La Democracia Empeñada

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 28 de octubre de 2008

El pasado fin de semana, se celebraron las consultas de tres importantes partidos políticos, que pretende avanzar en su democratización. El fortalecimiento de los partidos es un componente necesario para el buen funcionamiento del sistema político colombiano. Sin embargo, el problema estructural de nuestro sistema político es consecuencia del dinero, producto del narcotráfico y de la corrupción, que soporta el sistema electoral.

El caso del Presidente del Senado ilustra muy bien la situación de muchos congresistas, diputados, concejales, alcaldes o gobernadores. El senador conservador, le ha explicado a la opinión pública, que el capital que había logrado conseguir en su profesión como abogado, lo fue perdiendo y desde que ingresó a la política vive endeudado, que el paga sus deudas y se vuelve a endeudar y así ha sobrevivido.  Seguramente esa es su situación.

El costo para lograr rendimientos electorales en Colombia es altísimo. Los dineros del narcotráfico, de lavado de dólares, de la corrupción o de diferentes formas de procedencia lícita o ilícita ingresan en enormes cantidades a las campañas políticas y han hecho de la política un negocio, por eso no sorprende que quienes no recurren a fuentes de financiación ilícita en muchos casos, pierdan los ahorros conseguidos con su profesión, vivan endeudados, pongan en riesgo el patrimonio de sus familias o vivan en lamentables condiciones de iliquidez.

Los que se mueven en el mundo político, abiertamente reconocen, como lo hizo otro congresista investigado, ante los medios de comunicación, que “todo el mundo sabe, que las campañas cuestan mucho más de lo que permite la ley”. Como no existen controles efectivos sobre los gastos de las campañas, el mercado electoral establece su propia mano invisible y hoy se estima que una campaña al Senado de la República cuesta 2.000 millones de pesos y una a la Cámara de Representantes 800 millones de pesos.  

Como en cualquier mercado hay una cadena de intermediarios para llegar al elector, unos con curul y otros sin ella, pero de todas maneras cobran su margen de intermediación. El mercado se apoya comúnmente en los representantes de la comunidad, comuneros o presidentes de junta de los barrios, que ante sus dificultades de supervivencia personal y familiar venden los votos de sus comunidades, por dinero o por puestos de trabajo para ellos o para sus familiares.  El clientelismo alivia la carga financiera, de los aspirantes que pueden a recurrir a el, porque pueden apoyarse, en los puestos de las administraciones públicas, para comprometer el voto de los intermediarios, sin tener que invertir dinero.   

No puede haber una verdadera reforma política para el país, sin una transformación del sistema electoral y sin un cambio en la cultura política.

Cincuenta y Nueve Puestos Menos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 21 de octubre de 2008

Cincuenta y nueve (59) puestos, perdió el municipio de Pereira en el ranking de desempeño fiscal, entre el año 2006 y el año 2007, de acuerdo con el último informe del Departamento Nacional de Planeación, publicado la semana pasada. En el año 2007 Pereira ocupó el puesto 128. La capital del departamento había estado en los primeros lugares de desempeño fiscal, incluso en el gobierno de Martha Elena Bedoya, alcanzó a ocupar el primer lugar en desempeño fiscal, dentro de las 32 capitales del país.

Los mayores cambios sufridos en Pereira entre el año 2006 y el año 2007 se explican por un aumento en el endeudamiento, una disminución en los recaudos de recursos propios y una mayor dependencia de las transferencias del gobierno nacional.

La magnitud de la deuda pasó del año 2006 al año 2007 del 11,19 al 16,29, el nivel de endeudamiento del municipio ha venido en aumento. En cuatro años aumentó más de seis puntos. El indicador en el año 2003, estaba en 9,6 puntos.   

El porcentaje de ingresos que corresponde a recursos propios, uno de los indicadores más importantes para los fiscos municipales, disminuyó pasando de 35,36% en el año 2006 al 31,79%, en el año 2007. La situación económica local, influye en el comportamiento de este indicador, dadas las buenas condiciones locales del año 2007, los recaudos deberían haber mejorado.

Hubo una mayor dependencia de las transferencias del gobierno nacional, mientras en el año 2006 el porcentaje de ingresos que corresponde a transferencias estaba en el 40,98% en el 2007 estaba en el 50,70%.

La concentración de funciones en el sector central y la liquidación de varias entidades descentralizadas como el Instituto Municipal de Parques y Arborización (IMPAR), el Instituto Local de Salud y el Instituto de Deporte y Recreación (INDER) se refleja en una disminución en los gastos de funcionamiento y un aumento en las ejecuciones de inversión.

El porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento pasó del 58,25 en el 2006 al 54,91 en el 2007 y el porcentaje del gasto total destinado a inversión pasó del 78,62 al 81,15 en el mismo período.   

El municipio de Pereira no quedó rajado, ni tampoco está en una situación crítica, lo que si perdió fue muchas posiciones en el ranking nacional y desmejoró en los indicadores mencionados. El Departamento Nacional de Planeación le recomienda a las nuevas administraciones en los municipios que han desmejorado, “evitar aumentos irresponsables del déficit fiscal y del endeudamiento”.

¿Qué va a pasar con los más pobres?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, miércoles 15 de octubre de 2008

Entre un cuarto y la mitad de la desigualdad de ingreso, observada entre los adultos de América Latina y el Caribe, tienen sus causas en circunstancias personales que vivieron cuando eran niños, sobre las cuales no tuvieron control ni responsabilidad, como la raza, el género, el lugar de nacimiento y la educación de los padres. Dichas circunstancias revelan el nivel de desigualdad de oportunidades en la región, de acuerdo con el Índice de Oportunidades Humanas (IOH), presentado este mes por el Banco Mundial.

El IOH permite determinar la importancia relativa de las circunstancias personales para abrir o cerrar el acceso a los servicios necesarios para una vida productiva. El IOH mide el acceso a servicios como agua potable, saneamiento, electricidad o educación básica entre los niños de la región.

Para Colombia y los demás países de América Latina y el Caribe, donde el 10% más rico de la población captura 40% del ingreso total y el 10% más pobre obtiene sólo el 1%, el IOH es una buena herramienta para establecer políticas públicas orientadas a disminuir la inequidad.

El IOH se aplicó a 200 millones de niños en 19 países de la región. El índice va de 0 (total privación) a 100 (universalidad) y se calcula con base en el acceso a los servicios de agua potable, de saneamiento, de electricidad y de educación básica. El IOH mejora si hay más oportunidades y si las mismas se distribuyen de manera más equitativa. Con el IOH se pueden identificar los factores que determinan el mayor o menor acceso a esos servicios fundamentales.

Los factores más determinantes en el acceso a los servicios son: el lugar de nacimiento y el ingreso de los padres. Un cuarto de la desigualdad del ingreso que existe en Colombia, se debe a circunstancias que enfrentaron las personas, en las etapas iniciales de sus vidas y que estaban fuera de control.

El IOH para los niños en América Latina ha aumentado, en la última década, en todos los servicios básicos (educación, agua, electricidad y saneamiento), principalmente por el incremento en el acceso promedio.

El crecimiento económico mundial, en los últimos años, ha tenido un impacto positivo en la economía latinoamericana y en los ingresos de los padres y por lo tanto, en el acceso de los niños a esas oportunidades básicas. La desaceleración de la economía mundial y las menores tasas de crecimiento que se esperan para este año y el siguiente, afectarán el empleo y los ingresos y por lo tanto, las oportunidades de acceso de muchos niños a los servicios básicos. El estudio debería servir como punto de partida para un tema que hasta el momento no se ha abordado: ¿cuál va a ser el impacto, en términos de equidad, de la crisis económica mundial?, ¿cómo se van a afectar los niños de las familias más pobres?

Tres Minutos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 7 de octubre de 2008

El resultado de la gestión fiscal de la gobernación de Risaralda al cierre del año 2007, aunque mantiene variables favorables, tiene muchos puntos negativos, de acuerdo con el Informe sobre la Viabilidad Fiscal de los Departamentos, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Departamento de Risaralda sostuvo un desempeño favorable en la mayoría de los indicadores, como son: la generación de ahorro corriente y superávit primario, la sostenibilidad de la deuda, la ejecución de gastos de funcionamiento, dentro de los límites de la ley 617 y la provisión de recursos para pagar el pasivo pensional.

No obstante, el balance entre los ingresos efectivamente recaudados en el año y los gastos comprometidos en el mismo período fue deficitario en $ 20.596 millones.

La deuda del departamento aumentó considerablemente durante el año 2007 llegando a los $36.598 millones, con un crecimiento de 2.4 veces frente al saldo de la deuda, al cierre de la vigencia del año 2006. En el 2007 se celebraron y desembolsaron créditos por $22.666 millones. Las amortizaciones de los créditos se concentran en el 2010 y en el 2011 y este año la gobernación tiene vencimientos de deudas por $39.759 millones.

El ahorro corriente decreció del año 2006 al año 2007 un 53%. Las cuentas por pagar aumentaron un 71% y son la principal causa del aumento del pasivo total. El departamento tiene un pasivo pensional alto. Por cada funcionario activo, existen cinco pensionados a cargo del departamento, que representan un costo de $8.597 millones al año.

Aunque los gastos de funcionamiento, como proporción de los ingresos de libre destinación, siguen dentro de los límites que establece la ley 617, el Ministerio de Hacienda, considera “notorio” el aumento de los gastos de personal del 17%, de los gastos generales del 25% y de las transferencia del 23%.

Por último, la gobernación sobrepasó el límite de transferencia de recursos a la Contraloría, que establece la ley 617. Entre el año 2006 y el año 2007 se aumentó un 32% el presupuesto de la Contraloría,  cuando sólo podía aumentarse con base en el índice de inflación.

La administración departamental pudo incrementar el gasto público en el último cuatrenio, gracias al ajuste financiero hecho por sus antecesores (Carlos Arturo López y Elsa Gladys Cifuentes), representado en la disminución de los pasivos y el aumento de los excedentes financieros. El dinamismo económico, con un crecimiento real promedio del Producto Interno Bruto, del 6 por ciento anual, en los últimos 4 años, favoreció el aumento de los recursos propios. La actual administración inició con unas condiciones fiscales diferentes y una economía en desaceleración.