Egoyá: Todos Ponemos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 28 de abril de 2009

El miércoles de la semana pasada, la CARDER llamó la atención sobre la necesidad de asumir el problema del colector Egoyá como un asunto de ciudad que compete a diferentes instituciones. Para el director de la entidad, el colector Egoyá es “el problema ambiental más grande que tiene Pereira” (La Tarde, 23 de abril).

La puesta en marcha de las soluciones requiere inversiones. Los recursos para los temas ambientales son transferidos por el municipio de Pereira a la CARDER, de acuerdo con la sobretasa al impuesto predial. Por ejemplo, en los últimos tres años el municipio de Pereira ha transferido a la CARDER más de 24 mil millones de pesos: más de 6.341 millones en el año 2006, más de 7.000 millones en el año 2007 y el año pasado más de 11.000 millones.

Propone la CARDER que las obras para el colector Egoyá se incluyan dentro de los Proyectos del Sesquicentenario. Para el municipio de Pereira sería muy importante que un porcentaje anual de los recursos transferidos a la CARDER se destinen para Egoyá, desde este año hasta la fecha del Sesquicentenario. Un convenio entre el municipio, la CARDER, Aguas y Aguas y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial puede definir las responsabilidades de cada entidad y los aportes concretos para implementar una solución.

La intervención integral sobre la zona del colector Egoyá permitiría no sólo eliminar el riesgo actual, sino también la generación de un gran espacio público que le daría continuidad al Parque Lineal, que inicia en Ciudad Victoria y debe culminar en la calle 27. Los nuevos desarrollos inmobiliarios en las manzanas cerca al parque podrían ayudar a cofinanciar la generación del espacio público, según lo determinen los estudios técnicos que el municipio de Pereira plantea realizar en la zona. 

La ejecución del proyecto es fundamental para darle continuidad a los procesos de renovación urbana y para consolidar el modelo de ciudad propuesto en el Plan de Ordenamiento de Pereira.  

Hace Siete Años

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 21 de abril de 2009

La semana pasada La Tarde publicó una noticia titulada “El Municipio aún desconoce la cifra real de sus predios”. La noticia sorprende por dos razones: en primer lugar, por el hecho en sí, es decir, quienes tienen a cargo la administración del municipio no conocen el inventario de sus bienes inmuebles y en segundo lugar, por la falta de investigación periodística que desinforma a la opinión pública por no consultar diferentes fuentes de información.

Entre el año 2001 y el año 2003, dentro del Programa de Modernización Institucional, la Secretaría de Servicios Administrativos a cargo de la doctora María Ruby Jaramillo, formuló y ejecutó el proyecto Actualización, Valoración y Legalización de los Bienes del Municipio de Pereira. El proyecto respondía a dos necesidades: una determinada por los objetivos del Programa de Modernización Institucional del plan de desarrollo y la otra, a un requerimiento de la Contaduría General de la Nación que establecía la necesidad de soportar con un inventario real, el valor de los bienes incluidos en el Balance General del Municipio de Pereira.

Con el proyecto se logró la adquisición de hardware y software, la localización y la organización documental de los títulos, el registro fotográfico de los bienes inmuebles y el avalúo de cuatrocientos predios. El inventario identificó 1.924 bienes de propiedad del municipio, 90% de ellos con estudio de títulos. La sistematización de la información, incluyó 3.500 predios que corresponden a áreas de cesión. El proyecto no podía concluir en un periodo administrativo por la complejidad y la dinámica permanente del proceso de identificación y de adquisición de bienes muebles e inmuebles. Esta información hace parte del informe de gestión de la Secretaría de Servicios Administrativos y fue incluida en el acta de empalme entregada a la administración que inició su periodo en el año 2004.

Lo extraño es que La Tarde informa que “hace seis o siete años en alguna administración, después de que fue creada la oficina de bienes inmuebles, la actualización del inventario,… sufrió una lesión grave…, el inventario dejó de surtirse, fue desatendido…”. En realidad ocurrió todo lo contrario, por primera vez hace siete años se realizó el inventario de bienes inmuebles del municipio. Tampoco es cierto que se haya creado ninguna oficina de bienes inmuebles en esa época. La pregunta entonces es: ¿qué se hizo el inventario de bienes del municipio?, ¿quién maneja el software que contiene la información de los bienes del municipio?, ¿existe un proyecto de inversión para complementar y actualizar el inventario?, ¿cuál es el interés de desinformar? 

Dinero y Votos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, domingo 12 de abril de 2009

Recientemente, el gobierno planteó la posibilidad de incluir en la reforma política, la financiación completamente estatal de las campañas políticas. Si el sistema electoral colombiano hubiese demostrado algún avance en el control del origen de los dineros o en la manera y en los montos invertidos en las campañas políticas, la propuesta sería positiva. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta.

Muchas campañas, son financiadas con recursos del narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla o la corrupción. Situación a la que no escapan la mayoría de los partidos políticos en Colombia, con razón afirmaba Max Weber, “las finanzas de los partidos son el camino menos claro de la historia de éstos y, sin embargo, uno de los más importantes al revelar ciertas relaciones políticas al interior y exterior de tales partidos”.

Los recursos de diverso origen se pueden invertir en la compra de líderes o de votos, en la financiación de campañas negras contra los contendores, en fiestas y dádivas, sin que existan mecanismos eficaces de control en el sistema electoral vigente.

El control al tope máximo de gastos permitido en las campañas políticas, es otra de las normas burladas en cada proceso electoral. No existen mecanismos para controlar el inicio de los gastos de una campaña. La publicidad la inician antes del tiempo establecido por la ley y no se conoce sanción alguna, por parte del Consejo Nacional Electoral.

Tampoco sanción moral, para los candidatos que violan las normas electorales por parte de la ciudadanía. Todo lo contrario, el testimonio de algunos líderes en los barrios de Pereira, es una muestra de la cultura política que soporta el sistema electoral colombiano, es triste escucharlos decir: “ese candidato es fuerte, sabemos que robó mucha plata, pero estamos esperando que venga a soltarla en los barrios”. 

Todo esfuerzo por mejorar los controles al sistema electoral colombiano contribuye a la legitimidad del sistema democrático, pero antes de llegar al financiamiento público total de las campañas es necesario que existan mecanismos eficaces de control y supervisión de los recursos, por parte de los partidos políticos y de los organismos de control electoral.

Impuesto Predial

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 7 de abril  de 2009

La gestión del suelo se refiere, entre otros, a la financiación del desarrollo urbano a través de impuestos y contribuciones derivados de la tierra.  A través de un régimen de suelo, se establecen los derechos y los deberes de los propietarios de los terrenos en el desarrollo de la ciudad y la forma de aplicar los instrumentos de gestión del suelo, es decir, la forma como los predios deben contribuir a financiar el desarrollo de la ciudad.

Esa aplicación de los instrumentos debe estar articulada con el ordenamiento territorial, adoptado en el Plan de Ordenamiento, que define las posibilidades de desarrollo de los terrenos o de los inmuebles. No obstante, debe existir mayor claridad y mayor concertación para definir quién paga que, en el desarrollo urbano de las ciudades. 

Adicionalmente, ningún instrumento de gestión por eficiente que sea, puede aplicarse sin que exista un análisis de la coyuntura, por la que atraviesa la ciudad, así como de la capacidad de pago de la gente. Las propiedades no valen por lo que son en sí mismas, sino por la explotación económica que pueda hacerse de ellas o el valor que otro, esté dispuesto a pagar por ellas.

La actualización catastral realizada por el IGAC y los cobros de predial, que se generaron con base en ella, no han tenido en cuenta los aspectos señalados. En primer lugar, en varios casos no se consideraron los usos establecidos en el Plan de Ordenamiento, situación que no sólo afecta al propietario, sino también al municipio que deberá pagar por las obras públicas, un mayor valor por las propiedades cuyos usos están destinados a espacios públicos o vías.

En segundo lugar, la coyuntura socioeconómica no permite unos incrementos tan altos. El impuesto predial excede, en algunos casos, el doble del monto liquidado en el año inmediatamente anterior, situación que merece una revisión a luz de la legislación vigente.  Aún sin crisis económica, los negocios lícitos, no crecen tan exageradamente para pagar incrementos diez o veinte veces más el valor del IPC.

La actualización catastral, que debió implementar la administración anterior, tiene aspectos positivos como la incorporación de nuevos predios y seguramente la corrección, en varios casos, de errores en las áreas o en los avalúos, pero definitivamente, por las razones expuestas, es necesario una revisión y un ajuste a los cobros establecidos a los ciudadanos, que no pueden contribuir, por encima de su capacidad, al desarrollo de la ciudad.