martes, julio 25, 2006

Con orgullo no se financia la salud departamental

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 25 de julio de 2006

La opinión pública debe conocer, si existen, los argumentos que justifican la decisión de cerrar las fronteras al Aguardiente Antioqueño y al Ron Medellín. Todos los columnistas de este diario, que hasta el momento, han analizado el tema, consideran negativa la decisión tomada por el gobernador del departamento.

Las razones para criticar la medida son claras: los convenios de introducción de licores en los departamentos, son mecanismos generadores de ingresos, son una fuente de financiación de los presupuestos departamentales, una forma de garantizar los recursos que necesita el sector salud.

Un buen convenio es aquel que genere la mayor cantidad de recursos a las finanzas territoriales. En virtud del convenio firmado, entre el departamento de Risaralda y la Fábrica de Licores de Antioquia, los ingresos transferidos por este último, al departamento, pasaron de 4.139 millones en el año 2004 a 8.564 millones en el año 2005, durante el presente año se proyectaba una transferencia de recursos de aproximadamente 7.000 millones de pesos.

Por lo tanto, el convenio con el departamento de Antioquia estaba cumpliendo los fines que justifican su existencia, es decir, los ingresos del departamento han aumentado gracias a las mayores transferencias que ha venido realizando la Fábrica de Licores de Antioquia.

Risaralda ha mejorado su desempeño fiscal, no sólo por la disminución de sus gastos a través de la reestructuración administrativa y la disminución de su deuda, sino también, por el aumento de sus ingresos. En consecuencia, la decisión de cerrar las fronteras tendrá impacto sobre la calificación que recibirá el departamento, precisamente, será la variación en los ingresos, la mejor medida para calificar, en el futuro, los efectos de la decisión administrativa en discusión.

La defensa de los ingresos es la principal responsabilidad pública y no el mecanismo utilizado o quien haga la comercialización. La preferencia del consumidor por el Aguardiente Antioqueño no se va a cambiar cerrando las fronteras a la Fábrica de Licores de Antioquia. La demanda se satisfacerá como se ha señalado, en repetidas ocasiones, con mayor contrabando. En otras palabras, se corre el riesgo de no sustituir la demanda de Aguardiente Antioqueño y convertirla en un contrabando que no va a generar ningún ingreso para el fisco departamental.

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¿Por qué a las directivas del Partido Liberal en Risaralda les preocupa la violación a la ley de reforma política, cuando nueve concejales deciden renunciar a ese partido, pero no les preocupó cuando renunciaron a los partidos uribistas para ingresar a ese partido? La “volatilidad” de los concejales en el municipio es alta, en un solo período, hay concejales que han estado en tres partidos y es posible que no conozcan los estatutos de ninguno de los tres partidos a los que han pertenecido.

martes, julio 18, 2006

Reforma Tributaria y Equidad

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 18 de julio de 2006

Las reformas tributarias pueden tener impacto positivo o negativo sobre las principales variables económicas como son: la inversión, el ahorro o el consumo e igualmente sobre la distribución del ingreso. En Colombia, dado el alto déficit fiscal y la insuficiencia de las reformas adelantadas hasta el momento, se ha planteado, en repetidas ocasiones, la necesidad de una reforma tributaria estructural e integral. Sin embargo, la nueva reforma que presentará el gobierno nacional al Congreso de la República ha despertado, con razón, preocupación en diferentes sectores de la población.

La reforma tiene aspectos positivos como son: primero, el reconocimiento de la empresa como motor de la inversión y del empleo. Se propone disminuir el impuesto de renta para los negocios del 35% al 33% en el primer año de aplicación de la reforma y al 32%, en el segundo año. Se busca establecer reglas de juego claras para la inversión y no perder competitividad por tener una tarifa en el país, por encima de otros en América Latina. Lo importante sería llegar a una tarifa general para todos, sin embargo, hoy muchas empresas cuentan con beneficios tributarios especiales. Muchas de las exenciones, las exoneraciones o los descuentos se han otorgado sin analizar con profundidad sus beneficios. Lo mismo ocurre en los municipios, donde en muchos casos, se otorgan beneficios tributarios que responden a intereses particulares y no generales. En segundo lugar, la reforma simplificará las clasificaciones y facilitará los recaudos. Tercero, la reforma busca aumentar el impuesto a los grandes patrimonios de un 0.3% a un 1%.

A pesar de lo anterior, la reforma tributaria es inequitativa por varias razones: los más afectados con un IVA a los servicios públicos serán las personas más pobres. Se pretende cobrar un IVA del 10% al 12%. El pago de los servicios públicos es hoy uno de los principales gastos de los hogares en Colombia. Las encuestas han mostrado que la gente considera, como uno de sus principales problemas, el costo de los servicios públicos. Con razón, la bancada del partido de la U decidió no aprobar el IVA a los servicios públicos.

Tampoco se debe disminuir, la limitada capacidad de compra de los estratos 1, 2 y 3, con la ampliación del IVA a una gran cantidad de productos de la canasta familiar como los huevos, el pan, la yuca, la papa, la leche, el plátano, las hortalizas, las frutas y las carnes de pollo y res. Si no se cobrará a esos estratos el IVA, no sería necesario establecer, el complicado sistema de devolución del mismo. Incluso sería preferible que se continuara con el 4 por mil a las transacciones financieras y no ampliar el IVA a los bienes básicos de la canasta familiar. Las hogares con bajos ingresos, que son la mayoría, viven al día, normalmente la plata sólo les alcanza para comprar media libra de carne, media libra de arroz o media libra de papa.

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Permanentemente deberíamos izar nuestra bandera como lo hacen otros países. La nuestra escasamente se ondea en algunos parques o en algunas vías, incluso a veces, permanecen sucias y nadie las lava o las cambia. Todos cumplamos el deber cívico de izar la bandera de Colombia, el próximo jueves 20 de julio.

martes, julio 11, 2006

Las Niñas y los niños en peligro

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 11 de julio de 2006

La UNICEF ha calificado la explotación sexual de los niños como una manifestación moderna de la esclavitud, sin lugar a dudas, es la forma de trabajo infantil más destructiva. A través de ella, los niños son abusados sexualmente por un adulto a cambio de una remuneración en dinero o en especie dada a ellos o a un tercero.

Las modalidades de la explotación sexual incluyen, entre otros, la prostitución infantil, la pornografía, el turismo sexual, la trata de niños y niñas con fines sexuales y matrimonios pagados con niñas para servir sexualmente a los maridos. También la internet es un medio utilizado para la explotación sexual comercial.

Se estima que de 12.3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzado, 1.39 millones son obligados a la explotación sexual comercial y de éstos, entre el 40 y el 50 por ciento, son niños (Organización Internacional del Trabajo, 2005). En Colombia, aproximadamente, 30.000 menores de edad son víctimas de explotación sexual.

Los mecanismos de protección existentes para los niños se están quedando cortos frente al aumento de este fenómeno. La UNICEF ha propuesto en primer lugar, que los gobiernos reconozcan la existencia de la explotación sexual e implementen medidas legales de protección a los niños y castigo a los explotadores. Sin embargo, en Colombia no se ha reconocido la dimensión del problema. El estudio que analizó las políticas para los niños, en los planes de desarrollo de los departamentos y municipios del país, mostró que, en menos del 30 por ciento de ellos, se incluyeron políticas para prevenir la explotación sexual infantil.

En segundo lugar, se pretende un cambio en las actitudes, las costumbres y las prácticas de la comunidad para que denuncien los casos de explotación sexual infantil. La gente por lo general no interviene en esos casos sea por falta de conocimiento, por no comprender el daño que se le hace a los niños, por miedo o intimidación o por razones económicas.

Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo, a través de la Fundación Esperanza, en tres municipios del país, concluyó que el 67% de los menores explotados sexualmente aseguran que sus familias saben que se dedican a la prostitución pero lo aceptan porque ellos aportan recursos económicos para sus hogares.

La situación en Colombia ha hecho más vulnerables los niños a la explotación sexual comercial. Un estudio realizado en once municipios del país, cuyos hallazgos fueron publicados el pasado domingo en El Espectador, reveló varios factores que inciden en el fenómeno de la explotación sexual infantil como son: el conflicto armado, el desplazamiento, la desintegración y deterioro del entorno familiar, la marginalidad, la conformación de pandillas y la pobreza. El estudio también mostró como la mayoría de los casos de explotación afecta a las niñas. El 80.1 por ciento de los 2117 menores cuyos derechos están siendo vulnerados a través de la explotación sexual comercial son niñas.

Políticas públicas integrales, acción decidida de los gobiernos departamentales y municipales, mayor conciencia ciudadana y educación a los padres y a los niños son tareas urgentes para enfrentar la explotación sexual de las niñas y los niños en Colombia.

martes, julio 04, 2006

Comentarios

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 4 de julio de 2006

Hace quince años se aprobó la Constitución de 1991 fruto de un importante consenso político. Se avanzó en el reconocimiento de derechos fundamentales y se establecieron mecanismos para garantizarlos. La acción de tutela ha sido uno de los más importantes, sin ella, en el perverso sistema de salud, miles de personas se hubiesen quedado, sin ningún tipo de atención. Se reconoció al Estado colombiano como un Estado Social de Derecho y como un Estado pluralista y tolerante. Se abrió el camino a la descentralización administrativa y la posibilidad de establecer una nueva organización territorial, ésta última, aún sin reglamentar por parte del Congreso de la República.

Las dificultades que se han presentado en los últimos años, por el choque de trenes entre las altas cortes, no son razón suficiente para criticar como un todo la nueva Constitución Nacional o para presentar un balance negativo. Muchos aspectos pueden renovarse o reglamentarse sin poner en riesgo los derechos ganados. Desafortunadamente las agendas legislativas se quedan, muchas veces, en proyectos de ley que no son prioritarios o no se aprueban las reformas que se necesitan como ocurrió con la de la ley 100.

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La Plaza Cívica es el espacio público más representativo del plan de renovación Ciudad Victoria, sus parqueaderos fueron concebidos para cumplir varios propósitos: cubrir las necesidades de estacionamiento de la zona del plan y su área de influencia, ofrecer una alternativa de estacionamiento, que evitara el acceso de los vehículos al centro tradicional y generar ingresos adicionales al municipio de Pereira, para fortalecer los programas sociales y culturales. A través de una concesión o un arrendamiento el municipio recibiría un ingreso que le permitiría recuperar la inversión y mantener una renta fija, al tiempo que conservaría el patrimonio público.

En las últimas semanas se han planteado una serie de interrogantes sobre la “venta de los parqueaderos de Ciudad Victoria”. El periódico La Tarde, algunos dirigentes y la Corporación Risaralda Ética han formulado una serie de inquietudes. Por las razones mencionadas, que justificaron la construcción de la Plaza Cívica y sus parqueaderos, su venta en nuestro concepto es inconveniente. A pesar de que son respetables los criterios de cada administración, si la idea era venderlos, no se entiende el valor tan bajo (alrededor de 4 millones de pesos por parqueadero) dado por la Lonja de Camacol a una obra construida con tanto esfuerzo.

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Risaralda va a quedar nuevamente subrepresentada en el gobierno nacional. A pesar de la alta votación obtenida por el presidente Uribe en las pasadas elecciones presidenciales, el uribismo perdió en las elecciones al Congreso de la República. La unión de los representantes elegidos sería un importante mecanismo para lograr espacios para Risaralda en el gobierno nacional, sin embargo, no se cuenta sino con dos representantes uribistas elegidos en la Cámara de Representantes. Los nombres que suenan para diferentes cargos no son producto del acuerdo, de los once movimientos que apoyaron la reelección del presidente, sino de ejercicios individuales en bien de ellos mismos, en otras palabras, seguramente será el criterio del más lagarto el que prime.