Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 31 de mayo de 2005
La gran mayoría de las personas es conciente de la necesidad de las instituciones para el desarrollo político de una nación. Nadie duda que la calidad de esas instituciones depende también de las personas que hacen parte de ellas. Tampoco se puede ignorar la importancia del capital social, que considera, no sólo las instituciones en sí, sino también su capacidad de asociación, de organización y de construcción colectiva. ¿Quién debe entonces construir esas instituciones?
La respuesta es simple: los ciudadanos tenemos la responsabilidad de construir las instituciones democráticas. Por lo tanto, la pregunta sería: ¿cómo formamos los nuevos ciudadanos? Una nueva generación de ciudadanos debe ser participativa, activa, tolerante y solidaria. Lo difícil es romper el círculo vicioso de un sistema político que no se alcanza a legitimar frente a los ciudadanos y unos ciudadanos que no participan para cambiar ese sistema político. ¿Quién debe iniciar el cambio? Las instituciones democráticas para legitimarse y educar la población o los ciudadanos para transformarlas. Los dos están mutuamente afectados por la cultura política de cada país.
El estudio comparativo sobre la cultura política de la democracia en Colombia, México y Centroamérica de Rodríguez y Seligson (2004), presentado recientemente en Pereira, muestra una situación preocupante: los colombianos son los menos satisfechos con la democracia, sólo el 49% está satisfecho con ella, es más, un 53% de los encuestados cree que puede existir una buena razón para un golpe de estado militar. La insatisfacción se traduce en una falta de respaldo al sistema.
Un mayor respaldo debería lograrse actuando para corregir problemas que le quitan legitimidad al sistema, como la corrupción. Sin embargo, según la encuesta, sólo el 3.6%, de los encuestados, considera la corrupción como el problema más grave que tiene Colombia. La gente cree que el principal problema es el crimen. En el país, de acuerdo con el informe de Confecámaras (2004), el sector privado paga más de 3 billones de pesos para lograr beneficios del sector público. La cifra de corrupción es altísima, sin embargo, no se considera, los recursos perdidos por corrupción, un factor que limita la inversión en factores socioeconómicos que explican el crimen o en mejores sistemas de seguridad ciudadana.
Los partidos políticos son las instituciones con más baja confianza ciudadana. En una escala de 1 a 100, los partidos quedaron calificados con el 35.8, mientras la Iglesia Católica, con el 71.1. El poco respaldo se ha traducido en falta de participación, pero, si no hay participación, los partidos permanecerán igual. En la elección de las asambleas del partido liberal en Pereira, eran pocas las personas de estratos medios o altos de la población votando. Sin embargo, en la misma semana 500 personas de esos estratos participaron en un evento de una ONG local para recolectar fondos para una obra social que beneficiará un grupo de la tercera edad. Las personas prefieren participar en eventos caritativos y no en el fortalecimiento de los partidos, que son la base de la democracia, y un medio para que el Estado cumpla con el deber de atender, no sólo ese grupo de la tercera edad, sino todos los demás del departamento o del país.
Faltó profundizar en el estudio sobre dos factores que son determinantes de la cultura política colombiana: los medios de comunicación y el narcotráfico. Una cultura política con comportamiento mafioso en los barrios, exaltado por los medios como una fortaleza, atenta contra la formación de ciudadanos y el respaldo a cualquier sistema político.
martes, mayo 31, 2005
martes, mayo 24, 2005
Mujeres y nuevas generaciones
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 24 de mayo de 2005
Desde el surgimiento de las Naciones Unidas en 1945, se ha defendido la igualdad entre los géneros. Durante las tres primeras décadas, su esfuerzo en beneficio de la mujer, se centró principalmente en la definición de los derechos jurídicos y civiles de la mujer, y la recolección de datos sobre su condición jurídica y social en todo el mundo. Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más evidente que las leyes, en sí mismas, no bastaban para garantizar la igualdad de derechos de la mujer.
En las décadas siguientes, las Naciones Unidas han invitado a todos los países a profundizar en las estrategias y en los planes de acción que pudieran convertir en realidad los derechos jurídicamente ganados. Los esfuerzos emprendidos tenían inicialmente el propósito de mejorar las condiciones de la mujer, en función de sus propias necesidades, en otras palabras, se buscaban los mecanismos para que la mujer pudiera educarse, tener servicios de salud e ingresar al mundo laboral o político.
En los últimos años, se ha resaltado, no sólo el papel de las leyes y los planes a favor de la mujer, sino, también, se ha reconocido su importancia para todo el proceso de desarrollo, por eso se ha buscado el fortalecimiento de su papel como agente del desarrollo y la promoción de su derecho a la participación activa en la sociedad.
La primera responsabilidad de la mujer, como agente del desarrollo, la ejerce en su papel de madre. Sin embargo, las mujeres no se convierten en agentes por sí solas. Para las Naciones Unidas, “debe reconocerse que el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación es un requisito fundamental para la potenciación de la mujer, y un instrumento fundamental para lograr los objetivos de igualdad de género, desarrollo y paz”
Los gobiernos deben asumir el deber constitucional de prestar la salud y la educación a las mujeres. Madres sanas y saludables desde el embarazo tendrán hijos sanos. Con buena alimentación y nutrición les garantizamos una forma digna de crecer a nuestros niños. Por eso el programa de nutrición implementado, en la administración anterior de nuestra ciudad, incluyó a las madres gestantes. Si combatimos el analfabetismo, en las mujeres adultas, ninguna de ellas permitirá que sus hijos no sepan leer y escribir, ellas lucharán para que sus hijos no enfrenten con desventaja el mundo laboral. La eliminación de la alta tasa de analfabetismo entre las mujeres y las niñas es una tarea urgente a nivel mundial. La UNESCO calcula que dos terceras partes de los 875 millones de adultos analfabetos, en el mundo, son mujeres.
Madres con derechos pero también con deberes, preparadas para asumir la responsabilidad de criar un hijo. Por eso debemos controlar el embarazo precoz en las niñas y en las adolescentes, que ha aumentado en los últimos años. El aumento de embarazos no deseados en adolescentes se debe en parte a la carencia de educación sexual en la familia. Las madres pueden hacer un gran aporte para que los nuevos niños no terminen siendo criados por otros niños.
Si las mujeres están educadas, controlan el número de hijos y pueden prevenir que ellos entren a formar parte de la delincuencia. Si a los sitios donde ahora se reúnen y se forman los sicarios, llevamos una escuela, las primeras guardianas de sus puertas serán las madres. Con madres educadas podremos formar nuevos ciudadanos para nuestra región, una nueva generación más sana, más educada, más participativa y más feliz.
La Tarde, martes 24 de mayo de 2005
Desde el surgimiento de las Naciones Unidas en 1945, se ha defendido la igualdad entre los géneros. Durante las tres primeras décadas, su esfuerzo en beneficio de la mujer, se centró principalmente en la definición de los derechos jurídicos y civiles de la mujer, y la recolección de datos sobre su condición jurídica y social en todo el mundo. Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más evidente que las leyes, en sí mismas, no bastaban para garantizar la igualdad de derechos de la mujer.
En las décadas siguientes, las Naciones Unidas han invitado a todos los países a profundizar en las estrategias y en los planes de acción que pudieran convertir en realidad los derechos jurídicamente ganados. Los esfuerzos emprendidos tenían inicialmente el propósito de mejorar las condiciones de la mujer, en función de sus propias necesidades, en otras palabras, se buscaban los mecanismos para que la mujer pudiera educarse, tener servicios de salud e ingresar al mundo laboral o político.
En los últimos años, se ha resaltado, no sólo el papel de las leyes y los planes a favor de la mujer, sino, también, se ha reconocido su importancia para todo el proceso de desarrollo, por eso se ha buscado el fortalecimiento de su papel como agente del desarrollo y la promoción de su derecho a la participación activa en la sociedad.
La primera responsabilidad de la mujer, como agente del desarrollo, la ejerce en su papel de madre. Sin embargo, las mujeres no se convierten en agentes por sí solas. Para las Naciones Unidas, “debe reconocerse que el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación es un requisito fundamental para la potenciación de la mujer, y un instrumento fundamental para lograr los objetivos de igualdad de género, desarrollo y paz”
Los gobiernos deben asumir el deber constitucional de prestar la salud y la educación a las mujeres. Madres sanas y saludables desde el embarazo tendrán hijos sanos. Con buena alimentación y nutrición les garantizamos una forma digna de crecer a nuestros niños. Por eso el programa de nutrición implementado, en la administración anterior de nuestra ciudad, incluyó a las madres gestantes. Si combatimos el analfabetismo, en las mujeres adultas, ninguna de ellas permitirá que sus hijos no sepan leer y escribir, ellas lucharán para que sus hijos no enfrenten con desventaja el mundo laboral. La eliminación de la alta tasa de analfabetismo entre las mujeres y las niñas es una tarea urgente a nivel mundial. La UNESCO calcula que dos terceras partes de los 875 millones de adultos analfabetos, en el mundo, son mujeres.
Madres con derechos pero también con deberes, preparadas para asumir la responsabilidad de criar un hijo. Por eso debemos controlar el embarazo precoz en las niñas y en las adolescentes, que ha aumentado en los últimos años. El aumento de embarazos no deseados en adolescentes se debe en parte a la carencia de educación sexual en la familia. Las madres pueden hacer un gran aporte para que los nuevos niños no terminen siendo criados por otros niños.
Si las mujeres están educadas, controlan el número de hijos y pueden prevenir que ellos entren a formar parte de la delincuencia. Si a los sitios donde ahora se reúnen y se forman los sicarios, llevamos una escuela, las primeras guardianas de sus puertas serán las madres. Con madres educadas podremos formar nuevos ciudadanos para nuestra región, una nueva generación más sana, más educada, más participativa y más feliz.
martes, mayo 17, 2005
Educación: La Victoria de Una Nueva Ciudad
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 17 de mayo de 2005
En las últimas semanas, ha estado de moda la China, su acelerado crecimiento económico, a un ritmo del 9 por ciento anual, en los últimos 25 años, ha provocado una serie de comentarios y análisis tendientes a explicar las causas de su reciente desarrollo. Su historia milenaria, su cultura y su sistema político, hace difícil cualquier emulación. No obstante, nadie niega el papel que ha jugado la educación, es decir, el derecho a la educación para todos los chinos.
Iguales conclusiones se encuentran en los estudios realizados sobre los tigres asiáticos. Todo proceso de desarrollo de una nación ha tenido que dar grandes saltos en materia educativa. Sobran los ejemplos y las investigaciones, con suficiente evidencia empírica, para demostrar la importancia de la educación.
En anteriores columnas se ha defendido la educación como un derecho que el Estado debe garantizar, como el medio para dar igualdad de oportunidades y como la forma para lograr la justicia social. Los argumentos han tenido como base una concepción sobre el Estado, que además, se ha consagrado en la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, otros tienen una diferente concepción del Estado y distintas ideas sobre las prioridades del desarrollo, es decir, defienden la educación como un servicio que puede ser subsidiado.
Diferentes concepciones ideológicas se traducen en distintas políticas educativas. No obstante, no se deben ignorar los resultados y las estrategias adoptadas en otros países. Tampoco se pueden ocultar los resultados de los estudios sobre la educación en Colombia. Por ejemplo, de la investigación realizada por la Fundación Restrepo Barco se concluye que, para aumentar la asistencia escolar, es necesario incrementar los recursos asignados a la educación y complementar el apoyo de la matrícula con otros servicios como el transporte escolar o los útiles. Con el bajo nivel de ingresos, de la mayoría de los hogares en Colombia, es difícil, para quienes pretenden que la educación debe ser un servicio parcialmente subsidiado, que se pueda garantizar la asistencia escolar para todos los niños. Son muchas las familias sin ninguna capacidad económica para asumir los costos educativos. Adicionalmente, los sistemas para la asignación de subsidios, no reflejan necesariamente las condiciones de ingresos de los hogares.
¿Cómo se escogen los niños que pueden entrar a estudiar sin ningún costo? y ¿cómo se excluyen otros niños del derecho a la educación? La gente considera que la falta de recursos es uno de los principales problemas de la educación. Una encuesta de percepción ciudadana realizada por Napoleón Franco en el año 2004, Educación Compromiso de Todos, mostró como la gente considera que los dos principales problemas de la educación preescolar, primaria y secundaria en Colombia, son la falta de presupuesto asignado por los gobiernos y los escasos recursos de los padres.
Todo lo anterior demuestra que el modelo implementado en Pereira, durante la administración anterior, basado en la defensa de la educación como un derecho para todos los niños y complementado con el transporte escolar y la nutrición es un ejemplo para el país, que puede complementarse y perfeccionarse en su implementación. Las conclusiones del estudio de la Fundación Restrepo Barco las tenía claras la anterior administración. Tampoco hay que ir hasta la China para encontrar casos exitosos de desarrollo en las ciudades, lo que sí necesitamos aprender de los chinos es a darle continuidad a las buenas políticas de desarrollo, a confiar en los otros y en nuestra capacidad local.
La Tarde, martes 17 de mayo de 2005
En las últimas semanas, ha estado de moda la China, su acelerado crecimiento económico, a un ritmo del 9 por ciento anual, en los últimos 25 años, ha provocado una serie de comentarios y análisis tendientes a explicar las causas de su reciente desarrollo. Su historia milenaria, su cultura y su sistema político, hace difícil cualquier emulación. No obstante, nadie niega el papel que ha jugado la educación, es decir, el derecho a la educación para todos los chinos.
Iguales conclusiones se encuentran en los estudios realizados sobre los tigres asiáticos. Todo proceso de desarrollo de una nación ha tenido que dar grandes saltos en materia educativa. Sobran los ejemplos y las investigaciones, con suficiente evidencia empírica, para demostrar la importancia de la educación.
En anteriores columnas se ha defendido la educación como un derecho que el Estado debe garantizar, como el medio para dar igualdad de oportunidades y como la forma para lograr la justicia social. Los argumentos han tenido como base una concepción sobre el Estado, que además, se ha consagrado en la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, otros tienen una diferente concepción del Estado y distintas ideas sobre las prioridades del desarrollo, es decir, defienden la educación como un servicio que puede ser subsidiado.
Diferentes concepciones ideológicas se traducen en distintas políticas educativas. No obstante, no se deben ignorar los resultados y las estrategias adoptadas en otros países. Tampoco se pueden ocultar los resultados de los estudios sobre la educación en Colombia. Por ejemplo, de la investigación realizada por la Fundación Restrepo Barco se concluye que, para aumentar la asistencia escolar, es necesario incrementar los recursos asignados a la educación y complementar el apoyo de la matrícula con otros servicios como el transporte escolar o los útiles. Con el bajo nivel de ingresos, de la mayoría de los hogares en Colombia, es difícil, para quienes pretenden que la educación debe ser un servicio parcialmente subsidiado, que se pueda garantizar la asistencia escolar para todos los niños. Son muchas las familias sin ninguna capacidad económica para asumir los costos educativos. Adicionalmente, los sistemas para la asignación de subsidios, no reflejan necesariamente las condiciones de ingresos de los hogares.
¿Cómo se escogen los niños que pueden entrar a estudiar sin ningún costo? y ¿cómo se excluyen otros niños del derecho a la educación? La gente considera que la falta de recursos es uno de los principales problemas de la educación. Una encuesta de percepción ciudadana realizada por Napoleón Franco en el año 2004, Educación Compromiso de Todos, mostró como la gente considera que los dos principales problemas de la educación preescolar, primaria y secundaria en Colombia, son la falta de presupuesto asignado por los gobiernos y los escasos recursos de los padres.
Todo lo anterior demuestra que el modelo implementado en Pereira, durante la administración anterior, basado en la defensa de la educación como un derecho para todos los niños y complementado con el transporte escolar y la nutrición es un ejemplo para el país, que puede complementarse y perfeccionarse en su implementación. Las conclusiones del estudio de la Fundación Restrepo Barco las tenía claras la anterior administración. Tampoco hay que ir hasta la China para encontrar casos exitosos de desarrollo en las ciudades, lo que sí necesitamos aprender de los chinos es a darle continuidad a las buenas políticas de desarrollo, a confiar en los otros y en nuestra capacidad local.
martes, mayo 10, 2005
Las remesas no deben gravarse
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, martes 10 de mayo de 2005
En 1997 era difícil encontrar estudios sobre el fenómeno de la migración en Colombia. Sin embargo, era amplia la literatura sobre países como Pakistán. En los últimos años, el fenómeno de la migración y los flujos de dinero a los países en desarrollo, ha tomado especial importancia, por el número creciente de personas y de remesas, por el peso que ellas tienen en las economías locales, por las transformaciones sociales y culturales que generan y por la oportunidad para avanzar en el desarrollo local. Cualquier política pública en esta materia tendría un gran impacto. Se estima que existen más de 4 millones de colombianos en el exterior, cuyas remesas, ascienden a los 4.000 millones de dólares.
La política pública debe partir de reconocer, que en los países en desarrollo, el fenómeno existe y tiende a crecer, por eso es importante comprenderlo, pero sobre todo orientarlo positivamente. Detener o revertir la emigración sería utópico en una democracia. Por lo tanto, una política pública, que involucre las remesas, debe buscar su mejor aprovechamiento social y económico, con políticas fiscales y cambiarias favorables y no desfavorables, como sería la imposición del impuesto a las remesas, que propone el gobierno.
La experiencia de otros países nos enseña que los impuestos a las remesas no tienen resultados positivos. En Filipinas, Tailandia, Bangla Desh, Pakistán y Corea, el control al flujo de las remesas a través del sistema bancario o de fondos específicos, sin ningún tipo de incentivo, es decir, estableciendo una especie de gravamen, fue, con excepción de Corea, un fracaso. Todo control lleva implícita su violación. La gente buscó formas para evadir el sistema. En estudios del Centro Internacional para el Desarrollo, se ha afirmado que este tipo de mecanismos puede afectar tanto el monto de las remesas como el uso de las mismas. Se puede afectar el consumo, afectando el monto de las remesas, pero también se aumentaría la informalidad. Si la gente tiene que recurrir al mercado informal, se desincentiva el uso de las remesas hacia la inversión, pues, es más fácil esconder el consumo que la inversión.
Se debe estimular el flujo de remesas y no lo contrario. En Asia, se han realizado estudios sobre la importancia de ofrecer un clima macroeconómico favorable, con buenas tasas de ahorro que permitan captar un mayor volumen de remesas. Sorprende, que mientras en otros países, se esté buscando disminuir los costos de transacción de las remesas para que una mayor parte se destine al consumo o a la inversión, en Colombia, se esté pensando en aumentarlos. Muy preocupante sería, que se afectaran las familias que reciben remesas, las economías locales y se terminara beneficiando al sector financiero.
Quedan muchos caminos por explorar, para buscar un mejor aprovechamiento de las remesas con soluciones que deben consultar las especificidades de Colombia, pero que deben examinar las experiencias de otros países. Sobre Pakistán, hay múltiples estudios, En México, hay experiencias de desarrollo local que han buscado incentivar el ahorro colectivo para orientarlo a la inversión pública como la de Zacatecas, Jalisco y Oaxaca. También para tratar de incentivar el ahorro individual, hacia proyectos productivos, como la del estado de Guanajuato. A pesar de los intentos en las localidades, en México, el 80% de las personas destinan las remesas al consumo y no a la inversión.
En conclusión, otros deben ser los mecanismos para solucionar el problema de la revaluación del peso, gravar las remesas, sería un error. Por el contrario, hay que incentivar el ahorro y la inversión, sin desconocer la importancia del consumo.
La Tarde, martes 10 de mayo de 2005
En 1997 era difícil encontrar estudios sobre el fenómeno de la migración en Colombia. Sin embargo, era amplia la literatura sobre países como Pakistán. En los últimos años, el fenómeno de la migración y los flujos de dinero a los países en desarrollo, ha tomado especial importancia, por el número creciente de personas y de remesas, por el peso que ellas tienen en las economías locales, por las transformaciones sociales y culturales que generan y por la oportunidad para avanzar en el desarrollo local. Cualquier política pública en esta materia tendría un gran impacto. Se estima que existen más de 4 millones de colombianos en el exterior, cuyas remesas, ascienden a los 4.000 millones de dólares.
La política pública debe partir de reconocer, que en los países en desarrollo, el fenómeno existe y tiende a crecer, por eso es importante comprenderlo, pero sobre todo orientarlo positivamente. Detener o revertir la emigración sería utópico en una democracia. Por lo tanto, una política pública, que involucre las remesas, debe buscar su mejor aprovechamiento social y económico, con políticas fiscales y cambiarias favorables y no desfavorables, como sería la imposición del impuesto a las remesas, que propone el gobierno.
La experiencia de otros países nos enseña que los impuestos a las remesas no tienen resultados positivos. En Filipinas, Tailandia, Bangla Desh, Pakistán y Corea, el control al flujo de las remesas a través del sistema bancario o de fondos específicos, sin ningún tipo de incentivo, es decir, estableciendo una especie de gravamen, fue, con excepción de Corea, un fracaso. Todo control lleva implícita su violación. La gente buscó formas para evadir el sistema. En estudios del Centro Internacional para el Desarrollo, se ha afirmado que este tipo de mecanismos puede afectar tanto el monto de las remesas como el uso de las mismas. Se puede afectar el consumo, afectando el monto de las remesas, pero también se aumentaría la informalidad. Si la gente tiene que recurrir al mercado informal, se desincentiva el uso de las remesas hacia la inversión, pues, es más fácil esconder el consumo que la inversión.
Se debe estimular el flujo de remesas y no lo contrario. En Asia, se han realizado estudios sobre la importancia de ofrecer un clima macroeconómico favorable, con buenas tasas de ahorro que permitan captar un mayor volumen de remesas. Sorprende, que mientras en otros países, se esté buscando disminuir los costos de transacción de las remesas para que una mayor parte se destine al consumo o a la inversión, en Colombia, se esté pensando en aumentarlos. Muy preocupante sería, que se afectaran las familias que reciben remesas, las economías locales y se terminara beneficiando al sector financiero.
Quedan muchos caminos por explorar, para buscar un mejor aprovechamiento de las remesas con soluciones que deben consultar las especificidades de Colombia, pero que deben examinar las experiencias de otros países. Sobre Pakistán, hay múltiples estudios, En México, hay experiencias de desarrollo local que han buscado incentivar el ahorro colectivo para orientarlo a la inversión pública como la de Zacatecas, Jalisco y Oaxaca. También para tratar de incentivar el ahorro individual, hacia proyectos productivos, como la del estado de Guanajuato. A pesar de los intentos en las localidades, en México, el 80% de las personas destinan las remesas al consumo y no a la inversión.
En conclusión, otros deben ser los mecanismos para solucionar el problema de la revaluación del peso, gravar las remesas, sería un error. Por el contrario, hay que incentivar el ahorro y la inversión, sin desconocer la importancia del consumo.
miércoles, mayo 04, 2005
Crecimiento Económico y Pobreza
Adriana Vallejo de la Pava
La Tarde, miércoles 4 de mayo de 2005
En las últimas semanas se han realizado una serie de discusiones sobre el crecimiento económico del país y sobre las proyecciones para el corto, mediano y largo plazo. El crecimiento no ha sido suficiente para aumentar el empleo en Colombia. Para el mes de marzo, el desempleo en el nivel nacional, prácticamente se mantuvo, con respecto al año anterior, en un 13.1%, lo mismo el subempleo que estuvo en un 29.5%. El desempleo en las 13 principales áreas metropolitanas fue del 15.1% y en el área metropolitana de Pereira la tasa estuvo en el 18.5%.
Javier Fernández Rivas, director de prospectiva económica, resaltó como la economía colombiana a diferencia de otras en América Latina, ha tenido una pobre recuperación después de la recesión de 1999 y llamó la atención sobre el preocupante consenso al que han llegado los economistas del país frente al bajo crecimiento proyectado para Colombia. El aumento anual del PIB (Producto Interno Bruto) sería sólo del 1.75% para la década que termina en el año 2006. Se proyectan crecimientos alrededor del 3.7% para el año 2005 y del 3.6% para el 2006. Realmente preocupante, pues las tasa de crecimiento deberían estar por encima del 5% anual.
Luis Carlos Sarmiento Angulo, beneficiario de las políticas económicas, en los últimos años, también se pronunció frente a la necesidad de tener un crecimiento económico mayor al 6% anual para detener la caída del ingreso per cápita de los colombianos que llegó a los 2.213 dólares, cifra menor a la registrada en la mayoría de los países de América Latina. El banquero propone políticas tributarias estables y la disminución del déficit fiscal mediante la reducción del gasto público y el nivel de endeudamiento.
El mal desempeño de la economía afecta en mayor medida a las familias pobres. No obstante, lo importante es que las políticas públicas persigan tanto el crecimiento como una mejor distribución del ingreso. Montenegro y Rivas (2005) en su último libro “Las piezas del rompecabezas” argumentan que si bien el crecimiento no mejora la distribución del ingreso, sí disminuye la pobreza. De acuerdo con los autores, si la población creciera al 1.5% anual y el ingreso creciera al 2.5 % anual, tomaría 20 años reducir la pobreza al 8.5% anual. Sin embargo, si el crecimiento del ingreso per cápita fuera de 4.5%, por año, tomaría 10 años reducir la pobreza por debajo del 8 %.
Se requiere más estudio sobre nuevas alternativas para lograr un mayor crecimiento económico y la realización de acuerdos nacionales, regionales y locales entre el sector público y el privado. El crecimiento proyectado, por los principales economistas, para los próximos años tal como lo afirmaron diferentes analistas es insuficiente. El bajo crecimiento económico y la ausencia de programas de largo alcance para controlar el crecimiento de la población se puede traducir en mayor pobreza. Las necesidades de la población no pueden seguir creciendo a un ritmo mayor al que crece la economía.
De acuerdo con las proyecciones, la inversión no va a ser suficiente para disminuir la tasa de desempleo. Los presupuestos públicos no pueden seguir siendo aprobados, como ha ocurrido, sin análisis profundos que midan los impactos en el mediano y largo plazo. El déficit fiscal es insostenible y no se puede solucionar con reformas tributarias, sin cambios estructurales en los egresos, por lo menos, con modificaciones sustanciales en las pensiones y el nivel de endeudamiento.
La Tarde, miércoles 4 de mayo de 2005
En las últimas semanas se han realizado una serie de discusiones sobre el crecimiento económico del país y sobre las proyecciones para el corto, mediano y largo plazo. El crecimiento no ha sido suficiente para aumentar el empleo en Colombia. Para el mes de marzo, el desempleo en el nivel nacional, prácticamente se mantuvo, con respecto al año anterior, en un 13.1%, lo mismo el subempleo que estuvo en un 29.5%. El desempleo en las 13 principales áreas metropolitanas fue del 15.1% y en el área metropolitana de Pereira la tasa estuvo en el 18.5%.
Javier Fernández Rivas, director de prospectiva económica, resaltó como la economía colombiana a diferencia de otras en América Latina, ha tenido una pobre recuperación después de la recesión de 1999 y llamó la atención sobre el preocupante consenso al que han llegado los economistas del país frente al bajo crecimiento proyectado para Colombia. El aumento anual del PIB (Producto Interno Bruto) sería sólo del 1.75% para la década que termina en el año 2006. Se proyectan crecimientos alrededor del 3.7% para el año 2005 y del 3.6% para el 2006. Realmente preocupante, pues las tasa de crecimiento deberían estar por encima del 5% anual.
Luis Carlos Sarmiento Angulo, beneficiario de las políticas económicas, en los últimos años, también se pronunció frente a la necesidad de tener un crecimiento económico mayor al 6% anual para detener la caída del ingreso per cápita de los colombianos que llegó a los 2.213 dólares, cifra menor a la registrada en la mayoría de los países de América Latina. El banquero propone políticas tributarias estables y la disminución del déficit fiscal mediante la reducción del gasto público y el nivel de endeudamiento.
El mal desempeño de la economía afecta en mayor medida a las familias pobres. No obstante, lo importante es que las políticas públicas persigan tanto el crecimiento como una mejor distribución del ingreso. Montenegro y Rivas (2005) en su último libro “Las piezas del rompecabezas” argumentan que si bien el crecimiento no mejora la distribución del ingreso, sí disminuye la pobreza. De acuerdo con los autores, si la población creciera al 1.5% anual y el ingreso creciera al 2.5 % anual, tomaría 20 años reducir la pobreza al 8.5% anual. Sin embargo, si el crecimiento del ingreso per cápita fuera de 4.5%, por año, tomaría 10 años reducir la pobreza por debajo del 8 %.
Se requiere más estudio sobre nuevas alternativas para lograr un mayor crecimiento económico y la realización de acuerdos nacionales, regionales y locales entre el sector público y el privado. El crecimiento proyectado, por los principales economistas, para los próximos años tal como lo afirmaron diferentes analistas es insuficiente. El bajo crecimiento económico y la ausencia de programas de largo alcance para controlar el crecimiento de la población se puede traducir en mayor pobreza. Las necesidades de la población no pueden seguir creciendo a un ritmo mayor al que crece la economía.
De acuerdo con las proyecciones, la inversión no va a ser suficiente para disminuir la tasa de desempleo. Los presupuestos públicos no pueden seguir siendo aprobados, como ha ocurrido, sin análisis profundos que midan los impactos en el mediano y largo plazo. El déficit fiscal es insostenible y no se puede solucionar con reformas tributarias, sin cambios estructurales en los egresos, por lo menos, con modificaciones sustanciales en las pensiones y el nivel de endeudamiento.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)