El Ruido Mata el Oído

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 27 de octubre de 2009

Los gobiernos urbanos tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades insatisfechas de sus habitantes, pero también tienen que ejercer autoridad para proteger los derechos de los ciudadanos. El derecho a vivir tranquilo, sin ruido, es fundamental en la calidad de vida de los ciudadanos, en cualquier ciudad del mundo.

Son múltiples las fuentes de ruido por el tráfico, por las construcciones o por la producción industrial, sin embargo, la mayoría de las quejas se producen por actividades de ocio. Esto está ocurriendo en Pereira en diferentes partes de la ciudad, por ejemplo, el sábado pasado en un artículo publicado en La Tarde se mencionaba que: “por medio de una carta, los habitantes de una zona del centro de Pereira se quejan de la algarabía y el bullicio que hacen los usuarios de tabernas y barras culturales hasta altas horas de la noche”. En el mismo artículo se señala que 40 establecimientos de diversión nocturna no cumplen con lo planes de mitigación acústica exigida.

Por el mismo problema, tampoco pueden dormir algunos habitantes de la Avenida Circunvalar. Como afirma la carta mencionada, las personas empiezan a sentir que su salud y su rendimiento laboral, están afectados por el exceso de ruido hasta altas horas de la noche.

Para solucionar el problema se podrían revisar los usos permitidos para algunas zonas o las exigencias a las nuevas construcciones para evitar la mezcla de actividades o para que las exigencias en materia de construcción garanticen que el ruido no afecte los vecinos. Sin embargo, la solución es más simple, ejercer autoridad y hacer cumplir las normas vigentes. En otras palabras, atender los reclamos justificados de la gente sobre el exceso de ruido por encima de lo permitido, sobre el incumplimiento en los horarios de los establecimientos o sobre el uso de la vía y de los andenes públicos como extensión de los bares y de las cantinas.

Los instrumentos normativos existen, lo que falta es quien los haga cumplir. Tramitar las quejas y las denuncias, pero sobretodo actuar para ejercer autoridad, debería ser un valor que los ciudadanos reconozcan de sus gobernantes cuando lo han tenido y lo reclamen cuando lo pierdan.

Al Grano

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 20 de octubre de 2009

Mañana el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estará en la ciudad de Pereira realizando una revisión al avance del plan anticíclico para reactivar la economía local y aumentar los niveles de ocupación en el Área Metropolitana de Pereira. Los altos niveles de desempleo que se han registrado durante este año han puesto los ojos del gobierno nacional en la economía local.

Las altas tasas de desempleo que ha registrado el Área Metropolitana de Pereira, han tomado por sorpresa a la dirigencia local. Como no existen estudios que confirmen el peso relativo de las diferentes variables que afectan el empleo en el Área Metropolitana, las explicaciones del desempleo son, en su gran mayoría, especulativas.

Las estrategias locales hacen parte de una política del gobierno nacional, basada en un plan anticíclico para estimular la demanda. La misma política está siendo implementada en diferentes partes del mundo para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial en el empleo.

El plan anticíclico consiste en adelantar las inversiones públicas y promover la inversión privada. Para el primer caso en el Área Metropolitana de Pereira se propuso adelantar las obras de urbanismo del Macro Proyecto de Vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo y las obras del Intercambiador del Megabus en Dosquebradas, con recursos del gobierno nacional. Se han puesto en marcha, en el departamento, programas del gobierno nacional como la línea de crédito para el mejoramiento de vivienda, a través de Comfamiliar, créditos subsidiados para los microempresarios, a través de BANCOLDEX. Lo anterior se espera complementar con la ejecución de las obras públicas locales, en su mayoría de carácter vial, que hacen parte de los planes de desarrollo.

La falta de estudios para determinar las causas del desempleo local, no permite evaluar los resultados de ninguna medida pues no se sabe si las soluciones implementadas responden a los problemas o si la focalización del gasto público se está haciendo hacia los grupos poblaciones que la necesitan o hacia los sectores que tienen más posibilidad de generar empleo en el corto plazo.

El punto central de discusión con el Presidente debería ser la presentación de una única agenda pública y privada de desarrollo para el largo plazo con sectores priorizados, cadenas productivas identificadas y con claridad frente a las necesidades en materia de infraestructura de transporte para la competitividad. Dentro de esta última, el Aeropuerto Matecaña debe ocupar el primer lugar.

La Clase Media

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 13 de octubre de 2009

Las políticas públicas en los países en desarrollo, no han tenido como punto central de reflexión, el papel que las clases medias de la población podrían jugar para superar la pobreza y la inequidad social. En Colombia, los presupuestos públicos se asignan de acuerdo con las necesidades básicas de la población, el estrato socioeconómico o el nivel del SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios).

Todos esos indicadores clasifican la población, en algunos casos según las condiciones del barrio, o de la vivienda o de la situación del grupo familiar (educación, dependencia económica del jefe de hogar etc.), existen entonces personas con necesidades básicas satisfechas o insatisfechas y grupos de personas clasificadas por estratos, del uno al seis o por niveles del SISBEN, en estos últimos casos, los más pobres están en los primeros lugares.

Las políticas públicas parten del supuesto que la mejor asignación de recursos es aquella que garantiza que los recursos del Estado lleguen a los más pobres, según los niveles de clasificación explicados previamente. Bajo este supuesto las clases medias quedan por fuera de las políticas públicas en materia de educación, salud, empleo, crédito subsidiado, etc. Como consecuencia las posibilidades de ascenso social son mínimas en Colombia.

Sería importante que se investigara el impacto que puedan tener las políticas públicas en favor de la clase media del país. Esas políticas podrían partir de reorientar la educación para formar más emprendedores que puedan formar su propia empresa y no sólo emplearse, una vez terminan sus estudios superiores. Los bancos de las oportunidades y no sólo el SENA, podrían incluir la financiación de los buenos proyectos que presenten los profesionales recién egresados. Hoy el banco de las oportunidades, sólo apoya la gente clasificada en los primeros niveles. ¿Qué proyectos para la generación de ingresos tienen más posibilidades de ser sostenibles, los que presentan las personas sin educación, o lo los que presentan, quienes hayan podido recibir una formación universitaria?

Lo mismo puede ocurrir con la vivienda. Los subsidios para la adquisición de vivienda se focalizan para los tres primeros estratos de la población y no para las clases medias, que pueden tener mayor estabilidad en sus ingresos. Muchos de lo subsidios entregados a los estratos uno y dos o a los desplazados se pierden, como ha ocurrido en Málaga o en Tokio, las casitas terminan en manos de los agiotistas. Los beneficiarios no tienen ingresos suficientes para mantener su vivienda. La investigación podría concluir que el retorno de la inversión, en términos socioeconómicos, podría ser mayor si, se invierte también en las clases medias, que pueden ayudar a arrastrar las clases más necesitadas, al tiempo que su crecimiento, sería un avance importante en términos de equidad social, en uno de los países más desiguales del mundo.

¿Para qué sirven los bancos?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 22 de septiembre de 2009

Uno de los principales retos en las políticas de desarrollo para los países y los hogares de menores ingresos es: ¿cómo generar capital sin capital? La respuesta ha cobrado importancia sobre todo cuando se reconoce que el acceso al crédito es parte de las estrategias para la reducción de la pobreza.

La gran mayoría de las personas en el país, que hacen parte de los segmentos socioeconómicos bajos y medios de la población no tienen acceso al crédito. En este grupo de población se encuentran personas que dependen de actividades informales o de empleos formales de baja remuneración o de corta duración. La inestabilidad en sus ingresos y la falta de políticas y de reformas para que esos grupos accedan a los servicios financieros, los excluye y limita sus posibilidades de salir adelante.

La falta de acceso al crédito es un problema viejo que ha obligado a la gente a recurrir a los llamados “gota a gota”, que cobran tasas superiores a las de usura y terminan acabando con el poco ingreso disponible de los hogares más necesitados. Sin embargo, esa ausencia del sector financiero, hoy muestra otra cara, los bajos rendimientos que pagan los bancos a los ahorradores, entre otros, llevó a la gente a entregar su plata a las famosas pirámides o captadoras ilegales de fondos.

En plena crisis mundial, en Colombia contrasta, la baja en la producción de las empresas, la disminución de las remesas, la situación de la gente sin empleo o sin ingresos, con los grandes aumentos en las utilidades del sector financiero. Los amplios márgenes de intermediación en Colombia, les permite tener esas ganancias, pagan muy bajos intereses a los ahorradores y cobran altas tasas de interés a unos pocos que tienen acceso al crédito porque cuentan con todas las garantías para que los bancos no corran ningún riesgo.

El país si necesita reformar profundamente el sector financiero. Se podrían combinar dos mecanismos: uno de mercado que abra más la competencia que tienen actualmente las instituciones financieras obligándolas a mejorar la calidad y el precio de los servicios que prestan y otro de intervención estatal que establezca topes a los márgenes de intermediación y que permita la bancarización rentable y responsable de los hogares de bajos recursos y de los microempresarios. Los bancos pueden asignar una porción de sus utilidades para masificar e innovar en las micro finanzas.

Las Disculpas No Generan Empleo

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 8 de septiembre de 2009

El desempleo sigue aumentando en el Área Metropolitana de Pereira. Los resultados de la última encuesta continua de hogares del Departamento Nacional de Estadística (DANE), la ubican, nuevamente en el primer lugar en materia de desempleo con una tasa del 21,5%; una tasa de ocupación del 50,7%; una tasa de subempleo subjetivo del 22,4% y una tasa de subempleo objetivo del 9,2%.

La mala noticia generó una serie de reacciones y comentarios bastante curiosos: se cuestionó la metodología del DANE, que es una metodología internacional aplicada con rigor por una entidad idónea. Algunos afirmaron que ese aumento no es culpa del alcalde de Pereira. Otros que hay que esperar para ver los resultados de las medidas de choque.

Realmente, falta profundizar en la identificación de las causas que están generando tanta presión en el mercado laboral del Área Metropolitana y conocer cuales es el peso relativo de cada una de ellas. Se establecen como posibles causas, la disminución en las remesas, que ha sacado nuevas personas al mercado laborar para compensar los menores ingresos de los hogares. También se menciona la condición de Pereira como ciudad receptora de inmigrantes en busca de empleo o la disminución en el número de puestos de trabajo, por la pérdida de dinamismo de ciertos sectores como la construcción, entre otros. Sin embargo, por falta de Observatorios o Centros de Investigación, los medios sólo pueden hacer eco de las percepciones de los actores frente al tema.

La situación podría aprovecharse para revisar las estrategias de largo plazo que se han definido en los Planes Regionales de Competitividad (PRC), en los cuales se abordan elementos estructurales para la generación de empleo, se definen metas al 2032 para Risaralda y se busca armonizar los esfuerzos locales con la Política Nacional de Productividad y Competitividad. Hasta el momento no se conoce ninguna evaluación sobre el plan o una propuesta para modificarlo o ajustarlo a las nuevas demandas de empleo en el departamento.

Por último, es necesario revisar los esfuerzos de inversión pública para este año y el próximo. A la política anti-cíclica del gobierno nacional le faltan ingredientes, no se trata sólo de adelantar la ejecución de obras públicas, se necesita que los recursos públicos sirvan de motor para motivar la inversión privada. En este sentido vale la pena revisar el costo de oportunidad de la obra del anillo vial en Pereira. Adicionalmente, los proyectos de inversión del departamento y de los municipios para el 2010, deben orientarse a buscar la cofinanciación del gobierno nacional y de los organismos internacionales. En otras palabras, para generar empleo se necesita que rinda más, la poca plata disponible para invertir.

Desafíos por Asumir

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 1 de septiembre de 2009

La pobreza y la indigencia han disminuido en Colombia, según los resultados publicados por la misión de expertos conformada por técnicos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Banco Mundial.

La pobreza es reflejo de la falta de ingresos que tiene una persona u hogar, que limita el acceso a ciertos servicios básicos o a la la compra de bienes mínimos necesarios para cubrir las necesidades alimentarias, de salud, de educación, de vestimenta, de vivienda y de transporte de los miembros de un hogar.

La metodología internacional para medir la pobreza clasifica una persona como “indigente” cuando el ingreso es inferior al valor de una canasta básica de alimentos y como "pobre" cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la "línea de pobreza" o monto mínimo necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales no sólo alimentarias.

La pobreza en el nivel nacional se redujo 7 puntos porcentuales entre 2002 y 2008 (de 53,7% a 46%), mientras que la indigencia nacional se redujo 2% en el mismo periodo (de 19.7% en 2002 a 17.8% en 2008).

En las trece áreas metropolitanas, la pobreza disminuyó casi 10 puntos porcentuales entre 2002 y 2008 (pasa de 40.3% a 30.7%). La indigencia muestra una caída de 2.6 puntos (de 9.4% en 2002 a 6.8%) en 2008. En el resto del país la pobreza cayó 4.1 puntos porcentuales en el periodo 2002-2008 (de 69.3% a 65.2%). La indigencia, pasó de 32.5% a 32.6%.

Como lo han demostrado diferentes estudios del Banco Mundial, el crecimiento económico tiene impactos positivos en la reducción de la pobreza. La confianza y el crecimiento de la inversión en el país, durante el gobierno del presidente Uribe, han contribuido a disminuir el número de personas pobres en Colombia. Sin embargo, faltan políticas para tener una sociedad más equitativa, el resultado en el 2008, medido por el coeficiente de Gini, es igual al dato registrado en 2002 (0.59), es decir, no hubo ningún avance para reducir las desigualdades.

Los gobiernos locales en la próxima década tienen que jugar un papel más activo en la lucha contra la pobreza. Existe un consenso generalizado que las metas de desarrollo del Milenio propuestas por las Naciones Unidas, para la reducción de la indigencia hacia el 2015, sólo serán posibles si las economías de los países logran reducir la pobreza, mediante una mayor sostenibilidad urbana.

¿Qué Sigue?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 25 de agosto de 2009

En la última publicación de la revista Dinero, se invita a la ciudadanía a participar en la revisión de los planes de ordenamiento territorial (POT) y se afirma que dicho proceso es una oportunidad para que la gente opine sobre ¿cómo quiere su ciudad? Se reconocen los casos exitosos de planes parciales como Ciudad Victoria y se citan otros ejemplos que no lo han sido como el Plan Parcial Campo Verde en Bogotá.

En la publicación se argumenta que un proceso participativo amplio puede evitar que la ciudadanía sea manipulada para defender intereses particulares, que pueden convertirse en un obstáculo para la ejecución de los mismos.

Sin embargo, se acepta que desde de su creación (1997) hasta la fecha, es muy poca la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de formulación o de seguimiento a los planes de ordenamiento, posiblemente por la apatía e indiferencia ciudadana, por la falta de conciencia sobre el tema o por el desconocimiento de las herramientas de participación que contempla la ley 388 de 1997.

En Pereira se adelanta un proceso de planificación por zonas que es una oportunidad para que los ciudadanos participen. La gente puede entender más fácilmente las políticas de ordenamiento de la zona donde está ubicada su casa o su sitio de trabajo, es decir, puede opinar sobre los usos del suelo y el tipo de establecimientos que son permitidos o prohibidos o sobre los proyectos importantes.

Aumentar y cualificar la participación ciudadana podría ayudar a lograr uno de los objetivos de los planes de ordenamiento y era diseñar un proyecto de ciudad con una concepción del largo plazo (9 años). Sin embargo, el gran vacío, que no menciona la publicación de la revista Dinero, es que no existen mecanismos para garantizar el orden en la ejecución de los proyectos, que finalmente son los que materializan las políticas de los POT. Cada alcalde o alcaldesa define cada 3 o 4 años que proyectos, de los que tiene contemplados el POT, va a ejecutar durante su programa de gobierno y define de manera autónoma su programa de ejecución. Por ejemplo, Luis Alberto Duque pensaba construir viviendas en Galicia, por fortuna no hubo continuidad y Martha Elena Bedoya realizó Ciudad Victoria, Juan Manuel Arango, quiso retomar el plan de vivienda de Galicia, pero no pudo porque los terrenos se habían destinado para el Parque Temático de Fauna y Flora, entonces construyó Tokio y algunas vías.

Buenas Noticias

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 18 de agosto de 2009

En primer lugar, se fortalece el trabajo para la primera infancia en el departamento de Risaralda con el apoyo del gobernador Víctor Manuel Tamayo, a través de la Fundación Germinando. En los próximos tres años se invertirán 1.753 millones de pesos.

Un total de 1.200 docentes y agentes educativos serán formados para multiplicar el proceso de desarrollo infantil temprano. La primera infancia es la etapa de desarrollo más importante de la vida y por lo tanto, la inversión en los niños de cero a seis años es la que tiene el mayor impacto en los factores determinantes de la pobreza.

En segundo lugar, el alcalde Israel Alberto Londoño decidió no continuar la concesión de las zonas azules con la firma Daytona y entregar su manejo a Multiservicios, como operador y al Instituto de Tránsito como interventor, con la decisión, se termina un oneroso contrato de concesión firmado en el año 1997 y prorrogado varias veces, desde el año 2005, año en que terminó la cuestionada concesión.

Las dos entidades públicas que tendrán su manejo, tienen ahora la responsabilidad de poner los intereses de los ciudadanos por encima los intereses económicos, que se derivan del negocio de las zonas de permitido parqueo. Una buena oportunidad para eliminar las zonas azules del centro de la ciudad.

El alcalde también revisó la propuesta de la Universidad Católica, escuchó la gente y por fortuna, descartó la idea de techar las calles peatonales.

En tercer lugar, los parqueaderos de Ciudad Victoria vuelven a ser de los ciudadanos, de acuerdo con el fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda. Los parqueaderos deben volver al municipio de Pereira. El fallo declaró nulo el contrato de compraventa firmado en la pasada administración, en el año 2006.

Con el fallo se reconoce lo establecido en el decreto 1301 de 2002, por medio del cual se adoptó el Plan de Renovación Urbana Ciudad Victoria, en el cual se habían definido claramente las unidades de actuación pública y las unidades de actuación privada. La Plaza Cívica con sus parqueaderos es espacio público y por lo tanto, no se podían vender.

Opina la Gente

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 11 de agosto de 2009

En la última encuesta, realizada por la firma Gallup, el presidente Álvaro Uribe registra una opinión favorable del 68%, un porcentaje muy alto, comparado con anteriores presidentes de Colombia y América Latina y más aun, considerando que el presidente se encuentra en la recta final de un gobierno de ocho años.

A pesar de las críticas al mecanismo de las encuestas, que a veces son más un malestar por el resultado de las mismas, en las democracias contemporáneas, no es posible ignorar lo que la gente opina. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoya el proyecto LAPOP que lleva casi cuatro décadas realizando encuestas en América Latina, cuyas conclusiones son la base de una rama importante de la investigación en ciencias políticas y economía política en la región.

El último reporte de las encuestas LAPOP, publicado este año, tiene como objetivo analizar las relaciones entre la calidad de vida y las distintas percepciones y sobre las condiciones políticas de los latinoamericanos. El resultado es muy interesante porque permite analizar la percepción de la gente, en un momento donde la crisis económica empezó a afectar la calidad de vida de los ciudadanos.

Los latinoamericanos no se sienten satisfechos con la forma en que funciona la democracia en sus países, sin embargo, el 70% considera que es el sistema a través del cual, con la participación de todos, los problemas del país pueden solucionarse. Colombia es el país de América Latina en donde existe mayor confianza en el gobierno nacional y es el segundo país, después de Costa Rica, donde la gente considera que los derechos básicos de los ciudadanos están protegidos por el sistema político del país.

Uno de los principales factores para medir la satisfacción con la vida es la situación económica, sin embargo, la seguridad continúa siendo un factor importante. Las encuestas LAPOP encontraron relación entre la victimización objetiva con las percepciones de seguridad. Por ejemplo, en Colombia la gente se siente más segura que en Venezuela, Ecuador y Bolivia, países donde un mayor porcentaje de personas ha sido víctima de un delito. Colombia es el segundo país después de Chile en el cual existe mayor confianza en la policía.

Posiblemente la situación económica de la gente explica la mayor responsabilidad que le asignan al Estado en la conducción de los asuntos económicos, la generación de empleo y el bienestar social. Paradójicamente, el peor promedio de aceptación de la idea del Estado como empresario se encuentra en Venezuela (Estado Intervencionista), y el mayor promedio de aceptación está en Chile (Estado pro-mercado). Así opina la gente.

¿Más Vías?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 4 de agosto de 2009

La entrada en funcionamiento del Megabus, por razones obvias, generó cambios en la movilidad vehicular de la ciudad, entre otros, se disminuyó el espacio para los vehículos particulares y se introdujeron cambios en la manera de circulación vehicular. La movilidad se convirtió en un tema central de discusión en la pasada campaña a la alcaldía de Pereira, se organizaron foros y se hablaba de la existencia de un Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana, que ni siquiera los concejales de la ciudad conocían.

En forma simultánea se embarcaba a la ciudad en la financiación de un paquete de obras por valorización (2005-2007), que nadie justificaba dentro del desconocido Plan Maestro de Movilidad, ni dentro de las necesidades que pudiesen surgir de la puesta en marcha del Megabus.

El paquete de valorización tiene obras viales importantes como la Avenida de la Independencia y otras que no lo son como la vía al Colegio La Salle. No obstante, el punto no es si las obras son importantes, si una ciudad tiene suficientes recursos para invertir, ninguna obra vial le sobra. El punto central es si son realmente necesarias, si son prioritarias y cómo deben programarse las inversiones para no afectar la capacidad y el desempeño fiscal del municipio.

El paquete de obras por valorización (2005-2007) se encuentra todavía en ejecución, arrastra un déficit frente a lo presupuestado que supera los 20.000 millones de pesos y una cartera de valorización por encima de los 10.000 millones de pesos.

En este momento, Pereira necesita revisar el tema de la movilidad de una manera integral con criterios de sostenibilidad ambiental y considerando el costo de oportunidad frente a otras alternativas de inversión, que puedan tener mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

En la ciudad se magnificó el problema de la movilidad, mucho se puede lograr con mayor orden y control, implementando las políticas del plan de ordenamiento, como la eliminación de las zonas azules del centro de la ciudad y los parqueaderos de la séptima y la octava y mejorando las condiciones de la malla vial actual.

Invertir en las Ciudades

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 28 de julio de 2009

Para enfrentar los efectos de la crisis global el gobierno nacional diseñó un plan anticíclico basado en 55,4 billones de pesos para el año 2009. El plan pretende aumentar la inversión pública e incentivar la inversión privada para proteger el empleo.

El último reporte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) establece que en los primeros cinco meses del año se logró un avance del 34% en la ejecución de las inversiones que corresponde a recursos por 18,7 billones de pesos, de los cuales 8,8 billones de pesos son dineros públicos y 9,9 billones de pesos privados.

El balance presentado por el DNP no refleja una ejecución óptima, sin embargo, es bueno dadas las condiciones generadas por la crisis global. Lo que preocupa del plan anticíclico y sus ejecuciones es la alta participación que tiene el sector de minas y energía, 28 billones de pesos que representan el 50% del plan. Éste sector es que registra mayores avances con inversiones por 11,5 billones, de los cuales 7 billones de pesos fueron recursos públicos y 4,5 billones privados.

Lo anterior es producto del cambio en la estructura de la economía nacional donde el sector de minas y energía ha ganado participación frente a otros sectores como el agropecuario y el industrial que son sectores mucho más generadores de empleo.

Sería importante que el DNP presentara la información por regiones y ciudades para evaluar en donde se está concentrando el mayor esfuerzo de inversión pública e inversión privada.

Cada ciudad podría tener en estos momentos su propio plan anticíclico con indicadores para hacerle seguimiento. El desarrollo local necesita de la inversión de las empresas que deben reconocer que el desempeño de su economía local es una factor importante de su propio éxito.

La inversión del sector privado debe ser un objetivo explícito del plan de recuperación local, el reto es despertar a través de los diferentes instrumentos de planificación, de gestión, de financiación y de promoción de la ciudad, el entusiasmo empresarial para el desarrollo local y fomentar mecanismos donde el municipio logre beneficios en sus políticas de empleo y desarrollo territorial y el sector privado identifique oportunidades atractivas.

Sin Andenes

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 21 de julio de 2009

Bogotá al igual que Pereira registra un retroceso en materia de Espacio Público. En Bogotá zonas que habían sido recuperadas como el 20 de Julio, el sector comercial de Kennedy, la localidad de Chapinero, San Victorino, la calle 19 y la carrera décima (en el centro de Bogotá) y el barrio Restrepo, fueron invadidas nuevamente (El Tiempo, 19 de julio de 2009). En Pereira la nueva invasión del espacio público se concentra en el centro de la ciudad.

En las dos ciudades, los programas de reubicación implementados por las administraciones de Enrique Peñalosa en Bogotá y Martha Elena Bedoya en Pereira no tuvieron la debida continuidad, en ambas ciudades el tema se politizó, se instrumentalizaron políticamente los vendedores y el espacio público se volvió un tema electoral.

La reinvasión del espacio público no inició en las actuales administraciones, sin embargo, la caída en los ingresos de los hogares y la falta de control y de autoridad, han acentuado el problema de ocupación del espacio público y consecuentemente la pérdida de calidad de vida urbana.

Se trata de un tema que involucra derechos ciudadanos. El artículo 82 de la Constitución Política exige del Estado "velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular." La Constitución Política protege también el derecho individual al trabajo. No obstante, la responsabilidad del Estado incluye también la protección a la vida del peatón, hoy expuesta en Bogotá y en Pereira, donde los peatones tienen que desplazarse con los carros y las motos por las vías vehiculares.

En Pereira, la administración municipal, ha definido soportar la implementación del programa de recuperación del espacio público en estudios y para ello contrató a la Universidad Católica y ha formulado una propuesta concertada con los gremios y con los vendedores informales. El espíritu participativo del ejercicio no debe perderse en este momento que se están presentando las alternativas de solución. La propuesta de techar las peatonales y de entregarles el espacio público a 48 vendedores ambulantes por cuadra, merece revisión y consulta a la ciudadanía, en especial a los propietarios de los inmuebles afectados. Otras pueden ser las alternativas, que en cualquier caso, sólo serán sostenibles si coexisten con el control, el orden, la autoridad y los programas sociales.

“Educar las Niñas”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 14 de julio de 2009

El 11 de julio se celebró el día mundial de la población. El evento fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989, con el fin de generar consciencia sobre los temas demográficos. El Día Mundial de la Población reafirma el derecho de la gente para planificar sus familias.

En situaciones como las que atraviesa la economía mundial, los temas demográficos adquieren una especial relevancia. Las crisis afectan más a unas poblaciones que a otras. La disminución en los presupuestos públicos obliga a los gobiernos a realizar una mayor priorización en la asignación de los presupuestos para los programas sociales. La inversión en salud sexual y reproductiva tiene una gran efectividad en términos de costo-beneficio. Los estudios demuestran que la inversión puede ser recuperada cuatro veces, al reducir las necesidades de gastos públicos en salud, educación y otros servicios sociales.

Las inversiones en los programas de planificación familiar tienen un gran impacto en la lucha contra la pobreza, sin embargo, los métodos anticonceptivos modernos permanecen fuera del alcance de cientos de millones de mujeres, hombres y jóvenes en los países en desarrollo. El embarazo de las niñas y las adolescentes se presenta en las familias de menores ingresos, lo que constituye una de las principales trampas de la pobreza.

Este año, en ocasión del Día Mundial de la Población, la directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU (UNFPA), Thoraya Ahmed Obaid, afirmó que "no existe inversión más inteligente en tiempos turbulentos, que educar las niñas, teniendo en cuenta que las mujeres y las niñas constituyen mayoría en la población. En estos momentos, ellas caen más en la pobreza y enfrentan crecientes riesgos de salud, en especial si están embarazadas”. Las complicaciones en el embarazo y el parto son las causas principales de la muerte de las mujeres en los países en desarrollo.

Las mujeres, más que los hombres, son quienes más invierten de sus ingresos en la salud y en la educación de sus hijos, por esa razón, las respuestas en materia de políticas públicas basadas en las mujeres como agentes sociales y económicos, pueden mitigar los efectos de la crisis económica sobre el desarrollo.

El Gatico Salió Cazador

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 7 de julio de 2009

Los latinoamericanos hemos observado como el proyecto de expansión chavista ha intensificado su intervención y ha tomado formas más agresivas, así lo demuestran los hechos recientes, como el ataque contra Colombia, realizado por un juez ecuatoriano, que ordenó la captura contra el Ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por el ataque al campamento de las FARC, desde donde se planeaban crímenes de lesa humanidad contra la población colombiana.

“La Rapiña por América Latina”, como tituló El Espectador del domingo pasado, tiene dos bandos claramente identificados: los chavistas y los antichavistas. El chavismo había ganado las elecciones presidenciales en Argentina y Nicaragua. Este año ganó el referendo en Bolivia para poder reelegir a Evo Morales por un período más y en Venezuela a Chávez hasta que él quiera. También ganó las elecciones presidenciales de Ecuador reeligiendo a Rafael Correa.

En el Salvador ganó las elecciones, Mauricio Funes, un líder de izquierda, que tuvo el respaldo de un ala ex guerrillera chavista, pero que, sin embargo, es considerado de izquierda moderada y posiblemente más cercano a la tendencia que hoy encarnan Lula (Brasil) y Bachelet (Chile).

De otro lado, el chavismo perdió las elecciones presidenciales en Panamá. La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, sufrió una fuerte derrota en las elecciones legislativas, lo cual debilita el chavismo en ese país. La situación de los venezolanos ha empeorado, ha aumentado la polarización y Chávez ha perdido popularidad.

No obstante, el proyecto expansionista continúa, el ALBA, hoy Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe, creado en el año 2004 por Venezuela y Cuba, cuenta con siete integrantes más: Bolivia, Honduras, Nicaragua, Dominica, Ecuador y San Vicente y Antigua. Este bloque tiene una población de aproximadamente 70 millones de habitantes y un PIB de aproximadamente 700.000 millones de dólares. El ALBA tiene ya una moneda virtual para sus transacciones que es el Sucre y surge como oposición al ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas, que incluye a Estados Unidos y se soporta en “valores anticapitalistas”.

El proyecto chavista tiene claras intenciones de crecer en Colombia atacando a quienes no lo comparten y apoyando a quienes si lo hagan.

Reinventarse la Ciudad

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 30 de junio de 2009

Planeación Municipal dividió la ciudad en zonas de planificación, la más importante, que incluye el centro de la ciudad, es la zona de planificación número cinco (UP5), en ella se definen las políticas y las normas que determinan aspectos fundamentales del centro de Pereira como la movilidad, el espacio público, la ocupación del territorio, entre otros.

En este momento se encuentra en discusión la propuesta de la UP5, que ha sido socializada con los gremios de la ciudad y deberá ser presentada al Concejo Municipal. La participación, el análisis juicioso de alternativas y la calidad de las propuestas para la UP5 son fundamentales para determinar la viabilidad de la estrategia de desarrollo territorial de Pereira.

La UP5 determina la viabilidad del modelo de ciudad compacta, que es fundamental para el desarrollo sostenible que implica menos desplazamientos, más ahorro de energía, menos costos de infraestructura. Todos los habitantes de la ciudad somos usuarios del centro. La calidad de vida en Pereira depende de las condiciones del centro de la ciudad. La principal fuente de empleo en Pereira es el comercio que se encuentra concentrado en el centro.

El futuro del centro de la ciudad no sólo depende de las intenciones de la UP5, del ejercicio de planificación que ella representa, sino también de las políticas y sobre todo de las acciones que la administración ejecute en otros frentes. En primer lugar, el centro debe ser la zona más segura de la ciudad, la más vigilada, la más activa, con eventos culturales y deportivos en todas sus plazas. Para tener un centro más amable para los peatones y más organizado para los vehículos se necesita eliminar las zonas azules, ejercer autoridad y orden en el espacio público, desestimular completamente los parqueaderos en el centro tradicional y permitirlos en la periferia.

Las políticas acertadas de la UP5, orientadas a lograr una mayor densificación urbana, para convertirse en realidad deben tener como soporte simulaciones financieras que demuestren la viabilidad de la inversión, es más, como la política pública busca estimular ese tipo de desarrollo sería deseable demostrar que el retorno de la inversión no sólo es buena en sí misma, sino que es la más atractiva.

Por último, un modelo de ciudad más amable y más verde necesita incrementar las inversiones en más y mejores espacios públicos (parques, bulevares, pasajes peatonales) que nos acerquen a los estándares internacionales de la ONU, que establecen como meta para el 2015, tener un espacio público o recreacional a no más de medio kilómetro de cada ciudadano y lograr 16 metros cuadrados por habitante.

Parque Lineal del Río Otún

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 23 de junio de 2009

El inicio de la primera etapa del Proyecto Parque Lineal del Río Otún es una excelente noticia para la ciudad y para el departamento. La propuesta consiste en desarrollar un gran sendero peatonal con ciclorutas desde el Barrio Kennedy hasta la Florida. La cicloruta deberá conectar el tramo existente sobre la Avenida del Rio, para generar más de 10 kilómetros de cicloruta

La primera etapa incluye la construcción de un malecón, una zona de uso recreativo, la reconstrucción de la zona forestal protectora del Río Otún y un sendero peatonal con cicloruta. Esta primera etapa se desarrollará en el Barrio Kennedy.

El Proyecto Parque Lineal del Río Otún es importante por su aporte ambiental, por su contribución al desarrollo urbano y rural, incluyendo su gran aporte de espacio público, por su potencial turístico y por la posibilidad de convertirse en un gran sitio de recreación y encuentro para todos los estratos sociales de la ciudad.

Los pereiranos perdieron un gran sitio de recreación en cerritos. La intersección vial terminó con las actividades que allí se desarrollaban todos los fines de semana, desde hace muchos años. Las familias en carro o en transporte público llegaban a cerritos a comer piña, almorzar en el Restaurante Don Nasa, en la casa de cerritos de la familia Bernal y en Agosto era el sitio ideal para elevar cometas.

La cantidad de gente que visitaba cerritos es una muestra de la necesidad que tiene la ciudad de generar ese tipo de espacios con zonas verdes, con espacios al aire libre, con oferta de restaurantes y sitios de recreación para los niños. ¿Dónde estarán llevando ahora los padres a sus hijos que quieren salir al aire libre los fines de semana?

El Parque Lineal del Río Otún puede llenar ese vacío que ha dejado cerritos. El paseo los domingos al Río Otún también ha sido tradicional en vida de los pereiranos. La recuperación de los ríos y la apropiación de ese espacio por parte de los ciudadanos es una de las principales apuestas para el Sesquicentenario de la ciudad. Unir esfuerzos y completar las tres etapas para el año 2013, sería un excelente regalo para nuestro cumpleaños 150.

Actuemos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, miércoles 17 de junio de 2009

El pasado viernes se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El número de niños explotados sigue siendo muy alto, en América Latina, se calcula que 5,7 millones de niños son trabajadores. En Colombia la cifra también es preocupante, 894.796 niños trabajan en el país, una cifra superior a la que registran Brasil, Chile o Argentina (Organización Internacional del Trabajo-OIT).

El trabajo infantil perpetua la pobreza. Los niños trabajadores no terminan sus estudios; no crecen en un ambiente adecuado para su formación emocional y en la mayoría de los casos, son explotados económicamente por quienes los emplean u obligan a trabajar.

También el trabajo infantil es consecuencia de la pobreza por esa razón, su erradicación depende de la aplicación integral de otras estrategias que aborden la familia y su contexto socioeconómico.

Colombia definió una estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador. La estrategia fue formulada el año pasado y su objetivo es focalizar y ordenar la acción de las entidades estatales y privadas que intervienen en el tema, hacia dos “puntos de quiebre” de las peores formas de trabajo infantil, como son: en primer lugar, el ingreso de los niños al sistema educativo, a programas de recreación y al sistema general de protección social y en segundo lugar, el acceso de las familias de los niños a los programas sociales.

Todos los programas de carácter social son relevantes en la lucha contra la pobreza y el trabajo infantil, pero hay unos que pueden tener más impacto que otros. Los programas de salud sexual y reproductiva son prioritarios. Los embarazos de niñas y jóvenes de escasos recursos son una causa evidente del trabajo infantil, no sólo de los niños que tienen que abandonar sus estudios para sostener otros niños, sino también de sus hijos tienen muchas posibilidades de repetir el mismo esquema, es decir, de unos niños criados por otros niños que no terminaron sus estudios porque fueron obligados a salir a trabajar, sin haber cumplido la mayoría de edad.

La lucha contra el trabajo infantil es una responsabilidad de toda la ciudadanía. La sociedad debe actuar, denunciar los abusos frente a los niños y a los jóvenes menores de edad. Los ciudadanos no deben dar limosna a los niños, por el contrario, deben promover la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la educación, a la recreación, a la nutrición y a la salud de todos los niños y los jóvenes.

Reflexión

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 2 de junio de 2009

La reflexión que debe despertar los temas planteados, en los espacios en los cuales participó el doctor Enrique Peñalosa es, sí las inversiones que tiene planteadas la actual administración municipal son las más necesarias y las más significativas en términos de calidad de vida, “productividad urbana” y generación de empleo e ingresos.

La principal obra física de la actual administración es el anillo longitudinal. El proyecto se ejecutará con recursos del municipio. La obra surge como respuesta al problema de movilidad vehicular. La puesta en funcionamiento del Megabús y el crecimiento del parque automotor, hicieron de la movilidad uno de los principales temas de discusión, en el año 2007 y desde esa época se plantean soluciones viales, como el anillo longitudinal.

Para Peñalosa, nuevas vías o grandes autopistas, no solucionan los trancones porque entre más vías existan, más se llenarán de vehículos. Los trancones se generan no por el número de vehículos que transitan por las vías, sino por el número de viajes y la distancia que recorren los vehículos.

Las vías o los anillos, no sustituyen los problemas de movilidad que se generan por falta de autoridad y orden en las calles, es decir, la invasión del espacio público por vehículos, vendedores o elementos de publicidad, entre otros. Peñalosa resaltó que la concertación no puede servir de excusa para hacer cumplir la ley. Un gobierno no puede argumentar que no hace cumplir la ley porque está eternamente concertando con quienes la violan.

Si no se ha iniciado la compra de predios para la construcción del anillo longitudinal, sería importante impulsar y destinar recursos para otros proyectos, atractivos para la inversión privada y con mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo, el Parque Lineal sobre el Río Otún y la continuación de Ciudad Victoria sobre la zona de Egoyá, que hacen parte de los Proyectos del Sesquicentenario. Estos proyectos no sólo generarían ingresos durante su construcción, como el anillo longitudinal, sino después, porque atraen inversión en comercio, servicios, turismo y vivienda, al tiempo que ofrecen nuevos espacios públicos para  los ciudadanos de todas las edades y no solo para aquellos que tienen vehículo.

En Pereira no tenemos la capacidad fiscal para hacer lo que hizo Peñalosa en Bogotá con el presupuesto público. Debemos escoger entre unas obras u otras y compartir cargas y beneficios en los planes parciales, con los inversionistas privados y no sólo cargarle toda la inversión al fisco municipal. En Pereira hay que hacer gestión y cautivar la inversión privada.

Espacio y Ciudad

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 26 de mayo de 2009

Una forma de ejercer una ciudadanía activa y responsable es haciendo parte o promoviendo la conformación de colectivos ciudadanos. Este martes se lanza, en compañía del ex alcalde Enrique Peñalosa, el Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, trabajando en cuatro frentes de acción: veeduría ciudadana del espacio público y de la movilidad sostenible; divulgación de información sobre el espacio público y la movilidad sostenible; construcción de ciudadanía, y participación activa en la toma de decisiones de desarrollo de la ciudad.

El Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad, ha estado participando en diferentes espacios de discusión, entre ellos, el Concejo Municipal, explicando la importancia de aplicar políticas de movilidad sostenible en la planeación y ejecución de las obras viales, por ejemplo, del Anillo Vial Longitudinal y de la Avenida San Mateo. También en el impulso del proyecto Parque Lineal La Arenosa y apoyando la continuación del Parque Lineal Egoyá.

Los colectivos son espacios de participación que buscan que las  mujeres y los hombres, además de ser estudiantes, padres de familia, trabajadores, empresarios o artistas sean también ciudadanos. Los habitantes de una ciudad tienen derecho a vivir tranquilos y felices, pero también tienen la responsabilidad de ser sensibles a sus problemas y proponer alternativas de solución.

A través del colectivo se pueden plantear metas, coordinar y desarrollar actividades. El trabajo en red permite compartir y producir información sobre todos los temas relacionados con el espacio público y la movilidad sostenible. Todas las personas pueden participar y hacer parte del colectivo, ingresando a la página web: www.espacioyciudad.org 

Los colectivos ciudadanos son expresiones de formación de capital social. Para Pereira, sería muy positivo que los colectivos crezcan y se multipliquen para que los ciudadanos asuman una participación activa en los proceso de desarrollo de su barrio, de su comuna y de su ciudad.

El miércoles 27 de mayo a las 9:00 a.m. en el auditorio: Pablo Oliveros Marmolejo en la Fundación Universitaria del Área Andina, se  realizará el foro con Enrique Peñalosa, “Por una Pereira Más Amable y Próspera” organizado por RCN y La Tarde. La entrada es libre. Participe.

“Campeona de la Competitividad”

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 19 de mayo de 2009

En el consejo comunitario de gobierno, realizado en Pereira el pasado sábado, el Presidente de la República se refirió a la capital del departamento de Risaralda como la “campeona de la competitividad”. La ciudad tiene muchas condiciones y logros que le permitirían ser la “campeona de la competitividad”, Pereira, entre otros, tiene una ubicación estratégica, es modelo para América Latina en procesos de renovación urbana y ocupó el primer lugar en el ranking “Doing Bussines”. Nuestra ciudad puede ser el gran centro de negocios y de servicios del occidente colombiano.

 pesar de todo lo anterior, la ciudad no ha sido competitiva en el lobby y en la defensa de sus propios intereses económicos, ante el gobierno nacional, en los últimos años. La exalcaldesa de Pereira Martha Elena Bedoya, señalaba la semana pasada en los medios de comunicación que la “campeona de la competitividad”, no aparece jugando el papel que le corresponde dentro de la política para la competitividad y la productividad del país, establecida a través de diferentes documentos Conpes.  Se afirma que en la región no hemos sido competitivos porque Caldas sí ha logrado orientar políticas, obras y proyectos para su competitividad.

Conpes 3547 del 27 de octubre el año 2008, formula la política nacional de logística en desarrollo de los 15 planes de acción de la política de competitividad. El primer diagnóstico, presentado por la firma consultora del Departamento Nacional de Planeación, identifica nueve zonas con potencial para el desarrollo logístico,  en los cuales, está el Eje Cafetero. Así mismo, definió 14 corredores funcionales, entre los cuales, se encuentra Bogotá - Manizales y como resultado de lo anterior, se recomienda una red de 20 plataformas logísticas, entre las cuales está el Área Logística de Consolidación de Carga en Manizales y no en Pereira.

Tampoco aparecen definidas vías para el departamento, en la primera etapa, dentro de los 19 tramos de vías complementarias para la competitividad. Sin embargo, lo más significativo para nosotros es que a través de un documento Conpes se defina a Palestina, como el aeropuerto regional del Café y se garanticen inversiones para su construcción, que comprometen vigencias futuras del gobierno nacional. Una obra de infraestructura innecesaria para la competitividad de esta región, un capricho entendible de los Caldenses, pero, una insensatez del gobierno nacional, que debe poner por encima de los intereses de cada departamento, una agenda de desarrollo regional. La mejor economía de escala no es concesionar los tres aeropuertos, es no invertir en lo que no se necesita y orientar los recursos para el desarrollo regional conectado al Pacífico.

Con Cautela

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 12 de mayo de 2009

El gobierno nacional debe respetar la autonomía territorial para definir el futuro de nuestro Aeropuerto Matecaña. Una concesión regional podría afectar el mercado de Pereira para hacer viables los aeropuertos del Edén (Armenia) y Palestina (Manizales). ¿Por qué una concesión regional?  Una explicación podría ser que el retorno de la inversión del concesionario no se recupera en algunos aeropuertos y por eso se requiere que las utilidades del Matecaña compensen las pérdidas de los vecinos.

El Aeropuerto Matecaña, sí necesita inversiones permanentes para ser competitivo, sin embargo, la estrategia de financiación merece un análisis riguroso.  Los estudios técnicos, que presente el gobierno nacional, para justificar la concesión regional requieren ser analizados no sólo por expertos, sino por personas que tengan claros nuestros intereses y prioridades locales.

Si el Aeropuerto Matecaña hubiese sido prioritario en la pasada administración, no se hubiese excluido del paquete de obras de valorización, la vía de acceso al aeropuerto, pero, extrañamente fue sacada, quedando otras obras que no son tan necesarias para la ciudad.

No obstante, el tema de los aeropuertos es una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de los proyectos de transporte en la región y sobre la agenda de desarrollo económico de la que deberían hacer parte. En el país se han definido unos centros de logística, entre los que, sorprendentemente, se encuentra Manizales (Revista Dinero) y no Pereira. Hecho que no ha despertado la debida preocupación en el departamento.

Esta situación, muestra una gran debilidad institucional local para definir la agenda de inversiones en infraestructura necesaria para la competitividad de nuestras ciudades. Lo que ocurra con nuestros vecinos y con el resto del país puede complementar o competir con nuestra estrategia de desarrollo, lo importante es saber diferenciar lo uno de lo otro. Por ejemplo, el metro de Bogotá es un problema nacional, si el país se embarca en ese proyecto se concentrará la capacidad fiscal de inversión del país en la capital y se limitarán los recursos para nuestra región.

Egoyá: Todos Ponemos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 28 de abril de 2009

El miércoles de la semana pasada, la CARDER llamó la atención sobre la necesidad de asumir el problema del colector Egoyá como un asunto de ciudad que compete a diferentes instituciones. Para el director de la entidad, el colector Egoyá es “el problema ambiental más grande que tiene Pereira” (La Tarde, 23 de abril).

La puesta en marcha de las soluciones requiere inversiones. Los recursos para los temas ambientales son transferidos por el municipio de Pereira a la CARDER, de acuerdo con la sobretasa al impuesto predial. Por ejemplo, en los últimos tres años el municipio de Pereira ha transferido a la CARDER más de 24 mil millones de pesos: más de 6.341 millones en el año 2006, más de 7.000 millones en el año 2007 y el año pasado más de 11.000 millones.

Propone la CARDER que las obras para el colector Egoyá se incluyan dentro de los Proyectos del Sesquicentenario. Para el municipio de Pereira sería muy importante que un porcentaje anual de los recursos transferidos a la CARDER se destinen para Egoyá, desde este año hasta la fecha del Sesquicentenario. Un convenio entre el municipio, la CARDER, Aguas y Aguas y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial puede definir las responsabilidades de cada entidad y los aportes concretos para implementar una solución.

La intervención integral sobre la zona del colector Egoyá permitiría no sólo eliminar el riesgo actual, sino también la generación de un gran espacio público que le daría continuidad al Parque Lineal, que inicia en Ciudad Victoria y debe culminar en la calle 27. Los nuevos desarrollos inmobiliarios en las manzanas cerca al parque podrían ayudar a cofinanciar la generación del espacio público, según lo determinen los estudios técnicos que el municipio de Pereira plantea realizar en la zona. 

La ejecución del proyecto es fundamental para darle continuidad a los procesos de renovación urbana y para consolidar el modelo de ciudad propuesto en el Plan de Ordenamiento de Pereira.  

Hace Siete Años

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 21 de abril de 2009

La semana pasada La Tarde publicó una noticia titulada “El Municipio aún desconoce la cifra real de sus predios”. La noticia sorprende por dos razones: en primer lugar, por el hecho en sí, es decir, quienes tienen a cargo la administración del municipio no conocen el inventario de sus bienes inmuebles y en segundo lugar, por la falta de investigación periodística que desinforma a la opinión pública por no consultar diferentes fuentes de información.

Entre el año 2001 y el año 2003, dentro del Programa de Modernización Institucional, la Secretaría de Servicios Administrativos a cargo de la doctora María Ruby Jaramillo, formuló y ejecutó el proyecto Actualización, Valoración y Legalización de los Bienes del Municipio de Pereira. El proyecto respondía a dos necesidades: una determinada por los objetivos del Programa de Modernización Institucional del plan de desarrollo y la otra, a un requerimiento de la Contaduría General de la Nación que establecía la necesidad de soportar con un inventario real, el valor de los bienes incluidos en el Balance General del Municipio de Pereira.

Con el proyecto se logró la adquisición de hardware y software, la localización y la organización documental de los títulos, el registro fotográfico de los bienes inmuebles y el avalúo de cuatrocientos predios. El inventario identificó 1.924 bienes de propiedad del municipio, 90% de ellos con estudio de títulos. La sistematización de la información, incluyó 3.500 predios que corresponden a áreas de cesión. El proyecto no podía concluir en un periodo administrativo por la complejidad y la dinámica permanente del proceso de identificación y de adquisición de bienes muebles e inmuebles. Esta información hace parte del informe de gestión de la Secretaría de Servicios Administrativos y fue incluida en el acta de empalme entregada a la administración que inició su periodo en el año 2004.

Lo extraño es que La Tarde informa que “hace seis o siete años en alguna administración, después de que fue creada la oficina de bienes inmuebles, la actualización del inventario,… sufrió una lesión grave…, el inventario dejó de surtirse, fue desatendido…”. En realidad ocurrió todo lo contrario, por primera vez hace siete años se realizó el inventario de bienes inmuebles del municipio. Tampoco es cierto que se haya creado ninguna oficina de bienes inmuebles en esa época. La pregunta entonces es: ¿qué se hizo el inventario de bienes del municipio?, ¿quién maneja el software que contiene la información de los bienes del municipio?, ¿existe un proyecto de inversión para complementar y actualizar el inventario?, ¿cuál es el interés de desinformar? 

Dinero y Votos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, domingo 12 de abril de 2009

Recientemente, el gobierno planteó la posibilidad de incluir en la reforma política, la financiación completamente estatal de las campañas políticas. Si el sistema electoral colombiano hubiese demostrado algún avance en el control del origen de los dineros o en la manera y en los montos invertidos en las campañas políticas, la propuesta sería positiva. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta.

Muchas campañas, son financiadas con recursos del narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla o la corrupción. Situación a la que no escapan la mayoría de los partidos políticos en Colombia, con razón afirmaba Max Weber, “las finanzas de los partidos son el camino menos claro de la historia de éstos y, sin embargo, uno de los más importantes al revelar ciertas relaciones políticas al interior y exterior de tales partidos”.

Los recursos de diverso origen se pueden invertir en la compra de líderes o de votos, en la financiación de campañas negras contra los contendores, en fiestas y dádivas, sin que existan mecanismos eficaces de control en el sistema electoral vigente.

El control al tope máximo de gastos permitido en las campañas políticas, es otra de las normas burladas en cada proceso electoral. No existen mecanismos para controlar el inicio de los gastos de una campaña. La publicidad la inician antes del tiempo establecido por la ley y no se conoce sanción alguna, por parte del Consejo Nacional Electoral.

Tampoco sanción moral, para los candidatos que violan las normas electorales por parte de la ciudadanía. Todo lo contrario, el testimonio de algunos líderes en los barrios de Pereira, es una muestra de la cultura política que soporta el sistema electoral colombiano, es triste escucharlos decir: “ese candidato es fuerte, sabemos que robó mucha plata, pero estamos esperando que venga a soltarla en los barrios”. 

Todo esfuerzo por mejorar los controles al sistema electoral colombiano contribuye a la legitimidad del sistema democrático, pero antes de llegar al financiamiento público total de las campañas es necesario que existan mecanismos eficaces de control y supervisión de los recursos, por parte de los partidos políticos y de los organismos de control electoral.

Impuesto Predial

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 7 de abril  de 2009

La gestión del suelo se refiere, entre otros, a la financiación del desarrollo urbano a través de impuestos y contribuciones derivados de la tierra.  A través de un régimen de suelo, se establecen los derechos y los deberes de los propietarios de los terrenos en el desarrollo de la ciudad y la forma de aplicar los instrumentos de gestión del suelo, es decir, la forma como los predios deben contribuir a financiar el desarrollo de la ciudad.

Esa aplicación de los instrumentos debe estar articulada con el ordenamiento territorial, adoptado en el Plan de Ordenamiento, que define las posibilidades de desarrollo de los terrenos o de los inmuebles. No obstante, debe existir mayor claridad y mayor concertación para definir quién paga que, en el desarrollo urbano de las ciudades. 

Adicionalmente, ningún instrumento de gestión por eficiente que sea, puede aplicarse sin que exista un análisis de la coyuntura, por la que atraviesa la ciudad, así como de la capacidad de pago de la gente. Las propiedades no valen por lo que son en sí mismas, sino por la explotación económica que pueda hacerse de ellas o el valor que otro, esté dispuesto a pagar por ellas.

La actualización catastral realizada por el IGAC y los cobros de predial, que se generaron con base en ella, no han tenido en cuenta los aspectos señalados. En primer lugar, en varios casos no se consideraron los usos establecidos en el Plan de Ordenamiento, situación que no sólo afecta al propietario, sino también al municipio que deberá pagar por las obras públicas, un mayor valor por las propiedades cuyos usos están destinados a espacios públicos o vías.

En segundo lugar, la coyuntura socioeconómica no permite unos incrementos tan altos. El impuesto predial excede, en algunos casos, el doble del monto liquidado en el año inmediatamente anterior, situación que merece una revisión a luz de la legislación vigente.  Aún sin crisis económica, los negocios lícitos, no crecen tan exageradamente para pagar incrementos diez o veinte veces más el valor del IPC.

La actualización catastral, que debió implementar la administración anterior, tiene aspectos positivos como la incorporación de nuevos predios y seguramente la corrección, en varios casos, de errores en las áreas o en los avalúos, pero definitivamente, por las razones expuestas, es necesario una revisión y un ajuste a los cobros establecidos a los ciudadanos, que no pueden contribuir, por encima de su capacidad, al desarrollo de la ciudad.