¿Cuál será nuestro futuro fiscal?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 27 de junio de 2006

Los entes territoriales del país, continúan mejorando su desempeño fiscal. El último informe, del Departamento Nacional de Planeación, muestra el aumento en la calificación promedio tanto de los departamentos como de los municipios. Los primeros pasaron de 54,13, en el año 2002, a 63,77 en el 2005 y los segundos, de 56,32 a 58,56 en el mismo período.

El resultado refleja un mejor comportamiento de indicadores como: autofinanciación de los gastos de funcionamiento, magnitud de la deuda, generación de recursos propios, magnitud de la inversión, capacidad de ahorro y dependencia de las transferencias. La calificación se resume en un indicador sintético para cada ente territorial y la gestión se determina por su variación anual.

Hasta el momento la información del Departamento Nacional de Planeación, con todos los indicadores, no está disponible, por lo tanto, no se puede determinar cuales son los indicadores que han contribuido a mejorar la calificación y cuales no. No obstante, es importante resaltar los buenos resultados para Risaralda y para Pereira. El departamento ocupó el segundo lugar en el país con un indicador de 71.06 y Pereira el séptimo lugar dentro de las 32 capitales del país.

¿Qué factores explican los buenos resultados en las calificaciones recientes? Cada departamento o municipio tiene unas condiciones particulares que afectan positiva o negativamente sus ingresos y egresos. Por ejemplo, el departamento de Casanare ocupó el primer lugar en desempeño fiscal, pero recibe ingresos por concepto de regalías. La recuperación de la economía con el aumento en la inversión, en los últimos años, ha contribuido a mejorar los ingresos municipales.

Casi todos los departamentos y municipios en cumplimiento de la ley 617 han realizado ajustes fiscales. El departamento de Risaralda realizó la reestructuración administrativa, durante el gobierno de Carlos Arturo López y el municipio de Pereira en el período de Martha Elena Bedoya, permitiendo que el departamento y el municipio destinaran mayores recursos a la inversión y no al funcionamiento. El mismo esfuerzo se ha hecho para disminuir el nivel de endeudamiento.

Pereira logró ocupar en el año 2002 el primer lugar en desempeño fiscal, ha hecho esfuerzos para recuperar la cartera, mejorar el sistema de recaudo y la atención al contribuyente. El municipio ha actualizado su catastro, por ser una ciudad comercial cuenta con ingresos significativos por concepto del impuesto de industria y comercio, ha contado con los dividendos de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, con las utilidades de dos Institutos descentralizados que han sido rentables como son el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte y el Aeropuerto Matecaña.

La ley 819 establece la obligación de evaluar el impacto en las finanzas públicas, de todas las decisiones administrativas que puedan afectar los ingresos o egresos de los entes territoriales, en el mediano plazo. Por el Concejo Municipal de Pereira han pasado, durante la actual administración, una serie de acuerdos que incluyen, entre otros, compromisos de vigencias futuras, endeudamiento o decisiones que involucran las fuentes de ingresos mencionadas, sin embargo, no se ha realizado un análisis serio e integral del impacto acumulado de todas medidas en mediano y largo plazo ¿Cuál será nuestro desempeño fiscal en el futuro?

El plan de ordenamiento: Un asunto de todos

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 20 de junio de 2006

El proyecto de acuerdo “por el cual se adopta la revisión del plan de ordenamiento territorial del municipio de Pereira” se encuentra en proceso de evaluación por parte del Concejo Municipal. La ley de ordenamiento y los decretos que la reglamentaron le permiten a la actual administración, en el segundo período constitucional del plan, realizar los ajustes necesarios basados en los respectivos estudios técnicos.

La planificación territorial es un ejercicio que debe estar abierto y atento a reconocer las dinámicas que permanentemente transforman nuestros espacios físicos, generando nuevas condiciones y diferentes demandas para atender los cambios económicos, sociales, culturales o ambientales. Por lo tanto, en primer lugar debe afirmarse que el ajuste al plan de ordenamiento es necesario después de casi seis años de su aprobación.

En segundo lugar, durante la implementación del plan se han presentado dificultades y conflictos. Se han detectado inconsistencias y necesidades, muchas de las cuales fueron señaladas en la primera revisión del plan, realizada durante el año 2003, en convenio con la Universidad Tecnológica. En tercer lugar, desde la expedición del plan de ordenamiento hasta la fecha, se ha avanzado en la comprensión y en el desarrollo de los instrumentos de gestión de los planes de ordenamiento. Un hecho positivo es el avance en la aplicación de la planificación intermedia.

El reto sigue siendo lograr la coherencia entre el modelo de ciudad planteado y la norma, la articulación de todos los componentes (general, urbano y rural) y de todos los temas (vial, servicios públicos, usos del suelo, equipamientos colectivos, vivienda, patrimonio cultural y espacio público) dentro de una mirada regional y metropolitana y no sólo local.

Vale la pena reflexionar sobre muchos temas: si le hemos apostado a la recuperación del centro de la ciudad, con la ampliación de los andenes, con nuevos espacios como Ciudad Victoria y con un nuevo sistema de transporte masivo, lo hemos hecho buscando una ciudad, como muchas otras comerciales y turísticas del mundo, atractiva para los peatones y no para los carros. No se deberían exigir parqueaderos para los visitantes en los edificios del centro e incluso, como se establece para Ciudad Victoria, permitirlos pero no exigirlos. Otro tema: ¿qué elementos que aportan a la calidad de vida en los barrios pobres? La gente necesita mayores espacios de recreación para los niños y no vías con altas especificaciones como se exige para las nuevas urbanizaciones.

Amplios son los temas en los que se puede participar en la revisión del plan de ordenamiento. Se podría aprovechar para corregir las inconsistencias que se presentan en la delimitación de las comunas, que continúan como un tema aislado del ordenamiento territorial. Las observaciones de la Universidad Tecnológica en el tema de los equipamientos colectivos, particularmente los de tipo educativo (colegios, universidades, escuelas), merecen ser tenidos en cuenta. Lo mismo el esfuerzo que ha venido haciendo la facultad de Ciencias Ambientales para que se reconozca, en la norma y en la práctica, el valor agregado que puede generar, para la imagen de Pereira como ciudad turística, la conservación de su patrimonio arquitectónico y arqueológico. El momento de reflexión y participación es ya.

El Retrato de la política que no construye

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 13 de junio de 2006

El concepto de cultura política en sus primeras formulaciones estuvo muy asociado a cultura cívica, posteriormente se buscó identificar las actitudes culturales con los regímenes políticos. En las investigaciones de Almond y Verba se buscó caracterizar los rasgos específicos de ciertas culturas que facilitaran el desarrollo y el funcionamiento de los sistemas democráticos. La cultura política involucra, entre otros, prácticas, valores, actitudes, participación activa y capacidad de organización.

La construcción de cultura democrática es importante para la recuperación de la política, como el medio de acción colectiva que busca solucionar los problemas sociales y asumir los retos públicos. El esfuerzo de construcción de cultura política es necesario para afianzar los valores de respeto, de tolerancia y en general de convivencia, lo cual requiere de una institucionalidad que genere confianza y credibilidad, que sea reconocida y legítimamente aceptada.

En el proceso de construcción de cultura política, la educación en todos los niveles, es un factor esencial pero también los son los medios de comunicación. Si la generación de hechos transformadores en una sociedad no se sacan a luz pública, la gente pierde referentes para diferenciar las gestiones públicas. Si se retrata únicamente el presente, la gente pierde memoria sobre su pasado. En general, se necesita reflexionar sobre la información que se transmite a la opinión pública para que los medios se puedan convertir en facilitadores de los procesos de construcción de cultura política.

En la mayoría de los casos, en la cotidianidad, no se percibe un esfuerzo de los medios de comunicación para promover cultura política y construir institucionalidad democrática. Muchos de ellos se quedan en el esfuerzo necesario por llamar la atención, por despertar curiosidad, por entretener o por especular sobre el futuro. Sin embargo, el criterio y la forma de presentación de la vida política son factores cruciales, para hacer cultura política o para impedir que surja y crezca.

El trabajo de Meyer sobre “Medios Masivos de Comunicación: Cultura Política y Democracia” bien explica algunas de las falacias en las que caen los medios: la primera falacia es sobrepersonalizar la política. Se cree que la política es sólo una actividad de unos personajes políticos y los medios se concentran en mostrar lo que ellos dicen o hacen. La segunda, es asumir que los símbolos usados por los políticos son iguales a la realidad, sin analizar el contexto y el pasado de lo que se está transmitiendo. La tercera falacia consiste en creer que se debe seguir la agenda de los actores políticos y no la propia. Otros deciden que temas, que ideas, que problemas, que intereses, que organizaciones, que grupos y que personas merecen atención y cuales no. Se termina como dice Meyer en un seudo entretenimiento político o en una seudo comunicación política.

Una ilustración de lo que se pasa en los medios locales es la siguiente: se habla abiertamente de los candidatos de los alcaldes y el gobernador y no de los candidatos de los partidos políticos. Califican de débiles o fuertes los aspirantes si tienen alguno de los dos respaldos y no si tienen buenos programas o ideas. Redactores políticos empiezan a calificar posibles aspirantes de “transparentes” sin saber si son lobos vestidos de ovejas. Se publican boletines de prensa de casi media página de aspirantes apoyados supuestamente por dos partidos distintos y opuestos ¿Estamos con esas informaciones construyendo una cultura política local?

¿Qué sigue después de las cifras?

Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 6 de junio de 2006

La información del Censo Nacional, es una importante fuente para evaluar los resultados de las políticas públicas en las últimas décadas y un necesario punto de partida para la formulación del próximo plan nacional de desarrollo. Una oportunidad, igualmente, para revisar, con información actualizada, una nueva organización territorial basada en regiones.

¿Qué ha pasado con la educación en nuestro país? De acuerdo con los primeros resultados del censo general, los niveles de analfabetismo han disminuido en los últimos 41 años, en la población de 15 años y más. La tasa pasó del 27.1% en 1964 al 8.6% en el año 2005. A pesar de la disminución, todavía existe un porcentaje importante de población que no sabe leer ni escribir, este porcentaje es mucho mayor cuando se mira la parte rural donde el analfabetismo es del 19.5%.

La asistencia escolar ha aumentado en todos los rangos de edad, sobre todo en los primeros niveles educativos. Hay más niños asistiendo a un establecimiento de educación formal. Mientras que en 1973 sólo el 11% de los niños entre los 5 y 6 años asistían a preescolar en el 2005 lo hacía el 78% de ellos. La asistencia de los niños entre 7 y 11 años también aumentó. En el mismo período de tiempo, la tasa pasó del 58.5% al 92.4%. Los mayores incrementos para estos dos rangos de edad se presentaron entre 1973 y 1985.

El 57.4% de los jóvenes entre 12 y 17 años asistían a un establecimiento educativo en 1973, el año pasado, el porcentaje de jóvenes que se encontraba estudiando subió al 78.3%. El rango de edad en el que se presentó el menor incremento fue en la población entre los 18 y los 24 años de edad, que es la población que debería asistir a un establecimiento de educación superior. Para esta población la tasa pasó del 19.1% en 1973 a sólo el 27.7% en el año 2005.

Las diferencias entre el sector urbano y rural, al igual que ocurre con la tasa de analfabetismo, son bastante marcadas. Esta conclusión no es nada nueva y siempre acompaña cualquier análisis basado en las encuestas de hogares y todos los informes de desarrollo humano. Las políticas de desarrollo rural se han quedado cortas frente al reto de integrar el campo y sus habitantes a los procesos de desarrollo.

Se resalta durante todos estos años el aumento en la asistencia de las mujeres a todos lo niveles educativos, particularmente, en el sector rural, donde la asistencia de las mujeres entre 5 y 24 años llegó al 58.5%, mientras la de los hombres fue del 55.6%.

El censo muestra que en materia de cobertura educativa se ha avanzado en Colombia desde 1973. No obstante, los resultados también reflejan la lentitud en la cual se producen los cambios en los indicadores educativos y la tarea pendiente del gobierno nacional y los gobiernos locales. Todavía el país tiene casi un 34% de la población en edad de estudiar, entre los 5 y 24 años, por fuera del sistema escolar. La educación debe estar en el corazón de la agenda pública. El reto debe ser la universalización de la educación en todos los niveles, a través de su reconocimiento como derecho, como se hizo en Pereira, durante la administración de Martha Elena Bedoya.