisfacción con los indicadores de operación comercial.
Con el fin de lograr el supuesto "blindaje" de la injerencia política,
la gerencia propuso que el control no se garantizara entregando
completamente la administración a un privado, sino, vinculando a los
usuarios de los servicios, quienes, tendrían la posibilidad de
participar en el control social. ¿Cómo participarían? La
democratización, como su nombre lo indica, no permitiría la
concentración de la propiedad de las acciones en ningún usuario, sin
embargo, les daría derechos a participar en las decisiones que
modifiquen los estatutos de buen gobierno de la empresa. Por ejemplo,
si la empresa se quisiera en el futuro privatizar, es decir, entregar
la propiedad a un privado o el control total al mismo, debería
consultarse la asamblea de la cual harían parte los usuarios. Hoy,
como en el pasado, la decisión es sólo del ejecutivo y del Concejo
Municipal, como lo fue la división de la empresa de servicios públicos
o la venta de la mayoría de las acciones de la hoy Telefónica de
Pereira. El código de buen gobierno establecía los requisitos
académicos y de experiencia para ocupar los cargos directivos, las
exigencias para escoger la revisoría fiscal y la posibilidad de
ratificar o cambiar los gerentes de acuerdo con sus resultados. No se
podrían, tan fácilmente, acomodar los requisitos de los cargos a las
necesidades políticas.
El plan de inversiones se ajustó a las necesidades de la ciudad y por
lo tanto, se recortó el monto del crédito garantizando la
sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
Todavía son válidas las consideraciones hechas por la administración
anterior dadas las obligaciones heredadas del pasado. No debe
descartarse la opción de la democratización, que hoy contaría con todo
el tiempo para ser revisada, mejorada y socializada. Resulta sí,
preocupante, volver a las condiciones iniciales: privatización del
manejo de la empresa, inversiones sobredimensionadas e innecesarias y
un monto de crédito impagable.
lunes, marzo 14, 2005
Día Internacional de La Mujer
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 8 de marzo de 2005
La Tarde, martes 8 de marzo de 2005
En 1975 las Naciones Unidas establecieron el día de hoy, 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora la protesta de un grupo de mujeres por los abusos en sus condiciones labores. El 8 de marzo de 1908 en Nueva York un importante número de mujeres, que protestaban en una fábrica textil por los abusos de sus empleadores y por las malas condiciones laborales, fueron despedidas. Como reacción se encerraron y se declararon en huelga. Mientras lo hacían, se produjo un incendio que provocó la muerte de 129 mujeres obreras en su lugar de trabajo.
Desde esa época se ha recorrido un largo camino para defender los derechos de la mujer, múltiples movimientos y luchas encarados cada vez con mayor conciencia y convicción para garantizarla participación de la mujer en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos, así como el derecho a ejercer una ciudadanía plena. "Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vidapolítica, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas dediscriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional" (Declaración y Programa de Acción de Viena).
Igualmente, hemos incluido el género en general y la mujer en particular en los estudios del desarrollo. La disciplina del desarrollo en la actualidad ofrece una perspectiva muy ligada al género, a pesar del corto tiempo de su construcción. Hoy resulta difícil de creer, como lo recuerda siempre Haley Afshar, experta en estudios de género de la Universidad de York (Inglaterra), que a principios de los años setenta, justo antes de la primera reunión de Nairobi, los economistas estaban convencidos de que la ciencia económica trataba sobre la gente en general y no sobre mujeres o hombres o niñas y niños.
Los derechos ganados y los espacios obtenidos le han permitido a la mujer destacarse, sobran los ejemplos locales, regionales, nacionales e internacionales donde la mujer ha logrado grandes transformaciones. En el ámbito local las mujeres jugaron un papel importante para sacar avante el proyecto de creación del departamento de Risaralda, ellas recorrieron las calles del centro de Pereira portando la bandera de la ciudad, al conocerse la aprobación inicial de la creación del departamento. Se ha logrado la participación honesta, transparente y con resultados de la mujer en la Gobernación y en la Alcaldía de Pereira en la administración anterior, lo mismo que en la rama legislativa, es decir, en el Concejo, en la Asamblea y en el Congresode la República.
Las mujeres en el país y en el mundo tenemos la responsabilidad de seguir luchando por los espacios en la vida cívica, política, económica, social, académica y cultural y por los derechos de aquellas mujeres marginadas, maltratadas o explotadas.
Por último, existe cada vez más conciencia internacional sobre el papel de la mujer en la resolución de los conflictos y sobre las destrezas y habilidades que nosotras podemos incorporar al proceso de toma de decisiones en las negociaciones de paz. Planes, programas, proyectos e iniciativas, se han implementadoen diferentes partes del mundo como: Inglaterra, Bélgica o África para vincular activamente la mujer en los procesos de paz, es tiempo también de hacerlo en Colombia.
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