¿Responsabilidad Social?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 20 de abril de 2010

En la última revista Dinero, Bruce Mac Master formula cinco preguntas a los candidatos a la presidencia, una de ellas, fundamental para el futuro de la Nación sobre el énfasis de los programas de educación. Las otras están relacionadas, aunque el artículo no lo refleje. Los temas son responsabilidad social empresarial (RSE), mecanismos de participación público-privada, corrupción y metodología para medir el cumplimiento de las propuestas.

Como parte de la RSE muchas empresas crean fundaciones o aportan recursos a entidades sin ánimo de lucro para implementar programas sociales (de nutrición, educación, cultural, deportes, medio ambiente etc.). Sin desconocer su importancia, esos programas, podrían ser desarrollados por instituciones públicas y la RSE debe reenfocarse a buscar el fortalecimiento de esas instituciones para que asuman la responsabilidad pública que les corresponde por naturaleza. Las instituciones se fortalecen con buenos gobiernos y con recursos, por lo tanto, de la responsabilidad social hay que pasar a la responsabilidad política empresarial, con participación responsable y pagando los impuestos para financiar los programas sociales.

Lo mismo ocurre con los mecanismos de participación público-privada, que son importantes para definir los planes y estrategias del país, pero esa participación en asuntos públicos no siempre genera buenos resultados. Los tres candidatos que van adelante en las encuestas, están de acuerdo con las privatizaciones, sin embargo, el mecanismo de participación público-privado no puede defenderse per se. En Pereira, no hay una sola privatización exitosa, todas han sido desastrosas. Las zonas azules fueron un mal negocio para el municipio. La privatización de la empresa de aseo no ha garantizado la prestación de un mejor servicio, los usuarios no pueden escoger otra empresa de aseo y la ciudad sigue sucia. Lo mismo la privatización de la empresa de energía, que resultó un negocio financiero, sin compromiso con las inversiones para mejorar la calidad del servicio y con abusos contra los usuarios como el corte del servicio, en el primer mes de no pago. Hay enormes vacios en los procesos licitatorios y en el marco regulatorio que permiten jugosos negocios para los privados y pésimos para los ciudadanos.

La corrupción nace en muchos casos de esa participación público-privada. Por favorecimientos, por contrataciones ineficientes y por desvío de recursos hacia el sector privado, las economías de América Latina han dejado de crecer hasta un 25%. Responsabilidad social empresarial también es denunciar los casos de corrupción.

Permisividad con la Explotación de Menores

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 13 de abril de 2010

La semana pasada La Tarde informó que 103 menores, entre los 11 y los 17 años de edad, están sometidos a las peores formas de trabajo infantil en la Plaza Minorista de Mercado, cargando bultos de alimentos. Muchos niños ya presentan deformidades en su cuerpo por el peso que han tenido que cargar, desde temprana edad.

Lo más grave de la noticia es que la Secretaría de Desarrollo Social, de la Alcaldía de Pereira, amplió la información, agregando que las niñas son explotadas sexualmente en los oscuros parqueaderos de la Plaza Minorista y que muchos niños están dedicados al comercio de sustancias psicoactivas.

Se trata entonces de una situación de la que tiene conocimiento el municipio y no ha actuado. La responsabilidad pública en este caso es aún mayor porque hay recursos públicos involucrados en el sostenimiento de la Plaza Minorista, en ella interviene la Secretaría de Desarrollo Rural. El municipio no debe legitimar el trabajo infantil, como lo esta haciendo.

En este caso no sólo se violan los derechos consagrados en la convención sobre los derechos del niño, sino también la ley de infancia y adolescencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría de Desarrollo Social deben en primer lugar, actuar, intervenir el espacio de la Plaza Minorista de Mercado, que subsidia el municipio de Pereira, y prohibir la explotación sexual y laboral de los niños y las niñas. Proceder contra los proxenetas y los expendedores de drogas.

En segundo lugar, formular e implementar un proyecto integral para los niños y las niñas con participación de varías secretarías e institutos, a través del cual se garantice el acceso a los servicios de educación y salud, al programa de restaurantes escolares y al uso creativo del tiempo libre (cultura o deporte). Para los padres, capacitación sobre las responsabilidades y funciones de cuidado y crianza de las niñas y los niños y acceso al crédito. El nivel educativo de los padres, especialmente del jefe de hogar, es determinante del trabajo infantil. Igualmente, las políticas de planificación familiar. La reducción en el tamaño del hogar ha mostrado resultados contundentes en la disminución del trabajo infantil.

Por último, es necesario que se fortalezca la institucionalidad local para que las políticas públicas, los programas, los proyectos y las acciones, sean articuladas, continuas y coherentes, tanto para defender los 103 niños de la Plaza Minorista, como los 16.000 menores de edad trabajadores, que identificó el DANE (2007) en la ciudad de Pereira.

Primer Lugar

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 6 de abril de 2010

Nuevamente el Área Metropolitana de Pereira ocupó el primer lugar en desempleo en el país, de acuerdo con la encuesta integrada de hogares, del Departamento Nacional de Estadística (DANE). Lo más preocupante es que la cifra aumentó, frente al periodo inmediatamente anterior, llegando a una tasa desempleo del 21, 4 por ciento, que equivale a 65 mil personas desocupadas, mil personas más que en el periodo anterior.

Las políticas contra cíclicas para la generación de empleo local no están dando los resultados esperados, no sólo por el número de desempleados, sino también por la pérdida de empleos. La tasa de ocupación disminuyó casi un punto, lo que significa que se perdieron, aproximadamente, 4.000 empleos.

La tasa de desempleo local es muy superior a la tasa nacional que se ubicó en el 12,6 por ciento y por encima del promedio de las 13 áreas metropolitanas que estuvo en el 13,7 por ciento, en el mismo periodo. La diferencia es significativa. Permanecer más de nueve períodos consecutivos ocupando el primer lugar en desempleo, debe llamar la atención de toda la institucionalidad pública y privada. La receta del gobierno nacional de subsidios e inversión con obras públicas, no esta funcionando en el Área Metropolitana del Centro Occidente.

Existen grandes diferencias entre las tasas de desempleo y subempleo que han registrado las Áreas Metropolitanas en el país, esas diferencias ameritan ser estudiadas e investigadas con profundidad por el Departamento Nacional de Planeación, que hoy no pueden dar ninguna explicación sobre las diferencias entre ciudades y sobre las alternativas regionales para la generación de empleo.

Internamente es necesario revisar los planes de competitividad, el impacto de las obras públicas para generar ambientes locales competitivos y las políticas de productividad. Evaluar la calidad de nuestras instituciones públicas y privadas, la capacidad de las mismas para crear capital social y conocimiento local para la generación de empleo.

Los cambios institucionales en las regiones pueden generar progreso y empleo, esos cambios incluyen, entre otros, reglas sociales, valores, conocimiento y organización, que son contrarios a las fuerzas que detienen las regiones como la corrupción, el clientelismo, la improvisación o el enriquecimiento ilícito. Si los planes de choque o de corto plazo no están dando resultado, también hay que revisar factores estructurales y trabajar para el largo plazo.

(www.adrianavallejo.blogspot.com)

La Subasta

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, jueves 25 de marzo de 2010

El actual Congreso de la República es uno de los más desprestigiados en la historia de Colombia, sin credibilidad y con la peor imagen, registrada en todos los sondeos de opinión. En las pasadas elecciones se perdió la oportunidad para renovarlo, para abrir espacios a otros movimientos políticos y para cerrarle las puertas a la politiquería y a los candidatos cuestionados por el origen de sus apoyos.

A pesar de que la organización Votebien había presentado “los candidatos que podían tener problemas con la justicia, sanciones disciplinarias o que estaban cuestionados, porque podrían salir elegidos con las mismas maquinarias que habían servido a personajes que han cometido delitos o están siendo investigados por ellos”. La gente voto por ellos y muchos salieron elegidos: diez en el Partido de la U, cuatro en el Partido Conservador, siete en el PIN, dos en Partido Liberal y dos en Polo (www.semana.com). De esa lista de elegidos, tres son de Risaralda.

La lista de Votebien, sin embargo, era incompleta, en ella no se incluían los candidatos que estaban siendo financiados con los recursos públicos, que sólo deben destinarse a financiar los programas sociales y no para comprar líderes y votos a diestra y siniestra. No obstante, la Tarde señaló en varios editoriales, la participación de las administraciones públicas en el proceso electoral.

La historia se repite y sólo en Bogotá, se registra una cantidad suficiente de voto de opinión. Nuevos congresistas de esa ciudad llegaron con una votación significativa. El ejercicio del Partido Verde fue interesante y limpio.

El común denominador de los ganadores en Risaralda fue la maquinaria. La llegada de Merheg al Partido Conservador, los votos amarrados de la Concejala Judith Giraldo (dueña de la ESE Salud Pereira), el apoyo de la alcaldía de Dosquebradas y del gobernador de Risaralda, explican las dos curules que obtuvo esa colectividad. La curul del Partido Liberal la garantizó la CARDER y el empuje de la alcaldía de Pereira. La curul de la U, la alcaldía de Pereira.

A todo lo anterior, se suma las fallas del sistema electoral (Más de 45.000 votos nulos en Risaralda) y el reconocimiento de la Misión de Observación Electoral de que no se brindaron las garantías necesarias para el normal ejercicio del voto. En Pereira se presentaron denuncias de compra de votos en Villa Santana, el Plumón y Cuba. Durante el reconteo se encontraron irregularidades como: tarjetas marcadas cuya cantidad superaba el número de votantes habilitados en los respectivos puestos, votos falsos e inconsistencias en los formatos que registraban el número de votos.

Nuevo Congreso de la República

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 2 de febrero de 2010

En las pasadas elecciones fui aspirante a la Cámara de Representantes por el partido de la U, obtuve la cuarta votación en el departamento con casi 12.000 votos, como he afirmado en varias columnas, publicadas por este mismo diario, considero que una de las responsabilidades que tenemos los ciudadanos es participar activamente en los procesos políticos.

Pasadas las elecciones hice parte del directorio departamental del partido de la U, hasta que iniciaron las elecciones locales y no encontré espacio para impulsar las candidaturas que estábamos apoyando. Considero que el país no puede dar marcha atrás en materia de seguridad. Algunas de las políticas sociales y económicas merecen revisión, sin embargo, hay resultados importantes en los siete años de gobierno del Presidente Uribe.

En el actual proceso electoral estoy participando activamente, con un excelente equipo, en la campaña de Martha Elena Bedoya para la Cámara de Representantes, propósito que acompañan tres grupos políticos más que consideramos que Martha Elena tiene la formación, la experiencia y la trayectoria para defender con firmeza los intereses del departamento de Risaralda.

Todos los partidos políticos están en formación, aún los tradicionales que tienen varios años de existencia, en todos los partidos hay gente buena con ganas de mejorar la situación del país, hay gente joven y nueva, hay personas con experiencia y desafortunadamente, con el paso del tiempo, llega gente cuyo único interés es defender intereses particulares. No obstante, la única forma para fortalecer las instituciones democráticas es participando, ejerciendo el derecho al voto y perteneciendo a las organizaciones políticas.

Esta semana se inscriben los candidatos al Congreso de la República, para los ciudadanos es importante el análisis que a través de los medios de comunicación se pueda realizar de las hojas de vida de los candidatos, de sus propuestas y de de sus ejecutorias. Por estar participando activamente en la campaña de Martha Elena Bedoya, retomaré la columna después de las elecciones del próximo catorce de marzo. www.adrianavallejo.blogspot.com

¿Qué estamos haciendo?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 26 de enero de 2010

Hace 11 años, Pereira sufrió las consecuencias de un fuerte terremoto, hoy el mundo entero esta conmocionado con la tragedia que ocasionó el terremoto en Haití. Las pérdidas humanas, el sufrimiento de los heridos, las enfermedades, el costo social y económico son sólo algunas de las consecuencias de los desastres naturales.

La coyuntura debe servirnos para reflexionar sobre las políticas, los programas y los proyectos para evitar el cambio climático y para la prevención y la atención de desastres. ¿Qué proyectos se han ejecutado y se están ejecutando para prevenir y atender adecuadamente los efectos de un sismo en la ciudad de Pereira? ¿Qué proyectos han tenido continuidad y cuáles han sido abandonados con los cambios de administración? Una investigación al respecto sería importante para formular un plan de largo plazo con financiación garantizada.

Entre el año 2001 y el año 2003 se realizaron varios estudios y acciones, entre ellas la adopción de cinco protocolos por sismos, deslizamientos, inundaciones y atentados terroristas, se construyó el registro histórico de los desastres, se elaboraron ocho mapas de desastres históricos, se realizaron cuatro estudios de vulnerabilidad sísmica (Bomberos, Cruz Roja, Aeropuerto y Casa Campesina) y el inventario de viviendas en zonas de alto riesgo en 48 barrios de la ciudad.

En la mayoría de los informes de gestión no se incluyen los resultados en materia de prevención y atención de desastres, por lo tanto, es difícil evaluar lo que se hizo en toda la década pasada, después del terremoto del año 1999. Tampoco se puede determinar la participación que tiene estos proyectos dentro del presupuesto municipal.

¿Qué equipo humano tenemos preparado para atender una emergencia? ¿Qué infraestructura tenemos disponible? ¿Qué pasaría con el Hospital San Jorge? Existe una gran debilidad institucional para ejecutar los proyectos, lamentablemente el departamento ha perdido personas idóneas en la materia, por ejemplo, Ana Campos y no ha invertido suficiente en la capacitación y en la formación de las personas que soportan la administración municipal. Para concluir, es necesario saber qué estamos haciendo ahora en materia de prevención y atención de desastres.

Participemos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de enero de 2010

¿Qué significa un año electoral? Para muchos no significa nada, a pesar de que este año se elige el Presidente de la República y el nuevo Congreso (Cámara de Representantes y Senado), muchas personas no se interesan por conocer los candidatos, su trayectoria, sus ejecutorias, sus equipos o sus propuestas y no salen a votar. Unos pocos deciden por las mayorías que son indiferentes frente a los procesos electorales.

Las personas no se identifican con los partidos políticos, prefieren criticarlos y no hacer parte de ellos para mejorarlos. El ejercicio de la política activa se convirtió en la tarea de unos grupos y no en el ejercicio constante de todos los ciudadanos para vivir mejor en sociedad.

Las discusiones de la reforma política reflejan las debilidades de la democracia colombiana, uno de los temas de discusión era el transporte del día de las elecciones. Si la democracia funcionara, como debe ser, los movimientos políticos no se tendrían que preocupar por transportar los electores, ellos deberían llegar solos a las urnas a ejercer su derecho al voto. Otro tema es la financiación de las campañas. El dinero en las campañas descresta, en primer lugar a los medios de comunicación y después a los electores. Los candidatos que califican como “fuertes” son los que tiene mucha plata, sin importar de donde provenga (mordidas a los contratos, grupos al margen de la ley, etc.)

Ante la falta de cultura ciudadana con vocación democrática es necesario persistir en la promoción de la participación para recuperar la confianza en el sistema electoral y para fortalecer las instituciones democráticas. Para pasar de una sociedad pasiva a una sociedad activa se necesita generar conciencia sobre los derechos y los deberes ciudadanos, despertar el sentido de pertenencia por la región, fortalecer la identidad con propósitos colectivos, promover la tolerancia frente a la diferencia y el tejido de lazos de solidaridad entre la comunidad.

Dependiendo de los resultados de las elecciones, en marzo y en mayo de este año, se podrá o no avanzar en el fortalecimiento de las instituciones públicas. El voto es el futuro de la gente, por eso la gobernanza democrática es una las estrategias para lograr los objetivos de desarrollo del milenio, es decir, para lograr disminuir la pobreza y la inequidad social.

Casi 4 Billones de Pesos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 15 de diciembre de 2009

Este año el país no terminó bien en materia de corrupción. Después de siete años con una calificación estable, para el 2009 Colombia obtuvo una calificación de 3,7 sobre 10, mientras el año pasado era de 3,8. En otras palabras, no ha habido avances en la lucha contra la corrupción y la politiquería que la soporta y la alimenta, por el contrario, el país ha retrocedido.

Lo mismo se refleja en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional de este año. El país cayó al puesto 75 entre 180 países. La corrupción que durante varios años parecía no importarle a la gente, ha llegado a ocupar los primeros lugares en las encuesta de opinión realizadas por la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes.

El 25 por ciento, de los 157 líderes de opinión consultados, identificó a la corrupción como el principal problema político del país. Lo mismo mostro el Barómetro Global de la Corrupción del año 2009 que resalta la falta de credibilidad en aspectos fundamentales de la institucionalidad democrática. Colombia tiene uno de los niveles más altos de desconfianza del continente en los partidos políticos y en el poder legislativo.

El costo de los sobornos supera el 10 por ciento del valor del presupuesto nacional. El valor del presupuesto total es aproximadamente 30 billones de pesos y la oficina del Zar Anticorrupción calcula que el costo de los sobornos asciende a los 3,9 billones de pesos.

Una encuesta, realizada por la Universidad Externado de Colombia, mostró que los sobornos cuestan aproximadamente un 12,9 por ciento del valor de los contratos, es decir, que las firmas privadas pagan a los funcionarios o a los intermediarios políticos ese dinero para beneficiarse de los contratos públicos.

El último informe de Transparencia por Colombia insiste en el grave problema que amenaza las instituciones democráticas colombianas producto de los vínculos, aún vigentes, entre el narcotráfico y los grupos armados con algunas personas de la clase política en el país.

El retroceso en materia de corrupción ha obligado a muchos sectores de la opinión y a las organizaciones de la sociedad civil a hacer un llamado a la reflexión, al rescate de los valores básicos de la sociedad y de las relaciones humanas. Una invitación a poner de moda la honradez, la solidaridad, la confianza, el respeto por el otro y por lo público y el amor por el país.

Como el Cangrejo

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 8 de diciembre de 2009

El Departamento Nacional de Planeación estableció unos indicadores para medir y analizar el desempeño integral de los municipios. La semana pasada se publicaron los resultados correspondientes al desempeño del año 2008. Los resultados permiten comparar la gestión de los actuales alcaldes.

La mayoría de la población le da mayor importancia a la elección de los presidentes de la república que a la de los alcaldes, cuando en realidad son los mandatarios locales los que tienen mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Más del 50 por ciento de los recursos de inversión pública, la ejecutan los gobiernos locales, 28,3 billones de pesos fue el gasto público municipal del año 2008, del cual el 83% se destinó a inversión.

Los indicadores buscan medir los resultados en materia de aumento de coberturas, reducción índice de enfermedades, mejoras en la calidad de vida, cumplimiento de las metas del plan de desarrollo (eficacia), productividad en el uso de los recursos (eficiencia), cumplimiento de las leyes sobre el Sistema General de Participaciones (transferencias) y capacidad administrativa y fiscal (gestión). Cada uno de estos aspectos tiene un indicador y de su combinación se produce el indicador de desempeño integral municipal.

La calificación promedio del desempeño integral de los municipios, en el año 2008, fue del 71,05. El indicador más bajo fue en eficiencia, es decir, en la productividad en el uso de los recursos públicos, que fue del 56,93 y el mejor resultado promedio fue en capacidad administrativa que fue del 79,23. Sólo el 10,7 por ciento de los municipios evaluados obtuvo una calificación sobresaliente, la gran mayoría tuvo una calificación satisfactoria (47,3%).

El departamento de Risaralda tuvo un indicador de desempeño integral muy por debajo del promedio nacional. El indicador fue del 66,70, ubicado en los últimos lugares con Nariño, Huila y Caquetá, mientras Caldas, Cundinamarca y Quindío ocupan los primeros lugares. Los municipios de Risaralda no se destacan en ningún sector o aspecto del desarrollo, medido a través del indicador de desempeño integral. Los municipios con más malos desempeños fiscales tienen los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas, por eso es importarte para el 2010, que los municipios de Risaralda tracen un plan, con metas claras, para mejorar su desempeño.

“Biociudades”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 1 de diciembre de 2009

La revisión de los planes de ordenamiento y la adopción de las zonas de planificación es una oportunidad para incorporar, a partir de los avances registrados en materia de sostenibilidad ambiental, estímulos locales para hacer de Pereira una “Biociudad”.

El tema es bastante amplio y debe impulsarse tanto en el sector rural como en el urbano. El campo de acción cubre desde el reciclaje en la fuente, que es inexplicable que no se realice en Pereira, hasta los bonos de carbón, los métodos de producción más limpia etc.

La arquitectura bioclimática tiene una relevancia particular por estar íntimamente relacionada con el desarrollo físico de la ciudad. Los nuevos diseños arquitectónicos tienen en cuenta, entre otros, el clima, los microclimas, la orientación de las edificaciones, la humedad, los vientos, la reutilización de las aguas lluvias. También incluye la elección de los materiales de construcción, el proceso constructivo y la manera como las edificaciones se integran al medio ambiente.

Unicentro en Pereira aplica la arquitectura bioclimática, busca el “confort adaptativo” por medio del control de la ventilación natural y la compensación de las condiciones altas de humedad y temperatura a través de lucarnas y pozos canadienses, sistemas de aislamiento en cubiertas y fachadas, control solar pasivo e iluminación natural. La eliminación del aire acondicionado y de la ventilación mecánica (Urbana, 2009).

Existen estímulos tributarios nacionales para el desarrollo de proyectos de “construcción verdes”. Los constructores pueden solicitar la restitución del IVA pagado sobre los materiales y equipos para las edificaciones que desarrollen un plan eficiente de agua y energía.

En lo local se podrían establecer beneficios especiales a los constructores o inversionistas que asuman cargas ambientales en los planes parciales.

Cinco Millones de Vidas

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 24 de noviembre de 2009

Las políticas de planificación urbana pueden tener un gran impacto sobre la seguridad urbana y por lo tanto, sobre la calidad de vida de los ciudadanos. La planificación y el diseño de espacios e infraestructura para la gente pueden prevenir la muerte de muchas personas, en los países en desarrollo y se podría tener un gran impacto en materia de salud pública.

Precisamente frente a este tema, la semana pasada, los siete bancos multilaterales de desarrollo, emitieron una declaración en la cual plantean un paquete de medidas que cada una de las instituciones pondría en práctica para reducir el alarmante aumento en la cantidad de heridos y muertos, que se producen en los sistemas viales de los países en desarrollo.

En los primeros 30 años de este siglo, se estima que se producirán más automóviles en el mundo que durante los primeros cien años de la industria automotriz. Como consecuencia, se aumentarán los riesgos y es necesario tomar medidas para prevenir las víctimas fatales y los heridos en los sistemas viales. Se prevé que las lesiones del tránsito vial serán la cuarta mayor causa de pérdida de años de vida saludable en los países emergentes y en desarrollo en el año 2030. Entre los años 2015 a 2030, serán la mayor causa de pérdida de años de vida saludable de los niños entre 5 y 14 años de edad, según las proyecciones actualizadas de la mortalidad mundial y morbilidad de la Organización Mundial de la Salud.

La disminución de las fatalidades y lesiones viales en los países de ingreso bajo y mediano, en la próxima década, implicaría el ahorro de una cifra estimada en 5 millones de vidas, y evitaría 50 millones de lesiones graves, de acuerdo con los cálculos del Fondo Global para la Seguridad Vial.

Los bancos reconocen la necesidad de ofrecer una respuesta sistémica y multisectorial al problema, sin embargo, este tema debe invitar a la reflexión en las ciudades, sobre el tipo de modelo de ciudad que están promoviendo, es muy diferente una ciudad para los carros, que una ciudad para los peatones con amplios espacios públicos y donde se promuevan métodos alternativos de transporte. Pereira debe hacer su propia reflexión, en los 5 millones de vidas que se perderán en la próxima década, sino se actúa, están incluidos algunos pereiranos.

¿Pereira sin Aeropuerto?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, jueves 19 de noviembre de 2009

El pasado domingo, Samuel Eduardo Salazar, ex presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, capítulo Risaralda, invitó a la ciudadanía a participar en la definición del futuro de nuestro Aeropuerto Matecaña. Uno de los temas más importantes, no sólo porque compromete el futuro de uno de nuestros principales activos, sino también porque define la competitividad de Pereira y sus posibilidades como ciudad región.

Para la discusión, la Asociación de Ingenieros de Risaralda (AIR) solicita el Plan Maestro, que elaboró la Aeronáutica Civil, con todos los soportes que justifican el plan de inversiones para el Aeropuerto Matecaña. Para los pereiranos es importante conocer la opinión de la AIR y de diferentes organizaciones de la sociedad civil sobre el Plan Maestro que propone la Aeronáutica.

No podemos, como en el pasado, dejar pasar las cosas, sin ninguna reflexión y sin solicitar acciones concretas de los gobiernos locales. El ingeniero, Samuel Eduardo Salazar, recordó como el plan elaborado en el año 2002, durante el gobierno de Martha Elena Bedoya, para que el Aeropuerto cumpliera con las normas internacionales fue “desechado” por el anterior alcalde de la ciudad.

Se había definido, en ese momento, la necesidad de construir la vía de acceso al aeropuerto por el Barrio Nacederos, pero fue justo esa vía, la única necesaria para la ciudad, la que fue excluida del oneroso e innecesario paquete de obras de valorización que decretó la pasada administración.

Las prioridades para definir ese paquete de obras de valorización son un misterio. Ningún ciudadano entiende por qué se excluyó la vía que alejaba de todo riesgo la operación del Aeropuerto Matecaña y se incluyó la vía de acceso al Colegio La Salle o la vía Mercasa – Nuevo Sol. En la actual administración, sigue sin tenerse en cuenta, el acceso por Nacederos en los desarrollos viales del sector.

El error en la definición de prioridades para el futuro del departamento de Risaralda puede repetirse y puede volver a aparecer otro paquete de anillos o de vías, con cargo al erario público y al bolsillo de los pereiranos en los que se excluya nuestro aeropuerto. ¿Qué vía o anillo puede ser más importante que el Aeropuerto Matecaña? Podría ser mejor concesionar las vías o cobrar peajes urbanos para financiar su construcción y no concesionar el Aeropuerto Matecaña. Mención aparte merece despilfarro del gobierno nacional con Palestina, hoy Aerocafé.

Un Debate Pendiente

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 10 de noviembre de 2009

Los asuntos políticos internos y externos del país han desviado la atención sobre un tema fundamental: ¿cuál debe ser la estrategia de desarrollo del país no sólo para crecer, sino también para generar empleo y disminuir las desigualdades sociales?

La minería y el petróleo han ocupado los primeros lugares, este sector, en el 2008, creció tres veces más que la economía nacional. En el primer semestre lo hizo levemente por encima del 10 por ciento (en momentos de plena recesión). Las exportaciones en los últimos cinco años se multiplicaron por cinco. La inversión en este sector ha ido en aumento y el gobierno proyecta, para la próxima década, realizar inversiones por 47.114 millones de dólares (La República, 3 de noviembre).

Mientras este sector ha crecido, se ha aumentado el desempleo y la desigualdad, no por razones atribuibles a la política nacional, sino porque la mayoría de los países del mundo, que dependen de los recursos naturales, no logran llegar a ser desarrollados, por el contrario, se caracterizan por tener altas tasas de desempleo y una alta concentración del ingreso.

Moisés Naím, editor de la revista Foreing Policy, ha explicado claramente lo que se ha denominado “la maldición de los recursos naturales”. Desde 1975, las economías de los países ricos en recursos naturales, han crecido menos que las de los países cuyas exportaciones no dependen principalmente de estos recursos. Los altos ingresos de divisas contribuyen a mantener revaluadas las monedas de los países, perjudicando la competitividad de otros sectores productivos exportadores, que generan más empleo, como por ejemplo, las flores, las frutas o las confecciones.

El crecimiento de la industria genera nuevos puestos de trabajo, sin embargo, el crecimiento del petróleo no se refleja en la misma proporción en los niveles de empleo. En los países exportadores de petróleo, ese sector genera más del 80 por ciento de los ingresos totales, pero sólo genera el 10 por ciento del empleo.

La estrategia de desarrollo del país no puede girar alrededor del sector minero-energético, con una moneda sobrevaluada y un sistema financiero privilegiado. Ese sector puede completar la estrategia de desarrollo con una política fiscal, monetaria y cambiaria, diferente a la que se ha tenido, y con políticas de distribución del ingreso basadas en la educación y no en el asistencialismo.

El Ruido Mata el Oído

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 27 de octubre de 2009

Los gobiernos urbanos tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades insatisfechas de sus habitantes, pero también tienen que ejercer autoridad para proteger los derechos de los ciudadanos. El derecho a vivir tranquilo, sin ruido, es fundamental en la calidad de vida de los ciudadanos, en cualquier ciudad del mundo.

Son múltiples las fuentes de ruido por el tráfico, por las construcciones o por la producción industrial, sin embargo, la mayoría de las quejas se producen por actividades de ocio. Esto está ocurriendo en Pereira en diferentes partes de la ciudad, por ejemplo, el sábado pasado en un artículo publicado en La Tarde se mencionaba que: “por medio de una carta, los habitantes de una zona del centro de Pereira se quejan de la algarabía y el bullicio que hacen los usuarios de tabernas y barras culturales hasta altas horas de la noche”. En el mismo artículo se señala que 40 establecimientos de diversión nocturna no cumplen con lo planes de mitigación acústica exigida.

Por el mismo problema, tampoco pueden dormir algunos habitantes de la Avenida Circunvalar. Como afirma la carta mencionada, las personas empiezan a sentir que su salud y su rendimiento laboral, están afectados por el exceso de ruido hasta altas horas de la noche.

Para solucionar el problema se podrían revisar los usos permitidos para algunas zonas o las exigencias a las nuevas construcciones para evitar la mezcla de actividades o para que las exigencias en materia de construcción garanticen que el ruido no afecte los vecinos. Sin embargo, la solución es más simple, ejercer autoridad y hacer cumplir las normas vigentes. En otras palabras, atender los reclamos justificados de la gente sobre el exceso de ruido por encima de lo permitido, sobre el incumplimiento en los horarios de los establecimientos o sobre el uso de la vía y de los andenes públicos como extensión de los bares y de las cantinas.

Los instrumentos normativos existen, lo que falta es quien los haga cumplir. Tramitar las quejas y las denuncias, pero sobretodo actuar para ejercer autoridad, debería ser un valor que los ciudadanos reconozcan de sus gobernantes cuando lo han tenido y lo reclamen cuando lo pierdan.

Al Grano

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 20 de octubre de 2009

Mañana el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estará en la ciudad de Pereira realizando una revisión al avance del plan anticíclico para reactivar la economía local y aumentar los niveles de ocupación en el Área Metropolitana de Pereira. Los altos niveles de desempleo que se han registrado durante este año han puesto los ojos del gobierno nacional en la economía local.

Las altas tasas de desempleo que ha registrado el Área Metropolitana de Pereira, han tomado por sorpresa a la dirigencia local. Como no existen estudios que confirmen el peso relativo de las diferentes variables que afectan el empleo en el Área Metropolitana, las explicaciones del desempleo son, en su gran mayoría, especulativas.

Las estrategias locales hacen parte de una política del gobierno nacional, basada en un plan anticíclico para estimular la demanda. La misma política está siendo implementada en diferentes partes del mundo para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial en el empleo.

El plan anticíclico consiste en adelantar las inversiones públicas y promover la inversión privada. Para el primer caso en el Área Metropolitana de Pereira se propuso adelantar las obras de urbanismo del Macro Proyecto de Vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo y las obras del Intercambiador del Megabus en Dosquebradas, con recursos del gobierno nacional. Se han puesto en marcha, en el departamento, programas del gobierno nacional como la línea de crédito para el mejoramiento de vivienda, a través de Comfamiliar, créditos subsidiados para los microempresarios, a través de BANCOLDEX. Lo anterior se espera complementar con la ejecución de las obras públicas locales, en su mayoría de carácter vial, que hacen parte de los planes de desarrollo.

La falta de estudios para determinar las causas del desempleo local, no permite evaluar los resultados de ninguna medida pues no se sabe si las soluciones implementadas responden a los problemas o si la focalización del gasto público se está haciendo hacia los grupos poblaciones que la necesitan o hacia los sectores que tienen más posibilidad de generar empleo en el corto plazo.

El punto central de discusión con el Presidente debería ser la presentación de una única agenda pública y privada de desarrollo para el largo plazo con sectores priorizados, cadenas productivas identificadas y con claridad frente a las necesidades en materia de infraestructura de transporte para la competitividad. Dentro de esta última, el Aeropuerto Matecaña debe ocupar el primer lugar.

La Clase Media

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 13 de octubre de 2009

Las políticas públicas en los países en desarrollo, no han tenido como punto central de reflexión, el papel que las clases medias de la población podrían jugar para superar la pobreza y la inequidad social. En Colombia, los presupuestos públicos se asignan de acuerdo con las necesidades básicas de la población, el estrato socioeconómico o el nivel del SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios).

Todos esos indicadores clasifican la población, en algunos casos según las condiciones del barrio, o de la vivienda o de la situación del grupo familiar (educación, dependencia económica del jefe de hogar etc.), existen entonces personas con necesidades básicas satisfechas o insatisfechas y grupos de personas clasificadas por estratos, del uno al seis o por niveles del SISBEN, en estos últimos casos, los más pobres están en los primeros lugares.

Las políticas públicas parten del supuesto que la mejor asignación de recursos es aquella que garantiza que los recursos del Estado lleguen a los más pobres, según los niveles de clasificación explicados previamente. Bajo este supuesto las clases medias quedan por fuera de las políticas públicas en materia de educación, salud, empleo, crédito subsidiado, etc. Como consecuencia las posibilidades de ascenso social son mínimas en Colombia.

Sería importante que se investigara el impacto que puedan tener las políticas públicas en favor de la clase media del país. Esas políticas podrían partir de reorientar la educación para formar más emprendedores que puedan formar su propia empresa y no sólo emplearse, una vez terminan sus estudios superiores. Los bancos de las oportunidades y no sólo el SENA, podrían incluir la financiación de los buenos proyectos que presenten los profesionales recién egresados. Hoy el banco de las oportunidades, sólo apoya la gente clasificada en los primeros niveles. ¿Qué proyectos para la generación de ingresos tienen más posibilidades de ser sostenibles, los que presentan las personas sin educación, o lo los que presentan, quienes hayan podido recibir una formación universitaria?

Lo mismo puede ocurrir con la vivienda. Los subsidios para la adquisición de vivienda se focalizan para los tres primeros estratos de la población y no para las clases medias, que pueden tener mayor estabilidad en sus ingresos. Muchos de lo subsidios entregados a los estratos uno y dos o a los desplazados se pierden, como ha ocurrido en Málaga o en Tokio, las casitas terminan en manos de los agiotistas. Los beneficiarios no tienen ingresos suficientes para mantener su vivienda. La investigación podría concluir que el retorno de la inversión, en términos socioeconómicos, podría ser mayor si, se invierte también en las clases medias, que pueden ayudar a arrastrar las clases más necesitadas, al tiempo que su crecimiento, sería un avance importante en términos de equidad social, en uno de los países más desiguales del mundo.

¿Para qué sirven los bancos?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 22 de septiembre de 2009

Uno de los principales retos en las políticas de desarrollo para los países y los hogares de menores ingresos es: ¿cómo generar capital sin capital? La respuesta ha cobrado importancia sobre todo cuando se reconoce que el acceso al crédito es parte de las estrategias para la reducción de la pobreza.

La gran mayoría de las personas en el país, que hacen parte de los segmentos socioeconómicos bajos y medios de la población no tienen acceso al crédito. En este grupo de población se encuentran personas que dependen de actividades informales o de empleos formales de baja remuneración o de corta duración. La inestabilidad en sus ingresos y la falta de políticas y de reformas para que esos grupos accedan a los servicios financieros, los excluye y limita sus posibilidades de salir adelante.

La falta de acceso al crédito es un problema viejo que ha obligado a la gente a recurrir a los llamados “gota a gota”, que cobran tasas superiores a las de usura y terminan acabando con el poco ingreso disponible de los hogares más necesitados. Sin embargo, esa ausencia del sector financiero, hoy muestra otra cara, los bajos rendimientos que pagan los bancos a los ahorradores, entre otros, llevó a la gente a entregar su plata a las famosas pirámides o captadoras ilegales de fondos.

En plena crisis mundial, en Colombia contrasta, la baja en la producción de las empresas, la disminución de las remesas, la situación de la gente sin empleo o sin ingresos, con los grandes aumentos en las utilidades del sector financiero. Los amplios márgenes de intermediación en Colombia, les permite tener esas ganancias, pagan muy bajos intereses a los ahorradores y cobran altas tasas de interés a unos pocos que tienen acceso al crédito porque cuentan con todas las garantías para que los bancos no corran ningún riesgo.

El país si necesita reformar profundamente el sector financiero. Se podrían combinar dos mecanismos: uno de mercado que abra más la competencia que tienen actualmente las instituciones financieras obligándolas a mejorar la calidad y el precio de los servicios que prestan y otro de intervención estatal que establezca topes a los márgenes de intermediación y que permita la bancarización rentable y responsable de los hogares de bajos recursos y de los microempresarios. Los bancos pueden asignar una porción de sus utilidades para masificar e innovar en las micro finanzas.

Las Disculpas No Generan Empleo

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 8 de septiembre de 2009

El desempleo sigue aumentando en el Área Metropolitana de Pereira. Los resultados de la última encuesta continua de hogares del Departamento Nacional de Estadística (DANE), la ubican, nuevamente en el primer lugar en materia de desempleo con una tasa del 21,5%; una tasa de ocupación del 50,7%; una tasa de subempleo subjetivo del 22,4% y una tasa de subempleo objetivo del 9,2%.

La mala noticia generó una serie de reacciones y comentarios bastante curiosos: se cuestionó la metodología del DANE, que es una metodología internacional aplicada con rigor por una entidad idónea. Algunos afirmaron que ese aumento no es culpa del alcalde de Pereira. Otros que hay que esperar para ver los resultados de las medidas de choque.

Realmente, falta profundizar en la identificación de las causas que están generando tanta presión en el mercado laboral del Área Metropolitana y conocer cuales es el peso relativo de cada una de ellas. Se establecen como posibles causas, la disminución en las remesas, que ha sacado nuevas personas al mercado laborar para compensar los menores ingresos de los hogares. También se menciona la condición de Pereira como ciudad receptora de inmigrantes en busca de empleo o la disminución en el número de puestos de trabajo, por la pérdida de dinamismo de ciertos sectores como la construcción, entre otros. Sin embargo, por falta de Observatorios o Centros de Investigación, los medios sólo pueden hacer eco de las percepciones de los actores frente al tema.

La situación podría aprovecharse para revisar las estrategias de largo plazo que se han definido en los Planes Regionales de Competitividad (PRC), en los cuales se abordan elementos estructurales para la generación de empleo, se definen metas al 2032 para Risaralda y se busca armonizar los esfuerzos locales con la Política Nacional de Productividad y Competitividad. Hasta el momento no se conoce ninguna evaluación sobre el plan o una propuesta para modificarlo o ajustarlo a las nuevas demandas de empleo en el departamento.

Por último, es necesario revisar los esfuerzos de inversión pública para este año y el próximo. A la política anti-cíclica del gobierno nacional le faltan ingredientes, no se trata sólo de adelantar la ejecución de obras públicas, se necesita que los recursos públicos sirvan de motor para motivar la inversión privada. En este sentido vale la pena revisar el costo de oportunidad de la obra del anillo vial en Pereira. Adicionalmente, los proyectos de inversión del departamento y de los municipios para el 2010, deben orientarse a buscar la cofinanciación del gobierno nacional y de los organismos internacionales. En otras palabras, para generar empleo se necesita que rinda más, la poca plata disponible para invertir.

Desafíos por Asumir

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 1 de septiembre de 2009

La pobreza y la indigencia han disminuido en Colombia, según los resultados publicados por la misión de expertos conformada por técnicos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Banco Mundial.

La pobreza es reflejo de la falta de ingresos que tiene una persona u hogar, que limita el acceso a ciertos servicios básicos o a la la compra de bienes mínimos necesarios para cubrir las necesidades alimentarias, de salud, de educación, de vestimenta, de vivienda y de transporte de los miembros de un hogar.

La metodología internacional para medir la pobreza clasifica una persona como “indigente” cuando el ingreso es inferior al valor de una canasta básica de alimentos y como "pobre" cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la "línea de pobreza" o monto mínimo necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales no sólo alimentarias.

La pobreza en el nivel nacional se redujo 7 puntos porcentuales entre 2002 y 2008 (de 53,7% a 46%), mientras que la indigencia nacional se redujo 2% en el mismo periodo (de 19.7% en 2002 a 17.8% en 2008).

En las trece áreas metropolitanas, la pobreza disminuyó casi 10 puntos porcentuales entre 2002 y 2008 (pasa de 40.3% a 30.7%). La indigencia muestra una caída de 2.6 puntos (de 9.4% en 2002 a 6.8%) en 2008. En el resto del país la pobreza cayó 4.1 puntos porcentuales en el periodo 2002-2008 (de 69.3% a 65.2%). La indigencia, pasó de 32.5% a 32.6%.

Como lo han demostrado diferentes estudios del Banco Mundial, el crecimiento económico tiene impactos positivos en la reducción de la pobreza. La confianza y el crecimiento de la inversión en el país, durante el gobierno del presidente Uribe, han contribuido a disminuir el número de personas pobres en Colombia. Sin embargo, faltan políticas para tener una sociedad más equitativa, el resultado en el 2008, medido por el coeficiente de Gini, es igual al dato registrado en 2002 (0.59), es decir, no hubo ningún avance para reducir las desigualdades.

Los gobiernos locales en la próxima década tienen que jugar un papel más activo en la lucha contra la pobreza. Existe un consenso generalizado que las metas de desarrollo del Milenio propuestas por las Naciones Unidas, para la reducción de la indigencia hacia el 2015, sólo serán posibles si las economías de los países logran reducir la pobreza, mediante una mayor sostenibilidad urbana.

¿Qué Sigue?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 25 de agosto de 2009

En la última publicación de la revista Dinero, se invita a la ciudadanía a participar en la revisión de los planes de ordenamiento territorial (POT) y se afirma que dicho proceso es una oportunidad para que la gente opine sobre ¿cómo quiere su ciudad? Se reconocen los casos exitosos de planes parciales como Ciudad Victoria y se citan otros ejemplos que no lo han sido como el Plan Parcial Campo Verde en Bogotá.

En la publicación se argumenta que un proceso participativo amplio puede evitar que la ciudadanía sea manipulada para defender intereses particulares, que pueden convertirse en un obstáculo para la ejecución de los mismos.

Sin embargo, se acepta que desde de su creación (1997) hasta la fecha, es muy poca la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de formulación o de seguimiento a los planes de ordenamiento, posiblemente por la apatía e indiferencia ciudadana, por la falta de conciencia sobre el tema o por el desconocimiento de las herramientas de participación que contempla la ley 388 de 1997.

En Pereira se adelanta un proceso de planificación por zonas que es una oportunidad para que los ciudadanos participen. La gente puede entender más fácilmente las políticas de ordenamiento de la zona donde está ubicada su casa o su sitio de trabajo, es decir, puede opinar sobre los usos del suelo y el tipo de establecimientos que son permitidos o prohibidos o sobre los proyectos importantes.

Aumentar y cualificar la participación ciudadana podría ayudar a lograr uno de los objetivos de los planes de ordenamiento y era diseñar un proyecto de ciudad con una concepción del largo plazo (9 años). Sin embargo, el gran vacío, que no menciona la publicación de la revista Dinero, es que no existen mecanismos para garantizar el orden en la ejecución de los proyectos, que finalmente son los que materializan las políticas de los POT. Cada alcalde o alcaldesa define cada 3 o 4 años que proyectos, de los que tiene contemplados el POT, va a ejecutar durante su programa de gobierno y define de manera autónoma su programa de ejecución. Por ejemplo, Luis Alberto Duque pensaba construir viviendas en Galicia, por fortuna no hubo continuidad y Martha Elena Bedoya realizó Ciudad Victoria, Juan Manuel Arango, quiso retomar el plan de vivienda de Galicia, pero no pudo porque los terrenos se habían destinado para el Parque Temático de Fauna y Flora, entonces construyó Tokio y algunas vías.